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In Defense of Trade Union Independence & Democratic Rights
LAS NEFASTAS MAQUILADORAS "GOLONDRINAS": "FLOR DE BAJA", UN CASO MÁS DE AGRAVIO
Por Gema López Limón
La industria maquiladora de exportación en México tiene grandes
ventajas en cuanto a aranceles, tarifas especiales en agua y luz,
exenciones de impuestos, parques industriales ex profeso, una fuerza de
trabajo capacitada y barata, laxitud en aplicación de las leyes laborales
y ecológicas, etc. En el sitio web del gobierno estatal aparece:
"Baja California ofrece fuerza de trabajo madura con manos agudas y
expertas. Ofrecemos recurso humano profesional y técnico que requieren
las empresas de clase mundial. (...)Así que no es raro que las plantas de
compañías multinacionales en Baja California alcancen los más altos
niveles de productividad, el mas alto grado de innovación y los más
altos márgenes de utilidad dentro de sus organizaciones. Y todo esto va
desde la relación costo-eficiencia que se encuentra en nuestra mano de
obra". (subrayado MGLL) es decir se ofrece trabajadores baratos
en bandeja de plata, pues además el gobierno les garantiza un clima de
"paz laboral", es decir, cero sindicalismo independiente, cero
huelgas. Esto es "casi el paraíso".
Pero las empresas permanecen sólo si obtienen cuantiosas ganancias; en
cuanto descubren un nuevo lugar que les ofrezca más, emigran sin el menor
miramiento a los costos sociales y económicos que su arbitraria partida
ocasione. Y el gobierno ¿qué responsabilidad asume?
Por eso, un renglón aparte en el abuso y el agravio de los trabajadores y
trabajadoras de la industria maquiladora es el de las maquiladoras "golondrinas",
que tras ese hermoso nombre esconde la infamia de que de la noche a la mañana
cierran sus puertas y dejan en la total indefensión a sus trabajadores.
No es raro enterarnos por la prensa que en tal empresa (Assambly de México,
Armomex) los obreros se presentaron a laborar y encontraron la fábrica
saqueada por los propios dueños que levantaron el vuelo abandonando el
lugar, burlando así las obligaciones que le corresponden respecto a sus
trabajadores, establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT). En algunas
ocasiones, los trabajadores alcanzan a detener el saqueo y se quedan con
maquinaria y equipo que pague sus indemnizaciones. Cuando una empresa no
puede sostenerse por problemas de mercado, de surtido de materia prima o
lo que sea, la LFT establece un procedimiento claro en el cual, si se
aprueba el cierre, deberá indemnizar a los trabajadores cuando menos con
un beneficio de cuatro meses de salario y 20 días por año de antigüedad,
aparte de las otras prestaciones legales que les corresponden.
"Flor de Baja" y el guacamole de "el taco más grande
del mundo"
Por ejemplo la empresa "Flor de Baja". ¿Recuerdan entre las
frivolidades del centenario aquello de "el taco más grande del mundo"?
Pues quienes proveyeron el guacamole fueron obreras y obreros de esta
maquiladora, que exportaba a Estados Unidos su producción, estando su
matriz en Chicago. Un mes después de la hazaña del taco, el 15 de abril
del 2003, los trabajadores se presentaron a trabajar como cualquier día
normal y se encontramos con la sorpresa de que ese era el último día de
labores porque la empresa cerraba. Mediante engaños y falsas promesas y
una evidente hostilidad psicológica los encerraron separados, sin
permitirles comunicarse al exterior- los hicieron firmar en medio de múltiples
irregularidades unos convenios que implicaban renuncias a sus derechos, a
sus justas prestaciones laborales (no se les dio copias "porque podrían
hacer mal uso de ellas" ¡!) y a pesar de todo esto, se registraron
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y se inició un
procedimiento para su ejecución o cumplimiento, que todavía no concluye.
El engaño y las trampas de ¿Caballero? ¿y los convenios? preguntan
los trabajadores
El vocero de este engaño fue Luis Alfonso Caballero Camou, que era el
gerente de la empresa, quien elaboró los convenios, haciendo uno a título
personal donde estableció el pago de indemnización constitucional,
vacaciones, aguinaldo, pago por antigüedad, incluso prestaciones que no
le corresponden, como pago de horas extras dobles y triples por ¡677 mil
137. 50 dólares!, para exigir un total de 763 mil144.70 dólares (más de
8 millones de pesos), mientras que para los trabajadores dispuso migajas.
En su documento sí expuso la situación real de la empresa, sus
dificultades económicas y exigió que, de no cumplirse el convenio, la
empresa se obligaría a pagarle salarios caídos por 260 dólares diarios.
En cambio, el convenio de los obreros lo arregló como una terminación de
la relación laboral de mutuo acuerdo, con cantidades ínfimas de pago sin
considerar la indemnización conforme a la LFT, ni las prestaciones ni
pago por antigüedad. Y el aún gerente les exigió silencio: "ustedes
no cuenten nada a nadie").
En junio los trabajadores por iniciativa propia fueron al miércoles
ciudadano a solicitar apoyo para su problema, donde les dijeron que no era
ese asunto de su competencia y fueron a la STPS. Ahí escuché -entre
información y regaños- la respuesta del Procurador de la defensa del
trabajador, Nahum Rodríguez Lara cuando una obrera solicitó el convenio:
"¿y para qué lo quiere? ¿para ponerlo en un cuadro en la sala?".
"Se genera desconfianza, dicen los trabajadores, porque no se nos
habla con la verdad. Ni siquiera sabemos qué firmamos, dicen que fue la
renuncia voluntaria". Fui testigo también, invitada por varias
obreras, en una de las reuniones primeras cómo Caballero estaba furioso
por la iniciativa que tuvieron y porque la prensa entrevistó a varias
personas y una de ellas habló de un fraude del ex gerente "me molestó
mucho lo del miércoles" y amenazó con que si se dividían, se
perdería todo. El abogado Gabriel Corrado que lo acompañaba le dijo a la
gente que preguntaba por los convenios, que no se preocuparan, que estaban
conforme a la ley, porque si no, las autoridades de la STPS no los
hubieran admitido; "si hay renuncia de derechos, no se aprueban",
les aseguró.
Ya tienen "su"sindicato
En junio también apareció un personaje con Caballero y el
supervisor, que después de hacerse de la confianza de los trabajadores,
les pidió sus credenciales de elector y luego resultó que ya estaban en
un sindicato, sin explicación alguna. Ese señor Jesús Ortiz dijo ser
representante del Frente de Organizaciones Sindicales de México (o algo
así) FOSIM, quien más tarde en octubre les informó que se irían a la
huelga para exigir la venta de los bienes y el pago a los trabajadores.
Todo era parte del engaño, jamás se preparó la "huelga" y al
poco tiempo desapareció junto con sus aliados y los trabajadores no han
vuelto a saber de "su" sindicato, más que el rumor de que Ortiz
quería una tajada de su dinero. Después de muchas vueltas, los
trabajadores consiguieron su convenio y el de los administrativos, y en
noviembre supieron la cantidad que exigía Caballero.
Al no haberse cumplido los convenios en la fecha indicada, se les
adjudicaron los bienes a los trabajadores para su remate; las personas que
quedaron como posesionarias fueron Caballero y el que era supervisor (¡la
iglesia en manos de Lutero!). En la Junta Especial Federal de Conciliación
y Arbitraje No. 59, ubicada en la ciudad de Tijuana, han informado que las
acciones emprendidas por el abogado Javier Ávila que contrataron esos señores,
más que contribuir a la solución, sólo ha entorpecido la defensa de los
trabajadores. Éstos, para enterarse, desde principios de febrero
solicitaron copias del expediente (se fue en vano en tres ocasiones a
Tijuana), y a pesar de que el procedimiento que establece la
constitución y la Ley Federal del Trabajo dice que debe atendérseles de
inmediato, sólo hasta el tres de marzo pasado se lo entregaron, pero
incompleto.
"Demandamos el respeto a nuestros derechos laborales"
Ese mismo día, trabajadoras y trabajadores se manifestaron en el miércoles
ciudadano ante la prensa, y en la Secretaría del Trabajo demandaron al
delegado CP Ricardo Fernández Candia y a la Presidenta de la JLCA Lic.
Celina Tostado, el respeto a sus derechos laborales, así como la
exigencia de la rectificación de los convenios conforme a la Ley Federal
del Trabajo, ya que consideran que es obligación del servidor público
estar a disposición y en beneficio de los trabajadores. Demandan
indemnización, prestaciones que les corresponden y salarios caídos.
Ambos funcionarios se comprometieron a apoyarlos en su justa lucha y los
trabajadores están vigilantes de que tal promesa se cumpla los han engañado
tantas veces- porque, dicen, los asiste la justicia.
El 15 de abril hará un año de su despido y hasta la fecha no se ha
solucionado el problema. Muchas personas han batallado para encontrar
trabajo; no pocas mujeres mayores siguen desempleadas. Pero ya han
avanzado, han nombrado a sus representantes, se están reuniendo y
organizando y aseguran estar dispuestos a dar la lucha y lograr el respeto
a sus derechos laborales.
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Mercedes Gema López Limón. Investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UABC. Correo electrónico: glopez@uabc.mx