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INFORMACIONES INTERNACIONALES
10 de octubre de 2006
No. 204
Boletín semanal de informaciones, editado por el Acuerdo
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
Número especial
Por un Acuerdo
Europeo
de los Trabajadores
Boletín Europa no. 4
Boletín semanal:
Informaciones Internacionales
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos,
87, rue du Faubourg-Saint-Denis -75010 París - Francia
Tel: (33 1) 48 01 88 28 - Correo electrónico: eit.ilc@fr.oleane.com
"Sitio" Internet: www.eit-ilc.org
Sumario:
Pág. 2: Presentación
Memorando común para una delegación a la Unión
Europea, acta de acusación contra la política de la UE.
Pág. 3: Alemania: Contribución de H. W. Schuster para
el memorando.
Pág. 7: España: Contribución de los militantes
del Acuerdo en España para el memorando.
Pág. 14: Italia: Manifiesto del Comité Nacional "¡No
a la UE, democracia y servicios públicos, unidad de la República!".
Pág. 16: Bélgica: Elecciones municipales del 8 de octubre,
entrevista con Philippe Larsimont.
Pág. 17: Suecia: Después de las elecciones en Suecia y
la derrota de los Social Demócratas, análisis de nuestro
corresponsal.
Pág. 19: Extractos del boletín no. 2 del Comité
de Enlace europeo constituido en Berlín en febrero 2006
Pág. 21: Llamamiento a la constitución de un fondo de
solidaridad con los mineros encarcelados en Rumania y sus familias.
Pág. 22: Suscripciones.
Presentación
Los días 25 y 26 de febrero de 2005, 200 delegados de 15 países
se reunieron en Berlín en una conferencia europea a iniciativa
de militantes y sindicalistas obreros alemanes y del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores.
A partir de los hechos, los delegados han hecho el balance de las consecuencias
de la política aplicada por la Unión Europea a lo largo
de los años: desmantelamiento de todas las conquistas sociales
y de los Servicios Públicos, destrucción de todo el tejido
industrial y agrícola, cuestionamiento de la soberanía
y de la misma existencia de las naciones.
Este balance condujo a los delegados, a la necesidad de romper con esta
política y con las instituciones de la Unión Europea,
a fin de avanzar por la vía de una unión libre de los
pueblos y de las naciones libres de Europa.
La conferencia adoptó un Manifiesto a los Trabajadores y a los
Pueblos de Europa.
Se hizo una propuesta de marchar hacia la constitución de un
Acuerdo Europeo de los Trabajadores y de los Pueblos.
Con la finalidad de proseguir el diálogo entre los delegados,
la Conferencia decidió la edición de un boletín
regular de enlace, como medio de discutir de estas cuestiones con total
libertad. Publicamos el número 4 de este boletín.
Uno de los temas discutidos en la Conferencia de Berlín, se refería
a las amenazas que pesan sobre la existencia misma de las naciones,
con el fin de desmontar todos los derechos de los trabajadores y de
romper la resistencia de la clase obrera constituida en el marco de
las naciones.
Después del referéndum en Montenegro, una ofensiva sin
precedentes amenaza Bélgica. Publicamos la entrevista con un
militante belga, sobre los resultados de las elecciones municipales
del 8 de octubre. "El Vlaams Belang, partido de extrema derecha
tiene como consigna histórica "¡Que Bélgica
reviente!". Eso se traduce, hoy día, en el objetivo de declarar
la independencia del Flandes en el marco de la Unión Europea.
La política del Vlaams Belang equivale a romper las conquistas
de la clase obrera de todo el país -incluido su componente flamenco-,
y así a aplicar, por procedimientos de choque, la política
de la Unión Europea." (página 16). Frente a esta
ofensiva, sindicalistas flamencos y francófonos han lanzado un
llamamiento "Por la unidad de la FGTB" (que hemos publicado
en nuestro número 202).
Desde Suecia, un corresponsal nos ha hecho llegar su valoración
de los resultados de las elecciones en que, el Gobierno Social Demócrata,
ha sido derrotado por una coalición de los partidos del centro
derecha. "Desde que Suecia entró, en 1995, en la Unión
Europea, esta ha "adaptado" y sometido a su política,
sin cesar, a Suecia.", escribe.
Y concluye: "Para salvaguardar y restablecer las conquistas de
la protección social, para proteger a los sindicatos, (...) será
necesario empujar a los verdaderos social demócratas y a los
sindicatos para que se opongan a las privatizaciones, a los ataques
contra los derechos obreros y sociales y explicar que todo eso tiene
su origen en la Unión Europea." (página 17)
En Italia, el Consejo de Ministros acaba de adoptar un proyecto de presupuesto
con 33 500 millones de recortes presupuestarios con el fin de reducir
el déficit, alcanzar el 3% de déficit presupuestario,
exigido por el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad.
El Comité "NO a la Unión Europea, por la democracia,
los servicios públicos, la unidad de la República Italiana",
nos ha enviado el manifiesto que invita a firmar en Italia. (página
14).
Ha sido en esta situación, en la que, los delegados belgas a
la conferencia de Berlín, han propuesto que se organice una delegación
a las instituciones de la Unión Europea:
"Proponemos que el análisis que acabamos de hacer de las
consecuencias (en Bélgica) de la política de la Unión
Europea, lo desarrollemos todos, en cada uno de nuestros países.
Y que, así, dispongamos de un memorando común exponiendo
la realidad de esta política en toda Europa.
Proponemos que, a partir de este memorando, organicemos en los próximos
meses una delegación europea, mandatada para entregarlo a la
Comisión Europea en Bruselas.
Les exigiremos: Contesten a estos hechos, ¿qué tienen
que responder?
Proponemos que esas respuestas, las difundamos, junto al memorando,
entre todas las organizaciones obreras de Europa como un llamamiento
a desarrollar la acción común para parar juntos esta política."
Publicamos en este boletín, extractos del memorando redactado
por un delegado alemán a la Conferencia de Berlín sobre
la ofensiva destructora desarrollada por la Gran Coalición, en
aplicación de la política de la Unión Europea,
en particular contra los parados y contra los convenios colectivos.
Vuelve, de nuevo, sobre el significado de la reforma del federalismo
(páginas 3, 4, 5 y 6).
Encontraréis también una parte del memorando redactado
por los delegados españoles. Se refiere a una cuestión,
a la que todos los países están confrontados: la reforma
del Estatuto de la Función Pública en aplicación
del Tratado de Maastricht. Un preacuerdo acaba de firmarse entre Zapatero
y los dirigentes de las organizaciones sindicales.
Los militantes en España llevan el combate para la retirada de
este proyecto de reforma (páginas 7 a 13).
El Comité de Enlace -sobre los procesos de destrucción
de los títulos organizados por la Unión Europea, a partir
del proceso de Bolonia-, constituido en la Conferencia de Berlín,
acaba de publicar su boletín no.2. Publicamos una presentación
así como el sumario (página 19).
Recordamos que el Comité de Enlace se propone participar en la
delegación a las instituciones de la Unión Europea.
La Conferencia de Berlín decidió constituir un fondo de
solidaridad obrera con los mineros rumanos encarcelados y sus familias.
Encontraréis el llamamiento a la solidaridad (página 21).
¿Deseáis asociaros a la preparación de esta delegación,
o transmitir elementos para el memorando?
Dadnos a conocer vuestras objeciones, reflexiones y propuestas.
Por un memorando común,
acta de acusación de los trabajadores y de los pueblos
contra la política de la Unión Europea
Alemania
Contribución al Memorando
(extractos)
En la conferencia de Berlín -en febrero de 2006-,se había
presentado una propuesta de redactar en cada país un memorando
sobre las consecuencias de la política de la Unión Europea.
Heinz Werner Schuster miembro de la AFA de Dusseldörf, delegado
a la conferencia de Berlín, nos ha enviado los elementos de este
memorando para Alemania.
La Unión Europea dicta a los gobiernos los programas de transformación
estructural para destruir la producción industrial. El dictado
de los criterios de Maastricht exige la privatización y la desintegración
del servicio público y de las infraestructuras sociales (
).
Quince años después de la fundación de la Unión
Europea, los trabajadores en Alemania, constatan retrospectivamente,
con una cólera y una indignación crecientes, una convulsión
en el curso de la cual se han visto expoliar de sus conquistas centrales,
rechazadas a muy atrás. Hoy, en junio de 2006, después
de años de pérdida de salario real, los salarios son más
bajos que en 1991, la legislación laboral está carcomida,
el horario de trabajo se prolonga y se ha precipitado a un ejército
de millones de trabajadores en el paro, como consecuencia de la destrucción
de la producción (
).
A finales de 2005, el Gobierno de Gran Coalición se formó
con la misión de poner fin al retraso acumulado por Alemania
en la aplicación de los criterios de Maastricht y de la puesta
en práctica, radicalmente y hasta el final, la política
de la Unión Europea.
El Ministro de Hacienda Steinbrück (SPD) ha prometido, el 5 de
julio de 2006, a la Comisión Europea, en nombre de la Gran Coalición,
aplicar las medidas que permitan "la reducción del déficit
excesivo" (
).
Nadie quería este Gobierno de Gran Coalición, de cooperación
del principal partido burgués, la CDU/CSU, con el partido obrero
tradicional, el SPD. Su instalación corresponde a la voluntad
de la Unión Europea y la única "justificación
de su existencia", es que está encargado de imponer al país,
hasta el final, las directivas de Maastricht. (
).
En su recomendación del 12 de septiembre de 2001, la Comisión
Europea explica que en el mercado laboral alemán, existen fundamentalmente
los siguientes problemas: "(
). Existen pertinaces diferencias
regionales en las tasas de desempleo; los nuevos Estados Federados están
especialmente perjudicados. La política activa del mercado laboral
no tiene más que efectos limitados en la parte oriental del país.
(
). A pesar de las reformas en curso, la fiscalidad global que pesa
sobre el trabajo sigue siendo todavía muy elevada." (
).
En su Plan nacional de acción (NAP) de 2002, el gobierno se apoyó
sobre las recomendaciones de la Comisión Europea. Así
pues, las citas siguientes muestran cómo el gobierno se esfuerza
en seguir las directivas de la Unión Europea: "con la entrada
en vigor de la ley 'Job-AQTIV' del 1 de enero de 2002, las oficinas
de empleo tienen la obligación de elaborar, con el candidato
a un trabajo, un perfil y un pronóstico cualificado sobre sus
oportunidades (Profiling). Este pronóstico indica las oportunidades
que el candidato tiene de encontrar un empleo y la estrategia individual
a seguir, que la oficina de empleo elabora conjuntamente con los parados
y que es vinculante para las dos partes (
).
El acuerdo de integración en el mercado de trabajo, debe ser
controlado a más tardar, tras seis meses de desempleo o después
de tres meses, para los jóvenes que buscan un puesto de aprendiz.",
"Las deducciones relativas a las condiciones de conclusión
de un contrato de trabajo de duración determinada, inscritas
en la ley sobre los contratos de trabajo a tiempo parcial y de duración
determinada, deben servir para reducir los obstáculos al empleo
de los trabajadores mayores, a partir de los 58 años. (
). Un
incentivo suplementario al aumento de la capacidad de empleo de los
mayores aparece en el código de las jubilaciones. (
). La edad
de la jubilación para los asegurados de fecha antigua (63 años
para los hombres y 60 años para las mujeres) se prorrogará
a la edad normal de la jubilación, es decir 65 años. Este
proceso concluirá a finales de 2004. Además, para las
personas excesivamente discapacitadas, la edad de la jubilación
se prorrogará hasta los 63 años. (
). Los que hacen uso
de su derecho a tomar su jubilación antes, deberán aceptar
una reducción de su pensión de jubilación, que
podrá llegar hasta el 18%. (
). Con la aplicación de la
reforma gradual del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las
empresas, se establecieron las disposiciones para un neto descenso de
la fiscalidad que pesa sobre el factor trabajo. (
). Pero, para aliviar
duraderamente el factor trabajo, no basta con reducir la carga fiscal.
Es necesario actuar también, sobre las cotizaciones sociales.
Se mantiene el objetivo de seguir, mediante la continuación de
las reformas estructurales referentes a los sistemas de seguridad social,
reduciendo el conjunto de las cotizaciones sociales." (
).
El 8 de abril de 2003, la Comisión Europea hace la siguiente
constatación: "se dibuja en 2003 una tendencia al crecimiento
del desempleo, lo que exige una política preventiva y activa
eficiente del mercado laboral. (
). la reglamentación existente
impide quizá la creación de empleos y debería ser
revisada. Eso vale también para las instituciones que fijan los
salarios en el mercado laboral, por ejemplo los "convenios colectivos
nacionales de rama" y el " principio del derecho adquirido""
(
).
La Comisión Europea exigía pues, del Gobierno Schröder
que acentuase la presión sobre los parados, que crease un sector
con bajo sueldo, etc. El gobierno respondió a ello, parcialmente,
mediante las leyes Hartz: creación de empresas individuales (Ich-AG),
"minijobs" ["miniempleos" en inglés en el
original - NDT], 4,1 millones de estos "pequeños empleos"
debían existir antes de 2004. Su función, entre otras
cosas, era garantizar materialmente a los parados, sin que ellos pudieran
pretender un subsidio por desempleo. Se contrataron prioritariamente
en el sector del comercio, así como en el social, salud y restauración.
La instauración de los "minijobs" con una remuneración
que no sobrepasaba los 800 euros hizo desaparecer masivamente, en la
restauración, los empleos normales a jornada completa. El gobierno
revisó así su posición de 1999, cuando Riester
quería someter a las normas de la Seguridad Social todos los
trabajos, incluso los complementarios (
).
Todas las medidas adoptadas siguiendo las recomendaciones de la ley
Hartz sirven a la destrucción de los contratos de trabajo normales,
protegidos por convenios colectivos y, en consecuencia, también
de los convenios colectivos y los sindicatos, pero también a
la destrucción del sistema de Seguridad Social (
).
El Gobierno agrava aún sus ataques
En el NAP (Plan Nacional de Acción) de 2004, el gobierno explicaba
sus "iniciativas", en realidad, ataques brutales contra los
derechos de la población trabajadora. Se vanagloriaba de las
medidas contra las que, en 2002, los electores rechazaron a Stoïber
y dieron sus votos al SPD. Su respuesta a la Comisión Europea
ilustra bien, cómo han violado, la voluntad de millones de trabajadores
en Alemania y el mandato que habían dado al SPD.
Ha sido ese programa de la Unión Europea y de Schröder quien
ha corroído, mediante incesantes cláusulas derogatorias,
los Convenios Colectivos Nacionales de rama, tradicionalmente fuertes
en Alemania, quién animó, sobre todo en el Este, a los
patronos a descolgarse de los convenios colectivos saliendo de las Uniones
Patronales y que extendió a 8 millones de personas, los trabajos
con bajo sueldo. Es así como, en el NAP 2004, el Gobierno indicaba:
"En más de 130 convenios colectivos, hay salarios inferiores
a 6 euros por hora. Y finalmente, incluso en el marco de los convenios
colectivos, existe la posibilidad de prever, en función de la
situación económica particular, aumentos, pero también
disminuciones de remuneraciones. Las reglamentaciones sobre la duración
de la jornada laboral trabajo prevén casi todas las posibilidades
de flexibilidad con relación a la duración semanal normal
del trabajo.".
Schröder elogiaba en el NAP 2004 la modernización de las
normas de seguridad en el trabajo, la ley sobre las reformas del mercado
laboral, entrada en vigor el 1 de enero de 2004, que redujo la protección
contra los despidos, los 27 000 convenios de empresas (en 2003, había
60 000 convenios colectivos), que casi representaban la mitad de los
convenios colectivos e introducen una sustancial diferenciación
en el paisaje alemán de los convenios colectivos, la flexibilización
de la duración del trabajo con el acuerdo de los trabajadores
interesados, el número de los trabajadores a tiempo parcial que
era de 7,2 millones en 2003, la reducción de la duración
máxima del subsidio del desempleo a 12 meses a partir de 2006,
a 18 meses para los más viejos, la obligación para los
parados de aceptar cualquier trabajo so pena de reducción del
subsidio en un 30%.
Recíprocamente, el NAP 2004 elogiaba la ley sobre la modernización
del seguro de enfermedad legal, entrado en vigor el 1 de enero de 2004
y que introdujo una tasa fija de las consultas médicas -y otras
medidas para aliviar las cajas de enfermedad en 10 000 millones de euros-,
así como la reducción del poder de atracción de
la salida precoz a la jubilación.
El gobierno considera que "en los diez últimos años,
los convenios colectivos fueron han sido considerablemente desvirtuados
por cláusulas derogatorias y por otros muchos elementos, relativos
a la duración del trabajo y a los salarios. (
). Se congratula
por los convenios colectivos que contienen cláusulas que permiten
suprimir las gratificaciones únicas (de vacaciones, de final
de año,...), mejorando así la competitividad y la capacidad
de innovación y mejorando las condiciones de inversión.".
Todo, no tiene más que un hilo
La Comisión Europea exige a todos los gobiernos aumentar "drásticamente"
la presión y la restricción, sobre la población
trabajadora para romper la resistencia.
Los gobiernos de los países europeos se esfuerzan, realmente,
en responder a las exigencias del capital. ¡Pero todo eso no basta!
En su comunicación al Consejo de Europa (proyecto de informe
común sobre el empleo 2004/2005 del 27 de enero de 2005; KOM
13), la Comisión truena: "la grieta entre las prioridades
para el empleo en la Unión Europea y la aplicación en
los Estados miembros debe llenarse imperativamente. Es absolutamente
necesario, que los gobiernos hagan suyos los objetivos de la Unión
Europea y refuercen la opinión pública en esta convicción
de que es necesario que las obligaciones de la Unión Europea
sean traducidas en medidas al nivel nacional y local." (
).
Es por eso, por lo que la desintegración acelerada de las conquistas
y de las organizaciones obreras, es necesaria para la Unión Europea
y los gobiernos. Eso exige el desmantelamiento de la nación como
contexto en que estas conquistas han sido arrancadas y defendidas y,
en el cual siguen situándose.
La "reforma del federalismo"
"El nuevo objetivo, 'competitividad y empleo regionales' sirve
para anticipar y para promover el cambio estructural mediante la mejora
de la competitividad y la atracción de las regiones a la Unión
Europea.", leemos en el comunicado de la Comisión (KOM 2005-299,
bajo el título: "La política de cohesión al
servicio del crecimiento y del empleo - líneas directrices estratégicas
de la comunidad para el período 2007-2013.".
La "Europa de las regiones", es la aplicación del dictado
de los criterios de Maastricht y la aplicación de la Constitución
europea. En Alemania, toma la forma de la modificación de la
Constitución -en dos etapas-, denominada "Reforma del Federalismo".
La "reforma del federalismo" prevé una revisión
extensa y radical de la Ley Fundamental y de las instituciones constitucionales,
en cuyo marco se construyó la sociedad desde 1945 como "Estado
Federal Social y Democrático Unificado", con grandes acervos
sociales, consecuencia, en particular, de las luchas del movimiento
obrero.
La "reforma" es reputada de "modernizar el orden estatal"
que, como la Constitución y la sociedad, debe hacerse "eurocompatible".
El "federalismo solidario de cooperación" debe "ser
sustituido" por el "federalismo de competencia", defendido
por la Unión Europea, por la "regionalización que
promueva la competencia", totalmente en el espíritu del
Tratado de Maastricht que obliga a una "competencia libre y no
falseada".
Para ello, los criterios de déficit de Maastricht y el Pacto
de Estabilidad deben convertirse en los fundamentos de las nuevas instituciones
constitucionales. La competencia entre el Estado Federal, los Estados
Federados y los Municipios, debe convertirse en el nuevo imperativo
constitucional en lugar de los principios en vigor hasta ahora, de federalismo
solidario y de intervención del Estado para garantizar la "unidad
de las condiciones de vida" en todo el país.
La obligación conferida al Estado, de garantizar la unidad de
las condiciones de vida, se traduce en las instituciones constitucionales
por la "obligación de asistencia financiera del Estado Federal"
hacia los Estados Federados (y los municipios), así como en el
prorrateo financiero solidario global (del Estado Federal hacia los
Estados Federados e indirectamente, hacia los municipios) y en la equiparación
financiera solidaria de los Estados Federados entre sí.
El conjunto de esta distribución financiera federal se aumentó,
por ejemplo, en 2002, a 33 600 millones de euros, de los que 28 300
millones fueron a los Estados Federados del Este.
En este marco es en el que la financiación unificada de las funciones
y prestaciones oficiales tiene lugar, garantizando los mismos derechos
a todos los miembros de la sociedad (
).
Una amenaza para todo el edificio de la democracia social y política.
En este marco, el movimiento obrero obtuvo, mediante sus combates, un
Estatuto Unificado de los Funcionarios y el sistema de Convenios Colectivos
Nacionales de rama, en el servicio público y en la economía
privada. Eso constituye la columna vertebral de los sindicatos independientes
y libres, pilares fundamentales del conjunto de este edificio de la
democracia social y política. Los sindicatos se basan en la libertad
de coalición de los trabajadores; los derechos a defender sus
intereses con toda independencia, a negociar libremente, a hacer huelga.
Son los garantes de los Convenios Colectivos Nacionales de rama y de
las grandes conquistas sociales obreras.
Los convenios colectivos son también la columna vertebral de
los sistemas colectivos de Seguridad Social, de Seguro de Jubilación,
Desempleo y Enfermedad y de su financiación mediante el salario
directo e indirecto.
El SPD ocupa su lugar en este edificio de la democracia social y política,
como defensor político tradicional de los intereses de los trabajadores.
La destrucción de estas conquistas, precisamente bajo un Gobierno
SPD -o de coalición en que sienta el SPD-, amenaza, ineluctablemente,
incluso la existencia del SPD y de los sindicatos.
El conjunto de este edificio de la democracia política y social,
del "Estado social", está amenazado en su existencia,
por la reforma del federalismo. (
).
Adopción de la primera parte de la reforma del federalismo
Esta "reforma del federalismo I", adoptada por el Bundestag
el 30 de junio, prevé la revisión de alrededor de 40 disposiciones
de la Ley Fundamental. Bajo el nombre de "pacto nacional de estabilidad",
los criterios de déficit de Maastricht, incluyendo su mecanismo
de sanciones, se introducen en los nuevos artículos 104 y 109
de la Ley Fundamental. Los presupuestos públicos del Estado Federal,
de los Estados Federados y de los Municipios le son supeditados. (
).
La competencia jurídica y legislativa (y la obligación
financiera) del Estado Federal, se rompe en muchos ámbitos y
se transfiere, completa o parcialmente, a los Estados Federados. En
otros ámbitos, los Estados Federados, se ven conceder el derecho
a derogar la legislación federal: educación, formación
universitaria y formación profesional, remuneración y
jubilación de los funcionarios, derecho penal, medio ambiente,
ayuda social y seguridad social, ayuda a los niños y a los jóvenes,
horarios de los comercios, derecho de reunión y prensa.
El Estatuto Federal Unificado de los Funcionarios se despedaza, puesto
que sus principales disposiciones relativas a la remuneración,
la duración del trabajo, las jubilaciones y las condiciones de
trabajo son, en adelante, competencia de los Estados Federados.
El Gobierno Schröder había negociado ya, con los representantes
del sindicato Ver.di y de la Unión de los Funcionarios, a espaldas
de los colegas, una "reforma" del Estatuto de los Funcionarios
y del Convenio Colectivo de los Obreros y Empleados de los Servicios
Públicos que, -mientras que se preparaba la reforma del federalismo-,
había conducido al desmantelamiento mayor del Convenio Colectivo
Nacional Alemán en los Servicios Públicos, el BAT, y había
representado una primera apertura a diferenciaciones entre funcionarios
según Estados Federados.
Con la reforma del federalismo, se retoman ahora reiteradas tentativas
de Estados Federados y de Municipios para disolver el Convenio Colectivo
Nacional y desreglamentar y atomizar radicalmente las condiciones de
trabajo de los funcionarios.
Simultáneamente, se han tomado medidas drásticas, para
reducir el coste de la salud, que han provocado, desde principios de
año, una ola sin precedentes de huelgas en los servicios públicos
y en los hospitales (
).
La misma suerte se reserva a las universidades. Ya no son, más
que muy parcialmente, competencia del Estado Federal; la unidad universitaria
tradicional de enseñanza y de investigación está
rota y la privatización ampliamente desencadenada. (
).
¿Hay alguna otra salida que la ruptura con la Unión Europea?
Sin embargo, los principios del "federalismo cooperativo"
y la garantía de la unidad de las condiciones de vida permanecen
inscritos como tales en la Ley Fundamental, así como el sistema
de prorrateo financiero y la obligación de asistencia del Estado
Federal. Eso debe ser objetivo de la "segunda etapa de la reforma
del federalismo" que los "reemplazará" por los
principios del "federalismo de competición". (
).
Eso no solamente transformará en un caos el Estado de Derecho
Unificado, el sistema jurídico de la República. Se trata
de hacer estallar el Estado Social en su unidad federal. Un siglo y
medio después de la formación del Estado nacional alemán,
16 años después de la reconquista de la unidad política
de Alemania, la reforma del federalismo (I y II), debe abrir la vía
al proceso de decadencia jurídica, social y política de
la sociedad.
Y eso, porque la Unión Europea lo manda, para sacrificar a los
inversores financieros internacionales la fuerza industrial y el conjunto
de las conquistas sociales y la democracia.
¿Quién podría aceptarlo? ¿Quién podría
estar de acuerdo con la caída de la sociedad en la barbarie?
Un centenar de diputados del SPD, durante la votación de la "reforma
del federalismo I", han confirmado y hecho público su rechazo.
Han declarado la guerra a cualquier aplicación de esta primera
fase de la reforma tendente a un federalismo de competición y
que vaya contra el federalismo de solidaridad y la unidad de las condiciones
de vida. Eso se opone con mucha más determinación a las
intenciones de la segunda reforma.
Cuanto más insiste la Unión Europea para que el Gobierno
de Gran Coalición haga pasar la reforma del federalismo II y
el conjunto de las demás contrarreformas, tanto más se
multiplican los conflictos en el Gobierno y más se refuerza y
se extiende el rechazo en el conjunto de la sociedad, entre los trabajadores,
en los sindicatos y el SPD. Este rechazo choca, cada vez más
vivamente, con las coacciones a las que el SPD está sometido
en el Gobierno de Gran Coalición, instrumento de la política
de la Unión Europea.
La defensa y el restablecimiento de las conquistas sociales y democráticas
fundamentales del Estado Social y de la unidad alemana no pueden realizarse
más que rompiendo con la política de la Unión Europea
y con sus instituciones.
Heinz Werner Schuster
España
¿Qué actitud debe tener el movimiento obrero
ante el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público?
En el mes de junio de 2006, el Gobierno Zapatero firmó un acuerdo
previo con los responsables sindicales de la Función Pública
para establecer un nuevo Estatuto Básico del Empleado Público.
El documento que publicamos a continuación proporciona los elementos
con los que los partidarios del Acuerdo en España han llevado
una campaña contra esta "reforma".
Mientras tanto, en el mes de septiembre, el acuerdo ha sido firmado
y presentado para su aprobación en el Parlamento.
¿De dónde viene el Estatuto de la Función Pública?
En 1964, bajo Franco, se decretó una ley sobre los funcionarios
civiles del Estado. Después de la muerte de Franco, una de las
reivindicaciones de los trabajadores, fue revisar esta ley, en particular,
integrando la libertad de negociación colectiva, lo que el régimen
de la transición no aceptó.
No fue hasta 1984, que tuvo lugar una reforma de esta ley. Pero la víspera
de la entrada de España en la Unión Europea, esta reforma
no integraba las pretensiones de los funcionarios sino, al contrario,
introducía ya, los despidos y la movilidad geográfica.
Como se podrá comprobar, el nuevo estatuto integra plenamente
las directivas europeas.
El Gobierno Zapatero ha obtenido el apoyo inicial de los dirigentes
de las federaciones de UGT y de CC.OO. -que los órganos federales
deben ratificar o no-, para el borrador de anteproyecto de Ley de Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP). Tanto la FSP-UGT como
el Área Pública de CC.OO., se felicitan por el preacuerdo
alcanzado con el Ministerio de Administraciones Públicas; aseguran
en sus comunicados que se han incorporado mejoras retributivas, que
se consiguen importantes avances en la carrera profesional y, sobre
todo, que se reconoce el derecho a la negociación colectiva.
Desde nuestro punto de vista, esta valoración no corresponde
a la realidad del borrador, que amenaza las bases mismas de la Función
Pública. Y apoyar ese borrador amenazaría el lugar de
las organizaciones sindicales. Veamos:
¿Mejoras retributivas?
Empecemos por las mejoras retributivas:
Artículo 21.2. "No podrán acordarse incrementos retributivos
que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior
a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el personal."
Artículo 31.8. "Los procedimientos para determinar condiciones
de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en
cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter
internacional ratificados por España."
Podíamos señalar otros artículos que inciden sobre
el mismo aspecto y en el mismo sentido, pero con esto es suficiente.
Hay un acuerdo internacional decisivo: el tratado de Maastricht, con
las subsiguientes normas que componen el Pacto de Estabilidad. "Los
Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario
a medio plazo de aproximarse al equilibrio o conseguir superávit
(
) y tomar las medidas presupuestarias correctivas que estimen necesarias
(
). Corregirán los déficit excesivos tan pronto como
sea posible; esta corrección debería completarse no más
tarde del año siguiente" (Resolución del Consejo
Europeo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Ámsterdam,
17 de junio de 1997)
"Los gobiernos de los Estados miembros serán responsables
según este Protocolo de los déficit del conjunto de los
gobiernos central, regional, local y los fondos de la Seguridad Social"
(Protocolo sobre el déficit excesivo, anexo al tratado de la
Unión Europea)
¿Qué mejoras retributivas caben en el marco de las previsiones
presupuestarias del tratado de Maastricht, del déficit cero,
del supuesto control de la inflación? ¿No es éste
el argumento de todos los gobiernos para congelar y recortar salarios?
Desde que el tratado de Maastricht se firmó en 1992 hasta hoy,
año tras año, con uno u otro gobierno, los presupuestos
generales del Estado han recortado el poder adquisitivo de los empleados
públicos.
¿Qué intereses obligan a anteponer esta argolla al legítimo
interés de los empleados públicos que no quieren perder
más poder adquisitivo y tratan de recuperar lo perdido?
Los dirigentes sindicales que han aceptado suscribir el Estatuto Básico
aportan como argumentos para afirmar que se introducen mejoras retributivas,
por una parte, el abono de los trienios al personal interino. Sin embargo,
el artículo 25.1. dice: "Los interinos percibirán
las retribuciones básicas, excluidos los trienios y las pagas
extraordinarias"; es decir que, con la entrada en vigor del EBEP,
los interinos ¡pierden el derecho a cobrar las pagas extraordinarias!
Pero, ¿cobrarán los trienios? El mismo artículo,
en el punto 2, afirma: "No obstante lo anterior (
) una vez que
se hayan efectuado las convocatorias de consolidación de empleo
temporal previstas en la Disposición Transitoria Tercera, las
Administraciones Públicas dispondrán que se [les] remunere
la antigüedad." Por tanto, si no se convocan los procesos
de consolidación de empleo (a lo que la Administración
no viene obligada), el interino no cobra los trienios. Si se convocan,
hay dos posibilidades: el interino aprueba y entonces, como funcionario
de carrera, es obligatorio pagarle los trienios, o bien no supera las
pruebas, con lo que lo más probable es que su plaza sea ocupada
por alguien que haya aprobado las oposiciones y entonces
puede verse
en la calle. ¿Esta coletilla introducida en el punto 2 del artículo
25 constituye el reconocimiento del derecho de los interinos a cobrar
los trienios? No lo parece, pero lo que sí se afirma con claridad
es que los interinos dejarán de cobrar las pagas extras. ¿Si
hacen esto con los interinos, qué no harán con la evaluación
del desempeño?
Por otro lado, se argumenta lo dispuesto en el artículo 22. 4.
"Las pagas extraordinarias serán dos, cada una por el importe
de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad
de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren
los apartados c) y d) del artículo 24." Es decir, la parte
de las retribuciones complementarias que retribuye "el grado de
interés, iniciativa o esfuerzo aplicado al desempeño del
puesto de trabajo o el rendimiento o resultados obtenidos en el mismo"
y "los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo." De entrada, nadie ha cuantificado la parte
del salario que supondrá lo que ya llaman "productividad"
y que se medirá por criterios tan objetivos como "el grado
de interés, iniciativa o esfuerzo aplicado al desempeño
del puesto de trabajo". Este artículo puede interpretarse,
en el mejor de los casos, como un reconocimiento de lo que ya se ha
conseguido en la mayoría de las Administraciones y, en algún
caso, como un retroceso o una medida de contención, dado que
son muchas las Administraciones que ya cobran las pagas extraordinarias
completas, sin exclusiones.
Así pues, las mejoras retributivas más bien consisten
en que el Gobierno se blinda ante la posibilidad de que los empleados
públicos consigan arrancar in-crementos salariales que entren
en contradicción con la política de recorte del gasto
público exigida por la Unión Europea, y los dirigentes
sindicales renuncian en los hechos a reivindicar frente a un Gobierno,
supuestamente favorable a sus intereses, cualquier medida que suponga
una verdadera cláusula de revisión sala-rial, única
garantía para los empleados públicos de que no se volverá
a perder poder adquisitivo. ¿Se le puede llamar a esto mejoras
retributivas?
¿Qué hay de la negociación colectiva?
Pasemos al derecho a la negociación colectiva.
En el artículo 38 se establece: "Si los Acuerdos ratificados
tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley (
) su contenido carecerá
de eficacia directa (
). Cuando exista falta de ratificación
de un Acuerdo (
) se deberá iniciar la renegociación.
(
) En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la renegociación
(
) corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios."
Y por si no queda bastante claro, el punto 10 del artículo señala:
"Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando
excepcionalmente y por causa grave de interés público
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas,
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas
suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados,
en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público." Y, como es bien sabido, el "interés
público" es un argumento ampliamente flexible y adaptable
que, por lo general, tiene dos interpretaciones, la de aquellos para
quienes el interés público esta constituido por los intereses
de las multinacionales y de los especuladores, y en concreto las exigencias
del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, antes citado, y
la de aquellos que confían en que tras este apelativo puede esconderse
el interés de los trabajadores y de la mayoría de la población,
que suelen ver sus expectativas frustradas en cada ocasión que
se acude a este concepto para justificar las medidas gubernamentales.
Los funcionarios y empleados públicos, en nuestra larga lucha
por conseguir el derecho de negociación colectiva, por defender
convenios firmados, hemos topado reiteradamente con las normas de la
Unión Europea. En uno juicio contra el convenio de un ayuntamiento,
el abogado del Estado alegaba:
"Es notorio que el establecimiento de límites a las retribuciones
del personal al servicio del sector público obedece a la finalidad
de reducir el déficit público, y que esta reducción
es hoy un fin primordial del Estado español, promovido por el
Gobierno en ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo
97 de la Constitución Española, y apreciado por las Cortes
al aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sería
ocioso extenderse en la trascendencia que la consecución de tal
fin tiene para los intereses generales, pues es de general conocimiento
que el nivel de déficit público es determinante de la
plena participación de los Estados en la Unión Europea,
tal como la misma ha quedado configurada tras las más recientes
modificaciones del Tratado constitutivo de la CEE".
Cuando ahora el borrador de Estatuto Básico alega como motivo
para anular acuerdos "el interés público", estamos
ante la consagración legal de los obstáculos con los que
hemos topado.
Frente a ello, la única garantía obtenida, parece ser,
consiste en que "en este supuesto [el incumplimiento de los Pactos],
las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o modificación."
En el artículo 40, "Funciones y legitimación de los
órganos de representación", además de los
habituales "recibir información", "emitir informe",
"tener conocimiento y ser oídos", encontramos: "f)
colaborar con la Administración correspondiente para conseguir
el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento
de la productividad", ¡extraña función para
los representantes de los trabajadores! Claro, que lo es menos si tenemos
en cuenta que el artículo 31, sobre los principios generales
de la negociación colectiva, afirma en su punto 5: "El ejercicio
de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y
se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos
regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de otras formas
de colaboración entre las Administraciones Públicas y
sus empleados públicos o los representantes de éstos."
Entonces, la negociación colectiva queda encuadrada entre las
"formas de colaboración entre las Administraciones Públicas
y los representantes de los trabajadores." ¿Es función
de los sindicatos "colaborar" con la política de recorte
de salarios y privatizaciones que venimos sufriendo los empleados públicos?
Todos diríamos la función de los sindicatos es organizar
la lucha por recuperar los salarios perdidos y los servicios privatizados.
¿Cómo puede ningún sindicalista comprometido con
los intereses de los trabajadores apoyar este EBEP?
Carrera profesional y "evaluación del desempeño"
En cuanto a la carrera profesional, el artículo 16.3 establece,
además de la actual carrera vertical, de provisión de
puestos por concurso de méritos, la "carrera horizontal
(...), sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo, vinculada al
desarrollo de las competencias del puesto de trabajo y al rendimiento,
evaluado y acreditado." Ahora bien, la carrera vertical, la carrera
horizontal, la formación y una parte del salario aún sin
determinar quedan supeditadas a la evaluación del desempeño.
Así lo precisa el artículo 20: "3. Las Administraciones
Públicas determinarán los efectos de la evaluación
en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión
de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones
complementarias.
4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará
vinculada a la evaluación de acuerdo con los sistemas de evaluación
que cada Administración Pública determine."
Por tanto, la supuesta carrera profesional consiste en una evaluación
periódica de los funcionarios que elimina cualquier derecho a
la estabilidad y al salario fijo e igual para todos los funcionarios
con una misma clasificación, supone la individualización
de las condiciones de trabajo y la pérdida de su independencia
respecto a los criterios de los responsables políticos de la
Administración. En cualquier caso, nadie osará decir que
la evaluación del desempeño constituye una reivindicación
de los empleados públicos, sino todo lo contrario; y, sin embargo,
constituye la piedra angular del EBEP, tal como lo afirma su exposición
de motivos: "elemento fundamental de la nueva regulación
es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño de
los empleados públicos."
Pero, además, resulta que según el EBEP no hay ya puestos
de trabajo propiamente dichos. Artículo 73: "2. El puesto
de trabajo es el conjunto de funciones, actividades, tareas u otras
responsabilidades encomendadas por las organizaciones administrativas
a cada empleado (
).
3. La asignación de los puestos no impedirá que el empleado
público realice otras tareas para las que se requieran perfiles
de competencias similares o equivalentes, cuando corresponda por necesidades
del servicio."
Y el artículo 75, incide: "las relaciones de puestos de
trabajo (
) comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos de trabajo, grupos de clasificación profesional al
que estén adscritos, sistema de provisión y las retribuciones
complementarias que correspondan."
Es decir, no hay un puesto de trabajo con funciones, sino un funcionario
al que se le encargan tareas. Con un concepto de puesto de trabajo tan
flexible, ¿qué especialización ni qué carrera
profesional caben?
Si las Administraciones Públicas ya aprovechan todos los resquicios
que han podido introducirse en la legislación para eludir las
Ofertas Públicas de Empleo , los concursos de traslado y la negociación
de las relaciones de puestos de trabajo, introduciendo así las
reclasificaciones arbitrarias, las comisiones de servicio y la libre
designación como forma habitual de provisión de los puestos
de trabajo, la evaluación del desempeño sólo puede
traer la eliminación de los obstáculos que todavía
protegen al funcionario y al ciudadano de los intereses y las manipulaciones
de los pequeños y poderosos grupos de presión -orquestados
por especuladores y multinacionales-, pero bien relacionados con los
cargos políticos que dirigen las Administraciones Públicas.
¿No son todas estas cuestiones suficientemente graves como para
considerar que el preacuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas
no debe ser ratificado, que los sindicatos no deben dar su aval al Gobierno
para sacar adelante el EBEP? Entre otras cosas, porque el voto recibido
por el PSOE el 14 de marzo era para que diese satisfacción a
las reivindicaciones de los empleados públicos y no para que
continuase la política de Aznar en las Administraciones Públicas.
El Estatuto, definido como básico, deja sentada la imposibilidad
de incrementos de la masa salarial siquiera iguales a la inflación,
pisotea el derecho a la negociación colectiva y las atribuciones
sindicales, y somete a los empleados públicos a una especie de
vasallaje respecto de sus superiores jerárquicos.
Sin embargo, no quedan agotados aquí los efectos perversos del
texto pactado. Éste va más lejos, al menos en dos aspectos
íntimamente ligados: la regionalización y el impulso de
las privatizaciones.
Regionalización y eliminación de la función pública
La disgregación de los empleados y empleadas de las Administraciones
Públicas en 18 normas estatutarias diferentes queda establecida
en el artículo 6. "En desarrollo de este Estatuto, las Cortes
Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes
reguladoras de la Función Pública de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas." Para
empezar, esto supone la ampliación sin límite del proceso
de diferenciación de salarios y condiciones de trabajo de los
empleados públicos .
¿Con qué objetivos? Busquemos en la Exposición
de motivos: "el régimen de la función pública
no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo
que tenga como modelo único de referencia a la Administración
del Estado. (
) cada administración debe poder configurar su
propia política de personal (
). Por tanto, la densidad de la
legislación básica en materia de función pública
debe reducirse hoy en día, en comparación con épocas
pasadas (
).
(
) Asistimos hoy, en efecto, a una gradual multiplicación de
las formas de gestión de las actividades públicas dentro
de cada nivel territorial de gobierno (
). La organización burocrática
tradicional, creada esencialmente para el ejercicio de potestades públicas
en aplicación de las leyes y reglamentos, se ha fragmentado en
una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo (
). La
correcta ordenación [del empleo público] requiere soluciones
diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislación
general básica no puede constituir un obstáculo ni un
factor de rigidez. Antes al contrario, ha de facilitar e impulsar las
reformas que sean necesarias para la modernización administrativa
en todos los ámbitos."
¿18 estatutos? Nos hemos quedado cortos. Hay que eliminar cualquier
modelo de referencia para la Función Pública. Se trata,
pues, de poner en vigor un Estatuto Básico que abra la vía
para dislocar, a través de las Administraciones autonómicas,
en cientos de "entidades y organismos de muy diverso tipo"
la Función Pública y, a fin de cuentas, desmantelarla.
Es lógico, pues, si ya no se trata de "ejercer las potestades
públicas en aplicación de las leyes y reglamentos",
¿no era esa la definición de Función Pública?
La aplicación de las leyes y reglamentos era la garantía
de los derechos democráticos y sociales conquistados por los
ciudadanos de un país, en particular gracias a la lucha del movimiento
obrero. Para ello hacía falta una función pública
y esa función la ejercía una "organización"
que ahora el Ministerio considera "burocrática". En
lugar de la Función Pública, el borrador de EBEP propugna
una serie de "actividades públicas" a cargo de una
"pluralidad de entidades y organismos" (sin duda, públicos,
privados y mixtos). ¿Quién los guía, si ya no se
trata de aplicar la ley que garantiza derechos? ¿Las multinacionales?
Éste es el papel de la regionalización: no pretende crear
marcos regulados de función pública en cada autonomía,
sino dinamitar las reglamentaciones establecidas en el marco estatal,
consideradas como obstáculo por las multinacionales y la Unión
Europea. Sin la regionalización, la labor de destrucción
eco-nómica y social no sería posible. En primer lugar
porque la unidad de los trabajadores en sus organizaciones a escala
estatal es el obstáculo central para esos planes.
El desmantelamiento de la función pública ni siquiera
se oculta. El Título V del EBEP, "Ordenación de la
actividad profesional", está expresamente dedicado a unificar
y establecer las medidas para "modernizar" y "reformar"
las Administraciones Públicas. Así,
Artículo 69.1. "La planificación de los recursos
humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo
contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación
de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los
recursos económicos disponibles mediante la dimensión
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad."
Artículo 81.2. "Las Administraciones Públicas podrán
trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales,
a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos
a los de su destino (
). Cuando el nuevo destino implique cambio del
término municipal, los funcionarios tendrán derecho a
las indemnizaciones establecidas."
Aquí se hace necesario un inciso. Es cierto que muchas de estas
medidas están ya incorporadas a la legislación vigente,
pero coexisten con otras que dificultan su aplicación. En este
sentido, el EBEP tiene como objeto sustituir las diversas normas existentes,
contradictorias en ocasiones, para eliminar los obstáculos a
la reconversión, a las privatizaciones.
Del mismo modo, las privatizaciones, articuladas a través de
planes de empleo o de ordenación de recursos, de la creación
de agencias, servicios, institutos, etc. han tenido efectos desastrosos;
sin embargo, en ocasiones, su aplicación o implantación
ha sido parcial como producto de la resistencia de los empleados y empleadas
de los organismos privatizados o a privatizar, que han encontrado puntos
de apoyo en la legislación y en las organizaciones sindicales.
En estos casos, para la Administración, que no podía ir
hasta el final sin provocar un choque mayor con los funcionarios y las
funcionarias, lo importante ha sido obtener el apoyo de los dirigentes
sindicales para poder privatizar y, cuando no lo ha conseguido, dar
los pasos que fuese posible en la vía hacia la privatización.
Cerremos el inciso, aunque volveremos sobre esto más adelante.
Un paso en un largo proceso exigido por la Unión Europea
¿Por qué el Gobierno se lanza dar vía libre a las
privatizaciones y al desmantelamiento, más o menos pro-gramado,
de las Administraciones Públicas? De nuevo, para comprender en
todo su significado el punto 8 del artículo 31, "Los procedimientos
para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas
tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios
y acuerdos de carácter internacional ratificados por España",
hay que recurrir a la exposición de motivos. Su tercer párrafo
es revelador: "El Estatuto Básico es un paso importante
y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo,
que debe adaptar la articulación y gestión del empleo
público en España a las necesidades de nuestro tiempo,
en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente
en los demás países de la Unión Europea y en la
propia Administración comunitaria."
Quizá haga falta recordar que en la Gran Bretaña, Francia,
Alemania y Portugal se han desencadenado en el último período
huelgas y movilizaciones en las Administraciones Públicas contra
el recorte del derecho a la jubilación o de los salarios, contra
la ampliación de la jornada o los planes que anuncian cientos
de miles de despidos en la Función Pública, todo ello
como producto de las "reformas" impulsadas por la Unión
Europea.
La orientación que el tratado de la Unión Europea impone,
que las directivas desarrollan y que el proyecto de Constitución
Europea pretendía profundizar es la sustitución de los
servicios públicos por "servicios económicos de interés
general" y, más en general, la subordinación de todas
las administraciones públicas al juego de la competencia, lo
que conlleva la liquidación de la función pública.
El artículo 3 del tratado de la Unión especifica que "la
acción de la Comunidad implicará (
) g) un régimen
que garantice que la competencia no será falseada en el mercado
interior". Al efecto, el artículo 86 determina que "quedará
prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados
miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más
empresas, de una posición dominante en el mercado común
o en una parte sustancial del mismo". Y el artículo 90:
"1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán,
respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que
concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria
a las normas del presente tratado. 2. Las empresas encargadas de la
gestión de servicios de interés económico general
o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán
sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas
sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas
normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión
específica a ellas confiada". A este respecto, el Libro
Verde de la Comisión señalaba ya que "el que los
proveedores de servicios de interés general sean públicos
o privados carece de importancia en el derecho comunitario".
Es la apertura de los servicios públicos a la privatización.
Y este criterio se introduce en todas las administraciones, en las que
se elimina el carácter independiente de la función pública
respecto de los intereses privados para subordinar las administraciones
a los criterios, y los intereses, de la empresa privada. Esto es lo
que está en la base de la "evaluación del desempeño"
y la supuesta "productividad".
En aplicación de este artículo 86 (y de sus precedentes),
la Comisión Europea ha adoptado directivas liberalizadoras, por
ejemplo de los mercados de comunicaciones electrónicas. Y quince
decisiones desde 1985 relativas al correo, las telecomunicaciones móviles,
los aeropuertos, los puertos y el transporte marítimo, los seguros
y las emisoras de radio y TV.
Así pues, en esencia, el EBEP no es un estatuto de la Función
Pública, sino de disgregación de la misma para aplicar
todas esas directivas, e incorpora por adelantado cualquier agresión
que provenga de Bruselas, siendo las Comunidades Autónomas las
responsables directas de su aplicación, favorecida por la división
autonómica de los empleados públicos y la adaptación
al marco regional de las organizaciones sindicales.
Pongamos un ejemplo: la jornada de los funcionarios queda sin ninguna
garantía respecto a su duración o distribución
semanal. El artículo 47 establece: "las Administraciones
Públicas establecerán la jornada general y las especiales
de trabajo de sus funcionarios." Esta es toda su regulación.
Es bien sabido que las Administraciones Públicas no han cesado
en su empeño de introducir la jornada partida en toda la Función
Pública. De tal forma, el EBEP deja la jornada laboral abierta
a cualquier ataque autonómico; es más, si una directiva
de la Unión Europea estableciese una "regulación"
del tiempo de trabajo en la Función Pública para "armonizar"
la jornada de trabajo, con el EBEP en la mano, las autonomías
vendrían "obligadas" a aplicarla, del mismo modo que,
en aplicación de la directiva sobre tiempo de trabajo, a los
médicos no se les cuentan como 'tiempo efectivo de trabajo' las
guardias, excepto el tiempo en el que están asistiendo efectivamente
alguna urgencia.
La nueva hornada de estatutos autonómicos consagra ese papel
de las autonomías como ejecutoras de las decisiones de Bruselas
rompiendo todas las regulaciones estatales precedentes.
¿Será más fácil defender la jornada y las
condiciones de trabajo en medio de la división regional y de
la disgregación que impone el EBEP cuando no se ha conseguido
la cláusula de revisión salarial, promesa electoral de
Rodríguez Zapatero, por la que nos hemos movilizado y nos movilizaríamos
masivamente de nuevo todos los empleados públicos hasta arrancarla?
¿Hemos podido defender el poder adquisitivo autonomía
a autonomía cuando se le ha firmado un pacto de contención
de salarios al gobierno central? ¿Cuánto tiempo tardarán
en poner otra vez encima de la mesa las diferentes Administraciones
Públicas la jornada partida argumentando la homologación
en el ámbito de la Unión Europea, el incremento de la
productividad o la necesaria modernización?
Nuestras federaciones, a partir de la entrada en vigor de este Estatuto,
se verían convocadas a volver la espalda al combate unido a escala
estatal para volcarse en el espejismo de defender derechos en una función
pública regional, cuando en realidad el papel asignado a las
regiones es liquidar la función pública.
Sin embargo, los sindicatos han sido constituidos para conseguir la
unidad de los trabajadores para resistir y vencer la presión
en el interior de la empresa, para poder utilizar la fuerza que da la
masa en la lucha por conseguir las reivindicaciones comunes, y no para
aceptar la dispersión de la resistencia organismo a organismo,
instituto a instituto.
Por cierto, ¿no es la directiva Bolkestein la que establece la
privatización de todos los servicios públicos y la más
absoluta desreglamentación de las condiciones de trabajo en su
interior?
Lo que está en juego
No terminan aquí los interrogantes que plantea el EBEP, podríamos,
por ejemplo, hablar de la "experiencia piloto" de teletrabajo
que, en nombre de la conciliación de la vida laboral y familiar,
ha puesto en marcha Jordi Sevilla, la introducción de la figura
del directivo público o los planes de pensiones, pero creemos
que es suficiente para que los sindicatos, los sindicalistas y el conjunto
de los empleados públicos rechacemos el EBEP y pidamos su retirada
definitiva. ¿O no es posible organizar la defensa en unidad de
las reivindicaciones contra la política de privatizaciones?
Nuestro punto de vista es el que sigue: la experiencia de las multinacionales
es que resulta práctica-mente imposible que los gobiernos lleven
lo bastante lejos las contrarreformas, supuestamente "modernizadoras",
sin sustituir la soberanía de los gobiernos y parlamentos de
cada Estado por las decisiones de instancias supranacionales no elegidas.
Y que, aun así, es imposible que los gobiernos realicen cabalmente
las "reformas" sin asociar estrechamente las organizaciones
sindicales a su desarrollo y aplicación; saben que mientras las
organizaciones sindicales conserven parcelas de independencia frente
a los planes de privatización exigidos por las multinacionales
e impulsados por las instituciones de Bruselas a su servicio -a las
que ellos se someten-, las contrarreformas, las privatizaciones se verán
constantemente frenadas por la resistencia de los trabajadores en un
proceso de acumulación de fuerzas que puede dar lugar a un cambio
en la situación en el que se imponga la unidad de los trabajadores
y de sus organizaciones en la lucha por defender las reivindicaciones.
Por eso, junto a la eliminación de derechos y las medidas para
disgregar y liquidar la Función Pública, el EBEP niega
a las organizaciones sindicales cualquier margen de negociación,
asignándoles la función de colaborar en el desmantelamiento
de la Función Pública. Dígasenos qué capacidad
para rechazar un plan de reconversión/privatización tendrán
los sindicatos cuando, además de lo señalado más
arriba sobre negociación colectiva, constituyen materia de negociación
la "movilidad funcional y geográfica, así como los
criterios generales sobre la planificación estratégica
de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones
de trabajo de los empleados públicos", quedando excluidas
de la negociación "las decisiones de las Administraciones
Públicas que afecten a sus potestades de organización"
(artículo 37).
Entonces, ¿por qué han de aceptar nuestros dirigentes
un EBEP que en dos años de diálogo y tres meses cortos
de negociación no ha incorporado ni una sola de las reivindicaciones
fundamentales de los empleados públicos, pero contiene todas
las agresiones en potencia? Sabemos que la llamada Confederación
Europea de Sindicatos tiene como misión presionar para que las
organizaciones sindicales de los trabajadores se sometan a las exigencias
de Bruselas. Pero ¿acaso pueden renunciar los sindicatos de los
trabajadores al derecho de negociación? ¿No está
ligada la existencia misma de nuestras federaciones del área
pública a la existencia de la función pública y
de los servicios públicos? ¿Cómo se puede pedir
a nuestras federaciones que participen en la labor de disgregar, atomizar,
desnaturalizar la función pública? ¿En proseguir
la privatización?
Comprendemos que muchos compañeros sean sensibles a los requerimientos
del gobierno Zapa-tero, sobre todo al ver la ofensiva de la reacción
contra este Gobierno. Pero, precisamente, cuando una y otra vez la Unión
Europea exige al gobierno Zapatero "reformas" contrarias a
las exigencias del pueblo trabajador que llevó al Partido Socialista
al Gobierno, ¿cuál debe ser la actitud sindical? Si nuestros
sindicatos colaboran en aplicar reformas regresivas, ¿no seguirían
el camino que llevó en Alemania a la caída del gobierno
socialdemócrata? Por el contrario, cuando los sindicatos (y los
partidos) de los trabajadores defienden los servicios públicos
y la función pública, están ayudando a reforzar
la base social de los gobiernos de izquierda, allanando el camino a
políticas de progreso.
Si Rodríguez Zapatero satisface las reivindicaciones de los empleados
públicos, reconoce el derecho a la negociación colectiva
en las Administraciones Públicas, si se niega a sacrificar a
los empleados públicos y a sus sindicatos a las exigencias que
se derivan del tratado de Maastricht, esto reforzará a nuestras
organizaciones frente a la reacción franquista.
Cada día que pasa, los acontecimientos muestran que no hay solución
a ningún problema, a las reivindicaciones sin plantar cara a
la Unión Europea y su política de regionalización.
Como sindicalistas y como trabajadores, no podemos permitir que se acelere
la política de privatizaciones y desmantelamiento de la Función
Pública y, menos todavía, que se nos arrebate la independencia
de nuestras organizaciones para defender nuestras reivindicaciones y
derechos.
Por tanto, proponemos a todos los empleados públicos y a todos
los sindicalistas de la Función Pública, dar la batalla
por la retirada del EBEP:
" preparar mociones en las instancias sindicales por la no ratificación
del preacuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas,
y si se llegase a ratificar, para que se retire esa firma.
" recoger firmas por la retirada del EBEP y, en caso de que se
llegue a tramitar en el Congreso de los Diputados, enviar delegaciones
a los grupos parlamentarios, al del PSOE en particular.
Italia
Comité nacional "¡No a la UE!
¡Democracia y servicios públicos, unidad de la República!"
La ley de Finanzas debe discutirse estos días en el Parlamento
italiano.
Como dice el siguiente manifiesto, el asunto Telecom Italia, muestra
a dónde llevan las privatizaciones. A la pregunta planteada en
el Senado por un miembro de la oposición, "¿Se proponen
renacionalizar Telecom Italia?", Romano Prodi responde: "Renacionalizar
sería contrario a todo mi pasado político.". La ley
de Finanzas, adoptada por el Consejo de Ministros, se presentará
al Parlamento en los próximos días.
Manifiesto a favor del No a la Ley de Finanzas, no a los recortes presupuestarios
en la salud, en la escuela y en la función pública, no
a la reforma de las jubilaciones.
Nosotros, los abajo firmantes, trabajadores, sindicalistas, militantes
de distintos sectores, nos hemos reunido hoy, 21 de septiembre, a iniciativa
del "Comité Nacional NO a la UE. Democracia y servicios
públicos, unidad de la República".
El 7 de abril, los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas
han expresado, mediante su voto contra Berlusconi, su voluntad clara
y nítida: queremos cambiar de política. Los millones que
han votado por los partidos de la Unión, lo han hecho para defender
y reconquistar la escuela pública, la salud, los servicios públicos,
la unidad del País, las conquistas democráticas.
Pero inmediatamente después del voto, nuestro Comité,
presentando una lista a las elecciones municipales de Turín,
planteaba un interrogante: ¿Es posible satisfacer estas reivindicaciones,
cambiar de política, abrir una perspectiva, con Prodi, que anuncia
todos los días querer seguir aplicando las directivas de la Unión
Europea que están precisamente en la raíz de los ataques
que hemos sufrido estos 13 últimos años? ¿Es posible
aspirar a un verdadero cambio cuando sabemos que Prodi es el hombre
que dictó desde Bruselas, durante cinco años, todos los
planes de Berlusconi?
¿Estábamos equivocados o teníamos razón?
Eso no es posible responderlo más que partiendo de los hechos.
En el momento en que escribimos este manifiesto, el gobierno prepara
la versión definitiva de la ley de Finanzas que prevé
recortes presupuestarios de 30 000 millones de euros:
o En la salud, la prensa anuncia 10 000 millones de en recortes
con la instauración del pago fijo hospitalario;
o Para la escuela, el Ministro Padoa Schioppa ha pedido: "suprimir
hasta las 100 000 las plazas de profesores, aumentando el número
de alumnos por clase.";
o En la Función Pública, Prodi anunció, el 31 de
agosto, "3 ó 4 miles de millones de ahorro y una reestructuración
profunda" y el bloqueo (o la limitación drástica),
de la renovación de los contratos;
o En los municipios están previstos, 2 000 millones de
en recortes presupuestarios.
Además, después de la primera ola de "liberalizaciones"
de julio, el proyecto de ley de Finanzas prevé privatizaciones
en el momento en que los asuntos de Telecom y Alitalia demuestran a
dónde lleva esta política, querida e impuesta por Prodi.
Prodi como Presidente del IRI, luego como Presidente del Consejo de
1996 a 1998, después, como Presidente de la Comisión Europea
vendió las mayores empresas del país.
Finalmente, en el momento en que se prepara la ley de Finanzas el gobierno
anuncia como necesaria la enésima "reforma" de las
jubilaciones para retrasar la edad de la jubilación.
Esto es un hecho: se trata de un paquete de medidas contra los trabajadores,
contra la mayoría de la población, un choque comparable
al presupuesto de 1996, cuando Prodi impuso la más pesada ley
de Finanzas de los 15 últimos años, ¡60 mil millones
de liras a comparar con 30 mil millones de euros!
Pero mientras que el Gobierno se prepara a lanzar estos ataques, en
la misma ley de Finanzas, prevé la reducción del coste
laboral en 5 puntos, por un montante global calculado en torno a 15
000 millones de euros.
Como Prodi ha declarado en una entrevista en Le Monde que la reducción
del coste laboral significa "reducción de cargas sociales".
En otras palabras: bajar el coste laboral, significa precisamente hacer
recortes en las dotaciones destinadas a financiar la salud, la escuela,
los servicios, los municipios.
Es sorprendente constatar que las cifras de los recortes presupuestarios
en los servicios públicos son equivalentes a los de la reducción
del coste laboral. Todo eso tiene un significado preciso: una vez más
los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas deberán
pagar el aumento de los beneficios capitalistas que se aprovecharán
de esta reducción.
Es necesario ser más preciso. El gobierno ha cuantificado la
reducción del coste laboral en, aproximadamente, 60% para los
capitalistas y 40% para los trabajadores. Las primeras estimaciones
prevén que eso se traducirá en "20 a 30 euros de
más en la nómina.". Al mismo tiempo, el gobierno
autoriza a los municipios a aumentar los impuestos locales para cubrir
los re cortes presupuestarios previstos. Estos 20-30 euros (que son,
por otra parte, una broma) pues serán absorbidos doblemente por
los recortes en los servicios públicos y los aumentos de los
impuestos locales mientras que los capitalistas se beneficiarán
de millones de euros suplementarios.
Los hechos están ahí: ¿Quién puede negar
que el gobierno se prepara a seguir -y a profundizar-, en la política
de destrucción de nuestras conquistas ya comenzada estos últimos
años?
Pero detrás de todo eso
están las directivas de la Unión Europea
Basta con abrir cualquier Diario, para ver cómo la Unión
Europea y el BCE dictan e imponen las directivas que son la base de
todo.
Prácticamente todos los días, durante todo el verano,
Almunia, Comisario de la Unión Europea, ha repetido: "Es
necesario respetar estrictamente los parámetros de Maastricht,
ninguna divergencia será tolerada.". Por su parte, el BCE
ha recordado el 1 de septiembre que: "Italia es uno de los países
que debe hacer sus "deberes" respetando el Pacto de Estabilidad.
Eso es algo absolutamente esencial.".
El 30 de agosto, el ministro de Refundación Comunista, Ferrero,
ha pedido reducir los recortes presupuestarios que inicialmente se habían
anunciado, -de 35 000 millones- y "negociar con Bruselas estos
recortes presupuestarios y la reducción del déficit en
dos años.", precisando, no obstante, que no se trata de
poner en entredicho el "rigor" pedido por Bruselas.
¿Sería necesario pues, en nombre del Pacto de Estabilidad,
aceptar 30 mil millones de ataques contra los trabajadores, la población,
los servicios públicos, contra la voluntad expresada el 7 de
abril, el 28 de mayo, el 26 de junio ?¿30 000 millones serían
aceptables?
Por su parte Prodi ha precisado varias veces: "Conocemos las normas
de Bruselas, respetaremos nuestros compromisos, la reducción
del déficit no puede ser fraccionado.".
¿Un nuevo Pacto Social? ¿Para hacer qué?
Guglielmo Epifani, Secretario General de la CGIL, había declarado
en una entrevista a La Repubblica (10/9): "No soporto ya al BCE.
Hay buenos tecnócratas, pero hay una zanja entre las cifras y
lo que hay detrás de las cifras. Detrás de las cifras,
lo que hay es la vida de millones de personas.".
Ciertamente, detrás de las cifras está la vida de millones
de personas.
¿Cómo es posible que pocos días después,
el mismo Epifani, con Bonanni y Angeletti , haya dado su acuerdo a la
reducción del coste laboral?
¿Cómo es posible que, el 14 de septiembre, los sindicatos
hayan dado una salida positiva a la propuesta de Padoa Schioda de "escribir
un nuevo Pacto Social, de renovar las negociaciones?".
Padoa Schioppa es el partidario más encarnizado de los recortes
presupuestarios, del rigor y del respeto de las directivas europeas.
Fue durante años el Vicepresidente del BCE. Si ahora invita a
los sindicatos a renovar y reescribir las negociaciones y el Pacto Social
de 1993 -Pacto que había abierto la vía a los peores ataques
contra los trabajadores-, es porque el gobierno sabe muy bien, que es
necesario implicarlos si quiere, de verdad, hacer pasar la ley de Finanzas.
Giordano, Secretario de Rifondazione, ha declarado: "No se puede
aplicar la ley de Finanzas contra los sindicatos.".
Compartimos la opinión de un militante sindical que, en mayo,
decía: "Lo fundamental es preservar la independencia de
los sindicatos.". ¿No es precisamente esta independencia,
lo que hoy se pone en entredicho con el Pacto Social y con la Ley de
Finanzas?
¿Se puede abrir una perspectiva sin la ruptura con la Unión
Europea?
Prodi y Padoa Schioppa lo dicen ellos mismos: la ley de Finanzas es
dictada por Bruselas. Refundación Comunista y otros miembros
del Gobierno "critican", pero precisando que no se trata de
poner en entredicho a la Unión Europea.
Pero los hechos, por el contrario, ¿no ponen de manifiesto que
sin la ruptura con la Unión Europea y sus directivas no se puede
abrir la vía a un cambio?
Para nosotros existe una salida y es, la ruptura con la Unión
Europea.
Queremos defender y reconquistar los servicios públicos, el derecho
a la salud para todos, la escuela pública, los convenios nacionales,
la unidad de la República.
Para ello, decimos hoy: NO a la Ley de Finanzas. NO a los recortes en
la salud, a los "tiques" hospitalarios. NO a los recortes
en la Función Pública y en la Escuela Pública,
restablecimiento de todos los puestos y clases. NO a la "reforma"
de las jubilaciones.
Desde el respeto a las posiciones de cada uno de nosotros hemos lanzado
este Manifiesto para ayudar a construir la unidad sobre estos puntos,
para ayudar a la movilización.
Estamos dispuestos a apoyar todo paso concreto que vaya realmente en
esta dirección. Para ampliar el debate y el reagrupamiento de
todos los que buscan una vía, una salida que vaya en la dirección
de las aspiraciones de la inmensa mayoría, proponemos a todos
los trabajadores hacer circular, discutir, firmar y hacer firmar este
Manifiesto en el lugar de trabajo, en los sindicatos, en las organizaciones
y construir con nosotros una Conferencia Nacional.
Bélgica
Elecciones municipales del 8 de octubre.
Muchos reporteros extranjeros habían venido a "inmortalizar
la conquista de Amberes por un alcalde de extrema derecha."
Desde hace algunos meses, asistimos a una considerable aceleración
de la ofensiva destinada a destruir la unidad de la clase obrera de
Bélgica.
El 1 de junio último, la Cámara de Diputados declaraba
admisible una proposición de ley del Vlaams Belang (partido flamenco
de extrema derecha) destinada a desmembrar Bélgica y a hacer
de Flandes y Valonia dos supuestas "naciones soberanas".
Algunas semanas antes, el Congreso Extraordinario de la CMB (Federación
Metalúrgica de la FGTB) había aprobado nuevos estatutos,
que dividen los medios financieros y el patrimonio de la federación
entre francófonos y neerlandófonos, "comunitarizando",
de hecho, la federación.
Ya hemos publicado en el número 202 de Informaciones Internacionales,
el manifiesto firmado por sindicalistas flamencos y francófonos
para la defensa de la unidad de la FGTB y de las conquistas sociales
federales, manifiesto sometido a la firma de los trabajadores y militantes
belgas.
Entrevista con Philippe Larsimont
¿Cuáles son tus comentarios sobre los resultados de las
elecciones municipales del 8 de octubre?
El Diario Le Soir resaltaba las "decenas de periodistas extranjeros,
venidos aquí con el mismo objetivo: inmortalizar la conquista
de Amberes por un alcalde de extrema derecha.". El Vlaams Belang,
del que estamos hablando, no es cualquier partido de extrema derecha.
La consigna histórica del Vlaams Belang, "¡Que Bélgica
reviente!", se traduce hoy día, en el objetivo de declarar
la independencia de Flandes en el marco de la Unión Europea.
La política del Vlaams Belang equivale a romper las conquistas
de la clase de todo el país, incluido su componente flamenco
y así, a aplicar por métodos de choque la política
de la Unión Europea. Apoyado por una parte importante de la patronal,
este partido se ha convertido, con el paso del tiempo, en el segundo
en Flandes y el primero en Amberes, mayor ciudad de Flandes.
Sin embargo, este 8 de octubre, todos los pronósticos han sido
frustrados por un acontecimiento de amplitud histórica: la victoria
en Amberes del SP.A (Partido socialista flamenco), que pasa de un 19,5%
en 2000 a un 35,3%, volviendo a ser lo que era anteriormente: ¡El
primer partido de Amberes, sobrepasando al Vlaams Belang en dos escaños!
El resultado de Amberes pone de manifiesto que los trabajadores no han
renunciado a utilizar sus partidos tradicionales (PS francófono
y SP.A flamenco), contrariamente a la política de los dirigentes,
que, aliados a la derecha liberal, participan en un Gobierno Federal
que aplica la política de regresión social impuesta por
la Unión Europea. Así, en octubre de 2005, dos huelgas
generales paralizaron el país contra un plan de impugnación
de las jubilaciones por parte de este gobierno, plan que ha sido dictado,
directamente, por la Comisión Europea, ¡lo que, por otra
parte, está testimoniado por textos oficiales!
¿Esta puesta en práctica de la política de la
Unión Europea ha sido castigada en estas elecciones?
Bajo formas muy contradictorias, la aplicación de la política
de la Unión Europea fue castigada en estas elecciones. En Flandes,
el partido del Primer Ministro, el VLD (derecha liberal), sufrió
una derrota importante. Su alter ego francófono, el MR, no ha
seguido la misma suerte. Pero su Presidente se había fijado el
objetivo de conquistar -tras una campaña muy agresiva-, el ayuntamiento
de Lieja, una de las dos grandes ciudades de Valonia.
El resultado ha sido que, es el alcalde PS, Willy Demeyer, quién
ha ganado las elecciones -y ha reforzado su posición-, después
de haber firmado un documento donde afirma en particular: "Luchamos
unidos contra toda regresión social, lo que nos ha llevado a
protestar contra el reciente voto de una ley -que penalizaba injustamente
a las víctimas de los accidentes laborales y de las enfermedades
profesionales- y, a lamentar que nuestro partido, nuestros ministros
y nuestros parlamentarios no se hayan opuesto a esta ley.".
Lo que equivale a condenar, aunque sea de forma limitada, la orientación
fijada al PS por su Presidente, Elio Di Rupo. Ha sido sobre esta base,
que este responsable -que es Presidente también de la federación
de Lieja del PS, la más importante de este partido-, ha ganado
las elecciones en condiciones muy difíciles.
Contrariamente, en la región del Hainaut, el PS pierde en general
un 10% y más.
En Charleroi, segunda ciudad de Valonia, el PS pierde así su
mayoría absoluta y más del 10%. En ese caso, se debe en
gran medida a los asuntos que han sacudido esta ciudad. En Mons, el
PS pierde un 10%, cuando en ella no ha habido nada de particular, hay
un pequeño "detalle": el alcalde de esta ciudad es
Elio Di Rupo, el Presidente del PS. Éste, mientras que su partido
tenía la mayoría absoluta en Mons, después de las
anteriores elecciones de octubre de 2000, decidió, en ese momento
establecer una coalición con los liberales del MR, lo que está
contra todas las tradiciones socialistas. Sin embargo, eso es lo que
Di Rupo querría imponer por todas partes bajo la consigna "¡Abrirse!".
En realidad, queriendo impedir a su partido utilizar sus mayorías
absolutas allí donde las gana, Di Rupo indica que, para aplicar
la política de destrucción social impuesta por la Unión
Europea, es necesario destruir a las propias organizaciones obreras,
impidiéndolas aplicar el mandato del electorado socialista. La
victoria del SP.A en Amberes no debe enmascarar que la dirección
de este partido sigue la misma orientación. Pero detrás
del resultado contrastado de estas elecciones se perfila la resistencia
de los electores, militantes y responsables socialistas, que rechazan
esta vía y que, bajo esta forma, entran en confrontación
con la política de la Unión Europea.
De lo que es demostrativo, en otro ámbito, el manifiesto por
la unidad de la FGTB, firmado por sindicalistas flamencos y francófonos.
(Véase no. 202).
Suecia
Durante las elecciones, en Suecia, el Gobierno Social Demócrata,
con el apoyo de los partidos de la Izquierda y de los Verdes, ha sido
derrotado por una coalición de partidos de Centro-derecha.
Nuestro corresponsal nos envía esta contribución.
Los trabajadores suecos van a tener
que hacer frente a un período difícil
Con 178 escaños contra 171, Suecia tienen una nueva mayoría
en el Parlamento. El Gobierno Social Demócrata, con el apoyo
informal de los partidos de la Izquierda y de los Verdes, ha sido derrotado
por una coalición de partidos de Centro-derecha.
El partido dominante de la coalición, el partido Moderado (el
antiguo partido conservador), ha obtenido un porcentaje record del 26%
(11% más que en las elecciones de 2002) o sea, una ganancia de
640 000 nuevos electores. Los tres partidos restantes, el partido del
Centro (antiguo partido pequeño burgués rural), ganó
un 1,7%, el partido Liberal ha perdido un 5,8% y el partido Cristiano
Demócrata ha perdido un 2,5%. En total la coalición ha
ganado 335 000 nuevos electores.
La coalición ha ganado porque los Social Demócratas -con
Göran Persson como líder y Primer Ministro-, han conseguido
su peor resultado desde los años 20. No obtuvieron más
que el 35% -con un descenso de alrededor de un 5% con relación
a 2002-, o sea la pérdida de 170 000 votos. Además, el
Partido de la Izquierda ha perdido un 2,5% o sea 120 000 electores.
El Partido Verde ha registrado una ligera subida de 40 000 nuevos electores.
La participación electoral pasó de un 80% en 2002 a un
82%, lo que indica que, aunque todos los partidos de la Coalición
y los Social Demócratas sean partidarios de la Unión Europea,
la gente en general, tiene aún confianza en el sistema parlamentario.
La mayoría de los observadores habían predicho un aumento
de la tasa de abstención.
Se ha presentado una serie de pequeños partidos, que recogieron
en total 5,7% o sea más de 315 000 votos. Entre estos partidos,
el Partido Nacionalista Sueco, de tipo "lepenista", el partido
de los Demócratas Suecos que obtuvo cerca de un 3%. En Suecia,
un partido debe obtener un 4% para tener un escaño en el Parlamento
pero los Demócratas Suecos obtuvieron muchos nuevos puestos (más
de un tercio) de las elecciones municipales entre los electores decepcionados
por los partidos tradicionales. En el municipio de Landskrona, al sur
del país, que conoce muchos problemas de inmigración y
de segregación, más del 20% de los votos fue en favor
de este partido.
Antes de las elecciones, la campaña se llevó de tal modo
que, para la mayoría de los suecos, apenas había duda
de que la coalición iba a ganar. Esta ha sido la campaña
más "americana" de toda la historia de Suecia. Los
medios de comunicación presentaron toda la campaña como
un duelo entre el líder del partido Moderado, Fredrik Reinfeldt
y el dirigente Social Demócrata Göran Persson. Ha habido
5 ó 6 debates -del uno contra el otro-, a las horas de máxima
audiencia de las principales cadenas de televisión. Los líderes
de los otros partidos han desempeñado un papel secundario.
Para los electores, la situación era nueva cuando han visto a
Reinfeldt presentar a su partido como "los nuevos moderados"
incluso como el "nuevo partido laborista", apropiándose
del tema tradicionalmente ganador de los Social Demócratas que
consiste en convencer a la gente de que su partido es el mejor situado
para defender y crear nuevos empleos. Eso podía hacerse, explicó
la Coalición, bajando las cargas sociales -que son, salario que
los trabajadores deducen, para pagar los seguros de desempleo y el sistema
de seguridad social-. Estas cargas sociales han sido presentadas como
una carga para los patronos. La Coalición ha prometido también,
la reducción del impuesto de sociedades y del impuesto sobre
la renta del capital, así como la reducción de los impuestos
para las personas con ingresos limitados. Así el argumento del
empleo desempeñó un papel decisivo en los electores de
las clases medias para hacerlos bascular de los Social Demócratas
hacia el "nuevo partido laborista".
Otra causa de la derrota de los Social Demócratas ha sido que
la campaña fue para ellos, más o menos, un show personal
del líder del partido, Göran Persson. Desde que Suecia se
convirtió en miembro de la Unión Europea en 1995, ésta
ha "adaptado" y sometido incesantemente a Suecia a su política
neoliberal, que comenzó con el desastroso gobierno conservador
de Carl Bildt en 1991-94.
Antes de que Suecia se convirtiera en miembro de la Unión Europea,
la tasa de desempleo era del 2-3%, pero después de la crisis
económica de 1992, el porcentaje aumentó hasta el 7-8
% y mantuvo a este nivel durante todo el año, mostrando la incapacidad
de los Sociales Demócratas para romper el vínculo con
la Unión Europea. En vez de eso, la dirección socialdemócrata
estuvo en primera línea para introducir las directivas de la
UE de privatización de las infraestructuras, aplicando un gran
número de otras reglamentaciones de la Unión y estrictamente
de acuerdo con el pacto de estabilidad de la Unión Europea. A
lo largo del período 1989-2001, las rentas del 10% de los salarios
más altos, aumentaron un 39,5%, en valor absoluto, pero el 10%
de los salarios más bajos, disminuyeron un 16,8%, según
las estadísticas nacionales. Por no tomar más que el sector
de los servicios del Estado, aproximadamente 400 000 asalariados han
desaparecido, el antiguo sistema de jubilación, basado en la
solidaridad, ha sido abandonado al mercado; el sector de la protección
social, antes de muy buena calidad, conoce un proceso continuo de desasosiego
y deterioro. Sin embargo varios sondeos de opinión han demostrado
que, alrededor de 2/3 de los suecos, seguían concediendo su apoyo
a un fuerte sistema de protección social, en contradicción
con la política práctica de la dirección social
demócrata. Por ello, un gran número de antiguos militantes
Social-Demócratas dejaron la política para "cultivar
su jardín" y ocuparse de sus pequeños asuntos.
Durante su gobierno, la dirección de Göran Persson se convirtió
cada vez en más arrogante, tomando y despidiendo a Ministros
según su santa voluntad, convirtiendo al partido, en las elecciones
de este año, en el partido de casi un solo hombre. Él
y el partido, han comenzado a avanzar argumentos contra la política
de creación de empleos, de la Coalición excesivamente
tarde para revelar su verdadero contenido de clase. Así los partidos
de la Coalición pudieron movilizar suficientemente a nuevos electores
de la clase media para que fueran a votar por ella, mientras que un
gran número de electores Social Demócratas tradicionales
protestaron quedándose en su casa.
Examinando las medidas y el programa electoral de la Coalición,
nos apercibimos de que las medidas están destinadas a apoyar
los intereses de la empresa y del capital y de los más afortunados,
en detrimento de la gente ordinaria, parados, jóvenes e inmigrantes
suecos, etc. El vínculo entre la política interior sueca
y la política de la Unión Europea se ha evitado cuidadosamente
en los debates. La Constitución de la Unión Europea no
ha sido discutida. Los partidos anti-Unión Europea de la Izquierda
y los Verdes eran demasiado pequeños para poner eso en el orden
del día.
Por otra parte, la debilidad del nuevo gobierno, es que se trata de
una coalición de cuatro partidos que dejaron de lado sus diferencias
para poder producir un programa electoral común de coalición.
Los conflictos entre los partidos van a estallar, seguramente, en el
gran día, cuando el programa se ponga en práctica. Hasta
ahora, los partidos de la coalición no ha tenido necesidad de
formular su política europea. Muy al contrario, hasta el día
de las elecciones, han apoyado más o menos -y a veces, incluso
aplaudieron-, la política favorable a la Unión Europea
de los Social Demócratas. Tres semanas antes de las elecciones,
se ha sabido que su organización de juventud había tenido
acceso, ilegalmente, a la contraseña del sistema informático
de los Social Demócratas y que así, han podido adaptar
su campaña, para aproximarla lo más posible a la campaña
de los Social Demócratas. El Secretario del Partido Liberal fue
puesto al corriente y dimitió. El escándalo se ha convertido
ahora en un asunto judicial y puede implicar al líder del Partido
Liberal Lars Leijonborg.
La noche de las elecciones, Göran Persson ha anunciado que él
dimitía no sólo como Primer Ministro, sino también
como dirigente del partido y que asumía la plena responsabilidad
de la derrota. Ha comenzado el proceso para encontrar un nuevo dirigente
del partido. Encontrar un verdadero Social Demócrata no será
cosa fácil, después de varias décadas de entontecimiento
neoliberal en el interior del partido. Esto no es buena señal,
cuando un gran número de miembros del partido quieren que sea
la Comisaria de la Unión Europea Margot Wallström quien
se convierta en líder del partido.
Para los militantes suecos que quieren salvaguardar y restablecer los
acervos de la protección social, proteger los sindicatos y restaurar
la democracia plena y completa, será importante explotar las
diferencias en el interior de los partidos de la coalición y
de empujar a los auténticos Social Demócratas y a los
sindicatos, para oponerse a las privatizaciones, a los ataques contra
los derechos obreros y sociales, para restablecer una Política
Exterior independiente, etc. tras explicar que la política neoliberal
procede de la Unión Europea.
Jan-Erik Gustafsson
Profesor de universidad,
sindicalista, firmante del Manifiesto de Berlín.
El "Comité de Enlace Europeo (Enseñanza Superior)"
constituido durante el Encuentro Obrero Europeo de Berlín
(febrero de 2006), compuesto de universitarios, investigadores y
estudiantes, acaba de publicar su segundo boletín.
Publicamos su presentación, (extractos)
(ver en el número 182 de Informaciones Internacionales, primer
boletín (extractos).)
LMD:
La destrucción de 900 años de historia universitaria en
Europa.
"La política de Bolonia está ya aquí, se
destruye la política nacional de educación.".
Este es el grito de alarma de un profesor de universidad sueco que se
alza contra el "Proceso de Bolonia", es decir, el proceso
de privatizaciones y desmantelamiento de los conocimientos, de las titulaciones,
de las universidades y de la investigación pública, bajo
los auspicios de la Unión Europea. Un plan que los universitarios
y los estudiantes franceses conocen bajo el nombre de LMD.
Una universitaria alemana constata: "Un profesor totalmente normal
recibía, hace poco aún, con el nombramiento para su puesto,
una carta de servicio ministerial que le imponía prioritariamente
la obligación de "defender su disciplina en total independencia
en la investigación y la enseñanza". ¿Qué
nivel de degradación hemos alcanzado para que representantes
de distintas disciplinas, tengan que renunciar a su responsabilidad
en la defensa de la independencia de su disciplina?".
¿Por qué esta destrucción de los conocimientos,
de las disciplinas?, un profesor de Universidad de Francia dice: "Esto
es el final de la transmisión del saber, de los conocimientos,
de los títulos, para sustituirlos por amos-palabra, por competencias.
Y las "competencias", en realidad, eso es aire, en una sociedad
como la nuestra que precariza los empleos.".
¿No es a eso a lo que conduce el sometimiento a la Unión
Europea? pregunta el profesor de Suecia, que indica que "el Gobierno
socialdemócrata de Suecia (apoyado por el Partido de la Izquierda),
propuso en junio, una Carta para el Sistema de Enseñanza Superior:
"Un nuevo mundo, una nueva universidad". Esta "carta"
es un producto completamente adaptado a la Unión Europea y destruirá,
si se aplica, lo que queda de la política nacional de enseñanza
superior.".
Sí, la destrucción, como el antiguo vicerrector de la
Universidad de Liubliana (Eslovenia), escribe: "Se trata del primer
ejemplo en 900 años de historia de la universidad, en que el
conjunto de los Estados (de la Unión Europea) conspira contra
las instituciones universitarias.".
De Francia, de España, de Hungría, de Gran Bretaña:
todas las contribuciones publicadas en este boletín permiten
abrir el debate. ¿En nombre de qué sería necesario
aceptar eso? Con una propuesta, formulada por universitarios españoles
que responden a los delegados belgas de la Conferencia de Berlín:
¿Podemos levantar en cada país, el acta de acusación
contra LMD?
Boletín no. 2 del Comité de Enlace Europeo para la defensa
y la reconquista de la Universidad y de la investigación públicas,
contra su privatización-destrucción, para la defensa y
la reconquista de los títulos vinculados a las garantías
colectivas arrancadas por los trabajadores.
Por la derogación de LMD, por la ruptura con el "Proceso
de Bolonia" y con los informes, memorando y recomendaciones de
la Unión Europea.
N° 2 - septiembre de 2006 - 2 euros.
Para cualquier correspondencia:
Jean-Pierre Barrois
56, avenue Diderot
94100 - Saint-Maur (France)
Correo electrónico: j-p.barrois@wanadoo.fr
Sumario
ESPAÑA: Respuesta a los delegados belgas en la Conferencia Obrera
Europea de Berlín (febrero de 2006).
SUECIA: "La política sueca de enseñanza superior
en la encrucijada.", por el profesor Jan-Erik Gustafsson.
ESLOVENIA: "Capitalismo académico", por Ivan Leban,
ex Vicepresidente de la Universidad de Ljubljana.
FRANCIA: "¿Qué es LMD?", contribución
de los estudiantes de Jeunesse Révolution (Juventud Revolución).
FRANCIA: intervención de un profesor de universidad en la Convención
Nacional para la Reconquista de la Democracia (París 27-28 de
mayo de 2006).
ALEMANIA: leído en el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
HUNGRÍA: entrevista con un profesor de universidad.
GRAN BRETAÑA: "La pertinencia, en el siglo XXI, de la libertad
de enseñanza y de investigación.", por el profesor
David Packham.
GRECIA: mayo-junio de 2006, huelga masiva de los estudiantes.
Pedid el Boletín del Comité de Enlace Europeo (Enseñanza
Superior),
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
87 rue du Fbg. St-Denis, 75010 - Paris.
Dos euros por ejemplar, cheque a nombre de CMO.
Llamamiento a la constitución de un fondo de solidaridad
obrera con los sindicalistas mineros encarcelados
en Rumania y sus familias
Nosotros, sindicalistas de toda Europa, estamos comprometidos desde
1999 con la defensa de los derechos sindicales en Rumania.
Exigimos la liberación inmediata de Miron Cozma, Constantin Cretan,
Romeo Beja, Dorin Lois, Vasile Lupu e Ionel Ciontu y la retirada de
las acusaciones y condenas que les afectan.
Se les ha condenado y arrojado en prisión en violación
de los convenios 87 y 98 de la OIT.
Se ha precipitado a las familias de los minores encarcelados, en una
situación desesperada por las maniobras brutales, arbitrarias
e ilegítimas de las autoridades rumanas. Los mineros encarcelados,
se han visto privados de todos los derechos cívicos, incluido
el derecho de cuidar a sus hijos. Sus familias quedaron sin ningún
apoyo.
El movimiento obrero de todos los países siempre ha actuado según
el principio de que los trabajadores, los compañeros, los sindicalistas
que militan en defensa de sus derechos y de los derechos de todos los
trabajadores, pueden contar, en caso de persecución, con la solidaridad
y el apoyo de todas las organizaciones obreras.
En el marco de esta tradición, nos dirigimos a las organizaciones
sindicales, a las secciones sindicales y a los sindicados en nuestros
países y los instamos a la creación de un fondo de apoyo
para los mineros encarcelados y sus familias.
Si todos contribuyen a este fondo, en función de sus medios,
podremos sostener eficazmente a las familias de los encarcelados y aliviar
a los compañeros encarcelados, de las preocupaciones que se hacen
por la suerte de sus mujeres y sus hijos.
Proponemos que el fondo de apoyo sea colocado bajo nuestra responsabilidad,
que nos comprometemos a utilizar los medios financieros en el espíritu
de los donantes y a dar cuenta públicamente en el interior de
las organizaciones que contribuyan a dicho fondo.
Henning Frey, sindicalista, Alemania
Jacques Girod, sindicalista, Francia
Jacim Milunovic, sindicalista, Serbia
Yannick Sybelin, sindicalista, Francia
Dominique Vincenot, Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los
Pueblos.
Enviad vuestras subvenciones a:
Henning Frey
Konto Nummer 25 27 64 65
Bankleitzahl 440.100 46
Postbank Dortmund
Cada organización -o persona-, que contribuya, recibirá
un recibo del Fondo de Solidaridad y la información regular,
empezando por el texto de la denuncia presentada por la Confederación
Sindical Nacional MERIDIAN de Rumania.
Suscripción a Informaciones Internacionales
10 números: 10 ; 20 números: 20 ; 30 números:
30 ; 40 números: 40 ; 50 números: 50 .
10 números: 16 francos suizos; 7 £; 10 $; etc.
Incluyendo el apoyo a la difusión internacional del boletín.
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