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Informaciones Internacionales
7 de noviembre de 2006
No. 208
Número especial
Por un Acuerdo Europeo de los Trabajadores
Boletín Europa no. 5
Boletín semanal:
Informaciones Internacionales
Para cualquier contacto:
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos,
87, rue du Faubourg-Saint-Denis -75010 Paris - France
Tel.: (33 1) 48 01 88 28 - correo Electrónico: eit.ilc@fr.oleane.com
"sitio" Internet: www.eit-ilc.org
Por un memorando común,
acta de acusación de los trabajadores y de los pueblos contra
la política de la Unión Europea
Presentación
Este número de Informaciones Internacionales es un número
excepcional de 24 páginas,
"Número especial, por un Acuerdo Europeo de los Trabajadores,
Boletín Europa no. 5"
Los delegados belgas a la Conferencia de Berlín de los días
25 y 26 de febrero de 2005, hicieron la propuesta de organizar una delegación
común ante las instituciones de Bruselas, a partir de un memorando
común sobre las consecuencias de la política de la Unión
Europea.
Encontraréis en este boletín nuevas respuestas a esta
propuesta:
De Francia: un memorando que trata de numerosos aspectos, entre los
más brutales, de las consecuencias de la política de la
Unión Europea: EDF-GDF, Servicio de Correos y Telecomunicaciones,
Jubilaciones y Seguridad Social, derecho a la Salud, a la Educación,
desertización industrial, destrucción de la Agricultura,
de los Munici-pios, de la propia Nación,... Todo aquello que
constituye las conquistas sociales, la civilización, la democracia,
es-tá amenazado de destrucción por la política
de Bruselas.
Este Memorando se ha presentado al Secretariado Permanente del "Comité
Nacional por la Democracia" -que agrupa a cargos públicos
elegidos, militantes, sindicalistas de distintas tendencias-, que convoca
a una manifes-tación nacional -el 18 de noviembre próximo-
"Por la reconquista de la democracia política y social".
De Suiza: extractos del Boletín de correspondencia, "Reflexiones
de socialistas y sindicalistas", que publica las intervenciones
de delegados al Congreso del Partido Socialista, en que se adoptó
la propuesta de "acelerar el pro-ceso de adhesión de Suiza
a la Unión Europea.".
A partir de hechos concretos, estos delegados han planteado la cuestión:
"¿Se puede defender los servicios públi-cos, la democracia,...
con el Tratado de Maastricht?. Ciertamente no.".
De Gran Bretaña: que es un país donde se desenrolla, estos
últimos meses, la mayor huelga general desde 1926 contra la "reforma"
de las jubilaciones. Un miembro del Labour Party, expone -durante una
reunión de la revista The Link-, el origen de la política
gubernamental en materia de jubilaciones, de empleo, de permisos de
materni-dad.
De Bélgica: la respuesta del gobierno belga a las "recomendaciones
de la Comisión Europea". Se trata del "Pacto de las
generaciones", contra el que la clase obrera con sus organizaciones
sindicales, se ha levantado en la potente huelga general del otoño
de 2005.
De Italia: la ley de Finanzas del Gobierno Prodi, que prevé recortes
presupuestarios de 40 000 millones de euros. El mismo Prodi dice: "La
ley de Finanzas respeta perfectamente los criterios de Maastricht.".
El "Comité NO a la UE, democracia, servicios públicos,
defensa de la unidad de la República Italiana" organiza
una concentración el 16 de noviembre.
Una entrevista con un profesor de Universidad, sindicalista: el conjunto
de las organizaciones sindicales y asocia-ciones de la Universidad convoca
a un día de huelga general "contra la ley de Finanzas en
la Universidad."
De Hungría: el 28 de octubre, más de mil delegados sindicales,
convocados por las dos confederaciones sindica-les Liga y Munkastanacs,
se han reunido en el centro de Budapest después de los acontecimientos
que tuvieron lu-gar, a raíz del día del aniversario oficial
de la insurrección de 1956. El responsable de la Federación
Departamen-tal del sindicato de Baranya ha declarado: "Yo pertenezco
a una generación a la que se le prometió mucho (...) ba-jo
el comunismo (...). Ahora, con la Unión Europea, se nos siguen
prometiendo muchas cosas.".
"Muchas promesas, y no hemos tenido nada.".
Todos estos documentos, todas las iniciativas tomadas, avalan, más
que nunca, la propuesta de los delega-dos belgas de organizar "en
los próximos meses, una delegación europea elegida, para
entregarlos a la Comi-sión Europea en Bruselas. Les preguntaremos:
impugnen estos hechos, ¿qué tienen que responder? Propone-mos
que estas respuestas, las comuniquemos, junto a este memorando, a todas
las organizaciones obreras de Europa como un llamamiento a desarrollarse
la acción común para parar juntos esta política.".
¿Qué pensáis de esto? Hacednos llegar vuestras
opiniones y contribuciones.
En este "número especial Europa", encontraréis
los últimos elementos sobre la situación en México,
así como un comunicado del Acuerdo que invita a proseguir y ampliar
la campaña internacional de solidaridad.
Necesitamos vuestra suscripción
para proseguir y ampliar la difusión de Informaciones Internacionales
Francia
Contribución: Memorando sobre las consecuencias
de la política de la Unión Europea en Francia
Este proyecto de memorando ha sido presentado al Secretariado Permanente
del "Comité Nacio-nal para la Reconquista de la Democracia",
que organiza el 18 de noviembre próximo una Mani-festación
Nacional, "Por la reconquista de la democracia política
y social".
A petición de la Secretariado Permanente se redactaron, posteriormente,
dos contribuciones complementarias, referentes, una a la Europa de las
regiones contra la República y otra a la agri-cultura.
En este memorando, no consideraremos más que algunos de los
aspectos más brutales, de las consecuencias de la política
-de la Unión Europea-, de destrucción de todos los acervos
de civilización, materializados en las conquistas sociales y
democráticas, puestas hoy día en entredicho.
Comencemos por dos hechos producidos en un intervalo de 24 horas y que
concentran la demolición por la Unión Europea de todos
los Servicios Públicos: el 3 de octubre de 2006, el voto de la
ley de privatización de GDF, y el 4 de octubre, la nueva prescripción
de Bruselas relativa al Servicio de Correos.
I - La privatización de GDF
El 3 de octubre, la Asamblea Nacional ha adoptado la ley de privatización
de GDF, que pone fin a 60 años de mo-nopolio público y
que va a implicar, inmediatamente, una subida brutal de las tarifas
y, amenaza a millares de em-pleos.
¿De dónde viene esta ley?
La exposición de motivos del proyecto de ley de privatización,
es clara: "La apertura completa de los mercados de la energía,
de acuerdo con las directivas europeas 2003/54 y 2003/ 55, del 26 de
junio de 2003, debe ser efec-tiva a partir del 1 de julio de 2007.".
La ley que organiza la privatización de GDF lo dice, pues, explícitamente:
es la transposición de estas dos directi-vas europeas.
La Directiva 2003/55 estipula: "Los Estados miembros (...), en
cumplimiento del principio de subsidiariedad, ve-lan por que las empresas
de gas (...) sean explotadas de acuerdo con los principios de la presente
Directiva con el fin de realizar un mercado del gas competitivo."
(Artículo 3). Es necesario, pues, abrir los mercados y romper
los monopolios en nombre del principio de la "competencia libre
y no falseada". Esta es la razón por la que el go-bierno
decidió desmontar EDF-GDF y privatizar GDF poniendo en entredicho
su estructura.
Y, ¿de dónde viene esta Directiva misma? Los preliminares
de la Directiva 2003/55 de la Unión Europea, dan la respuesta:
"El Consejo Europeo reunido en Lisboa los días 22 y 23 de
marzo de 2000 pidieron que sean empren-didas, rápidamente, acciones
destinadas a liquidar el mercado interior en el sector de la electricidad
y del gas y que la liberalización de estos sectores sea acelerada.".
Chirac y Jospin, presentes en Lisboa, firmaron este informe de decisiones.
La decisión del gobierno de hacer votar rápidamente esta
ley de privatización de GDF, viene de las brutales pre-siones
ejercidas por la Unión Europea desde la aprobación de
las directivas de 2003.
Así, el 25 de enero de 2006, la Comisión Europea había
publicado un documento titulado "Pasemos a la veloci-dad más
alta: la nueva colaboración para el crecimiento y el empleo.".
Este documento se había adoptado en la cumbre europea de los
días 23 y 24 de marzo de 2006. Una de las cuatro grandes decisiones
propuestas se titulaba "Hacia una política energética
europea eficaz e integrada". En ella leemos: "Las medidas
necesarias incluyen:
" Una aplicación a su debido tiempo y una reglamentación
más eficaz de los mercados energéticos, con el fin de
realizar una apertura completa y efectiva del mercado para el 1 de julio
de 2007, según lo convenido por el Consejo Europeo;
" La promoción de una mayor competencia en los mercados
de la electricidad y del gas (...), en particular, me-diante la toma
de medidas para remediar la dominación persistente de los operadores
históricos naciona-les.".
Y esta decisión de la cumbre europea fue seguida, inmediatamente
el -4 de abril de 2006-, por un emplaza-miento de la Comisión
Europea titulada "La Comisión ataca a los Estados miembros
que no hayan abierto co-rrectamente su mercado de la energía".
Este comunicado brutal de la Comisión Europea precisaba: "Con
28 escritos de requerimiento enviados hoy a 17 Estados miembros, la
Comisión se compromete, resueltamente en una acción concreta
(...). Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania,
Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Lituania, Letonia, Po-lonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido, van
a recibir escritos de requerimiento por transposición incorrecta
o mala aplicación.". ¡Disculpad del poco! El comunicado
añade: "Las directivas por las que se crea un mercado in-terior
del gas y de la electricidad, son esenciales para llegar a establecer
un verdadero mercado competitivo de la energía en Europa. Es
crucial que la transposición de los textos europeos esté
efectuada correctamente en las leyes nacionales para que los mercados
puedan funcionar y para que se garantice la apertura efectiva al mercado
para todos los consumidores desde el 1 de julio de 2007.".
Y, a partir de ahí: la ley de privatización de GDF.
Las consecuencias van a ser brutales.
Ya en EDF, la dirección había anunciado, el 8 de diciembre
de 2005, 6 000 supresiones de empleos de aquí a 2007. Esta decisión,
revelada tres semanas después de la primera cotización
del grupo en Bolsa, emana del pro-yecto industrial "EDF 2005-2007",
que preveía realizar 1 500 millones de euros de rebaja sobre
los gastos de per-sonal.
¿Las consecuencias? Antes incluso de esta decisión, un
delegado a la Convención del 16 de octubre de 2005, un trabajador
de EDF en La Courneuve (Seine-Saint-Denis), había indicado:
"Si hubiera una tormenta idéntica a la de 1999, EDF no podría
afrontarla.". Y daba las siguientes cifras: "En el centro
EDF-GDF de Pantin, había 1 035 trabajadores en 1999 y ahora quedan
750. Durante la tormenta de 1999, fue necesario movilizar a 100 técnicos,
durante siete días para volver a ponerlo todo en orden. Hoy día,
no podría tener allí más que entre 30 y 40 y, en
lugar de una semana para restablecer el servicio de electricidad en
el centro, serían necesarias dos o tres semanas.". Y ¿qué
pasará mañana con 6 000 supresiones de empleos? ¿De
dónde viene esta decisión? El PDG [Presidente Director
General - NDT], Pierre Gadonneix, ha sido muy claro: "El plan de
supresiones de empleos debe permitir adaptar la empresa a la apertura
del mercado.".
Alcaldes trabajadores de EDF, corroboran:
"En mi municipio, he promulgado un decreto, prohibiendo los cortes
de electricidad para los más pobres y los que se ven privados
de todos los recursos. Cuando EDF era una empresa pública, era
así, ahora que se ha priva-tizado, quieren impugnar mi decreto."
Otro alcalde trabajador de EDF remarca: "Antes, se llamaba al servicio
EDF que se encontraba en el municipio de al lado y se reparaba en 24.
Ahora, es necesario llamar por teléfono a las aglomeraciones
principales, distan-tes decenas de kilómetros, y se pasan la
pelota.".
He aquí lo que es la privatización.
II - "La Poste" después de EDF-GDF
El 4 de octubre de 2006, Bruselas publica el siguiente comunicado: "La
Comisión Europea a dirigido hoy, a Francia, una recomendación
proponiendo poner fin a la garantía ilimitada de la que se beneficia
el Servicio de Correos, como persona jurídica de derecho público,
antes del final del año 2008. En el marco del examen perma-nente
de los regímenes de ayuda existentes previsto por las normas
del Tratado CE, la Comisión Europea exami-nó esta garantía
que implicaría la responsabilidad del Estado por las obligaciones
asumidas por "La Poste" [Servicio (público) francés
de Correos - NDT]. La naturaleza ilimitada de esta garantía permite
al Servicio de Correos financiarse en condiciones más favorables,
lo que coloca a la empresa en una posición ventajosa con re-lación
a sus competidores y crea así una distorsión de la competencia
en un mercado en curso de liberalización. Francia tiene un mes
para responder a la recomendación de la Comisión.".
¿Y qué es esta garantía ilimitada que cuestiona
la Comisión Europea? El comunicado precisa: "La garantía
ilimi-tada de "La Poste" se deriva de su estatuto de persona
jurídica del derecho público francés. Este estatuto
permite a "La Poste" no someterse a los procedimientos de
insolvencia y de quiebra de derecho común. Además, en
caso de fallo financiero del operador postal, el Estado podría
hacerse responsable, en última instancia, de sus dere-chos y
obligaciones. Esta situación equivale a una garantía ilimitada
del Estado, en su importe, como en su dura-ción, que cubre el
conjunto de los compromisos de "La Poste". (...). Esta propuesta
se ajusta a la práctica ante-rior de la Comisión que,
en concreto, ha obtenido ya -en diciembre de 2003-, la supresión
de la garantía ilimi-tada vinculada al estatuto de EPIC del que
se beneficiaba EDF.".
Lo que la Comisión Europea llama una "garantía ilimitada",
es el principio mismo del servicio público que no podría
ser administrado por normas de derecho privado. Las consecuencias de
esta recomendación van a tener, en-tre otras, dos consecuencias
inmediatas.
" La financiación del alojamiento social. Este, está
garantizado por el sistema actual de la Cartilla A recaudada por "La
Poste" (a través del nuevo Banco Postal), y cuyos fondos
se centralizan en la Caja de Depósitos que se sirve de ellos
para prestar dinero a los organismos HLM. Con la recomendación
de Bruselas, "La Poste" va a ser puesta en competencia directa
con BNP-Paribas, La Société Générale y Crédit
Lyonnais, que pretenden poner la mano sobre la Cartilla A, para beneficio
de la especulación.
" Las jubilaciones de los trabajadores de correos. Están
garantizadas por el Código de Pensiones, como para to-dos los
funcionarios. Las cotizaciones de los empleados de correos, sirven para
pagar las pensiones de los ac-tuales jubilados de correos. Y si falta
dinero, el Estado lo compensa. Esa es la "garantía ilimitada"
que de-nuncia Bruselas.
Ya con las primeras directivas postales europeas, las consecuencias
fueron brutales, con el cierre de millares de oficinas de correos en
pleno ejercicio y la transformación de una parte, en agencia
postal o "punto postal".
Si la última recomendación de Bruselas se aplicara, eso
significaría, simultáneamente, el final del Servicio de
Co-rreos, de las jubilaciones de los empleados de correos, y de la financiación
del alojamiento social.
III - Francia amenazada con la condena de Bruselas por haber subvencionado
a France Télécoms.
El 19 de julio de 2006 la Comisión Europea anuncia: "La
Comisión Europea ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia
en contra de Francia, en aplicación de las normas del Tratado
CE relativas a las ayudas del Estado, por incumplimiento de una decisión
de la Comisión, del 2 de agosto de 2004, acerca de France Télécoms.
Esta deci-sión había concluido que, el tratamiento preferencial
concedido a France Télécoms. mediante el régimen
francés del impuesto profesional, era incompatible con el mercado
único y había pedido a Francia recuperarse del bene-ficiario,
la ayuda ya concedida. No obstante, las autoridades francesas, no han
tomado aún ninguna medida con-creta y efectiva para recuperar
esa ayuda.".
El contenido concreto del reproche formulado por la Comisión
Europea a Francia se había aclarado en su comuni-cado del verano
de 2004: "Entre 1994 y 2002, France Télécoms. se
beneficiaba de condiciones particulares por lo que se refiere a los
impuestos directos locales. Estas condiciones permitieron a France Télécoms.
ahorrar entre 800 y 1 100 millones de euros. Porque el Estado no percibió
la integridad del importe de esta imposición, renun-ciando a
recursos estatales.".
La supuesta "ayuda" de la que se habría beneficiado
France Télécoms. se refiere en una gran parte, al período
en que se trataba de un monopolio público del Estado, antes de
la apertura del capital, decidida por el Gobierno Jos-pin. Es, pues,
el principio incluso del "servicio público nacional"
-implicando, en particular, la compensación-equiparación
de las tarifas y la ausencia de beneficios, sobre el servicio prestado-,
lo que condena la Comisión Europea en aplicación del Tratado
de Maastricht.
Recordemos el artículo 87 del Tratado de Maastricht-Ámsterdam:
"Salvo derogaciones previstas por el pre-sente Tratado, son incompatibles
con el mercado común, en la medida en que afecten al mercado
entre Estados miembros, las ayudas concedidas por los Estados o por
medio de recursos estatales, en cualquiera de sus formas, que falseen
o que amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a algunas empresas
o a algunas produc-ciones.". Y es la Comisión Europea quien
es el único juez.
IV - La privatización de la RATP en el orden del día
El 9 de junio último, el Consejo de Ministros europeos de Transportes
adoptó la propuesta de Reglamento relativo "a los servicios
públicos de transportes de viajeros por ferrocarril y por carretera",
retomando una propuesta de la Comisión Europea del 20 de julio
de 2005. Al mismo tiempo, la Comisión Europea había resumido
así su Re-glamento: "Cualquier colectividad local es libre
de gestionar sus propios transportes públicos, por sí
misma o por medio de un operador interno (compañía gestora),
a condición de que el operador interno no salga de su te-rritorio
para conquistar mercados establecidos en otra parte. Si decide no gestionar
por sí misma, o por medio de un operador interno los servicios,
debe elegir a su transportista con toda transparencia. Para los servicios
de au-tobús, metro o tranvía, la colectividad elegirá
entonces a su operador por concurso de ofertas.".
Como la RATP ha exportado sus conocimientos técnicos y experiencia
a otra parte distinta a Île-de-France [De-partamento de Francia
donde se encuentra la ciudad de París - NDT], vuelve a entrar
en el campo de su Regla-mento y, así, está directamente
amenaza de ser sometida a los concursos de oferta.
V - Las mutualidades de funcionarios bajo el yugo de la libre competencia
El gobierno ha derogado en la primavera de 2006 el reglamento interministerial
del 19 de septiembre de 1962, de-nominado "Reglamento Chazelles",
y el artículo R.523-2 del Código de la Mutualidad, que
permiten la atribución a las mutualidades de funcionarios de
los medios necesarios para la gestión de las prestaciones de
la Seguridad Social. Este es un elemento clave del Estatuto de los funcionarios.
En efecto un decreto del 31 de diciembre de 1946 instituyó, "en
aplicación del artículo 140 de la ley del 19 de oc-tubre
de 1946 relativo al Estatuto General de los funcionarios.", "un
régimen de Seguridad Social para los fun-cionarios.".
Los derechos de los funcionarios fijados por el Estatuto prevén,
por ejemplo, el derecho al pago del salario en caso de baja por enfermedad
y de accidente laboral, lo que no es el caso para los asalariados del
sector privado, en lo establecido, en la materia, para la Seguridad
Social.
El 20 de julio de 2005, la Comisión Europea denunció los
medios puestos a disposición de las mutualidades de funcionarios
para garantizar la gestión del régimen de Seguridad Social.
Estos medios de los que se benefician las mutualidades de funcionarios,
se derivan de la gestión del régimen de Seguridad Social
de los funcionarios, por tanto, del estatuto:
" Cesión de la gestión por parte del régimen
general de Seguridad Social, que les confió (es el decreto de
1946) la gestión de las prestaciones de Seguridad Social (eso
se traduce en el pago, por la Seguridad Social, a las mutualidades,
de una suma global por expediente tratado);
" Subvención para la acción social ante los funcionarios,
puesto que no dependen de la acción social del régi-men
general; (se trata del artículo R.523-2 del Código de
la Mutualidad);
" Provisión de personal y locales, de conformidad con la
"cobertura de los riesgos sociales garantizados por las mutualidades.";
(del Reglamento Chazelles).
Para la Unión Europea, se trata de ayudas incompatibles con el
artículo 87 del Tratado de Constitución de la Unión
Europea citado anteriormente.
La Comisaria europea Nellie Kroes ha resumido el problema en julio de
2005: "El funcionario francés debe poder elegir su seguro
complementario de salud con el organismo que él desee. Eso implica
que los aseguradores sean tratados todos de la misma manera.".
¿Los aseguradores? Sí, los aseguradores.
Y eso es, por supuesto, lo que busca la Unión Europea: abrir
el "mercado de la salud" a los seguros privados para permitirles
realizar jugosos beneficios.
VI - El mecanismo de prohibición de las ayudas estatales aplicado
a las empresas:
Alstom.
o Miércoles 4 de enero de 2006, la dirección de Alstom
anunció la venta del último gran astillero francés
-el de Saint-Nazaire-, al grupo noruego Aker Yards. La Bolsa aplaudió
inmediatamente: las acciones de Alstom termi-naron el miércoles,
con una subida del 8,35%, a 53,20 euros.
Esta fue una verdadera venta de rebajas, que la Bolsa saluda: "La
venta de las tres cuartas partes de los activos de Saint-Nazaire y Lorient
a Aker Yards, al precio rebajado de 50 millones de euros, no es un buen
negocio. Por cuanto que el grupo francés, deberá dejar
en la canastilla de boda, 350 millones de euros para reflotar las cuen-tas
de la empresa." (Le Parisien, 5 de enero). ¡Alstom va a pagar
siete veces más que Aker para venderle un 75% de Astilleros del
Atlántico! Lo nunca visto: es el vendedor quien paga al comprador.
Y, ¿de dónde viene esta deci-sión?
o Lunes 17 de mayo de 2004, Sarkozy, entonces Ministro de Economía
y Finanzas, y el Comisario responsable europeo de la Competencia, de
la antigua comisión Prodi, Mario Monti, se ponen de acuerdo.
Como contrapartida de una entrada del Estado en el capital de Alstom,
Sarkozy acepta "cesiones específicas" del grupo Alstom,
Le Monde (19 de mayo de 2004) que añade: "Astilleros del
Atlántico, que permanecen, por el momento, en el ámbito
del grupo -a la espera de una reorganización inevitable del sector
a nivel europeo-, podrían sufrir nuevas rees-tructuraciones.
Se les habría pedido disminuir sus capacidades, para pasar de
5 a 3 barcos al año.".
o Martes 25 de mayo de 2004, Mario Monti hace público el "diktat"
ante el que se ha inclinado Sarkozy, en "una declaración
sobre Alstom":
"A raíz de una conversación telefónica que
ha tenido lugar esta mañana entre el Sr. Sarkozy y el Sr. Monti,
se ha acordado que, en el marco de los compromisos del Estado francés
para obtener la autorización de la Comisión a la ayuda
del Estado a Alstom, haya un compromiso sobre las colaboraciones industriales,
con la siguiente formu-lación: "El Estado se compromete
a que la empresa Alstom concluya unas o más asociaciones industriales
en el plazo de cuatro años. Estas asociaciones versarán
sobre partes significativas de la actividad de Alstom. Excepto acuerdo
previo de la Comisión, estas asociaciones no se referirán
a empresas controladas por el Estado francés, de jure o de facto,
individual o conjuntamente.""
Esa es la razón por la cual, el grupo Alstom, no ha podido obtener
nunca, a pesar de sus solicitudes, del gobierno una asociación
con la dirección de la construcción naval (DCN), fabricante
naval militar francés.
o El 7 de julio de 2004, la Comisión Europea, presidida por Romano
Prodi, y en que se sienta entre otros el socia-lista Pascal Lamy, adopte
colectivamente, las conclusiones impuestas por Monti a Sarkozy. La Comisión
declara en particular: "La Comisión Europea ha aprobado
hoy, las ayudas concedidas por Francia a Alstom, en apoyo de su reestructuración
industrial. La ayuda asignada por Francia, está sujeta, sin embargo,
a condiciones estrictas (...). La decisión establece medidas
compensatorias para las distintas actividades del grupo, que implican
las ce-siones que reducen el tamaño del grupo en un 10% además
de la reducción del 20% iniciada por Alstom en el marco del plan
de reestructuración en curso. Estas nuevas cesiones ascienden
a alrededor de 1 000 millones de euros (...). Además, la decisión
establece que Alstom deberá establecer, en el plazo de cuatro
años, una o más asociaciones industriales, que se referirán
a sectores significativos de su actividad.".
o El mismo día, la Comisión Europea, generalizando lo
que acaba de imponer a Alstom y al Estado francés, "de-creta"
"nuevas directrices relativas a las ayudas estatales de refuerzo
y a la reestructuración de empresas en difi-cultad.". Según
su comunicado, estas "harán las prácticas actuales
más estrictas." y, en particular: "Las contra-partidas
pueden tomar la forma de una cesión de activos, de una reducción
de las capacidades, o de la presencia en el mercado.".
VII - Las reestructuraciones industriales
La misma semana, dos símbolos de la industria francesa son afectados
de lleno, Airbus y Peugeot, con el anuncio de cierres de sedes y millares
de supresiones de empleos.
¿Cuál es, en este ámbito, el papel de la Unión
Europea?
o El 4 de julio de 2006, tenía lugar al Parlamento Europeo un
debate sobre la "reestructuración de la industria de la
Unión Europea.".
Con este motivo, Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión
Europea y Comisario europeo de Industria, pronunció un discurso
decisivo fundamental.
Verheugen traza primeramente el marco: "Estamos en una nueva fase
de la competencia, y la reestructuración va a acelerarse aún.
No es necesario taparnos la cara ni hacer el avestruz.".
¿Qué actitud con relación a la aceleración
de las reestructuraciones y de los despidos? Verheugen responde: "La
consigna de la sociedad europea del siglo XXI (...), es la competitividad.
Ya que sabemos que una fortaleza en Portugal, en Alemania, en Polonia
o en Europa, no es una solución en el mundo abierto del siglo
XXI (...). Una política para el crecimiento y el empleo no puede
ser más que una política favorable a las empresas. En
la eco-nomía, en las empresas, los empleos aparecen o desaparecen
y, ningún decreto del Estado o de la Unión, puede cambiar
nada en ello.".
Así pues, la consigna, es: dejar hacer. Y ¿dejar hacer
a quién, sino a los mercados y, en consecuencia al imperia-lismo
norteamericano principalmente?
o La Unión Europea organizó, el 18 de julio de 2006, un
"Foro sobre las reestructuraciones". ¿Con qué
objeti-vo? El Comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla, definió
el objetivo, en su discurso de apertura, en dos fórmulas sorprendentes:
"El mensaje clave de esta comunicación es el siguiente:
las reestructuraciones de empresas son, a menudo, indis-pensables para
la supervivencia y para el desarrollo de las mismas.". Las reestructuraciones,
es decir los despi-dos, "¡indispensables!" No se puede
decir algo mejor, sino que, lejos de ser una pretendida "defensa"
contra las reestructuraciones, la Unión Europea las fomenta.
o El 2 de junio de 2006, la Comisión había aprobado la
adquisición de Arcelor por Mittal. El comunicado de la Comisión
Europea precisa: "La Comisión Europea dio su luz verde -en
el marco del Reglamento UE sobre las fusiones-, a la adquisición
de la empresa Arcelor propuesta por la empresa Mittal (...). La Comisión
concluyó que la operación no obstaculizará de manera
significativa, la competencia efectiva en el Espacio Económico
Eu-ropeo (EEE) o una parte sustancial de ésta. (...). La Comisión
Europea ha formulado la reserva de que la fusión Mittal-Arcelor
dominaría incontestablemente el mercado.".
¿Y cuál es la solución encontrada a esta reserva
de la Comisión Europea? El comunicado responde: "Para reme-diar
estos problemas de competencia, Mittal ha propuesto ceder dos laminadores
de Arcelor que producían sec-ciones pesadas y medias en Alemania
e Italia.".
En claro: la Comisión Europea aprueba la adquisición de
Arcelor por Mittal con, de paso, un desmantelamiento parcial de Arcelor.
VIII - Todo pasa a la trituradora de la "libre competencia".
o El 1 de marzo de 2006, Francia fue condena a pagar 57 millones de
euros a la Comisión de Bruselas. Se trata de una "multa
coercitiva por no ajustarse a una sentencia del Tribunal de Justicia
europeo.".
El motivo se recuerda así: "En una sentencia del 12 de julio
de 2005, el Tribunal de Justicia Europeo (CJE) había condenado
a Francia a pagar una suma global de 20 millones de euros, así
como una multa coercitiva periódica, -cada 6 meses a partir del
día de la sentencia-, de un importe de 57 761 250 euros, por
n ' no haber puesto en práctica todas las medidas que implica
la ejecución de una sentencia de 1991 relativa a graves incumplimientos
en materia de aplicación de las medidas pesqueras.".
Más allá del detalle, ¿De dónde vienen las
prerrogativas exorbitantes del Tribunal de Justicia?
La Comisión Europea lo recuerda así en su comunicado:
"Es esencial que las sentencias de la CJE sean cumpli-das estrictamente
por los Estados miembros. Por otra parte, es por esta razón,
por lo que se decidió incluir en el Tratado de Maastricht, una
disposición que garantizaría la ejecución de las
sentencias del tribunal. El procedi-miento jurídico específico
interesado prevé la imposición de multas o de sumas globales,
por la CJE a los Estados miembros que dejen de someterse a los juicios
anteriores.".
Se vuelve, pues, de nuevo como siempre al Tratado de Maastricht, que
destruye toda soberanía nacional.
En un comunicado de la Comisión, se lee: "La Comisión
Europea ha emprendido acciones con vistas a poner fin a las trabas a
la libertad de establecimiento y a la libre circulación de servicios
en Francia y Países Bajos.".
¿De que se trata?
o El 19 de abril de 2006, nuevas decisiones condenan a Francia:
- Los Arquitectos Responsables de los monumentos históricos
"La Comisión objeta, respecto al artículo 49 del
tratado CE, la necesidad de la exigencia de superación de un
concurso para poder prestar un servicio arquitectónico temporal
de restauración de los monumentos históricos clasificados
en Francia."
Le Monde (21 de abril) comenta: "La Comisión desautoriza
a un cuerpo único en Europa, creado en 1893 para velar por la
conservación y la restauración de los monumentos históricos
(…).". El Director de Arquitectura y Pa-trimonio del Ministerio
de Cultura, Michel Clément, declara por su parte: "Para
la conservación del patrimonio, nos basamos en dos pilares: una
fuerte legislación y una maestría de obra especializada.
Queremos modernizar el sistema, no arrojarlo al arroyo.". Los Arquitectos
Responsables añaden: "En la Compañía de los
Arquitectos Responsables de los Monumentos históricos, oponemos
a la visión de la Comisión Europea, "basada exclusiva-mente
sobre el concepto de libre competencia económica", una lógica
basada en la "continuidad". El trabajo sobre un monumento
histórico dura, a veces, varias décadas. Requiere un conocimiento
largo y profundo, que no es compatible con la sucesión de arquitectos
en un mismo lugar.".
La Comisión Europea exige "arrojar al arroyo" el oficio
y la cualificación de los arquitectos a cargo de la conser-vación
del patrimonio histórico.
- Los laboratorios de análisis de biología médica
"La Comisión ha decidido enviar a Francia un dictamen motivado,
por incumplimiento de la sentencia dada por el Tribunal el 11 de mayo
de 2004, relativa a la legislación en relación con los
laboratorios de análisis de biolo-gía médica. El
Tribunal, había juzgado esta legislación como incompatible
con la libre circulación de servicios prevista en el artículo
49 del Tratado. La Comisión considera que la nueva legislación
francesa (...), no aporta la seguridad jurídica necesaria para
los laboratorios establecidos en otros Estados miembros y deseosos de
ofrecer sus servicios en el territorio francés.".
Así, cualquier laboratorio podrá venir a hacer en Francia
análisis, sin ninguna garantía médica ni control
de nin-guna clase.
Y todo eso en nombre del artículo 49 del Tratado de Maastricht-Ámsterdam:
"Están prohibidas las restricciones a la libre prestación
de los servicios en el interior de la Comunidad, respeto de los nacionales
de los Estados miembros establecidos en un país de la comunidad,
distinto al del destinatario de la prestación.".
"La Comisión ha decidido dirigir a Francia un emplazamiento,
basado en el artículo 228 del Tratado CE, por no haber adoptado
las medidas necesarias para poner su legislación en conformidad
con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 7 de octubre
de 2004.". Francia había sido condenada "por no haber
transpuesto las direc-tivas 89/48/CEE y 92/51/CEE que establecen el
sistema general de reconocimiento de las titulaciones por lo que se
refiere al acceso a la profesión de educador especializado y
su ejercicio en la función pública; y, por otra par-te,
por haber faltado a las obligaciones (...) no teniendo en cuenta la
experiencia profesional de los candidatos, en el marco del procedimiento
de reconocimiento de los títulos de educador especializado.".
La experiencia profesional, contra los títulos basados en el
conocimiento. Esa es toda la lógica europea de des-trucción
de las calificaciones.
o El 29 de junio de 2006, la Comisión Europea menosprecia las
titulaciones.
He aquí el título de su comunicado: "Calificaciones
profesionales: procedimientos de infracción contra Francia, Grecia
y España". Esta condena se refiere a varios tipos de profesiones
(médicos, dentistas, comadronas y algu-nos oficios del deporte),
en las que cualquier persona de cualquier país, debería,
según la Comisión Europea, tener el derecho para una "prestación
temporal de servicio". "La Comisión considera, que
las condiciones establecidas por la legislación francesa son
indebidamente restrictivas.".
Dicho con claridad, las garantías de calificación profesional
exigidas están de más para Bruselas. Deben desapare-cer.
o He aquí cómo el Tratado Maastricht-Ámsterdam
define los poderes del Tribunal de Justicia:
"El Tribunal de Justicia garantiza el respeto del derecho en la
interpretación y la aplicación del presente Trata-do."
(artículo 220).
"1/ Si el Tribunal de Justicia reconoce que un Estado miembro faltó
a una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado,
este Estado debe tomar las medidas a que obliga la ejecución
de la sentencia del Tri-bunal de Justicia (...).
2/ Si el Tribunal de Justicia reconoce que el Estado miembro en cuestión
no se ajusta a su sentencia, puede impo-nerle el pago de una suma global
o de una multa coercitiva." (artículo 228).
IX - Privatización-destrucción de la investigación
y de la enseñanza superior
Con la contrarreforma LMD de liquidación de las titulaciones,
el gobierno ha establecido polos de competitividad que ponen a los laboratorios
de investigación públicos bajo la competencia de las empresas
privadas. Pero, ¿de dónde viene esta decisión?
En el documento titulado "Directrices integradas", adoptado
definitivamente por un Consejo de Ministros europeo el 12 de julio de
2005, la Unión Europea define el marco del conjunto de su políti-ca.
Se pueden leer, particularmente, las siguientes directrices:
" LDI no. 7: "Los Estados miembros deberían seguir
elaborando un conjunto de medidas susceptibles de fomen-tar la investigación
y el desarrollo (...), mejorando la cooperación y la transferencia
de tecnologías entre los institutos de investigación públicos
y las empresas privadas.".
" LDI no. 8: "Los Estados miembros deberían dirigir
sus esfuerzos sobre la creación y el desarrollo de polos de innovación,
redes y viveros escuelas, que agrupen a universidades, institutos de
investigación y empresas.".
El gobierno francés, como los 25 Gobiernos de la Unión
Europea, se ha visto obligado a responder a las exigen-cias de estas
directrices integradas en un plan nacional de reforma (PNR). Por lo
que se refiere a la investigación, leemos: "Es necesario
intensificar las dinámicas de innovación estrechando los
vínculos entre la investigación pública y la investigación
privada (...). Integrar mejor el sistema francés en el espacio
europeo. Desarrollar la investigación sobre proyectos y la eficacia
de la co-financiación privada-pública (...). Los polos
de competitivi-dad tienen por objeto aumentar la competitividad de la
industria movilizando en red a las empresas, los centros de investigación
públicos y privados y los organismos de formación.".
Consecuencias: a partir de ese momento, se ponen decenas de centros
y laboratorios públicos, bajo la tutela de empresas privadas
en el marco de los "Polos de competitividad". La investigación
básica es liquidada y el estatuto del personal es desmantelado.
X - Una ofensiva de destrucción de la educación instrucción
Con los millares de supresiones de clases, de horas de curso, el gobierno
colocó el inicio de curso 2006 bajo la se-ñal de este
lo que llamó la "base común de aptitudes". Pero
el gobierno no inventó nada.
En una comunicación del 10 de noviembre de 2005, la Comisión
Europea define los principios europeos comunes, en materia de educación,
al que todos los Estados miembros deberían someterse, sustituyendo
los programas esco-lares nacionales "ocho aptitudes clave"
para garantizar "la Educación y la formación a todo
lo largo de la vida". Esta comunicación estipula: "Los
Estados miembros deben acelerar el ritmo de las reformas de su sistema
de educación y de formación (...).".
Esta comunicación se inscribe en el "Programa de trabajo
educación y formación 2010.", quién se decidió
con-juntamente con el Consejo Europeo en febrero de 2006. Las "ocho
aptitudes clave" que deberían sustituir a los programas
nacionales son las siguientes: comunicación en la lengua materna;
comunicación en una lengua extran-jera; cultura matemática
y competencias básicas en ciencias y tecnología; cultura
numérica; aprender a aprender; aptitudes interpersonales, interculturales,
y aptitudes sociales y cívicas; espíritu de empresa; expresión
cultural. ¿De qué se trata exactamente?
1. La lengua materna: "Expresión de los pensamientos bajo
formas oral y escrita".
La "comunicación en la lengua materna" se define como
"la facultad de expresar pensamientos, sentimientos y hechos, bajo
forma a la vez oral y escrita". En Francia, la enseñanza
del francés, incluso después de la disminu-ción
de un tercio de las horas lectivas en treinta años, no se reduce
a "aptitudes a comunicar, bajo forma escrita u oral". Desde
hace sesenta años, existen programas nacionales por asignatura
y por nivel, que son conquistas de la democracia.
Lo que, en esto, preconiza la Unión Europea, es que el aprendizaje
de la ortografía, de las reglas gramaticales, de las conjugaciones,
de la literatura de los distintos siglos, ya fuertemente dañada
por los programas actuales, pura y simplemente, desaparezca y, con él,
los conceptos mismos de programa y nivel.
2. Las lenguas extranjeras: Los títulos son sustituidos por certificaciones
La segunda aptitud se titula "comunicación en lengua extranjera".
Tampoco en esta, no es cuestión, en absoluto, de aprender de
la estructura de la lengua, ni de su historia o su literatura. Se trata
aún de "expresar pensamientos y hechos bajo forma oral y
escrita.". Era eso, exactamente, lo que el Consejo Europeo de 2001,
ya había preconiza-do con el "marco europeo de referencia
para el aprendizaje de las lenguas.", que por otra parte entró
en aplicación con carácter experimental en Francia, en
el reinicio de curso de 2005, después de haberse transpuesto
por decreto por el Ministro Robien. Concretamente, ahora ya no hay programa,
sino niveles de referencia. Por ejemplo, al fi-nal de segundo, del nivel
A2, un alumno debe poder "situarse, presentarse, dirigirse, describir
con medios sim-ples su formación, su entorno, sus necesidades
inmediatas.". ¿Es esto aprender lengua extranjera? ¿No
se trata más bien de aprender a clasificarse?
La palabra "titulación", no figura en el "cuadro
de aptitudes".
Los "nuevos métodos de organización del aprendizaje",
basados en estas aptitudes clave, cuya aplicación dicta la Unión
Europea a los Estados miembros, no tienen nada que ver con nuevos programas,
que serían más eficaces o más exigentes. Al contrario,
ponen en entredicho el mismo concepto de programa, que no existe más
que en el sentido de que se debe dar, a los alumnos de una misma aula,
la misma enseñanza. Por otra parte, la palabra "titu-lación"
no figura en este "cuadro de aptitudes". Más aún,
la "validación de los aprendizajes informales y no for-males
y de los sistemas de transferencia de créditos", preconizada
por la Unión Europea suprime cualquier titula-ción y programa
nacional y, de esta forma, cualquier futuro para la juventud.
¿De dónde viene la ley Montchamp?
La ley Montchamp integra, de oficio, a los niños discapacitados
y en gran dificultad, en las aulas ordinarias de la escuela de su sector.
Suprime, de hecho el derecho a una enseñanza especializada y
adaptada al grado y a la natu-raleza de la discapacidad del niño
y prevé concluir el cierre de las aulas y establecimientos especializados.
Recordemos que el número de alumnos en clases especializadas
con personal insuficiente, ascendía a 90 090 en 1981. En 2005,
los alumnos atendidos no eran más que 35 000. Entre 2001 y 2004,
2 984 puestos de profesores especializados fueron liquidados.
En 2003, la Resolución del Consejo de la Unión Europea
estipula: "Se dio un nuevo aliento a los estudios sobre soluciones
de sustitución, que, además de ser rentables, permiten
a las personas discapacitadas llevar una vida autónoma en su
comunidad o su familia, y no en instituciones cerradas.".
Habéis leído bien, ¡los niños y adultos discapacitados
deberían permanecer en su familia para permitir a los Esta-dos
miembros realizar economías presupuestarias! Y, el mismo año,
el Tribunal de Cuentas calculó que la escola-rización
de un niño en aula ordinaria cuesta 3 800 euros al año,
7 800 euros en clase especializada y de 27I000 a 50 000 euros en establecimiento
especializado. Y así, en 2005, el gobierno francés, para
responder a los criterios, simplemente, de rentabilidad de la Unión
Europea, ha hecho adoptar la ley Montchamp, que se propone cerrar to-das
las estructuras especializadas.
XI - Los jóvenes..., a la fábrica desde los 14 años
En la ley denominada "sobre la igualdad de oportunidades",
que contenía, en particular, el CPE que el Gobierno ha tenido
que retirar, había también otras medidas que se mantuvieron
y, en particular, una nueva fórmula de aprendizaje a partir de
la edad de 14 años.
Con esta decisión de adelantar la edad del aprendizaje de los
16 a los 14 años, el gobierno, no sólo pone en entre-dicho
la obligación escolar hasta los 16 años, sino que además,
ofrece directamente una mano de obra juvenil a la explotación
de la patronal, al margen de las garantías ofrecidas, anteriormente,
por el Código del Trabajo para los antiguos contratos de aprendizaje.
También en esto, ¿quién dicta?
Esta ley había sido anunciada por Villepin el 7 de noviembre
de 2005. Tres días después, la Comisión Europea
publicaba un comunicado que lo comentaba: "Esta medida no está
en contradicción con la legislación europea. Aunque, por
regla general, está prohibido el trabajo para los menos de 15
años, una Directiva les permite traba-jar si eso entra en el
marco de un aprendizaje." (AFP, 10 de noviembre).
Efectivamente, la Directiva europea 94/33/CE del 22 de junio de 1994
decreta, en su artículo 4: "El principio de prohibición
del trabajo infantil no es de aplicación a los niños de
más de 14 años, que trabajan en el marco de una formación
en alternancia o de períodos de prácticas en empresa."
Esta Directiva europea fue transpuesta al derecho francés por
la ordenanza 2001-174 del 22 de febrero de 2001, bajo el Gobierno Jospin,
ordenanza hoy aplicada por Villepin.
XII - ¿De dónde venía el CPE?
Mediante su movilización, Millones de jóvenes obtuvieron
la retirada del CPE. Recordemos cómo, al principio, la prensa
patronal se congratulaba por este proyecto de CPE:
"El empleador podrá romper el contrato, durante los dos
primeros años, sin tener que justificar su decisión."
(Les Echos, 17 de enero de 2006).
Las empresas que contraten a jóvenes en el marco de estas nuevas
disposiciones, "estarán completamente eximi-das de cargas
patronales durante tres años." (ídem).
Podemos tomar cada medida anunciada por el Gobierno de Villepin y encontrar
su fuente en "las directrices para el empleo 2005-2008" decretadas
por la Unión Europea en dirección de los Estados miembros.
El CPE y las directrices para el empleo (LDI Nos. 14 y 16): "Adaptar
la estructura y las medidas de los costes la-borales no salariales y
su incidencia sobre el empleo, en particular para (...) los que acceden,
por primera vez, al mercado laboral."? (LDI 21). Se trata del "primer
empleo".
Anunciando la creación del CPE, Villepin había declarado:
"Es necesario terminar con los chanchullitos con el desempleo.".
Él no lo ha inventado, sino que lo ha tomado directamente de
la directiva no. 16: "Es necesario su-primir los obstáculos
al mercado laboral aportando una ayuda efectuada a la búsqueda
de un empleo, facilitando el acceso a la formación (...), suprimiendo
los truquitos con el desempleo." (LDI no. 16). Y la LDI no. 4 precisa,
en relación con los jóvenes, que es necesario "adaptar
la legislación relativa al empleo, reexaminar en caso nece-sario
el nivel de flexibilidad ofrecido por los contratos permanentes o no
permanentes.".
Y, en el informe de la Comisión Europea "Empleo en Europa"
(noviembre de 2005) sobre el empleo de los jóve-nes, se puede
leer: "Contribuir a una mejor capacidad de empleo de los jóvenes
cuando se incorporan al mercado laboral (...). Aumentar la disponibilidad
de las formas más flexibles de empleo, como el tiempo parcial,
que per-mitirían a la gente joven conciliar mejor, las responsabilidades
en el trabajo y su formación (...),apoyar a los jó-venes
a medida que prosiguen carreras "no lineales" alternando trabajo,
estudios, desempleo, formación o actua-lización de su
aptitud.".
Inmediatamente después de la cumbre europea de 23 y 24 de marzo
de 2006, un miembro de la Comisión Europea resumió así
el consenso con respecto al CPE. Según la AFP, el Comisario responsable
europeo de Desarrollo, el Belga Louis Michel, se ha pronunciado el lunes
27 de marzo, en Ginebra, en favor del "contrato de primer em-pleo"
(CPE) propuesto por el gobierno francés, preguntándose
si Francia será capaz, algún día, de reformarse:
"Si Francia no es capaz de asumir que el CPE es un medio positivo
para dar una oportunidad a los jóvenes, enton-ces, no sé
qué es lo que ella podrá aún reformar algún
día.", declaró el Sr. Michel, añadiendo: "Esta
es, una bue-nísima fórmula (...). No se puede pedir a
las empresas que contraten a jóvenes y bloquearlas en sistemas
inflexi-bles.". El Sr. Comisario europeo dijo así, muy alto,
lo que significa el lenguaje estereotipado de los textos oficia-les
europeos sobre el desarrollo de la competitividad y la reforma de los
mercados laborales.
Y todas las conquistas de civilización son puestas en entredicho.
XIII - Todos los regímenes de jubilación por distribución
amenazados
Jubilaciones de los empleados de correos eliminadas del Código
de Pensiones, regímenes especiales desmantela-dos. Las declaraciones
se han multiplicado estas últimas semanas, para acelerar la destrucción
de los sistemas de jubilación por distribución, todo eso
para favorecer el ahorro salarial y los fondos de pensión.
Cada ataque contra los sistemas de jubilación, ha sido directamente
elaborado en aplicación de las exigencias de la Unión
Europea.
o En 1993, la contrarreforma Balladur fue continuación de la
promulgación del Tratado de Maastricht. Éste impu-so los
famosos criterios de convergencia (en particular, la obligación
de no superar un 3% del PIB en déficit pú-blico), colocando
los gastos de Seguridad Social bajo este yugo.
o En 2003, la contrarreforma Fillón fue continuación de
la Cumbre de Barcelona de marzo de 2002 donde se sen-taron conjuntamente,
por Francia, Chirac y Jospin). Esta cumbre de la Unión Europea
había dictado en el apartado 32 de su informe de conclusiones:
"Sería necesario intentar, de aquí a 2010, aumentar
gradualmente, en alrede-dor de cinco años el promedio de edad
efectiva a la que cesa, en la Unión Europea, la actividad profesional.".
En aplicación de esta Cumbre de Barcelona, en toda Europa, los
gobiernos, cualquiera que sea su color político, han buscado
retardar la edad inicial para la jubilación (en Francia, pero
también en Austria, en Italia,...).
¿Y de dónde proviene la nueva aceleración de la
destrucción de los regímenes de jubilación?
o El 3 de marzo de 2004, la Comisión Europea publicó lo
que ella definió como "un documento estratégico",
ti-tulado "Europa debe utilizar mejor a sus trabajadores con antigüedad".
En este documento, mencionando las decisiones de Barcelona de "aumento
del promedio de edad de salida del mercado laboral a razón de
cinco años de aquí a 2010.", la Comisión Europea
indica: "Los progresos hacia la realización de estos objetivos
son decepcionantes.". Y a partir de esta valoración, todo
el eje del documento de la Comisión Europea, se resume en una
serie de fórmulas conminatorias en dirección a los Estados
miembros: "Son necesarios esfuerzos mucho más firmes.",
"Los Estados miembros deben tomar medidas radicales.".
o 25 de enero de 2006: la Comisión Europea reactivó su
ofensiva en un nuevo documento, titulado "Pasemos a una velocidad
superior: la nueva asociación para el crecimiento y el empleo"
y adoptado en la cumbre europea de marzo de 2006. En este documento,
la Comisión Europea exige: "En el marco de sus reformas
de los sistemas públicos de jubilación, los Estados miembros
deberían reforzar los incentivos financieros para que los trabajado-res
mayores permanezcan en actividad (...), por ejemplo adaptando la edad
legal inicial para la jubilación.".
Y he aquí la fuente de la nueva ofensiva iniciada por Fillon.
XIV - ¿Quién podrá ser cuidado aún?
Una sociedad privada de seguros, MIMA, acaba de lanzar una oferta de
contrato-salud. Este es el resultado de las políticas aplicadas
por todos los gobiernos sucesivos, especialmente desde el plan Juppé
de 1995. Anulación del reembolso de los medicamentos, recorrido
de cuidados, pago fijo de 18 euros para las operaciones quirúrgicas,
cierres de maternidades, todos los vestigios del derecho a la salud,
están en vías de desmantelamiento, abriendo así
un paseo a los seguros privados.
Un ejemplo entre otros: El gobierno ha encargado al profesor Valancien,
establecer la lista de los servicios de ci-rugía que deben cerrarse.
Misión realizada: una lista de 113 servicios que deberían
cerrarse ha sido enviada a las autoridades públicas.
Nuestro país cuenta en total, con alrededor de 480 servicios
de cirugía. Increíble, es, pues, ¡de un cuarto de
estos servicios, de los que se promete al cierre!
El argumento utilizado es el mismo que el que sirvió de pretexto,
al cierre de millares de maternidades, con las ca-tástrofes que
hemos conocido: muertes de recién nacidos, partos en el domicilio
o en los coches en los aparca-mientos, muerte de mujeres embarazadas...
Se afirma, para justificar esta decisión, que estos servicios
no tendrían bastante actividad. La barrera se fijó en
2I000 operaciones por año. ¿Por qué 2 000? Por
qué no 1 000, o 3 000? ¿En qué estudios médicos
se basa? No existe ninguno. ¿Cuál es la verdadera razón?
En la cumbre de Tesalónica (21 de junio de 2003), se había
hecho una recomendación a Francia: "Supervisar atentamente
la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos
en el sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable y, cuando proceda, adoptar nuevas medidas para lograr este
objeti-vo.".
XV - Un saqueo desenfrenado de la Seguridad Social
El proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para
2007 prevé la supresión de un 2,1% de las cotiza-ciones
de Seguridad Social para los salarios al nivel del SMIC, en las empresas
de menos de 20 asalariados. En 2005, los patronos se embolsaron 23 600
millones de euros, por exención de cotizaciones.
¿Y de dónde viene este saqueo que dilapida los fondos
de la Seguridad Social en detrimento del derecho a los cui-dados? Sigue
siendo de la UE y de las directivas integradas.
LDI no. 15: "Los Estados miembros deberían reforzar las
medidas de incentivo económico, incluso mediante una simplificación
de los sistemas fiscales y una reducción de los costes laborales
no salariales.".
Lo que la UE llama los "costes laborales no salariales", es
el salario diferido. Y he aquí cómo ha respondido, el
gobierno francés a esta prescripción en su Plan Nacional
de Reforma (PNR): "Reducir las cargas, principalmente sobre los
bajos salarios, constituye, desde hace varios años, una política
constante de Francia. Son, en efecto, cerca de 20 000 millones de euros,
los actualmente se dedican a reducciones de cotizaciones sociales (...).
Estas medidas de exenciones generales, se derivan de una tendencia continua,
desde su establecimiento en 1993.".
Consecuencias: más de 155 000 millones de euros en exenciones
de cotizaciones a la Seguridad Social han sido entregados a los patronos
desde hace quince años. Y se atreven a decirnos que hay un "agujero"
en la Seguridad Social.
XVI - Todos los presupuestos atrapados en la prensa del pacto de estabilidad.
o Bruselas exige del gobierno francés "más esfuerzos"
respecto al déficit público.
Miércoles 22 de febrero de 2006, la Comisión Europea evaluó
"los programas de estabilidad" de varios países, entre
ellos Francia. El veredicto fue inapelable: "En el caso de Francia,
parecen necesarios esfuerzos suplementa-rios.".
El comunicado de Bruselas precisa: "Francia presentó, el
13 de enero de 2006, la nueva actualización de su pro-grama de
estabilidad (...). Este ajuste presupuestario se basará principalmente
en una restricción de gastos, y más concretamente en la
fijación de límites máximos a los gastos de los
distintos componentes de las Administra-ciones Públicas.".
Pero esta restricción de los gastos no basta: "Parecen necesarias
medidas adicionales, en 2006, para una actua-ción con vistas
a lograr los objetivos y corregir perseverantemente el déficit.".
Hablando claro, el presupuesto y la ley de financiación de la
Seguridad Social, votados ambos a finales de 2005, ya han sido podados
con hacha, en todos los gastos de enseñanza así como de
hospitales; no bastará. Para Bruse-las, es necesario recortarlos
más aún.
o La LOLF, instrumento del pacto de estabilidad
Así es cómo respondía el gobierno francés
en su PNR, a las prescripciones de Bruselas: "El esfuerzo de reducción
de los déficit públicos se proseguirá (...). El
gobierno francés tiene por objetivo traer el llevar el déficit
de las Administraciones Públicas por debajo del límite
máximo del 3% del PIB en 2006 (...). A tal efecto, el Proyecto
de Ley de Finanzas para 2006 prevé, por tercer año consecutivo,
una estabilidad, en volumen, de los gastos del Es-tado, resultado de
reconversiones (...). Se intensificará la estabilización
de los gastos del Estado, será mantenida en 2006 y será
ampliada en 2007, en particular, renovando la gestión presupuestaria
(…). La LOLF constituye una importante reforma, ya que renueva a fondo
el marco de gestión del Estado.".
Consecuencias: millares de nuevos cierres de aulas, 6 375 supresiones
de puestos en los concursos de contratación de profesores, supresiones
de puestos en Equipamiento, destrucción de los Ministerios y
de las Administraciones Centrales...
o Los criterios de la contabilidad europea
Pedro Joxe, entonces presiden del Tribunal de Cuentas -sabía
de lo que hablaba-, declaraba el 16 de noviembre de 2000: "A causa
de las disposiciones del artículo 104 del TCE [Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, enmendado por el Tratado de Maastricht - NDLR],
Francia ya no es preceptora de la definición del equilibrio de
la hacienda pública. El tiempo ha cambiado. Son los criterios
de la contabilidad europea, los que se aplican hoy día. Las normas
nacionales son anticuadas. Entramos lentamente, dolorosamente, en otro
sistema de derecho, en que, el principio de la soberanía nacional,
es un recuerdo histórico.".
o Las colectividades locales no escapan al Pacto de Estabilidad
¿Escapan las regiones y los departamentos mismos, al yugo de
la LOLF y de los Tratados de la Unión Europea? Hay un hecho evidente:
en los cálculos de la Unión Europea sobre los "déficit
públicos", sus presupuestos se inte-gran a los del Estado,
y también al de la Seguridad Social, a pesar de que no tienen
nada que ver.
En el "Programa de estabilidad 2007-2009" que el gobierno
francés transmitió a Bruselas a finales del año
2005, éste promete, por otra parte a la Comisión Europea
que "las colectividades locales son sensibles a la necesidad de
contribuir, como el conjunto de las Administraciones Públicas,
al desendeudamiento y, en consecuencia, frenan sus gastos: sus gastos
aumentan, sobre el período, en un 0,5% al año en volumen,
que llegará al "déficit 0", a partir de 2009.".
XVII - El Diálogo Social Europeo, modelo contra la independencia
de los sindicatos
Los ataques contra el derecho sindical se multiplican, tratando de transformar
la naturaleza de las organizaciones sindicales. Para organizar esta
ofensiva, el gobierno prepara un proyecto de ley sobre el diálogo
social, directa-mente extraído del mecanismo de la Unión
Europea. Recordemos algunos hechos:
El 29 de septiembre de 2005, tuvo lugar en Bruselas, una cumbre sobre
el "Diálogo social", presentada así por la Comisión
Europea: "Esta cumbre sobre el Diálogo Social celebra los
20 años de existencia del Diálogo Social Europeo. El Sr.
Barroso se ha congratulado por las realizaciones del pasado, pero ha
subrayado que los esfuer-zos de los interlocutores sociales se han hecho
esenciales para hacer frente a los nuevos retos de la Unión Euro-pea.".
Una nota explicativa de la Comisión Europea del mismo día,
titulada "Cumbre sobre el Diálogo social", resume así:
"El 31 de octubre de 1991, los interlocutores sociales firmaron
un acuerdo, anexado al Tratado de Maas-tricht en 1993, gracias al cual,
los acuerdos negociados por los interlocutores sociales europeos pudieron
trans-ponerse en la legislación nacional de los Estados miembros.".
El Tratado de Ámsterdam institucionalizó, a continuación,
el protocolo social anexado al Tratado de Maastricht. Tomemos algunos
ejemplos alegados por la nota de la Comisión Europea citada más
arriba en los siguientes tér-minos: "Los interlocutores
sociales europeos negociaron acuerdos sobre el permiso parental (1995),
el trabajo a tiempo parcial (1997) y los contratos de duración
determinada (1999), que fueron aplicados en toda la Unión por
directivas europeas, ejecutando así, la política social
de la Unión.".
¿Que son estas directivas elaboradas por la CES y la patronal
europea y, convertidas en "modelos" del "Diálogo
social europeo"?
La CES y la patronal europea cerraron, en junio de 1997, un acuerdo
marco sobre el trabajo a tiempo parcial, con-vertido en directiva el
15 de diciembre de 1997 y, en marzo de 1999, un acuerdo marco sobre
los contratos de du-ración determinada, convertido en directiva
europea el 28 de junio de 1999.
Estos dos acuerdos marco, convertidos pues, en directivas europeas,
son el producto de una demanda más general hecha en 1995 por
la Comisión Europea a la CES y a la patronal europea a "negociar"
sobre la "flexibilidad del tiempo de trabajo y la seguridad de
los trabajadores atípicos.".
o El ejemplo del trabajo a tiempo parcial
Citemos el acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial. Tiene por objeto
"facilitar el desarrollo del trabajo a tiempo parcial (...) y contribuir
a la organización flexible del tiempo de trabajo." (cláusula
1-b del acuerdo).
La cláusula 5 es explícita: "Los Estados miembros,
previa consulta a los interlocutores sociales, de acuerdo con las legislaciones
o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar
los obstáculos de naturaleza jurídicos o de naturaleza
administrativa que puedan limitar las posibilidades de trabajo a tiempo
parcial y, cuando proceda, eliminarlos." (5a).
En cuanto a las organizaciones sindicales nacionales, están obligadas
a ejecutar: "Los interlocutores sociales que actúan en su
ámbito de competencia (...) deberían identificar y analizar
los obstáculos que pueden limitar las po-sibilidades de trabajo
a tiempo parcial, y, cuando proceda, eliminarlos.". (5b).
Y la Directiva sobre los contratos de duración determinada es
del mismo tipo.
Así pues, claramente, las directivas europeas redactadas por
la CES tienen por objetivo, promoviendo el trabajo a tiempo parcial
y en contratos de duración determinada, el desreglamentar el
trabajo y poner en entredicho los con-tratos de trabajo de duración
indeterminada a tiempo completo.
Es así como se transpuso la Directiva Europea sobre los CDD a
la legislación francesa en la función pública con-siguiendo
generalizar la utilización de los CDI en lugar del Estatuto de
funcionario.
o El artículo 138 del Tratado de Ámsterdam estipula:
"1. La Comisión tiene por tarea, promover la consulta de
los interlocutores sociales a escala comunitaria y adop-ta cualquier
medida apropiada para facilitar su diálogo, velando por el apoyo
equilibrado de las partes.
2. A tal efecto, la Comisión, antes de presentar propuestas en
el ámbito de la política social, consulta a los inter-locutores
sociales, sobre la posible orientación de una acción comunitaria.
3. Si la Comisión, tras esta consulta, considera que una acción
comunitaria es deseable, consulta a los interlocu-tores sociales sobre
el contenido de la propuesta considerada. Los interlocutores sociales
entregan a la Comisión un dictamen o, cuando proceda, una recomendación.
4. Con ocasión de esta consulta, los interlocutores sociales
pueden informar a la Comisión de su voluntad de ini-ciar el proceso
previsto en el artículo 139."
o Y el artículo 139, por su parte, estipula:
"1. El diálogo entre interlocutores sociales a escala comunitaria
puede conducir, si estos últimos lo desean, a re-laciones convencionales,
incluidos los acuerdos.
2. La aplicación de los acuerdos concluidos a escala comunitaria,
se produce (…) por una decisión del Consejo a propuesta de la
Comisión."...
Es decir, por una Directiva Europea.
He aquí lo que querrían transponer a Francia, transformando
las organizaciones sindicales en "colegisladoras".
Contribución: La Europa de Maastricht, las directivas europeas,
la Europa de las regiones contra la República,
la inter-municipalidad forzada contra los municipios
Desde la ley Joxe, luego las de Chevènement y Sarkozy, es el
Estado Nación lo que se pone en peligro por estas leyes de inter-municipalidad
forzada y de regionaliza-ción, en realidad, es la privatización
de los Servicios Públicos. La marcha forzada hacia la inter-municipalidad
impuesta, continúa, poniendo en entredicho la demo-cracia y el
mandato de los ciudadanos.
Porque son 36 565, los municipios, base de la democracia en nuestro
país, todavía han sido un medio de responder a las necesidades
sociales. Algunos ejemplos: la restauración escolar, las guarderías,
el centro de ocios, los equi-pamientos deportivos y culturales, la ayuda
a los ancianos, la prevención médica, la ayuda social,
el alojamiento HLM,.... Ahora, todo eso se pone en entredicho. Al mismo
tiempo, los municipios representan un reto en Europa. Los municipios
son otros tantos centros de decisión para la respuesta (o la
no respuesta), a las necesidades socia-les. El capital, que tiene sus
propias necesidades, intenta que los municipios los satisfagan exclusivamente.
Todo eso muestra el reto de clase en torno a los Servicios Públicos.
Los Servicios Públicos, hoy día, son lo que las lu-chas
sociales han hecho de ellos, con los límites que las clases dominantes
han impuesto. Resultan de ello, aspec-tos altamente positivos y otros
que lo son menos.
Privatización y desindustrialización
Las necesidades sociales, económicas y culturales a las que los
Servicios Públicos deberían satisfacer, evolucio-nan permanentemente
y aumentan, mientras que la política de los sucesivos gobiernos,
que aplican el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión
Europea, ha conducido a las privatizaciones, a la reducción de
los recursos pre-supuestarios, a la desindustrialización y, en
el marco del Pacto de Estabilidad y de la LOLF, estrangula las finan-zas
destinadas a cubrir las necesidades sociales. Las consideraciones de
rentabilidad y de economía presupuestaria decretadas por la Unión
Europea, prevalecen sobre el deber de responder a las necesidades de
los ciudadanos. La igualdad del conjunto de los trabajadores, del pueblo,
ante los servicios públicos, se pone en entredicho diariamen-te.
Desde la instauración de la "libre circulación de
capitales" impuesta por la UE, con la instauración de la
moneda única, las cestas presupuestarias en juego, Francia tendría
"demasiados municipios" con relación al objetivo del
capital de constituir "polos de atracción para la economía
social y financiera", en interés exclusivo de los accio-nistas.
La Europa de Maastricht, es la subsidiariedad económica y, en
este marco, los 36 565 municipios deberían desaparecer.
Los propios departamentos están amenazados en beneficio de las
regiones. El objetivo de los sucesivos gobiernos ha sido ir en el sentido
de la UE y del capital con el fin de constituir entidades -inter-municipios
forzados-, do-tados de una superficie financiera más importante.
La organización territorial pone, pues, la "región"
en el centro, con la instauración de prefectos de región,
el "súper prefecto". Queda claro, por tanto, que quieren
establecer un control económico bajo la tutela de las colectividades
regionales, para construir la Europa de las regiones.
Absorber los flujos financieros
La ordenación del territorio en estas condiciones es europea.
Los acuerdos transfronterizos consiguieron polos transnacionales. Las
regiones se equipan por reagrupamientos para absorber hacia ella los
flujos financieros del mercado único.
La ordenación del espacio, los SDAU y los POS, los medios de
intervención económicos, el impuesto profesional, no pueden,
en esta concepción de la Europa de las regiones, seguir siendo
competencia municipal y deben colo-carse bajo la responsabilidad "de
organismos supra-municipales", por medio de inter-municipalidades
forzadas, detentadoras de los flujos financieros, del impuesto profesional
único, y de una gran parte de la DGF, puesto que la DGF de las
inter-municipalidades forzadas aumentó en 6 000 millones de euros
en 2 años. Es en este marco en el que un ataque sin precedentes
se dirige contra el tesoro y las percepciones, puesto que la gestión
de los fondos públicos de las colectividades debería estar
hoy incluida, en el circuito de los bancos, en particular europeos.
Bajo el impulso del Pacto de Estabilidad y la LOLF, la instauración
de criterios de gestión financiera conduce a supri-mir servicios
sociales importantes, a imponer los criterios del beneficio en la gestión
pública, a permitir la entrada del capital privado en los Servicios
Públicos. Eso es el paso de todos los Servicios Públicos
hacia servicios y sis-temas al margen de las normas de la contabilidad
pública (empresas públicas industriales y comerciales,
socieda-des de economía mixtas, pasando por las asociaciones
caritativas...). La privatización avanza a grandes pasos.
Un retroceso de civilización
El usuario se convierte en "cliente". El Servicio Público
se convierte en servicio comercial. Las desigualdades aumentan. Estamos
frente a un verdadero retroceso de civilización. Las leyes Joxe,
Chevènement, Sarkozy -de inter-municipalidad forzada-, se sitúan
deliberadamente en el "espacio europeo" y, por añadidura
implican una reforma profunda del papel del Estado Nacional. Se trata
con ellas, de inscribir la actividad económica y "social"
en un Espacio Europeo, para responder a las estrategias de los grandes
grupos capitalistas destinadas a adaptar las estructuras de las comunidades
locales a esta estrategia. Estas leyes conducen al abandono de la soberanía
nacio-nal en favor de la subsidiariedad a la Unión Europea. En
este marco la actividad económica y social debe depen-der únicamente
del marco europeo. Un único objetivo: el Pacto de Estabilidad,
para reducir los medios de gestión públicos, modificar
el proceso de ordenación del territorio, solamente en el marco
comunitario para satisfacer, en el marco del Tratado de Maastricht y
del Pacto de Estabilidad, el déficit público al 3% con
relación al PIB. Para la UE y todos los sucesivos gobiernos que
han aplicado esta política en Francia, la región debe
estar en el centro co-mo interlocutor directo de la Europa supranacional,
construyendo múltiples "polos de conversión",
es decir "zo-nas francas". Está prevista incluso la
puesta en práctica de procesos de reagrupamiento de "colectividades
regio-nales", mediante acuerdos interregionales.
Transferencia de cargas
El papel de los municipios y de los departamentos se vuelve cada vez
más limitado. El objetivo en el marco del modelo europeo y sus
exigencias, conduce al mismo tiempo a la transferencia de las cargas
sobre los municipios, para hacer de estos, los enlaces de una estrategia
supranacional. El conjunto del dispositivo, está destinado a
hacer prevalecer las leyes europeas e imponer las restricciones presupuestarias
limitando al máximo los recursos finan-cieros de los Servicios
Públicos del Estado.
Desde hace más de quince años, el objetivo reconocido,
establecido en los hechos hoy día, es imponer una estrate-gia
europea y transnacional por cuenta de las multinacionales. Hay pues,
una política coherente desde Maastricht y la moneda única.
La llegada masiva de los financieros europeos, significa que los cargos
públicos elegidos van a ser incitados cada vez más "a
administrar la colectividad local" bajo la presión de los
financieros europeos. Dos citas reveladoras; la de un dirigente del
Crédit Local de France: "La democracia local podrá
pronto prescindir de de los electores, ya que la buena gestión
se apreciará en los balances." y la de un alto responsable
de la Caisse des Dépôts et Consignation [Depositaría
General - NDT]: "Manifestamos la esperanza de que un día
u otro, las relaciones entre el Tesoro y las colectividades territoriales,
serán sustituidas por relaciones entre estas y los ban-cos.".
La Unión Europea, estableciendo una libertad total para los movimientos
de capitales, mucho más que de los hombres, ha producido una
convulsión considerable en relación con el régimen
de tesorería de los organismos pú-blicos de nuestro país
y, en particular, de nuestras comunidades locales.
La llegada de los bancos europeos
En estos momentos, la liberalización de los empréstitos
contraídos por las comunidades locales, permite a los ban-cos
de la Unión Europea, poner la mano sobre el mayor inversor público
del país, es decir las comunidades territo-riales. Los bancos
europeos, hoy, se sirven de la doctrina y ley de la Unión Europea:
"La competencia libre y no falseada.".
Sus empréstitos concedidos a tipos prohibitivos, permiten un
beneficio inmediato para los accionistas y, a corto plazo, romper los
principios que regulan la gestión de la cosa pública y
la separación entre ordenador y pagador, separación que
garantiza el control público. Pero como los municipios, a menudo
han rechazado la especulación -en particular, sobre los planes
de ocupación del suelo, con el derecho preferente de compra y
la iniciativa de las zonas de ordenación-, sobre el alojamiento
social, deben ser "erradicados", ya que constituirían
y constituyen siempre bastiones de democracia y palancas para luchar
contra la subsidiariedad europea.
Joxe, Chevènement, Sarkozy, sepultureros del Estado-Nación
Esta estrategia apunta al mayor debilitamiento de los Servicios Públicos
y, en particular, en relación con las vi-viendas sociales de
los HLM. Las leyes sucesivas de inter-municipalidad forzada han llevado
a reagrupamientos en comunidades de municipios, comunidades de aglomeración
y comunidades urbanas cuyo reparto definitivo compete únicamente
al prefecto de la región. La dotación global de funcionamiento
y la TPU (impuesto único profesional) deben pagarse a las estructuras
supra-municipales. En el centro de este planteamiento -sin modificar
la Constitución-, se organiza el desmantelamiento de la República,
una ordenación del territorio, determinada por los dictados de
Europa y de la Comisión de Bruselas.
Todas estas formulaciones, que se nos repiten desde hace años,
"país", "territorio", no tienen más
que una voca-ción: poner en entredicho el fundamento de la República:
los 3 656 municipios. Es necesario ser claro: el "país",
es la inter-municipalidad forzada, que podrá beneficiarse directamente
de los fondos estructurales europeos distri-buidos por la Comisión
Europea de Bruselas y validados por el Parlamento Europeo. Desde hace
años, el fondo estructural europeo incita -mediante sus subvenciones
en las regiones e inter-municipalidades-, a imponer estos reagrupamientos.
La DGF, con la ayuda del fondo estructural europeo para las inter-municipalidades,
representa 36 euros per cápita, contra 17 euros de DGF para un
municipio "independiente".
Miles de millones de euros, en exenciones
sobre el impuesto profesional, en beneficio de la patronal
Estas exenciones conducen a la liquidación de los recursos para
el alojamiento social, para el transporte, para la creación y
la gestión de zonas industriales, para el servicio de vías
y obras, para el tratamiento de las basuras do-mésticas, del
agua y de su saneamiento, para los equipamientos deportivos y culturales.
Las exenciones del im-puesto profesional, son un elemento central de
la privatización, de la transformación de los usuarios
en "clientes".
Las exoneraciones del impuesto profesional, es hacer pagar siempre más
a los ciudadanos en beneficio inmediato del capital, de los accionistas.
Gobiernos de la derecha o de la izquierda plural, todos han participado
en
la instauración del Tratado de Maastricht, de la moneda única
Chevènement, Joxe, Sarkozy, Voynet, Jospin, Gayssot, Chirac,...,
todos, han participado en el cuestionamiento de los municipios en favor
de la inter-municipalidad forzada y de las regiones, contra el Estado-Nación.
La preserva-ción hoy de los 36 565 municipios y de los departamentos
y la acción a favor de esta preservación, es una acción
para preservar la igualdad en derechos de los ciudadanos, la igualdad
de acceso a los Servicios Públicos. Este combate, es un combate
contra la hegemonía del capital, contra la Unión Europea
que transforma en subsidiarios a los Estados Naciones. Este es el mandato
que expresaron el 29 de mayo de 2005 los trabajadores y el pueblo de
nuestro país. No aceptaremos el cuestionamiento de la democracia,
de los municipios y de los departamentos, que es el motor de un verdadero
retroceso de la civilización, de los acervos arrancados a lo
largo de décadas.
Los municipios, los departamentos, y todas las conquistas sociales y
democráticas que nuestra clase ha conquista-do, deben ser perpetuados
y reconquistados.
Proyecto de memorando: agricultura
La política agrícola común (PAC) ha sido una de
las bases de la instauración de la Unión Europea. Desde
1960, la política agrícola francesa es indisociable de
la PAC. Las leyes de orientación agrícola de 1960 y 1962
se inscribieron en el marco de la PAC y tenían por objeto, en
particular, adaptar la agricultura francesa a la competencia debida
a la aper-tura del mercado común agrícola.
Varias reformas de la PAC han sido decididas en el marco de la Unión
Europea: 1992; 1999; 2003; con el fin de reestructurar las explotaciones
agrarias con vistas a integrar, sin obstáculos, el sector agrícola
al mercado mundial. Sus consecuencias pueden resumirse en la liquidación
de los pequeños campesinos. No es posible, en el marco de este
documento, establecer un balance preciso en todos los ámbitos
de la agricultura.
Tomemos, simplemente, el caso de la viticultura.
o 15 de septiembre de 2005: acuerdo entre la Comisión Europea
y el gobierno USA. ¡"Por un período limitado"
-pero no definido-!, los productores y comerciantes estadounidenses
podrán seguir utilizando diecisiete deno-minaciones de origen
europeas, entre ellas las de "Champagne", "Sauternes",
"Bourgogne",..., "Porto", así como catorce
"expresiones tradicionales" como "château",
"clos" o "sur lie".
"La Unión Europea aceptará, por otro lado, productos
pasados por prácticas vinícolas que no aceptaba hasta
ahora.", precisa la AFP, como el fondeo con agua o la adición
de virutas de madera. "Se revuelve con serrín", declara
un antiguo Presidente del Comité interprofesional de los vinos
de Burdeos (CIVB).
o 20 de diciembre de 2005: los Ministros europeos de Agricultura ratifican
el acuerdo del 15 de septiembre.
o 22 de junio de 2006: la Comisión Europea anuncia un proyecto
de arranque de 400 000 hectáreas de vides. En una comunicación,
presenta "un modelo de reforma radical": "Arranque de
los viñedos no rentables." -que cal-cula en 400 000 hectáreas
en Europa-, en cinco años, o sea un 12% de los viñedos
actuales; "Supresión de las medidas anticuadas de apoyo
del mercado."; "Simplificación y modernización
de las prácticas enológicas.", es decir su homologación
sobre la producción industrial de los "nuevos vinos"
norteamericanos y sudamericanos; denuncia de las "normas de etiquetado",
acusadas de ser "complejas y rígidas" y "de sembrar
la confusión en el espíritu del consumidor.",...
Un verdadero plan de liquidación, que debe ser formalmente presentado
a principios de 2007.
Suiza
Extractos del Boletín de correspondencia
Reflexiones de socialistas y sindicalistas
sobre las consecuencias de las directivas de la Unión Europea
en Suiza
EDITORIAL
La sesión de las Cámaras que se ha desarrollado en Flims,
acaba de finalizar y no podemos sino constatar que la repetición
de la política de adaptación a la Unión Europea
por parte del Consejo Federal se ha mantenido. 5a. revi-sión
de la AI, que arrincona a las personas minusválidas, voto de
la LApEl (ley sobre el suministro de electrici-dad) en el sentido de
la apertura de los mercados, como lo exige la Comisión Europea,
revisión en curso de la ley sobre la caja Publica del Personal
de la Confederación, o la reforma de la fiscalidad de las empresas
II, que des-emboca en privilegios fiscales que no benefician más
que a una muy pequeña parte de la población e implican
un nuevo desplazamiento de la carga fiscal en detrimento de los salarios,
retirando mil millones de francos de las ca-jas de los cantones y municipios.
¿No está en contradicción con la voluntad del pueblo
suizo, de los asalariados, de los sindicalistas, de los militan-tes
socialistas que quieren defender y preservar los servicios públicos,
las instituciones democráticas, el derecho a referéndum?
¿No ha pedido, justamente, la asamblea de los delegados del PSS
del 30 de septiembre, a la USS el lanzar el referéndum contra
la revisión de la AI, o pensar sobre el lanzamiento de un referéndum
contra la ley Pu-blica?
Estas reivindicaciones, estas demandas, ¿son compatibles con
el Tratado de Maastricht?, ¿son compatibles con lo que lo que
aprobó el Congreso del PS de septiembre pasado en Sursee, en
el apartado 16 de la plataforma electo-ral, que prevé la aceleración
del proceso de adhesión a la Unión Europea?
Estas son las preguntas que delegadas y delegados al Congreso de Sursee,
firmantes de la Carta a los dirigentes del Partido Socialista, han hecho.
Una delegada hizo hincapié en el significado de la adhesión
a la Unión Europea. Eso significaría ir hacia la acep-tación
del pacto de estabilidad tal como lo prevé el Tratado de Maastricht,
respetar el 3% de déficit con los recor-tes presupuestarios en
los hospitales, las escuelas, las prestaciones sociales. Eso significaría
transponer todas las directivas de la Unión Europea a la legislación
suiza. Es decir, tal como lo indica el Tratado de Maastricht, el res-peto
de la "competencia libre y no falseada", la liberalización,
la privatización del servicio de la electricidad, de los ferrocarriles,
de Correos.
El Congreso ha decidido aceptar la plataforma electoral que incluía
el apartado 16 sobre la adhesión a la Unión Europea. Pero,
sin embargo, ¿está cerrado el debate? ¿La suerte
está echada? ¡No! Porque se trata del futuro de la población,
de nuestras instituciones democráticas, de nuestros servicios
públicos, de todos nuestros derechos.
La plataforma contrasta, singularmente, con las propuestas que se discutirán
en el Congreso de la USS en noviem-bre próximo. Por ejemplo,
se dice en el proyecto de texto sobre los servicios públicos:
"Instituciones multinacionales como la OMC, el FMI o la OCDE sirven
de motor a la mundialización de una po-lítica de reestructuración
y desregulación. En la Unión Europea, la Comisión
con su burocracia bruselense inten-samente teñida de neoliberalismo
efectúa una política interior similar."
Más adelante, la USS destaca que:
"Las concepciones neoliberales se basan en normas supranacionales.
Ellas no suelen cubrirse apenas de legiti-mación democrática.
Los gobiernos nacionales se refieren a directivas y prescripciones,
a informes e inspeccio-nes de la OMC, del FMI, de la OCDE y de la Unión
Europea."
¿Que recomienda la USS?:
"La suministro de servicios postales, ferroviarios, de autobús,
de telecomunicaciones, de electricidad, de educa-ción y de salud,
debe seguir siendo una herramienta de política económica,
de empleo y social, en manos del Es-tado democrático."
¿No son esas las posiciones tradicionales del PS? ¿No
es sobre estas posiciones que, junto con la USS, el PS hizo fracasar
la primera liberalización de la electricidad (LME), que el Servicio
de Correos sigue en un 100% en manos públicas, que Swisscom ha
permanecido mayoritariamente en manos de la Confederación, contra
un plan de priva-tización.
Y esta situación ¿no es contraria a todo lo que pasa en
los países miembros de la Unión Europea, como la privati-zación
de EDF en Francia; un proyecto de presupuesto que incluye 30 000 millones
en recortes presupuestarios en Italia, exigiendo el aumento de la edad
de jubilación en 5 años, 10 000 millones de "ahorro"
sobre los enfermos, en nombre del respeto del Pacto de Estabilidad;
un sistema de salud devastado en Gran Bretaña que, según
la agencia gubernamental británica NPSA, es responsable de 2
159 muertes, en el sector de la salud, donde los gastos ya no representan
más que un 7,2% del Producto Interior Bruto.
¿Hay algo más urgente que defender nuestras conquistas,
nuestras protecciones?
¿Están ante nosotros, estas cuestiones fundamentales,
como el futuro de las jubilaciones, del sector de la electrici-dad,
de Swisscom, así como el del futuro de los cantones y municipios
de los que la RPT y la política de freno al endeudamiento, prevén
el estrangulamiento? ¿Se pueden defender las conquistas sociales
y democráticas con el Tratado de Maastricht? Ciertamente no.
Publicamos en este boletín, intervenciones de delegados al Congreso,
de sindicalistas que desde la diversidad de sus puntos de vista, se
proponen defender estos derechos, así como la Carta a los Dirigentes
del Partido Socialista y un correo al Comité Director del partido.
Para proseguir este debate, proponemos reunirnos el sábado 18
de noviembre, en un lugar que os precisa-remos más tarde.
Luc Deley, sección del PS de Veyrier
Propuesta de Resolución de la Sección de Carouge.
Pide que:
o Las nuevas plataformas (europea y económica), se pongan en
el orden del día de un Congreso Extraordinario, como dos puntos
distintos.
o El apartado 16 del Proyecto de Plataforma Electoral, que propone la
aceleración del proceso de adhesión a la Unión
Europea, sea rechazado.
o El Partido Socialista reafirma su compromiso en pro de los Servicios
Públicos, de la so-beranía de las instituciones federales,
cantonales, municipales, del derecho de referéndum y de iniciativa.
Carouge, 12 de julio de 2006.
De entre las intervenciones, pronunciadas en el Congreso de Sursee,
que apoyaban esta propuesta:
Simone Girodo, sección PS de Carouge
Queridos compañeros:
Intervengo en nombre de la sección de Carouge que está
feliz de que hoy pueda desarrollarse el debate sobre la cuestión
de la adhesión a la Unión Europea.
Ya habíamos intervenido al Congreso de Naters en relación
al texto "¡Sí a la defensa de los intereses de nuestro
país en Europa: después de los acuerdos bilaterales II,
las negociaciones de adhesión a la Unión Europea!",
no-sotros pedíamos a los delegados aplazar la decisión
sobre este texto, a un Congreso posterior que tendría lugar después
de la entrada en vigor de la Constitución europea que estaba
prevista para el 1 de noviembre de 2006.
Se habían planteado distintas preguntas en el Congreso de Naters,
que siguen todavía sin respuesta.
Nuestro partido está ligado a una serie de valores, como la democracia
y los Servicios Públicos. Hoy 16 de sep-tiembre ¿puede
alguien asegurar a todos los miembros de nuestro partido, a todos los
que creen en los valores so-cialistas, que el derecho de referéndum,
tal como lo conocemos hoy día, subsistirá si nos adherimos
a la Unión Europea?
Cuando leemos los textos que hoy regulan el funcionamiento de la UE
y que encontramos por ejemplo en el "si-tio" Internet del
Centro de Información sobre Europa, creado por el gobierno francés
y la Comisión Europea, nos enteramos de que una de las características
de la Legislación Comunitaria es la supremacía de esa
Legislación so-bre las Legislaciones Nacionales.
Efectivamente, y cito:
"Superior a la Legislación Nacional (incluso la Constitucional),
la Legislación Comunitaria tiene efectos vincu-lantes respecto
a los Estados miembros y sus nacionales y aporta una protección
jurídica unificada a todos los ciudadanos europeos. Su primacía
implica que las normas y los actos de Derecho Nacional, no pueden contrade-cir
las normas de Derecho Comunitario. En caso de conflicto, son estas últimas
las que se aplican y deben ser respetadas. La aplicación de este
principio puede así llevar, a descartar una norma nacional en
favor de una norma comunitaria."
Más adelante, podemos leer que: "El juez nacional se ve
sujeto a la obligación de hacer prevalecer esta primacía,
cualesquiera que sean los obstáculos de su propio derecho interno.
Esta obligación, que se extiende a la totalidad de las normas
comunitarias, primarias o derivadas, frente a todas las normas nacionales,
incluso constituciona-les, se ha afirmado claramente por la sentencia
Simmenthal, del 9 de marzo de 1978. Se impone al conjunto de las autoridades
nacionales, incluidas las autoridades descentralizadas, tales como las
colectividades territoriales.".
Así pues, todas las decisiones tomadas, sea a través de
Tratados, directivas, o cumbres europeas, deben ser aplica-das, imperativamente,
por los Estados miembros.
Otro aspecto de la Unión Europea plantea un problema a los valores
que defendemos: los servicios públicos. ¿Qué será
de este valor respecto al art. 3 del Tratado de Maastricht? que dice:
"A fin de promover el desarrollo armonioso y equilibrado de las
actividades económicas, la acción de la Comu-nidad implica,
en las condiciones y según los ritmos previstos por el presente
Tratado: (...).
c) Un mercado interior caracterizado por la abolición, entre
los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación
de mercancías, personas, servicios y capitales; (...).
g) Un régimen que garantice que la competencia no se falsea en
el mercado interior;
h) La confluencia de las legislaciones nacionales, en la medida necesaria
al funcionamiento del mercado común, (...)."
La impugnación de los Servicios Públicos se ha acentuado
por el §2 del art. 130 F de este mismo Tratado, que di-ce que es
necesario:
"(...) permitir a las empresas explotar plenamente las potencialidades
del mercado interior a favor, en particular, de la apertura de los mercados
públicos nacionales, (...) ."
Compañeros: ¿Acaso en estas condiciones, si hubiéramos
sido miembros de la Unión Europea, habríamos podido lanzar
el referéndum contra la LME? La respuesta es no, ya que el Tratado
de Maastricht marca la obligación de la apertura de los mercados.
¿Acaso habríamos podido oponernos a la 11a. revisión
de la AVS, fundamentalmente, al aumento de la edad de la jubilación
de las mujeres? ¡La respuesta es no, ya que la cumbre de Barcelona,
en 2002, decidió el aumento de la edad de la jubilación
en 5 años por término medio!
Si somos miembros de la Unión Europea ¿Acaso podríamos
lanzar un referéndum contra la LApEl, la ley federal sobre el
suministro de electricidad? ¡Una vez más, no, por la misma
razón que en la LME!
¿Acaso podríamos oponernos por vía de referéndum
a otras privatizaciones de los servicios públicos? De nuevo,...
¡No!.
Compañeros, hoy, 16 de septiembre de 2006, nosotros, aquí
presentes, podemos indudablemente afirmar que en caso de adhesión,
el derecho democrático de referéndum tal como lo conocemos
hoy, es decir, el que está inscrito en nuestra Constitución,
que permite presentar al voto del pueblo cualquier ley decidida en el
Parlamento Federal, o en nuestros cantones, o en nuestros municipios,
será puesta en entredicho.
¿Acaso cualquiera de los aquí presentes puede afirmar
con seguridad, que ninguna nueva privatización, suprimirá
un servicio público una vez integrados en la Unión Europea?
Mientras un congreso no nos haya permitido responder a todas estas preguntas,
en tanto que no hayamos discutido sobre este tema, en todas las secciones
de nuestro partido, no podremos zanjar sobre el apartado 16. Por eso
la sección de Carouge os pide que apoyéis su propuesta.
Deseamos introducir una ligera modificación en nuestra propuesta.
En el apartado 2, sustituir la expresión "sea rechazado"
por "se remita al debate del Congreso extraordinario.".
Muchas gracias.
Eric Perruchoud, sección PS de Carouge
Queridos compañeros:
Yo quiero intervenir también, en apoyo a la propuesta de Carouge.
Hemos tenido en nuestra sección un debate en cuanto a las consecuencias
que tendría la adhesión, sobre las insti-tuciones democráticas
suizas y los servicios públicos.
En este debate, un compañero afirmó que "el derecho
de referéndum no sería completamente anulado, ni siquiera
en el caso del mercado de la electricidad.".
Como todos sabemos, en los países miembros, las directivas europeas
deben transcribirse a la Legislación Nacio-nal so pena de condena
y de multa y sin posibilidad de promover ningún referéndum.
Por lo que se refiere al mer-cado de la electricidad, es la Directiva
europea 1996-92-CE la que se aplica. ¿Qué prevé
esta Directiva? establece la obligación de poner en entredicho
el monopolio de la producción, distribución y transporte
de la electricidad y, en consecuencia, de abrir el sector de la electricidad
a la competencia. Fue reforzada, hace algunos años, por la Directiva
2003-54-CE y, por lo que se refiere al gas, por la Directiva 2003-55-CE.
El Tratado de Maastricht no se propone en lo más mínimo,
obstaculizar este proceso de liberalización, porque va incluso
a prohibir, pura y sim-plemente, cualquier ayuda del Estado a las empresas
públicas.
La actualidad nos da un ejemplo de la situación que prevalece
en los Estados miembros.
Hace algunas semanas, en efecto, la empresa alemana E.On, ha realizado
una OPA sobre la empresa nacional es-pañola de electricidad.
Sin querer oponerse inequívocamente a la privatización,
el gobierno español ha querido, no obstante, imponer algunas
condiciones a la privatización de su mercado, es decir "controlar".
La respuesta de la Comisión Europea ha sido arrogante. Un despacho
de la AFP del 25 de agosto resume sus grandes ejes: "La Co-misión
Europea considera que España ha violado las normas europeas de
la competencia, imponiendo condicio-nes al proyecto de adquisición
del grupo energético español Endesa por el alemán
E.On. En particular, la Comi-sión considera en su respuesta preliminar
que las condiciones (impuestas por la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), española, el 27 de julio), violentando
las leyes europeas sobre la libre-circulación del capital y la
libertad de residencia.". Las condiciones impuestas por el CNE
"no están justificadas por razones de seguridad pública
y no son en ningún caso necesarias o proporcionadas a la defensa
de la seguridad pública.". En consecuencia de lo cual, la
Comisión ha requerido a Madrid explicarse, amenazando con sanciones.
Tomad nota: las directivas no dejan más que un mínimo
lugar a la soberanía de los Estados y a la regulación
de los mercados...
En Suiza, la cuestión de las privatizaciones se plantea muy distintamente:
así, nuestro partido ha anunciado ya que promovería el
referéndum en caso de privatización total de Swisscom.
Como todos los socialistas, estoy especial-mente comprometido con el
derecho de referéndum, en tanto que nos permite oponernos, libremente,
a las privati-zaciones.
¿Qué quedará de este derecho de referéndum,
cuando estemos sometidos al mismo dictado que España? El refe-réndum
no será ya, desde ese momento, una herramienta de oposición
sino, simplemente, un medio de arreglar decisiones venidas de otra parte.
Estas preguntas son importantes y merecen el más amplio debate
en el partido.
Es a este debate, que debería tener lugar en un congreso extraordinario,
al que os insta la propuesta de Carouge.
Muchas gracias.
Daniel Hofer, sección PS de Neuchâtel
Queridos compañeros:
Las personas que me han precedido, han puesto de relieve la política
de liberalización impulsada por la Unión Eu-ropea. Eso
es lo que recalca también el nuevo programa económico,
presentado durante la asamblea de delegados del mes de junio. En este
documento, se escribe que la UE "se ha puesto a liberalizar el
servicio público, con efi-cacia y rapidez. La liberalización
de los mercados de la electricidad, del gas y de las telecomunicaciones,
está más avanzada que en Suiza.".
Ya se han citado distintos ejemplos. Voy a centrarme en el caso del
Servicio de Correos. Como lo dice el progra-ma económico ya citado,
ha sido "en respuesta a la evolución en la UE, [que] el
Consejo Federal ha reducido a partir de 2006 el monopolio postal sobre
las cartas hasta 100 gramos.". Esto es, efectivamente, la Directiva
1997-67-CE de la Unión Europea es la que está en el origen
de la liberalización del mercado postal.
El partido está ligado a la defensa del Servicio de Correos y
su red de oficinas. ¿Qué garantía tenemos de que
el Servicio de Correos pueda mantener el conjunto de sus prestaciones
en un mercado en que la competencia debe ser "libre y no falseada"?
¿Qué garantía tenemos de que el Servicio de Correos
pueda mantener su red de oficinas postales, si debe ser rentable ante
competidores?
Se nos responderá que la UE prevé un "servicio universal"
mínimo que debe proporcionarse al conjunto de la po-blación.
Pero hay una diferencia entre el servicio público y el servicio
universal. Las personas que ya han vivió el cierre de su Servicio
de Correos y su sustitución por una sucursal, que no presta ningún
servicio financiero, pue-den dar testimonio. ¿Acaso no corre
el riesgo de generalizarse, este tipo de oficinas, limitadas a la venta
de sellos, si, en caso de adhesión a la UE, el Servicio de Correos
debe convertirse en competitivo en un mercado liberaliza-do?
Estos interrogantes merecen un amplio debate en las secciones. A mi
conocimiento, este debate no ha tenido lugar más que en muy pocas
secciones. Otro delegado neuchatelense, de la sección de Bevaix,
me ha indicado que, a ra-íz de un debate de este tipo, su sección
ha decidido por unanimidad apoyar la propuesta de Carouge. Este debate
debe poder abrirse en las demás secciones. Es por ello, por lo
que os pido aceptar la propuesta de la sección de Carouge.
Os doy las gracias.
Gran Bretaña
Contribución al memorando
Publicamos como contribución al memorando,
una intervención realizada en una reunión
"Contra las consecuencias de la política de la Unión
Europea""
organizada por la revista The Link
Yo querría situarme en la continuidad de lo que Joe Harris,
Presidente de la Federación Nacional de los Pensionis-tas ha
explicado con respecto a las jubilaciones.
Se puede decir que las recientes propuestas que figuran en el "Libro
Blanco" del gobierno sobre las jubilaciones, no sólo no
dan nada a los pensionistas actuales, sino que, entre los perdedores,
figuran también los 5 millones de trabajadoras jubiladas que
actualmente no pueden aspirar a una jubilación del Estado a tipo
completo, porque las cotizaciones a la caja nacional de seguros de jubilación,
no han sido completamente pagadas por los patronos. Los cambios actualmente
propuestos no serán retroactivos.
La única manera de poner fin a la pobreza entre los pensionistas
es una jubilación correcta, proporcionada por el Estado -e indexada
sobre los salarios-, pagada a todos, hombres y mujeres.
Deseo plantear un problema del que raramente se habla.
¿De dónde viene la política gubernamental en materia
de jubilaciones?
Se inspira en directivas europeas que imponen la reducción de
los gastos públicos, se deriva de las decisiones to-madas en
la Cumbre de Barcelona en 2002, que elevan la edad de la jubilación
de 60 a 65 años.
Blair y el Gobierno New Labour, yendo en contra de todas las tradiciones
y conquistas de nuestro Partido y de nuestros sindicatos, han aceptado
estas decisiones.
La reconsideración del proceso de Lisboa sobre la carrera profesional
y, la nueva política de conjunto aprobada por el Consejo Europeo
de junio de 2005 han permitido a los Estados miembros recordar sus prioridades
en el marco de las directrices de la Unión Europea.
La estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento -programa de
reforma para el Reino Unido, publicado por Gordon Brown y el Ministerio
de Hacienda en octubre de 2005-, avanza exactamente este programa que,
en-tre otras cosas, incluye las jubilaciones.
Han declarado: "El gobierno se propone elevar la edad normal de
la jubilación para los funcionarios, de 60 a 65 años.".
Otro aspecto de la política europea. En el congreso de las TUC,
se han votado algunas mociones acerca de los tra-bajadores temporales
y la Directiva europea que les concierne.
Se nos ha explicado, que esta Directiva europea permitiría a
millones de trabajadores en empleo temporal -en su mayoría mujeres-,
beneficiarse de los derechos reconocidos a los demás trabajadores
y que, hasta ahora, el go-bierno había bloqueado esta Directiva.
La utilización de la temporalidad está mucho más
extendida en el Reino Unido que en los demás países de
la Unión Europea. Un 18% de los trabajos estacionales son empleos
temporales comparados al 7% hace solamente ocho años.
El principio esencial inscrito en la Directiva europea sobre el trabajo
temporal es que no debe existir discrimina-ción entre los temporales
y otros trabajadores en la empresa que los emplea, designada como "empresa-usuaria".
Deben ser tratados como los empleados de la empresa en cuestión.
Sin embargo, este principio de equidad -de no discriminación-
admite excepciones. Por ejemplo, cuando el tra-bajador es pagado por
la empresa de trabajo temporal, tenga o no un cometido en una empresa,
cuando se toman acuerdos entre las empresa de trabajo temporal y los
sindicatos que protegen los derechos de los empleados y cuando tienen
un cometido menor de seis semanas.
Las TUC constatan con inquietud que una poderosa tendencia se abre paso,
entre los patronos que ponen fin a los contratos del personal y los
emplean de nuevo como temporales con menos derechos. Mucho más
de lo que se da "la extensión de los derechos a millones
de trabajadores temporales, en su mayoría mujeres.", esta
Directiva eu-ropea representa una agravación de las prácticas
patronales. La precariedad, es legalizada.
Tomemos otro ejemplo que precisa esta vez el contenido y las consecuencias
de la ley sobre el empleo de 2002 y que está en relación
directa con las directivas europeas y el Tratado Constitucional Europeo,
al que intentan, aho-ra, hacer volver a entrar por la ventana, a través
de las directivas europeas.
Lo primero que hay que decir, es que la ley sobre el empleo de 2002,
retira a centenares de miles de trabajadoras el derecho a los permisos
de maternidad. La ley excluye de este derecho a todas las la que no
tienen contrato de trabajo escrito como las suplentes, las temporales,
las que trabajan a domicilio y las convencionalmente llamadas contratadas
pero que, realmente, no tienen nunca contrato escrito o declaración
escrita, que especifique las carac-terísticas y las condiciones
de su empleo.
Sólo las mujeres empleadas en la categoría "empleadas"
están cubiertas por la ley pero eso no mejora, sin embar-go,
sus derechos; en absoluto.
Cambios radicales en términos preceptivos, sobre todo en relación
con los permisos de maternidad, han sido in-troducidos por esta ley.
Hablo, concretamente, del párrafo 17 del Capítulo 2 de
la primera parte del texto de la ley.
Se dice que el principal cambio es, que el estatuto de empleado definido
anteriormente, mediante la ley de 1996, sobre los derechos laborales
en la empresa, ya no es un estatuto absoluto, no revisable; una mujer
que vuelve de nuevo después de su permiso de maternidad tiene
derecho a un empleo de una categoría determinada previamente
y no se encuentra, necesariamente, con su empleo anterior.
En la práctica, eso puede querer decir que una mujer que toma
un permiso de maternidad cuando tiene un empleo de duración indeterminada
no está segura -26 semanas más tarde-, de encontrarse
con el mismo empleo ni in-cluso con un empleo con el mismo salario y
las mismas condiciones de trabajo.
En realidad, lo que está definido como dimisión forzada,
en la ley de 1996 sobre los derechos laborales en la em-presa, se convertirá
en legal. Además, la ley introduce una disposición relativa
a la concesión de permisos de pa-ternidad pero eso implica que
los hombres que toman un permiso para ocuparse de un bebé o de
una joven madre que amamanta, pierden también la seguridad de
empleo.
La sección 90 de la ley, que trata de los tribunales de arbitraje
entre asalariados y patronos, de los procedimientos estatutarios, etc.,
hace referencia a los procedimientos de arbitraje para solucionar los
conflictos laborales referen-tes a las condiciones. Pero, define estas
últimas, en relación con un "contrato de trabajo"
como lo estipula la ley de 1996 sobre los derechos laborales en la empresa,
es decir como contrato escrito o declaración escrita que espe-cifique
las condiciones de empleo.
Así pues, aquí también, nadie que no tenga contrato
escrito o declaración escrita que especifique las condiciones
de empleo, podrá recurrir a los tribunales de arbitraje, a los
procedimientos de arbitrajes legales para impugnar medidas injustas
adoptadas por su patrono.
De nuevo encontramos las directivas europeas en la ley para el empleo
de 2002. Esta ley operó un cambio radical, que afecta a la manera
de vivir de una enorme mayoría de la población trabajadora,
para aplicar la Directiva euro-pea 99/70/CE del 28 de junio de 1999
acerca del trabajo de duración determinada. El capítulo
45 de la Ley de 2002 da al secretario de Estado el poder discrecional
de introducir normas relativas a los CDD se impondrían so-bre
cualquier disposición de la ley de 1996 sobre los derechos laborales
en la empresa, de la ley de 1992, sobre los sindicatos y las relaciones
laborales y, de la ley sobre las cotizaciones y las prestaciones de
seguridad social de 1992.
En realidad, esta ley crea una matriz para los contratos de duración
determinada, "se garantiza que los empleados con CDD no sean desfavorecidos
con relación a los sujetos al CDI", en otras palabras, da
a los patronos luz verde para devaluar todos los contratos.
La precarización está en vías de ser legalizada.
En la práctica, ¿quién va a decir si una joven
madre con CDI, que vuelve al trabajo de su permiso de maternidad no
se verá recalificada en CDD?
Todo ello representa una agravación de las condiciones de trabajo.
El capítulo 47, relativo a la flexibilidad del empleo, precisa
las condiciones en cuyos términos, un empleado puede pedir que
su contrato de trabajo sea modi-ficado con el fin de ocuparse de un
niño. Pero el artículo 80 F de la ley de 1996, sobre los
derechos laborales en la empresa (C.18), enumera una larga lista de
razones por las que un patrono puede rechazar esta petición,
como "coste suplementario" o "incidencias perjudiciales
para responder a las necesidades de la clientela".
Creo que debemos tener en la cabeza, muy claramente, lo que pretende
hacer esta ley con el empleo. Ciertamente, el permiso de maternidad
pasa de 18 a 26 semanas y se introduce un permiso de paternidad -más
corto-, pero, en ambos casos, en detrimento de la seguridad del empleo.
Además de que millones de mujeres trabajadoras son excluidas
completamente de todos los derechos vinculados a la maternidad.
Anteriormente, el Primer Ministro se ha felicitado, debido a que la
mano de obra británica es "más flexible" que
en el resto de la Unión Europea; El Ministerio de Comercio e
Industria sigue promoviendo una política favorable a los patronos
y no a los trabajadores. Las principales disposiciones de esta ley se
fijan como objetivo introducir cada vez más "flexibilidad"
en el mercado laboral británico.
Deseo ahora hacer una propuesta concreta.
En febrero de este año, asistí a una Conferencia Internacional
contra las consecuencias de las directivas europeas organizada por el
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos junto con
miembros del SPD, nues-tro partido hermano en Alemania. Estos camaradas
son miembros de la DGB. Los camaradas belgas propusieron organizar una
delegación a Bruselas con respecto a las directivas europeas
y sus consecuencias.
Propusieron también, reunir información para elaborar
un memorando sobre las consecuencias de las directivas europeas para
los trabajadores, en todos los países de Europa.
Querría sugerir que nosotros, en el Reino Unido, recojamos la
información, para elaborar un memorando similar con la ayudamos
de sindicalistas y de pensionistas que, estoy seguro, nos darán
mucha información, testimonios y ejemplos concretos.
Sugiero también asociarnos a esta delegación y formar
parte de ella.
Bélgica
Contribución al memorando
El Gobierno belga aplica las recomendaciones del Consejo Europeo
El Consejo Europeo formuló en octubre de 2004 "recomendaciones"
a Bélgica.
El gobierno belga responde a estas en un documento titulado:
"Estrategia de Lisboa, programa nacional de reforma 2005-2008"
Como veremos, se trata del "Pacto de estabilidad entre las generaciones"
contra el que se ha levantado la clase obrera belga, con sus organizaciones
sindicales en la
potente huelga general del otoño de 2005
En octubre de 2004, el Consejo Europeo formuló una serie de
"Recomendaciones relativas a la aplicación de las políticas
de empleo de los Estados miembros".
Así, entre las "Recomendaciones específicas dirigidas
a Bélgica.", se indica:
"La tasa de empleo de los trabajadores mayores está entre
las más bajas de la Unión Europea de los 25". Se
re-comienda entonces "prever mejor y acompañar las reestructuraciones
de empresa, en particular en caso de des-pidos colectivos, con una mayor
reducción de los costes (...), revisar los regímenes fiscales
y de prestaciones para suprimir las trampas con el desempleo y proporcionar
los incentivos convenientes a la búsqueda de un empleo, modificando
las condiciones a las que se supedita la concesión de las pensiones
(...),desarrollar una estrategia global de envejecimiento activo (...),
la promoción de formas flexibles de trabajo y un procedimiento
eficaz de búsqueda de empleo para los trabajadores mayores en
desempleo, lo que exige, en particular, reducir, con de-terminación,
del recurso a los regímenes de jubilación anticipada.".
En el documento titulado "Estrategia de Lisboa, Programa nacional
de reforma 2005-2008, Bélgica", el Gobier-no belga responde
a las recomendaciones:
"Las principales prioridades que Bélgica ha fijado en su
política se enmarcan en la línea de esta estrategia gene-ral
y corresponden a las recomendaciones particulares, por país,
que hemos recibido."
Precisa en el capítulo 3, dedicado al "empleo de calidad
para todos, jóvenes o viejos":
"Cualquier persona que permanezca en el trabajo después
de los 60 años se beneficiará de una prima de pensión
(...). Los inactivos mayores serán incentivados a reanudar el
trabajo, incluso por un salario inferior al preceden-te. Podrán
conservar una parte de su subsidio de desempleo o el complemento pagado
por su anterior patrono. Los trabajadores mayores que, en caso de despido,
no ejerzan su derecho a la recolocación, perderán, por
el con-trario, temporalmente su derecho a los subsidios de desempleo.
Para la jubilación anticipada, el límite máximo
actual de 58 años pasará -a partir de 2008-, a 60 años;
se prolongará también la duración de la vida laboral
requerida para la jubilación anticipada. Para los empleos penosos,
como los sometidos a largos períodos de tra-bajo en turnos, sigue
siendo posible un retiro, a la edad de 58 años, para los trabajadores
que tengan una vida laboral de, al menos 35 años. A modo de régimen
de transición, seguirá siendo posible la combinación
de 58 años, con una vida laboral muy larga (de 35 años
en 2008 y de, al menos 38 años, a partir de 2012, con condi-ciones
temporalmente inferiores para las mujeres) (...), como contrapartida
de la obligación para los inactivos de más de 50 años
de inscribirse como solicitantes de empleo, disponen de un derecho a
un seguimiento individual y a una formación a medida (...), el
plan social concluido con ocasión de la reestructuración,
debe poner el acento sobre las medidas de activación, como la
creación de célula de empleo, la oferta de recolocación
y de formación (...). En estos seis primeros meses en una célula
de empleo, el trabajador mayor seguirá recibiendo su antigua
renta neta. Aquél que se niegue a participar en la célula
de empleo, o que haga esfuerzos insuficientes, perderá, por el
contrario, el derecho a los subsidios de desempleo así como a
la jubilación anticipada."
Las principales medidas del Pacto de Solidaridad entre las generaciones,
adoptado por los diputados a finales de 2005, son las siguientes:
o Aumento de las rentas profesionales autorizadas por los pensionistas
y creación de una prima de pensión que asigna derechos
complementarios a la pensión, a los trabajadores que siguen trabajando
después de los 60 años;
o Paso de la edad normal de la jubilación anticipada de los 58
a los 60 años a partir de 2008, a condición de tener una
antigüedad de 30 años para los hombres (35 años a
partir de 2012) y de 26 años para las mujeres. La jubila-ción
anticipada a los 58 años se ha convertido en la excepción
y no se aplica ya más que en los oficios con traba-jos penosos
y a los trabajadores que tienen una larga vida laboral;
o En caso de reestructuración de empresa, la jubilación
anticipada sigue siendo posible a los 50, 52 ó 55 años
a condición de responder, a una serie de condiciones, en particular,
el de participar en una célula de empleo durante un período
mínimo de 6 meses (so pena de sanción), durante el cual
el trabajador mayor, debe aceptar un "empleo apropiado". Si
el candidato a la jubilación anticipada no ha encontrado un empleo
al final de este período, puede entonces tener acceso a la jubilación
anticipada, pero deberá seguir estando disponible en el mercado
de trabajo hasta la edad de 58 años.
Se trata pues, exactamente, de la aplicación de las recomendaciones
hechas a Bélgica por la Unión Europea en materia de política
de empleo.
Italia
Editorial de Tribuna Libera
Periódico de los militantes italianos vinculados al Acuerdo (octubre)
Una gran agitación se ha hecho, diligentemente, en torno a la
ley de Finanzas presentada por los partidos de go-bierno como "a
favor de los más vulnerables", o "de cambio" e,
incluso como una ley "comunista". (...) Detrás de la
cortina de humo, se oculta en realidad un paquete de medidas contra
la mayoría de la población, en perfecta continuidad con
la política del gobierno anterior [de Berlusconi - NDT].
¿Cómo entender que los partidos que dicen representar
los intereses de los trabajadores, no solamente hayan apro-bado una
ley de Finanzas semejante, sino que se dispongan en primera línea,
para hacernos creer exactamente lo contrario de la verdad?
¿No es porque todos los partidos de la "izquierda",
han aceptado someterse hoy a los criterios de Maastricht y a las directivas
de la Unión Europea -que ahora ellos justifican, a pesar de las
evidencias-, a pesar de los ataques más duros contra las conquistas
sociales, los servicios públicos, la población?
Interviniendo en la televisión, Fassino, (ministro de DS) dio
la siguiente respuesta a los que le planteaban la cues-tión de
los nuevos impuestos generados por los cortes en las corporaciones locales:
"Pero ¿quién ha dicho eso? Los municipios pueden
actuar como entiendan conveniente, basta con que respeten los límites
de gasto estableci-dos.". En otras palabras, pueden "elegir"
entre cerrar los servicios públicos, o privatizarlos, ¡o
bien aumentar los impuestos! Lo mismo para las Regiones, para la salud,
para la autonomía escolar...
Se trata, absoluta y exactamente de la aplicación del principio
de "subsidiariedad" que es uno de los pivotes de la Unión
Europea: la política decidida en Bruselas de recortes y de destrucciones,
debe aplicarse al nivel lo más bajo posible, tratando de dividir
a la población. Chiamparino (alcalde DS de Turín) y los
otros alcaldes que protestan, no poniendo en entredicho de ninguna manera
la Unión Europea, pues ellos mismos son los responsable de esta
si-tuación y de los recortes que tendrán que realizar.
Por su parte, Refundación Comunista había pedido una aplicación
más "liviana", pero sin poner en entredicho a la UE,
ni al Pacto de Estabilidad. Declaran que esta es "la mejor ley
de Finanzas posible en este marco.". Sinistra Critica, la "Izquierda
crítica", de este partido, se opone, pero no pone en entredicho,
en ningún momento, a la Unión Europea. Malabarba, (miembro
del Secretariado Unificado), ex-senador, llega incluso a declarar que
la ley tiene "algunos aspectos positivos sobre la cuestión
fiscal.". Y precisa que "él no amenaza, por el momento,
con un voto en contra, lo que pondría en peligro la mayoría
de centro-izquierda en el Palaccio Madama." (Ag. AP-COM 1/10).
Por su parte, el Ministro Ferrero (del PRC) declara: "Como no es
posible cambiar las cifras, hemos logrado hacer pagar a los ricos.".
¡Hace falta valor para decir eso! ¡La realidad es muy otra!
Aceptar el marco de la Unión Europea, ¿no es una vía
que va contra los intereses de los trabajadores?
El Ministro Ferrero ha declarado también: "Me siento parte
involucrada de la mayoría, pero fuera del Parlamento estoy de
acuerdo con los sectores de la sociedad que se oponen al Gobierno Prodi."
(La Repubblica, 25/9). Ferre-ro estaría pues, al mismo tiempo,
¡de acuerdo y en desacuerdo con Prodi! ¡Pero los hechos
nos muestran que él hará todo lo que pueda para hacer
pasar las decisiones de la UE contra los trabajadores!(...)
Pensamos tener -más que nunca-, derecho a preguntar: ¿hacia
dónde nos arrastra la política de la Unión Euro-pea?
(...).
El Comité Nacional "¡NO a la UE - Democracia y Servicios
Públicos, Unidad de la República!", convoca una reunión
pública para el 16 de noviembre en la prefectura de Turín
(...) [véase panfleto Pág. 26 - NLDR]
Huelga general de la Universidad, el 17 de noviembre
contra la "Finanziaria" (ley de presupuestos).
Entrevista con Guido Montanari, profesor de Universidad, sindicalista
Todos los sindicatos y las asociaciones del personal de la Universidad
convocan a un día de huelga general el 17 de noviembre próximo
contra la ley de presupuestos. ¿Qué significa esta ley
de presupuestos para la Universidad?
La ley de presupuestos prosigue íntegramente la política
del Gobierno de Berlusconi. Los recortes presupuestarios son muy importantes.
En algunos años, el presupuesto de la Universidad ha disminuido
un 50%. Un decreto redu-ce los gastos de funcionamiento en un 10%.
La ley no prevé ningún plan de contratación de
personal, investigadores y profesores. Es necesario saber que, de los
100 000 puestos de personal de la Universidad, 50 000 son precarios.
Durante la campaña electoral, se trataba de un plan de contratación
de 50 000, luego de 20 000. Y sobre ello, de los 50 000 puestos a concurso
de investigadores y profesores prometidos, sólo 2 000 puestos
son convocados.
La ley bloquea cualquier nueva contratación de profesores, no
hay ningún puesto a concurso para 2007 y se limi-tará
mucho para los próximos años. La ley introduce un control
sobre los centros de investigación.
Y lo que indigna a la mayoría de los profesores, es la supresión
del 50% de los aumentos de salarios vinculados a la antigüedad.
Por ejemplo, yo tengo, actualmente, un salario de 2.500 euros. Debería
alcanzar, al final de mi vida laboral, los 3 000 euros. Con la ley,
yo no tendré nunca un salario superior a 2 700 euros. Eso afecta
al futuro de nuestras jubilaciones y, para los jóvenes, eso significa
una pérdida de centenares de miles de euros.
Lo hemos dicho en las asambleas: cuando se afectan los salarios, la
antigüedad, se afectan las condiciones y se afecta a toda la institución.
Eso ocurrió con los profesores, y se atacó la escuela;
con los pilotos y hemos visto lo que llegó a pasar con Alitalia;
ocurrió con los médicos y vimos lo que ha sido de los
hospitales.
¿Cuál es la relación entre esta ley de finanzas
y Europa, el proceso de Bolonia?
Esta ley de finanzas, es la continuación del proceso de privatización
de la Universidad tal como es organizado por el proceso de Bolonia.
El Estado se retira, esta es la vía de la privatización.
Así, en mi Universidad, la politécnica de Turín,
en algunos años, el presupuesto ha disminuido en un 50%. La fi-nanciación
se hace, cada vez más, a través del sector privado, FIAT,
General Motors, Microsoft, Motorota... Con este dinero se construye
un nuevo edificio. Y obviamente, como pagan, exigen: es necesario que
los investigado-res investiguen lo que a ellos les interesa.
Esto debe ponerse en relación con otro aspecto de la ley de finanzas,
que es muy importante: es la instauración de la evaluación
de los profesores e investigadores. Deberían evaluarse individualmente
en función de su "eficiencia económica" y su
salario, se aumentará en función de esta evaluación.
Esto es la supresión de todos los aumentos automáticos
y colectivos, esto es una impugnación del estatuto.
¿Cómo se prepara esta huelga? ¿Sobre qué
consignas?
La huelga se convoca sobre la consigna general: "¡No a los
artículos de la ley de finanzas sobre la Universidad!".
En mi universidad, se ha adoptado una resolución, que dice: "¡Retirada
de la ley de Finanzas!".
Es necesario saber que esta, es la primera vez, en la historia de la
República Italiana, que los profesores e investi-gadores de la
Universidad hacen huelga, solos, a convocatoria de todas las organizaciones
sindicales y de una de-cena de asociaciones de profesores. Desde ese
punto de vista, esto es importante y positivo. Hay pocas tradiciones
sindicales, y ahora muchos dicen: es necesario defenderse, es necesario
sindicarse.
Pero, al mismo tiempo, planteo una cuestión. Todos los sectores
están afectados por la ley de Finanzas. Hay una manifestación
de los pensionistas el 30 de octubre, en Roma. Hay una amenaza de huelga
en el Sector Público, en la escuela... Hemos preguntado a nuestros
responsables sindicales: ¿Por qué permanecer aislados?
¿Por qué no con los profesores de enseñanza primaria
y secundaria? ¿Por qué no juntos? ¿Por qué
sector por sector? ¿Por qué no una huelga general contra
la ley de Finanzas?
Es necesario preparar la huelga y estar atentos para que no se nos divida.
¿Una "buena" ley de Finanzas?
El 9 de abril, durante las elecciones, los trabajadores, los jóvenes,
los pensionistas han expresado una clara volun-tad: ¡Basta de
la política de Berlusconi y la derecha, queremos cambiar de política!
Hoy, siete meses después, el gobierno ha presentado la ley de
Finanzas y todos los partidos de La Unione han de-clarado que se trata
de una buena ley, "en favor de los más débiles",
"una inversión de tendencias"...;
La hemos analizado concretamente.
- Estamos a favor de la defensa de la Salud Pública, pero constatamos
que hay 3 mil millones de euros de recortes presupuestarios, la instauración
de un tique moderador para las urgencias -generalizado para las con-sultas
y medicamentos-. Todos pueden ver cuál es la situación:
en nuestra ciudad está previsto el cierre de 19 servicios, simplemente
a la "ruleta" y estos días, los médicos y las
enfermeras del hospital de oftalmología reco-gen firmas contra
el cierre de este hospital histórico. ¿Qué será
del derecho a la salud con estos nuevos recortes?
- Estamos a favor de la defensa de la escuela y de la universidad públicas,
pero la ley de Finanzas prevé la supresión de 50 000 puestos,
el aumento del número de alumnos por clase, la reducción
del número de suplentes, el aumento de los fondos para la escuela
privada, la no consolidación de precarios en la universidad,
¡una reduc-ción de los salarios de los profesores que llega
hasta a 500 euros al mes!
- Estamos a favor de la defensa de los servicios públicos, pero
la ley de Finanzas, con 4 300 millones de re-cortes en los presupuestos
de las colectividades locales, impone el aumento de los precios e impuestos
locales.
Al mismo tiempo el proyecto de ley "Lancillota" prevé
la privatización de todo lo que aún no se ha privatizado
los años anteriores.
- Hemos analizado la cuestión fiscal: la reducción del
coste del factor trabajo, no implicará, en absoluto, una disminución
de los impuestos del Estado, de alrededor de 40 euros para las rentas
más bajas, pero en cambio, los impuestos locales aumentan y las
renovaciones de los contratos y el aumento de sueldos, se congelan,
mientras que los capitalistas reciben un regalo de 7 000 millones de
euros saqueados de los servicios públicos.
- Hemos combatido contra la "reforma" de las jubilaciones
de Berlusconi, pero el gobierno anuncia la ené-sima "reforma"
para aumentar la edad de la jubilación.
Y, finalmente, en esta misma ley de Finanzas los gastos militares aumentan
en 3 000 millones, llegando al 4% del presupuesto del Estado, ¡con
un aumento del 13% con relación al gobierno anterior!
¿Cómo es posible, en esta situación, hablar de
un presupuesto "equitativo"?
¿Por qué todo eso? ¿De dónde procede eso?
En el mes de mayo pasado, hemos presentamos una candidatura a las elecciones;
decíamos: todo eso es organi-zado por la Unión Europea
que impone sus directivas destructivas a todos los gobiernos, de "derecha"
o de "izquierda". ¿No es suficiente con abrir cualquier
diario para darse cuenta que es, efectivamente, así? Durante
todo el verano la Unión Europea ha formulado exigencias al Gobierno
y Prodi responde: "La ley de Finanzas res-peta perfectamente los
criterios de Maastricht.".
El 30 de octubre, 20 000 jubilados se han manifestado en Roma contra
la ley de Finanzas; el 17 de noviembre habrá huelga general en
la Universidad; el 3 de octubre, los trabajadores de Telecom ha hecho
huelga y se han manifestado diciendo claramente: "Queremos una
Telecom entera y pública."; en la función pública
hay amenaza de huelga contra la ley de Finanzas... ¡Los trabajadores,
los jóvenes quieren otra política!
Se trata de nuestro futuro, de la posibilidad de cuidarse, de tener
derecho a la instrucción, a una vejez serena.
Por todo eso, nosotros decimos: No a la ley de Finanzas, abramos la
perspectiva de la ruptura con la Unión Europea.
Para manifestarnos, para continuar el debate abierto por nuestra candidatura
en el mes de mayo, para ayudar a la unidad, para la huelga general,
acudamos masivamente a:
Reunión pública contra la "financiaría"
en la Prefectura de Turín, el 16 de noviembre a las 17:30 h.
Hungría
El 28 de octubre, las dos confederaciones han
convocado una concentración
El lunes 23 de octubre, el Gobierno Gyurcsany ha organizado en Budapest,
ante el Par-lamento, en la Plaza Kossuth, la conmemoración oficial
de la insurrección de 1956.
Ha recibido con tal ocasión a 56 huéspedes de la Comunidad
Europea, de Estados Unidos y de otros gobiernos.
Jefes de Estado, Ministros, dos reyes y dos príncipes, así
como algunos cardenales... Los húngaros, por su parte, han sido
minuciosamente expulsados.
Desde muy temprano, la mañana del 23 de octubre, día
del aniversario oficial de la insurrección de 1956, la Plaza
Kossuth se había "limpiado" de los manifestantes que
se habían situado allí desde hace dos semanas. Todos los
barrios o accesos a monumentos, que podían recordar los acontecimientos
de la revolución de los Consejos Obre-ros estaban cerrados por
cordones de policía. La circulación en Budapest, incluso
para los peatones, era muy difí-cil. Budapest estaba desierta.
Los varios millares de personas que quisieron dirigirse a la conmemoración
fueron bloqueados en la Plaza Déak por la policía, que
las rechazaron a continuación delante del hotel Asztoria, donde
el FIDESZ (Partido de la derecha) tenía su reunión. La
exasperación ganó a los manifestantes. Hubo allí
confronta-ciones, y la policía entonces tiró con bombas
lacrimógenas, cañones de agua, balas de goma, causando
varios heridos.
Provocaciones del Gobierno Gyurcsany
Desde hace un mes, el Gobierno Gyurcsany, muy partidario de la Unión
Europea, se ha negado a responder a las manifestaciones diarias de la
población, de los profesores, de los padres, de los estudiantes,...,
dejando pudrirse la situación.
A raíz de las provocaciones que él mismo ha organizado,
Gyurcsany ha decidido poner fuera de la ley cualquier reunión
y ha amenazado con la detención a todos los manifestantes. La
Plaza del Parlamento sigue teniendo, toda-vía hoy, prohibido
el acceso.
El 28 de octubre, más de un millar de delegados sindicales, convocados
por las dos confederaciones sindicales (Liga y Munkastanacs), se reunieron
de nuevo en el centro de Budapest. Delegaciones de fábricas,
de federacio-nes, pero también de los profesores, del personal
hospitalario, de los aduaneros, de los guardias fronterizos,...
Allí tomó la palabra el responsable de la Federación
Departamental del Sindicato de Baranya, al que citamos a continuación.
Corresponsal
Un responsable de la Federación Departamental del Sindicato de
Baranya afirma:
"Muchas promesas, y no tuvimos nada de ello"
Yo pertenezco a una generación a la que se le ha prometido mucho.
Se nos prometió una vida humana bajo el co-munismo. Con el cambio
de régimen, de nuevo se nos prometió el bienestar. Ahora,
con la Unión Europea, se nos siguen prometiendo muchas cosas
y, en particular, que en 2009 la economía estará en pie
y que todo irá a mejor. En resumen, una "vida europea".
Muchas promesas y no hemos tenido nada. ¿Quién puede creer
en los milagros?, ¿quién puede creer que la eco-nomía
se saneará en dos años?
Se nos prometió el aumento de sueldos y los patronos nos generalizan
el salario mínimo. Se nos ha prometido el empleo y... viene el
despido inmediato de 5 000 a 10 000 funcionarios.
Trabajo en la salud. La decisión, este 1 de octubre, de hacer
pagar la hospitalización y cada visita al médico va a
provocar mucha enfermedad.
Soy de Pécs, del departamento de Baranya. Hace 50 años,
este 28 de octubre, se constituía al Consejo Obrero del departamento
para formar el Consejo Obrero Nacional. Ese mismo día, el Presidente
del Consejo Obrero de Cse-pel declaraba que, bajo la punta de las bayonetas,
no se puede trabajar. Pero hoy día, con las balas de caucho,
¿se puede trabajar?
Muchos me han hablado de su miedo de venir a esta reunión. Pero
hay momentos en la historia en que, pocos, pueden hacer grandes cosas.
No dejemos establecer el salario mínimo, como salario para todos.
No dejemos divi-dir a los sindicatos. No bajemos los brazos.
México
"Oaxaca es el epicentro del combate popular en México."
Una entrevista con Jesusa Rodríguez, coordinadora de la
Convención Nacional Democrática
Mientras que los acontecimientos se aceleran alrededor de Oaxaca, en
México, en vísperas de la huelga na-cional, convocada
para los próximos días 9 y 10 de noviembre y de la reunión
que proclamará a López Obrador único Presidente
legítimo en México, nos entrevistamos con Jesusa Rodríguez,
coordinadora de la Convención Nacional Democrática constituida
a convocatoria de López Obrador.
¿Puedes darnos tu opinión sobre la lucha en curso en
Oaxaca?
Para nosotros, la lucha en Oaxaca es el epicentro del combate popular
en México. Es el epicentro del combate co-ntra el fraude electoral,
a favor de la democracia y la justicia social, y para la defensa de
la misma nación mexica-na.
Como sabes, el pueblo de Oaxaca, movilizado y armado tan sólo
de palos y piedras, rechazó ayer por la tarde, tras nueve horas
de batalla, a las fuerzas del PFP [Policía Federal Preventiva
- NDLR], que había intentado -con menosprecio de la ley-, invadir
la universidad autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. El rector
de la universidad se ha opuesto firmemente a cualquier incursión
de la policía del Estado o del ejército federal sobre
el campus.
Nuestro Comité de resistencia se ha reunido hasta las primeras
horas de la mañana. Hemos analizado los nuevos acontecimientos
y nos hemos alegrado de esta primera victoria. Pero comprendemos que
la lucha para obligar a las tropas federales y a la policía a
abandonar Oaxaca y para conseguir la dimisión de Ulises [Ruiz
Ortiz, el go-bernador PRI de Oaxaca - NDLR], será larga y difícil.
Tus lectores deben saber que el que dirige el baile es Felipe Calderón,
con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, no Fox. Ulises Ruiz,
ha amenazado, singularmente, a Calderón. Le ha dicho a Calderón,
que el PRI le im-pediría tomar posesión y entrar en funciones
el 1 de diciembre, si él no se comprometía a apoyarlo
al 100% contra la insurrección popular de Oaxaca.
Si Ulises se ve obligado a dimitir, Ulises y el PRI han previsto que
Calderón fracasará, lo que la embajada USA, no puede permitir.
Calderón es el hombre de Bush. Su nuevo Ministro de Hacienda,
es el número 3 del Fondo Monetario Internacio-nal. Toda la política
de la administración Calderón, si no le derribamos antes,
será urdida en Estados Unidos.
Así, como puedes constatar, el problema del fraude electoral
del 2 de julio -con la alianza entre el PRI y el PAN, que trajo al fraude
masivo contra Andrés Manuel [López Obrador - NDLR] y,
con las amenazas del PRI sobre el tema de Oaxaca- está todavía
en el corazón de toda la evolución política actualmente
en curso en nuestro país.
Háblanos de las decisiones tomadas en la noche de ayer por el
Comité de Coordinación de la Convención Nacional
Democrática (CND).
Nuestro Comité ha votado el apoyo incondicional a las propuestas
de acciones anunciadas ayer por la tarde por la dirección de
la Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca (APPO):
1. Prepararemos y participaremos en la caravana que saldrá de
Hemiciclio hacia Juárez, en México, mañana por
la mañana, a las 9 horas, en dirección de Oaxaca. La APPO
llamó a una movilización de todo el Estado [desde los
"cuatro rincones" del Estado de Oaxaca - NDLR], para construir
un cordón de seguridad en torno al campamento de la APPO y de
la universidad, desde donde la APPO difunde sus mensajes, a través
de las ondas de Radio Uni-versidad, conocida también bajo el
nombre de Radio Centinela.
Oaxaca es un territorio ocupado. Tropas de ocupación la han invadido.
Esto es intolerable. El pueblo de México, los pueblos del mundo
no pueden aceptar esta situación.
2. Participaremos en la "mega-marcha" convocada por la APPO
para el domingo [5 de noviembre - NDLR] en la ciudad de Oaxaca. Este
movimiento necesita el apoyo de centenares de miles de personas, o más,
para protegerlo y obligar, por su número incontestable y su firme
resolución, a la retirada de todas las tropas federales de Oaxaca
y a la dimisión de Ulises. Es necesaria una afluencia masiva
de trabajadores, de campesinos y de estudiantes a Oaxaca para ayudar
al pueblo a liberar este territorio ocupado.
3. Apoyaremos, promoveremos y prepararemos la huelga general del pueblo
["Paro Cívico Nacional" - NDLR] convocada por la APPO
y la Coordinadora [el ala disidente del Sindicato Nacional de los Profesores
- NDLR] pa-ra los días 9 y 10 de noviembre. Pensamos que esta
no debe ser una huelga de los profesores solos; todos los sin-dicatos
y todos los trabajadores deberían dejar el trabajo, estos dos
días, para protestar contra la represión en Oaxaca y para
exigir la retirada de Ulises y de las tropas federales.
4. Apoyaremos, promoveremos y construiremos la convocatoria de la APPO
a una caravana nacional e internacio-nal a Oaxaca el sábado 11
de noviembre, y a una nueva "mega-marcha" Nacional -mucho
mayor-, a Oaxaca, el domingo 12 de noviembre.
Militantes de México y de Estados Unidos se dirigen a López
Obrador para que publique una convocatoria a una marcha nacional para
la defensa de Oaxaca. El apoyo de la CND a las decisiones de la APPO
es, por supuesto, fundamental. Su declaración, por la que se
apoya la formación de un frente nacional, es muy im-portante,
al igual que la convocatoria de Muñoz Ledo, a una marcha nacional
para apoyar al pueblo de Oaxaca. Pero cada vez más gente dice
-y yo estoy completamente de acuerdo con ellos-, que si López
Obrador llamaba firmemente a una "mega-marcha" Nacional, eso
podría, de hecho, traer el millón de per-sonas que hace
falta para expulsar a las tropas federales, y a Ulises con ellas.
Nuestro Comité comparte de sobra esta opinión. La dirección
nacional de la CND va a reunirse en dos días y dis-cutirá
sobre esta cuestión, que, como tú dices, ha sido planteada,
por un número cada vez mayor de simpatizantes de la CND.
El 20 de noviembre, está previsto que López Obrador preste
juramento para llegar a Presidente ante una reunión de masas
en el Zócalo de México. ¿Tendrá eso lugar
realmente? ¿Cómo se está preparando eso?
Por supuesto. Andrés Manuel anunciará la composición
de su gabinete de un día a otro. Nos reuniremos para ce-lebrarlo,
pero también para investirle en una ceremonia solemne. Este es
un punto clave para profundizar la resis-tencia.
Este es un punto clave para proseguir la lucha a fin de impedir a Calderón
d entrar en funciones el 1 de diciembre.
¿Qué pueden hacer los sindicalistas y los militantes del
mundo entero para apoyar la lucha en Oaxaca y la lucha de la CND?
En estos momentos, lo más importante que pueden hacer es organizar,
en todos los países, delegaciones amplias -con dirigentes sindicales
de primer plano, cargos públicos elegidos, personalidades laicas
o eclesiásticas-, a las embajadas y consulados de México,
para exigir el final de la represión en Oaxaca, la retirada de
las tropas fe-derales y de la policía especial y, sobre todo,
la dimisión de Ulises Ruiz Ortiz.
Somos conscientes de que el Acuerdo Internacional ya ha organizado numerosas
delegaciones de este tipo, y os agradecemos vuestro apoyo. Pero tenemos
necesidad de más, de mucho más. Los ojos del mundo deben
clavarse sobre México. En cada país, debe haber delegaciones
y manifestaciones masivas ante las embajadas y consulados mexicanos
para ejercer presión en favor de estas reivindicaciones.
¿Hay algo que quieras añadir?
Sí. En el Estado de Oaxaca, al igual que en el resto de nuestro
país, destruyen el maíz, la esencia de nuestra cultu-ra,
de nuestra identidad y la base de la alimentación de nuestra
población rural. Más de un millón de oaxaqueños
viven en los Estados Unidos, donde se les sobreexplota y se les trata
como ciudadanos de segunda clase, sin nin-gún derecho.
Estas personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y de sus
comunidades bien amadas, porque se había destruido su trigo,
primero por el TLC, y ahora por estas semillas Monsanto. Debemos poner
término a esta locu-ra. Debemos forzar a Ulises Ruiz a dejar
sus funciones.
¡Debemos exigir nuestra nación!
Sumario:
Pág. 2: Presentación.
Pág. 3: Francia: Memorando presentado al Secretariado Permanente
del Comité Nacional para la Democracia.
Pág. 17: Suiza: (Contribución) extractos del Boletín
"Reflexiones de socialistas y sindicalistas", con respecto
al debate en el congreso del Partido Socialista sobre la adhesión
a la UE.
Pág. 21: Gran Bretaña: Un miembro del Labour Party, durante
una reunión de The Link expone el origen de la política
gubernamental en materia de jubilaciones, de empleo, de permisos de
maternidad.
Pág. 23: Bélgica: Análisis del "Pacto de las
Generaciones".
Pág. 25: Italia: Sobre la ley de Presupuestos del Gobierno Prodi:
extractos de la editorial de Tribuna Libera.
Pág. 25: Huelga general "contra la ley de Finanzas en la
Universidad", entrevista con un profesor de Universi-dad, sindicalista.
Pág. 26: Panfleto de convocatoria a una reunión el 16
de noviembre del "Comité NO a la UE, Democracia, Ser-vicios
Públicos, Defensa de la Unidad de la República Italiana".
Pág. 27: Hungría: Reunión y declaración
de sindicalista, el 28 de octubre.
Pág. 29: México: "Oaxaca es el epicentro del combate
popular en México.", una entrevista con Jesusa Rodrí-guez,
coordinadora de la Convención Nacional Democrática.
Pág. 31: Carta a la embajada de México en París:
Comunicación de concentración y delegación.
Pág. 32: Llamamiento del Acuerdo a proseguir la Campaña
Internacional de Solidaridad.
Pág. 32: Suscripciones.
¡Apoya el combate del Acuerdo
Internacional de los Trabajadores
y de los Pueblos!
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