Número especial
Boletín no. 8
Acuerdo europeo
de los trabajadores
"Lanzamos un grito de alarma para la defensa de los sistemas de
salud en todos los países de Europa"
31 de marzo de 2007: encuentro europeo
2 de abril de 2007: delegación a la
Comisión Europea en Bruselas.
Informaciones Internacionales
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
17 y 24 de abril de 2007 No. 231-232
87, rue du Faubourg-Saint-Denis -75010 Paris - France
Tel : (33 1) 48 01 88 28 - E.mail: eit.ilc@fr.oleane.com - Sitio Internet:
www.eit-ilc.org
Acuerdo Europeo de los Trabajadores
Somos médicos, trabajadores de hospitales, sindicalistas de
toda Europa
"Lanzamos un grito de alarma:
Es necesario detener inmediatamente en toda Europa la destrucción
desenfrenada de todos los sistemas públicos de salud"
El encuentro europeo que responde al manifiesto redactado y refrendado,
en el marco del Acuerdo Europeo de los Trabajadores, por 693 médicos,
empleados de la Seguridad Social, sindicalistas y militantes obreros
de 17 países de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovaquia, República Checa,
Turquía, Ucrania), ha tenido lugar el 31 de marzo de 2007 en
Bruselas.
¿Era exagerado que ellos hablen en su manifiesto de la necesidad
de parar inmediatamente "la destrucción desenfrenada de
todos los Sistemas Públicos de Salud en Europa."?
Los quince médicos, sindicalistas empleados de hospitales y militantes
que han intervenido en el debate de la conferencia para la defensa de
los sistemas públicos de salud en Europa, han respondido a esta
pregunta comenzando a levantar el acta del acta de la situación.
Testimonios de los que se encontrarán significativos extractos
en estas páginas, que angustian, porque sabemos que la impugnación
de los Sistemas Públicos de Salud y Protección Social,
plantea para todos una cuestión de vida o muerte.
De Alemania, Klaus Schuller, responsable del sindicato DGB del Estado
Federado de Turingia y Vicepresidente de la Comisión Trabajadora
del SPD de Turingia, explica que, en adelante, se concede una "prima"
de más de 600 euros a el o la que, durante un año, renuncie
a visitar al médico o efectuar cualquier acto médico...
De Bélgica, Rudy Janssens, secretario federal de la región
de Bruselas CGSP, explica por su parte: "En 1971, había
un 50% de hospitales públicos, un 50% de hospitales privados.
hoy, permanece menos del 25% de hospitales públicos. La diferencia
entre cada una de las regiones es obvia: en Flandes, simplemente ya
no hay hospitales públicos.".
De Rumania, denuncia Violeta Tudor, sindicalista de SANITAS, no es raro
que se "de de alta de los hospitales a enfermos, antes incluso
de que estén curados, habida cuenta de las condiciones miserables
en los hospitales.".
De Turquía, explica Fatih Artvinli, responsable del sindicato
de la salud y los servicios públicos, ha explicado: "Como
en los demás países europeos, los hospitales públicos
son primero, transformados en establecimientos autónomos, luego
completamente privatizados. Así algunos hospitales públicos
pura y simplemente son cerrados. El Hospital Infantil de Estambul, que
acogía una media de 40 000 niños al año, se cerró,
con el pretexto de que el número de pacientes era insuficiente.".
De Suiza, recuerda Antonio Herranz, sindicalista, la prensa anuncia
que 120 000 ciudadanos (sobre 7,5 millones) no están ya cubiertos
por ninguna protección social.
De Gran Bretaña, Tony Richardson, dirigente del sindicato de
los panaderos, recuerda: "Cuando yo era concejal del Labour Party
en Wakefield, de 1998 a 2004, fui responsable de la salud y la asistencia
social. He estado pues, durante ese tiempo al corriente, especialmente,
del estado de cosas en los servicios sanitarios y he visto a qué
han reducido los servicios de salud. Bajo la tutela de representantes
gubernamentales en las comisiones, he visto el número de camas
reducirse en un 20%. En Wakefield, un 80% de los servicios de asilos
y de dispensarios han sido entregados a la privatización.".
De España, el doctor Joaquin Insausti, miembro de la Asociación
para la Defensa del hospital Severo Ochoa, informó de que una
campaña infame se desarrolla para acusar a los médicos
de ser responsables de la muerte de pacientes, mientras que estas muertes
son la consecuencia trágica de la política de privatización
de la salud impuesta por Bruselas.
De Francia, el testimonio del profesor Guérin, Presidente de
la Asociación Médica de Defensa de la Deontología
y los Derechos de los Enfermos (AMDDDM, Francia), también dejó
impresionados a los delegados al escucharlo, leído por el doctor
Lemonnier, dando cuenta de las escandalosas condiciones en las que pacientes
ancianos, a falta de lugar, son verdaderamente "apilados"
en salas de espera, mientras que médicos y enfermeras buscan
angustiados camas para hospitalizarlos. "En Francia, ha habido
un ataque sin precedentes contra nuestro sistema de jubilación
(cuestionamiento de las 37,5 anualidades de cotización) con la
ley Filón de 2003, prolongando las medidas Balladur de 1993.
En Alemania, la edad de la jubilación acaba de aumentar a los
67 años, en Hungría a los 65 años… ¿es una
simple coincidencia?", se pregunta Nicole Bernard, sindicalista
de la Seguridad Social. Y prosigue, "¿No es, el dictado
de las recomendaciones de la Unión Europea y, en particular,
de la cumbre de Barcelona de marzo de 2002, que preconizaba, en el apartado
32 de su informe de conclusiones, "intentar, de aquí a 2010,
aumentar gradualmente en alrededor de 5 años la edad media efectiva
de cese, en toda la Unión Europea, la actividad profesional"?".
Los cierres de millares de camas, de hospitales enteros, de los que
todos los delegados constataron la similitud cualquiera que sea el país,
"¿No es eso también consecuencia de la política
de la Unión Europea, tal como fue expuesta en la cumbre de Salónica
en junio de 2003, instando a "supervisar atentamente la eficacia
de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos en el
sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable.".?".
La misma dramática constatación establecida por Gérard
Schivardi: "Nosotros, los alcaldes de los pequeños municipios,
hemos recibido el mandato de la población que nos eligió
para representarlos y defender sus condiciones de vida, mejorándolas
si es posible. Tenemos un grave problema de cierre de maternidades de
proximidad. Un colega, alcalde en el Sarthe, me contó el difícil
parto de una joven madre sobre el aparcamiento de una gran superficie
porque la maternidad de Amboise acababa de cerrarse y es necesario recorrer
80 kilómetros para parir.".
Y eso es cierto, incluso en los países que aún
no son miembros de la Unión Europea.
De Turquía, Fatih Artvinli indica: "La aplicación
del plan propuesto por el Fondo Monetario Internacional, que lleva a
un aumento del 60% de los precios de los medicamentos, es una de las
condiciones exigidas por la Unión Europea para que Turquía
opte a la adhesión.".
"Pero entonces, ¿que hacer en defensa de nuestros servicios
de salud en Europa?", inquiría Fulvio Aurora, miembro de
"Medicina democrática" y responsable de la Comisión
de Salud del Partido de Refundación Comunista (Italia).
El debate ha comenzado a proporcionar elementos de respuesta.
"Estamos aquí, médicos, trabajadores de hospital,
responsables y militantes sindicales, y es muy natural que combatamos
junto a nuestras organizaciones para defender nuestros hospitales, el
estatuto del personal y, en consecuencia, a través de ello, los
pacientes.", indica Luc Delrue, sindicalista de hospital (Francia).
De Gran Bretaña, Tony Richardson, recuerda: "Numerosas iniciativas
han sido tomadas estos últimos años, por las organizaciones
sindicales, para defender tal o cual hospital, y el NHS en general.".
Philippe Larsimont (Bélgica), que presidía la conferencia,
leyó un mensaje de médicos, sindicalistas y militantes
socialistas portugueses, que recuerda la inmensa movilización
de estas últimas semanas de la población, sus cargos públicos
electos, los sindicatos,... para la defensa de los servicios de urgencias.
De Alemania, el rechazo masivo de la "reforma de la salud"
por un 80% de la población, llevando a varios diputados del SPD
en el Bundestag a votar contra esta contrarreforma propuesta por el
Gobierno de Gran Coalición. Se trata, no solamente de la defensa
de lo que subsiste, sino de la reconquista de lo que se ha suprimido,
ya que, recuerda un participante, "Se trata de un envite a la civilización.".
Este combate está ligado al combate a escala europea, para poner
a la Comisión Europea frente a sus responsabilidades elaborando
el acta de la dramática situación de los Sistemas Públicos
de Salud. Algunos delegados explicaron que, por su parte, sacaban como
conclusión la necesidad de romper con la Unión Europea.
Otros no comparten esta opinión, pero todos los participantes
reconocieron la responsabilidad aplastante de la Unión Europea
en la situación.
Una delegación ha sido recibida el 2 de abril de 2007
por el Director de Gabinete del Comisario Europeo para la Salud
Los 72 participantes en el encuentro del 31 de marzo de 2007 eligieron
una delegación compuesta por:
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de los Empleados de la Salud
y de los Servicios Públicos, Estambul, Turquía), Hans
Mees (responsable del sindicato Ver.di del hospital VKKD de Düsseldorf
y miembro de la dirección de Ver.di [salud] de Renania), Henning
Frey (miembro del SPD, Colonia), Rudy Janssens (secretario federal de
la región de Bruselas CGSP ACOD ALR LRB, Bélgica), Philippe
Larsimont (coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores,
Bélgica), Nicole Bernard (sindicalista a la Seguridad Social,
Francia), Philippe Navarro (sindicalista de hospital, Francia), Christel
Keiser (Acuerdo Europeo de los Trabajadores).
La delegación fue recibida por Philippe Brunet, director de gabinete
del Comisario Europeo responsable de la salud y la protección
de los consumidores, Sr. Markos Kyprianou. Philippe Brunet explicó
a la delegación, en particular que "la Comisión Europea
no tenía competencia ni responsabilidad en la organización
o el suministro de la asistencia sanitaria.". Precisando: "Nadie
dice, en Bruselas, que es necesario reducir los gastos de salud. Lo
único cosa que imponen las directivas europeas, es la lucha contra
los déficit públicos.".
¡Ése es exactamente el problema! Los gastos de salud están
incluidos, al igual que los gastos públicos, en el artículo
104 del Tratado de Maastricht, y, por lo tanto, del procedimiento denominado
de los déficit excesivos.
Éste es el mandato confiado a la delegación,
refrendado por los 72 participantes
Los abajo firmantes, médicos, personal de hospitales, personal
de Seguridad Social, sindicalistas, militantes obreros, nos hemos reunido
el 31 de marzo de 2007 en Bruselas en el marco del manifiesto hecho
por el Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Hemos establecido la siguiente constatación: en todos los países
de Europa, en relación con las directivas europeas, nuestros
Sistemas Públicos de Salud, nuestros Regímenes de Protección
Social se desmontan, poniendo así en entredicho la igualdad de
acceso a los cuidados.
El acta de situación que hemos comenzado a poner en pie, pone
en evidencia que, en todos los países, los gobiernos, desde hace
varias décadas, y cualquiera que sea su color político,
han acometido:
El cierre de centenares de hospitales, de maternidades, de servicios
de urgencia, de reducir drásticamente los gastos de salud, la
supresión de millares de camas y por lo tanto la supresión
de millones de empleos: entre 1992 y 2003, se cerraron 86.000 camas
en Alemania, 83.000 en Francia; entre febrero y noviembre de 2006, se
suprimieron 21.000 empleos en el NHS (Servicio Nacional de Salud) en
Gran Bretaña; entre 2000 y 2003, se suprimieron 185.000 puestos
en Italia y en la sola región de Lombardía, se cerraron
7.200 camas para grandes enfermos; En Hungría, el número
de camas "activas" deberían pasar de 60.000 a 44.000
en 2007;
La privatización de los hospitales por medio de las "Asociaciones
público/privado" (APP), implicando así supresiones
masivas de camas y de empleos, pero también costes cada vez más
elevados para los pacientes:
En Gran Bretaña, algunos hospitales han sido construidos por
sociedades privadas como contrapartida de unos ingresos anuales pagados
durante 30 años; En Francia, los hospitales están obligados
a endeudarse ante sociedades financieras para renovar sus edificios
y sus equipamientos; En Italia, las unidades sanitarias locales se transformaron
en empresas privadas, obligadas a controlar los costes; En España,
la comunidad de Madrid acaba de lanzar la construcción de 7 nuevos
hospitales según el procedimiento de la APP; En República
Checa, las 14 regiones se comprometieron a transformar los hospitales
públicos en sociedades de economía mixta; en Hungría,
ya se privatizan algunas actividades (servicios auxiliares, mantenimiento,
laboratorios, servicios de radiología);
La regionalización de los Sistemas Públicos de Salud:
En Italia, donde la salud está regionalizada desde 2001, algunas
regiones han vendido hospitales, otras han suprimido servicios y hospitales
enteros y/o han aumentado los pagos por parte de los pacientes; en España,
a partir de 1992, la dirección de la red sanitaria fue confiada
a las Comunidades Autónomas, implicando la privatización
de los hospitales y el cuestionamiento del Estatuto del personal;
El desmantelamiento de los Sistemas de Protección Social aumentando
por todas partes la edad inicial para la jubilación, reduciendo
los derechos de los asegurados, suprimiendo los monopolios de las cajas
de Seguridad Social.
Mientras que se conceden cada vez más exenciones de cotizaciones
sociales a los patronos (es el caso, en particular, en Alemania, en
Italia, en Francia, en Bélgica), la edad de jubilación
se aumenta por todas partes (67 años en Alemania y Dinamarca,
65 años en Hungría, 42 anualidades para los asalariados
del sector privado en Francia), la parte pagada por los asegurados aumenta
(aumento del tique sanitario en Italia, instauración de suplementos
de honorarios en los hospitales en Bélgica, instauración
de franquicias para algunos actos médicos en Francia, aumento
de las cotizaciones salariales en Hungría).
¿Debemos ver en esta simultaneidad de medidas y de ataques contra
nuestros Sistemas Públicos de Salud, una simple casualidad o
la aplicación de una política concertada?
Por nuestra parte, consideramos que el acta de situación y los
memorandos que hemos establecido en cada país, permiten levantar
el acta de acusación siguiente: esta política de destrucción
está, indiscutiblemente coordinada por las instituciones de la
Unión Europea.
¿No es la Unión Europea quien impone a cada Estado miembro,
pero también a cada región, respetar estrictamente las
normas del Pacto de Estabilidad y mantener, por todos los medios, el
déficit público por debajo del 3% fijado por el Tratado
de Maastricht.? ¿No es la aplicación del artículo
104 del Tratado de Maastricht el que estipula que "1) los Estados
miembros evitan los déficit públicos excesivos; 2) La
Comisión supervisa la evolución de la situación
presupuestaria y el importe de la deuda pública en los Estados
miembros con el fin de detectar los errores manifiestos."? El artículo
104 precisa lo que debemos entender por público: "Lo que
es relativo al gobierno general, es decir a las administraciones centrales,
las autoridades regionales o locales y los fondos de Seguridad Social.".
¿El gobierno italiano no aplica este artículo cuando la
ley de finanzas para 2007 prevé el recorte de 3 000 millones
de euros para el presupuesto de la salud con el fin de reducir el déficit
público al 2,8%?
¿No es la Unión Europea quien decidió aumentar
por todas partes la edad de jubilación cuando, en sus conclusiones
de la Cumbre de Barcelona de 2002, indica: "Sería necesario
intentar, de aquí a 2010, aumentar progresivamente en alrededor
de cinco años la edad media efectiva a la cual cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional."?
Esta obligación ¿no es confirmada por la directriz integrada
no. 2 del 12 de julio de 2005 que estipula: "Los Estados miembros
deberían, habida cuenta de los costes esperados del envejecimiento
de la población, 1) reducir su deuda pública a un ritmo
suficiente; 2) reformar su régimen de jubilación, seguridad
social y cuidados para volverlos financieramente viables."? ¿O
incluso por el documento de la Comisión Europea del 25 de enero
de 2006 titulado "Pasemos a la velocidad superior: la nueva colaboración
para el crecimiento y el empleo" que exige: "En el marco de
sus reformas de los regímenes públicos de jubilación,
los Estados miembros deberían reforzar los incentivos financieros
para que los trabajadores con antigüedad permanezcan en actividad
[...], por ejemplo adaptando la edad legal inicial para la jubilación."?
¿No es la directriz integrada no. 15 de la Unión Europea
la que estipula: "Los Estados miembros deberían reforzar
las medidas de incentivo económico, incluso mediante una simplificación
de los sistemas fiscales y una reducción de los costes no salariales
del trabajo." la que impone las exenciones de cotizaciones patronal
y organiza el saqueo de las cajas de Seguridad Social y jubilación?
¿No es el informe de la Comisión Europea sobre la protección
social y la inclusión social, publicados el 19 de febrero de
2007 e imponiendo "la fijación de límites máximos
generales de gastos, la participación de los enfermos en los
costes de las prestaciones." el que impone por todas partes el
aumento de los costes sufragados por los asegurados?
El 26 de septiembre de 2006, la Comisión Europea publicó
una comunicación sobre los servicios de salud, llevando a cabo
una "consulta pública". Es sobre la base de los resultados
de esta "consulta" que debe proponer una Directiva sobre "salud".
La comunicación, mencionando al mismo tiempo el "respeto
de la responsabilidad de los Estados miembros en materia de servicios
de salud y cuidados médicos.", precisa: "El Tribunal
de Justicia declaró que esta disposición no excluía
la posibilidad de que se impusiera a los Estados miembros adaptaciones
de su régimen nacional de seguridad social, en cumplimiento de
otras disposiciones del Tratado, como el artículo 49 CE.".
El artículo 49 del Tratado de la CE estipula: "Las restricciones
a la libre prestación de los servicios en el interior de la comunidad
están prohibidas.". ¿El objetivo de esta futura Directiva
no es, acaso, poner directamente en entredicho los Regímenes
Nacionales Públicos de Seguridad Social?
De todos estos hechos se deriva una cuestión: ¿la defensa
y la reconquista de nuestros Sistemas Públicos de Salud son compatibles
con la Unión Europea y sus directivas? Las respuestas pueden
ser distintas, pero esta cuestión exige ser discutida por todas
las y todos los que se unen en la defensa de los Sistemas Públicos
de Salud y Protección Social.
Los abajo firmantes, decidimos que el mandato de la delegación
que será recibida el 2 de abril de 2007 por las instituciones
de la Unión Europea es obtener respuestas a estas preguntas,
sobre la base de los hechos que hemos expuesto y del memorando que hemos
redactado.
Hemos decidido desplegar todas nuestras fuerzas para defender y reconquistar
nuestros Sistemas Públicos de Salud y nuestros Regímenes
de Protección Social. Hemos participado en las numerosas movilizaciones
contra el cierre y/o la privatización de nuestros hospitales,
contra el cuestionamiento de nuestros regímenes de jubilación,
contra la disminución de los presupuestos asignados a la salud,
etc.
Los abajo firmantes, decidimos constituirnos en Comité de Correspondencia
Permanente con el fin de seguir reuniendo información y prolongar
este encuentro a través de las iniciativas que permitan responder
a la gravedad de la situación.
Alemania: Carla Boulboullé, comité de redacción
de SOPODE, Berlin; Keustin Bunz, Ver.di, Colonia; Ellen Engstfeld, SPD,
Ver.di, Colonia; Elke Falk, Ver.di, Berlin; Heinke Först, PSD,
Berlin; Henning Frey, PSD, Colonia; Eva Gürster, PSD, Ver.di, Colonia;
Bertrand Kalipé, anestesista, Duisburg ; Monika Leisling, Berlin;
Hans Mees, Ver.di, Düsseldorf; Volker Prasuhn, PSD, Ver.di, Berlin;
Danita Riemer, Ver.di, Düsseldorf; Ingo Röser, Ver.di; Anna
Schuster, Ver.di, Düsseldorf; H.-W. Schuster, SPD, Ver.di, Düsseldorf;
Günter Schwefing, Ver.di, Düsseldorf; Beate Sieweke, PSD,
Ver.di, Düsseldorf; Inge Steinebach, PSD, Ver.di, Düsseldorf;
Monika Wernicke, Ver.di, Berlin.
Bélgica: Luc Bertrand, ingeniero; Philippe De Menten, miembro
del comité ejecutivo de la Regional de Bruxelles de la CGSP-enseñanza;
Kamal Dhif, FGTB; Roberto Giarroco, sindicalista CGSP-FGTB; Rudy Janssens,
Secretario Federal de la región de Bruselas CGSP ACOD ALR LRB;
Philippe Larsimont, Coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores
(MDT); Benoy Laursen, sindicalista; Pierre Marlhioux, miembro electo
del Comité Ejecutivo SETCa/FGTB BHL; Philippe Massenaux; Georgette
Molitor, afiliada CGSP; Serge Monsieur, delegados sindical CGSP; Michel
Nagel, PS, CGSP; Victor Ntacorigira, sindicalista; Esther Stark, sindicalista;
Nicolas Vandaele, militante sindical FGTB; Paul Wattiez, delegado sindical
FGTB-SETCa.
Dinamarca: Kirsten-Annette Christensen, Sindicato de Enseñanza
de Copenhague; Eva Hallum, Movimiento Popular contra la Unión
Europea; Benny Lauersen, Sindicato de la Construcción de Copenhague;
Per Sorensen, Sindicato de la Construcción de Copenhague.
España: Luís González, sindicalista del Sector
de Sanidad, CCOO; Joaquín Insausti Valdivia, médico; Blas
Ortega, presidente de la "Asociación Médica en Defensa
de los Derechos de los Pacientes y de los Médicos" (AMDDMM),
sindicalista UGT; Rafael Palmer Juaneda, miembro de la AMDDMM.
Francia: Nicole Bernard, sindicalista en la Seguridad Social; Anne Chahwakilian,
médica geriatra; Catherine Cochain, enfermera, sindicalista;
Marie-Thérèse Cousin, médica retirada; Danièle
Dabilly, asistente social; Luc Delrue, sindicalista de hospitales; Daniel
Dutheil, sindicalista; Régis Jacquot, sindicalista de hospitales;
Christel Keiser, Acuerdo Europeo de los Trabajadores; Jean-Philippe
Laporte, médico de hospitales; Marie-Paule Lemonnier, médica;
Frédérique Mugnier, administrador del CHU de Dijon; Philippe
Navarro, sindicalista de hospitales; Louiza Nourri, sindicalista; Bruno
Ricque, sindicalista de hospitales; René Sale, sindicalista de
hospitales; Gérard Schivardi, alcalde de Mailhac; Dominique Vincenot,
Acuerdo Europeo de Trabajadores; Florence Widmer, sindicalista de hospitales.
Gran-Bretaña: Nick Phillips, ex dirigente de Sección de
UNISON; Tony Richardson, sindicalista, Unión Local de las TUC
de Wakefield & District.
Italia: Fulvio Aurora, responsable de "Medicina Democrática";
Lorenzo Varaldo, sindicalista profesor, Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Rumania: Violeta Tudor, sindicalista.
Suiza: Joëlle Gyselinck, sindicalista del sector de Salud SSP,
Nyon; Antonio Herranz, enfermero, sindicalista SSP, Lausana; Yolanda
Nobs, enfermera; Yasmina-Karima Produit, secretaria sindical SSP, Neuchâtel.
Turquía: Fatih Artvinli, dirigente del Sindicato de Empleados
de la Salud y de los Servicios Sociales, Estambul.
Deseo adherirme públicamente a este mandato
- A título personal
- En nombre de mi organización
Me incorporo al Comité de Correspondencia
- A título personal
- En nombre de mi organización
Apellido, Nombre:......................................................................................................................................................
Dirección:....................................................................................................................................................................
Correo electrónico:......................................................................................................................................................
Organización:..............................................................................................................................................................
Memorando
I - Cierres de hospitales desde el Tratado de Maastricht
86 000 Camas cerradas en Alemania, 83 000 camas cerradas en Francia
entre 1992 y 2003,
¿Simples coincidencias? Nosotros no lo pensamos así.
¿De dónde viene todo eso? Del Tratado de Maastricht.
El artículo 104 del Tratado de Maastricht-Amsterdam estipula:
"1. Los Estados miembros evitarán los déficit públicos
excesivos. 2. La Comisión supervisa la evolución de la
situación presupuestaria y el importe de la deuda pública
en los Estados miembros (…), examina, en particular, si la disciplina
presupuestaria ha sido respetada, y esto sobre la base de los dos siguientes
criterios.".
El 17 de junio de 1997, la Cumbre europea de Amsterdam adoptaba una
Resolución relativa al "Pacto de estabilidad y crecimiento".
Esta Resolución constitutiva del Pacto de Estabilidad, estipula:
"Los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario
a medio plazo de una posición próxima al equilibrio o
excedentaria, de acuerdo con sus programas de estabilidad o convergencia,
y a tomar las medidas presupuestarios correctoras que consideren necesarias
para lograr los objetivos enunciados en sus programas de estabilidad
o convergencia.".
El protocolo sobre el procedimiento relativo a los déficit excesivos,
anexado al Tratado precisa: "En el artículo 104 del Tratado
y en el presente protocolo, se entiende por público: lo que es
relativo al Gobierno General, es decir las Administraciones Centrales,
las Autoridades Regionales o Locales y los Fondos de Seguridad Social.".
Los gastos de salud bien se incluyen pues en los criterios de restricción
de los presupuestos en nombre de los déficit excesivos.
¿Cuáles son las consecuencias para los enfermos y el personal?
Francia
180 000 camas de hospitales cerrados de los que 83.000 lo fueron entre
1992 y 2003.
510 maternidades cerradas entre 1981 y 2003, o sea cerca de la mitad.
Desde hace años no pasa ni un día sin que los alcaldes,
con la población, los médicos y el personal de salud se
manifiesten contra el cierre de una maternidad, o de un hospital de
proximidad.
Un ejemplo entre otros, el cierre de los servicios de cirugía:
Un médico explicó en la rueda de prensa de la AMDDM (Asociación
Médica de Defensa de la Deontología y los Derechos de
los Enfermos) el 13 de febrero último:
"El Gobierno ha encargado al profesor Valancien expedir la lista
de los servicios de cirugía a cerrar. Misión realizada:
se ha entregado a las autoridades públicas una lista de 113 servicios
que deberían ser cerrados. Nuestro país cuenta, en total,
con alrededor de 480 servicios de cirugía. ¡Increíble,
es por lo tanto la cuarta parte de estos servicios los que están
destinados al cierre!
El argumento utilizado es el mismo que el que sirvió de pretexto
al cierre de millares de maternidades, con las catástrofes que
conocemos desde, muertes de recién nacidos, partos a domicilio
o en los coches sobre los aparcamientos, muertes de mujeres embarazadas.
Se ha afirmado, para justificar esta decisión, que estos servicios
no tendrían suficiente actividad. El "listón"
ha sido fijada en 2 000 operaciones al año. ¿Por qué
2 000? ¿Por qué no 1 000, o 3 000? ¿En qué
estudios médicos se basa? No existe ninguno. ¿La verdadera
razón?
En la cumbre de Salónica (21 de junio de 2003), se había
hecho una recomendación a Francia: "Supervisar atentamente
la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos
en el sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable y, cuando proceda, adoptar nuevas medidas para lograr este
objetivo."
Un director de escuela escribe, el 20 de marzo último, al alcalde
de su municipio:
"Como yo, usted ha tenido seguramente conocimiento de la serie
de artículos publicados en la Voix du Nord o los reportajes emitidos
por la televisión sobre el estado sanitario de la población
en la región y el dramático estado en el que se encuentran
los servicios públicos de salud.
Sí, la situación es catastrófica. La miseria en
la que se encuentran centenares de miles de personas en nuestro departamento,
implica un deterioro dramático de su estado de salud. El pésimo
se encuentra en la antigua cuenca minera.
Soy profesor, director de escuela. ¿Sabe que, en esta región
del departamento, tenemos alumnos que no saben lo que significa "ir
al trabajo"?
Hace una veintena de años, éramos muchos profesores en
las ciudades mineras, los que constatábamos que, el único
en la familia que tenía un horario regular era el niño
que venía a clase. Sus padres, víctimas del cierre de
las fábricas textiles, de las minas, eran parados o "prejubilados".
Hoy día, son los hijos de estos hijos los que están en
nuestras aulas.
Ellos nunca han visto a papá o a mamá ir al trabajo. Para
sus papis o sus mamis es lo mismo. Para muchos es la pobreza total:
miseria económica, miseria social, miseria intelectual.
Esta situación impuesta a estos niños, a sus hermanos
y hermanas mayores, a sus padres, a sus abuelos es atroz.
No es necesario buscar mucho más lejos las razones de su estado
de salud como el de, por otra parte, una gran parte de la población
trabajadora de nuestro departamento.
Médicos y personal de hospitales constatan lo mismo. Todos coinciden
en decir que los medios de cuidar y prevenir faltan atrozmente. Las
estadísticas oficiales también. Los reportajes publicados
esta semana en la prensa escrita y audiovisual, señalan esta
dramática situación.
Todo el mundo lo dice, lo escribe: los medios médicos son insuficientes
en nuestro departamento. Esa es la primera causa de la sobremortalidad.
Y, no obstante, el Centro Hospitalario de Lens es declarado en déficit
por la Agencia Regional de Hospitalización que exige medidas
de rectificación. ¿Quién puede creerlo? ¡Un
hospital en déficit!
¿Un hospital no tiene por función cuidar? ¿Un hospital
no debe tener todos los medios necesarios?
Mañana, en nombre de este "déficit", ¿se
negará a cuidar a los enfermos? ¿Quién puede aceptar
eso?
Sin embargo, es eso lo que quiere imponer la Unión Europea que,
en la cumbre de Salónica, el 21 de junio de 2003, recomendó
a Francia "supervisar atentamente la eficacia de las medidas adoptadas
para frenar la espiral de los gastos en el sector de la salud y llevar
su evolución a un nivel más soportable y, cuando proceda,
adoptar nuevas medidas para lograr este objetivo." ¡Es en
aplicación de estas "recomendaciones" que la ARH y
el director del Centro Hospitalario de Lens, quieren suprimir cerca
de 500 puestos en el Centro! Lo que representa un servicio de 14 camas
de cirugía, cerrado y transformado en servicio de aislamiento
durante la "epidemia" de enfermedades nosocomiales, que no
se vuelve a abrir de nuevo. 14 camas desaparecen, se reorganiza al personal
en otros servicios.
Es la psiquiatría, deslocalizada, que perderá una treintena
de puestos.
Son esas madres, que vienen a parir y que se devuelven a sus casas al
cabo de 3 días.
Estas medidas son rechazadas por todo el mundo... los médicos,
el personal -médico y no médico-, los pacientes, sus familias...
Es por eso por lo que, el jueves 15 de marzo, estaban en huelga y por
lo que más de 800 de entre ellos se manifestaban en las calles
de Lens.
En 2007, en el siglo XXI, ¿verse obligado a hacer huelga y a
manifestarse para tener los medios de atender a una población
dañada por innumerables planes de despidos, de deslocalizaciones
de empresas... es aceptable?
Sr. Alcalde, ¿podemos dejar hacer? ¿Podemos dejar a la
Unión Europea destruirnos?"
Testimonio de una enfermera de un hospital psiquiátrico "Cronología
de una quincena de días".
"Hace quince días, un paciente telefonea a su unidad de
asignación, no se siente bien y pide ser hospitalizado. La respuesta
es inequívoca: no podemos ingresarle en la unidad, ya que no
tenemos camas vacantes. Pero puede ir a la UMA (Unidad de admisión)
y será asignado, si la hospitalización es necesaria, a
otra unidad existente. La respuesta del paciente: llega a la UMA correctamente,
pero él se rocía de líquido inflamable y se inmola
prendiéndose fuego delante de los otros pacientes y el personal
de atención.
Todavía la semana pasada, en una unidad da admisión, dos
pacientes están destinados a CI (habitación de aislamiento):
se toma una opción: el primero va a una CI de la unidad; para
el otro, se prepara un expediente USIP y se le pone en habitación
individual. Durante toda la semana, va a mostrar señales de peligrosidad
hacia los demás pacientes y también hacia el personal
de atención con amenazas auto y hetero agresivas. El lunes por
la tarde, el paciente se muestra delirante, no respeta el marco prescrito,
y pasa a ser muy amenazante con una posibilidad real de paso a la acción,
llamada de refuerzos y de un médico del servicio. No hay CI libre
en el hospital, se reinstala al paciente en su habitación, asegurada
al máximo (supresión de la manilla de la ventana, del
espejo del cuarto de baño, bártulos en el armario cerrado,
vestido de pijama…) más un tratamiento sedante y una mesita de
comida con dos hombres cuidadores de refuerzos. Cuando el paciente se
despierta por la noche, golpea sobre su puerta, rompe su cristal con
una silla, recupera un pedazo de vidrio y amenaza con cortarse la garganta.
Algunas horas después del primer refuerzo, se vuelve a llamar
y, por fin, se encontrará un CI libre donde, finalmente, se trasladará
al paciente.".
Alemania
Entre 1992 y 2003, se cerraron 86 000 camas.
Según las indicaciones de 2007, de la "Sociedad Alemana
de Hospitales" (DKG), el número de hospitales pasó
de 2 345 a 2 139, entre 1995 y 2005, lo que representa una reducción
de 186.
En el mismo espacio de tiempo, se suprimieron 86 000 camas y se acortó
la duración de estancia en 2,8 días (pasando de 11,4 a
8,6).
El número de las personas empleadas en los hospitales es, en
ese mismo periodo, pasó de 887 564 a 796 097, (es decir 91 467
menos).
Bélgica
Según un estudio de mayo de 2005 dedicado a la asistencia sanitaria
en Bélgica,
la OCDE indica:
"El Gobierno puede instar a los hospitales a reducir el número
de camas excedentarias. (...), las autoridades tienen la intención
de reforzar aún la especialización y la cooperación
entre hospitales al programar la oferta de servicios hospitalarios por
yacimientos de cuidados médicos.".
El número de camas de hospital por 100 000 habitantes, ha pasado
de 772 en 1993 a 611,6 en 2004, lo que representa una disminución,
por término medio, del 2,4% al año. Eso representa más
de 14 000 camas suprimidas en 10 años.
Consecuencia: los hospitales de la red pública no están
ya presentes en todas las zonas del país. En Bruselas, por ejemplo,
la red IRIS de hospitales públicos ha programado el cierre de
190 camas en 2007.
La OCDE lo admite: "Parece que en el marco de un sistema de remuneración
a la actividad, los hospitales corren el peligro de ser incitados a
reducir la calidad de las prestaciones, lo que significa que el gobierno
belga debería poner aún más, el acento sobre los
mecanismos de control de la calidad.".
Gran Bretaña
Entre febrero y noviembre de 2006: ¡21.000 empleos han sido suprimidos
y el plan
gubernamental prevé la supresión de millares de otros!
Empleos suprimidos en el NHS:
Una lista publicada por NHS Watch, la Asociación "Preservar
el NHS Público? y los sindicatos.
Nivel Nacional:
Servicio Nacional de Transfusión Sanguínea: 150 empleos;
NHS Direct (el servicio de reserva por teléfono): 1 000 empleos
y 12 centros de llamadas.
Nivel Régional y Local:
East Hertfordshire y North Hertfordshire: 500 empleos; es decir 1/3
de los empleos, 3 servicios del hospital Lister; CHU de Norfolk y Norwich:
450 empleos están amenazados; West Hertfordshire Hospitals NHS
Trust: 500 empleos en los, de 12 a 18 próximos meses; Peterborough
y Stamford Hospitals NHS Trust: 185 empleos y un bloque quirúrgico;
United Lincolnshire Hospitals NHS Trust: 500 empleos; CHU de Nottingham:
1.200 empleos; Hospitales de Hammersmith en Londres: 300 empleos; Queen
Elizabeth Hospital NHS Trust de Woolwich: 100 empleos; Hospital Queen
Mary en Sidcup: 190 empleos; Royal Free Hospital: 480 empleos y 100
camas; North Tees y Hartlepool NHS Trust: 74 empleos amenazados, de
ellos, 21 enfermeras especializadas; County Durham y Darlington Acute
Hospitals NHS Trust: 700 empleos en los 3 próximos años;
Pennine Acute Hospitals NHS Trust: 800 empleos; Hospitales de Bolton:
155 empleos; Mid Cheshire NHS Trust: 250 empleos; Hospitales de Southampton:
540 empleos y 140 camas; Oxford Radcliffe NHS Trust: 600 empleos y 100
camas en los 4 hospitales; Royal West Sussex NHS Trust: 200 empleos;
East Sussex NHS Trust: 250 empleos; Surrey y Sussex Healthcare NHS Trust:
400 empleos; Medway Maritime Hospital de Gillinghamm, en Kent: 60 empleos;
CHU de Brighton y Sussex University Hospitals NHS Trust: 325 empleos;
Medway Maritime Trust: 160 amenazados; Great Western Hospital de Swindon
recientemente privatizado: 200 empleos, 1 bloque quirúrgico y
un número de camas acerrar, aún no anunciado; Gloucestershire
Hospitals NHS Foundation Trust: 500 empleos, cierre de los hospitales
de proximidad y transferencia de la maternidad a Gloucester; Kennet
y North Wiltshire Primary Care Trust, así como el West Wiltshire
Trust: 80 empleos de dirección y técnicos; Weston General
Hospital, de Weston super Mare: 60 empleos y 56 camas; Real United Hospital
NHS Trust de Bath: 300 empleos; NHS du Gloucestershire: 86 camas, número
de empleos suprimidos aún no anunciado; Hospitales de Plymouth:
200 empleos; Royal Hospital de Cornwall: 300 empleos; CHU de Stoke up:
750 empleo; Hospitales de Sandwell y West Birmingham: 800 empleos en
los 3 hospitales; Hospital del Worcestershire: 720 empleos; Hospitales
del Mid Staffordshire: más de 150 empleos; Hospital Princess
Royal y Royal Hospital de Royal Shrewsbury: 300 empleos; Hospital de
Wolverhampton: 300 empleos; CHU du North Staffordshire: 100 empleos;
Hospital de York: 200 empleos; CHU de Sheffield: 1.000 empleos; Hospital
de Rotherham: 60 empleos.
Desde hace meses, huelgas y manifestaciones se multiplican contra el
cierre de los hospitales.
Un millar de personas han participado en la manifestación de
Huntingdon en el Cambridgeshire. Eran varios miles en Worthing en el
Sussex. Luego hay a Hemel Hampstead, Southampton, Huddersfield…
En Manchester, la sección UNISON del Hospital Psiquiátrico
ha votado en un 92% a favor de una huelga de una semana a partir del
12 de febrero. La ola de supresiones de empleos que se abate sobre el
Servicio Nacional de Salud afecta al Hospital Psiquiátrico de
Manchester donde, en un único servicio, según una enfermera
entrevistada, el número de enfermeras va a pasar de 9 a 4: "Hay
gente que tiene 20 ò 30 años de experiencia que nunca
han hecho huelga. Les inquieta la incidencia económica, pero
ya están hartos. Estamos dispuestos a combatir.".
En Birmingham, ha sido a iniciativa del diario local que se organizaba
una primera reunión pública para decir no a la construcción
de un hospital financiado en asociación sector público-sector
privado, mientras que el hospital público que existe, está
falto de personal y debería sufrir importantes trabajos de reparación.
En Rochdale, 130 000 personas ha firmado una petición contra
el cierre de la maternidad.
En esta misma ciudad, la directora local del NHS ha dimitio para protestar
contra el plan gubernamental. Explica: "Estos cinco últimos
años, he intentado presionar sobre la política de la dirección.
Estoy cada vez más inquieta de la utilización de las compañías
privadas en el NHS.".
El secretario de la Asociación Médica Británica,
el Profesor James Johnson advierte: "Nos queda un año para
impedir que el servicio de salud sea transformado en un pecio.".
Dinamarca
Para la Unión Europea, debe haber allí competencia: los
hospitales públicos y los hospitales privados deben colocarse
en pie de igualdad. Eso es un ataque directo contra los Servicios Públicos
y contra el sistema basado en la solidaridad.
Los tratamientos en hospitales privados aumentan, mientras que los hospitales
públicos de menor tamaño, cierran, como Genaa, en el Jutland,
y Nyobing, en la isla de Zelanda. A partir de hoy y en un inmediato
futuro, al igual que los pequeños hospitales, los hospitales
públicos de capacidad media, como Randers, y Thisted en el Jutland
están amenazados de restricciones debido a la reforma de los
municipios, desde el 1 de enero. Una reforma claramente inspirada por
la Unión Europea, encaminada a instaurar municipios y regiones
más amplios.
Localmente, tienen lugar protestas, contra el cierre de los hospitales
de proximidad, pero no pudieron detener el proceso. Las reducciones
presupuestarias y, los cierres de camas, la presión sobre el
personal, siguen siendo la norma. En los hospitales importantes como
los de Herlev y de Hidrove, cerca de Copenhague, han tenido lugar huelgas.
Recientemente más de 60 000 personas se han manifestado contra
las restricciones relativas a los hospitales de la isla de Funene.
Italia
Miles de camas han sido suprimidas, numerosos servicios han sido cerrados,
el personal ha sido reducido, especialmente por lo que se refiere a
las enfermeras.
Los principales argumentos, son siempre los de la reducción de
costes, la entrada en Europa, el respeto del Pacto de estabilidad.
En 3 años, entre 2000 y 2003, 185.000 puestos, han sido suprimidos.
Sólo en Lombardía, 7 200 camas para grandes enfermos han
sido cerradas entre 1996 y 2002, mientras que el número de camas
aumentaba en 3 250 camas en el sector privado.
3 000 millones de recortes presupuestarios para la salud, han sido perpetrados
en la ley de finanzas votada en diciembre de 2006, "para satisfacer
los criterios de Maastricht y reducir el déficit público
al 2,8% a partir del año 2007.".
Las consecuencias: para todos los trabajadores y todos los los que no
pueden permitirse un seguro privado, la salud se convierte en un verdadero
problema. Numerosas personas se mueren de enfermedades que pueden curarse
pero que se han diagnosticado tarde o han sido mal cuidadas. Los hospitales
piden a los pacientes volver a sus casas después de operaciones
importantes y se descargan, sobre las familias, de los cuidados, de
la asistencia y de todos los costes
Los recortes en los gastos presupuestarios son precisamente allí
donde es posible realizar el máximo beneficio y se les dirige
hacia el sector privado según un modelo del tipo del de los Estados
Unidos. Ciertamente a continuación se podrá decir que
ya no hay listas de espera, por una razón muy sencilla, y es
que la gente no tendrá ya los medios de cuidarse. Detrás
de eso, hay enormes intereses.
En el municipio de Turín, hay seis residencias para ancianos,
cuestan 25 millones. Será una batalla el mantenerlos porque el
responsable de la salud quiere reducir su número.
Aquí en el Piamonte ¡Para una persona que tiene un tumor
grave, que requiere una consulta y cuidados urgentes, son necesarios
40 días de espera!
Y ¿qué pasa en los países que acaban de integrarse
en la UE?
Hungría
¡Quieren cerrar 17 000 camas de hospitales!
El año 2006 no habrá sido el del triunfo en la Salud Pública,
sino el año en que los que pretendían hablar en nombre
de los intereses de los enfermos no estaban, en absoluto, calificados
para hacerlo. (...). El programa de las "reformas de convergencias?
enviado a Bruselas ante la Comisión Europea para 2007 y el presupuesto
para la Salud Pública van exactamente en el sentido contrario
a la voluntad de los electores.
Actualmente hay alrededor de 80 000 camas de hospitales. Y deben disminuír
hasta 71 000. Las camas "activas" van a pasar de 60 000 a
44 000. Las camas que acogen a enfermos crónicos van a aumentar
de 20 000 a 27 000.
Todo eso tendrá como consecuencia, que se cerrarán varios
hospitales "activos" o transformados en hospitales "paliativos".
Los habitantes de los pueblos y pequeñas ciudades se verán
obligados a hacer viajes muy largos para acceder al hospital central.
Varios millares de médicos y de enfermeros van a perder su trabajo
o a hacer reciclajes para dedicarse al cuidado de ancianos.
En el país, día tras día, hay manifestaciones locales
para defender los hospitales de proximidad, manifestaciones que agrupan
unidos a enfermos, habitantes y personal de sanidad.
El Gobierno ha puesto fin a la gratuidad de la salud.
"El Gobierno húngaro ha puesto fin, el jueves, a la gratuidad
de la salud. Los pacientes deben, en adelante, pagar un "pago de
visita" de 300 florines (1,2 euro) para los exámenes médicos
y por cada día de hospitalización (...).
Ese tique disuasorio, no es más que una de las numerosas medidas
que Budapest está completamente decidida a aplicar para intentar
reflotar sus cajas públicas. El gobierno ya ha hecho saber que
pensaba cerrar en los próximos meses siete hospitales públicos.
El Ministerio de Salud prepara también una reestructuración
del sistema de seguro de enfermedad. El objetivo es animar a los húngaros
a suscribir pólizas privadas de seguros a fin de reducir las
cargas de la Seguridad Social. La edad de la jubilación, que
actualmente está fijada en 62 años, podría, por
fin retrasarse a partir de 2009 (...).
El déficit nacional (aún no publicado oficialmente) ha
debido aproximarse al nivel del 10% del año pasado. La ley de
finanzas para 2007 prevé reducir este cociente al 6,8% del PIB.
El cabo del 3,2% debería, por su parte, alcanzarse a partir de
2009.
Por el momento, el Primer Ministro garde le cap guarda el cabo de la
austeridad, a pesar de manifestaciones en las calles de Budapest."
(Les Echos, 19 de febrero de 2007)
Rumania
Estamos habituados a considerar la salud como un problema de interés
público. La salud de una nación depende de la salud de
sus miembros. Y la primera preocupación, en este sentido, debería
ser precisamente el acceso gratuito y sin obstáculo a los servicios
médicos. Una norma de la que nos hemos beneficiado durante algunas
decenas de años. Esta era una de las grandes conquistas obtenidas
después de la Segunda Guerra Mundial.
La gratuidad se ha mantenido hasta el 1 de enero de 1999. Antes de 1999,
la asistencia médica era gratuita. La introducción de
los seguros privados ha conducido a la escasez de medicamentos y de
material sanitario, al cierre de unidades hospitalarias, a la reducción
del número de camas, al cese de inversiones. Lo que ha tenido
consecuencias para los enfermos de llegar a morir en los hospitales
o a su puerta, porque algunos, fuera del "sistema de seguro",
no se benefician ya de estos servicios. Hay casos famosos de personas
transportadas en ambulancia y "descargadas" en la calle, donde
murieron.
La destrucción de la salud no se para en eso. Bajo el pretexto
de que tenemos demasiadas camas de hospitales (en condiciones en que,
a menudo, hay personas a dos por cama), la reducción de éstas
ha continuado, e incluso la liquidación íntegra de algunos
hospitales o de algunas de sus secciones.
Se ha "argumentado" que en la Unión Europea, existe
una media de 4,2 camas por 100 habitantes mientras que en nuestro país
la media es de 7,2.
¿Existe realmente un excedente de camas? No, en realidad, ese
es otro invento para reducir el dinero asignado para los hospitales.
He aquí las declaraciones de algunos dirigentes sindicales del
departamento del Dolj, en el momento en que se planteó el problema
del cierre del Hospital de Poiana Mare.
"La gente está asustada. Recibimos mensajes de ánimo
de todas las filiales SANITAS de la Olténia. Puedo decir que
durante la noche hemos recibido mensajes de amenaza en los teléfonos
móviles advirtiéndonos de que si no renunciábamos
iban a disparar sobre nosotros con balas de goma. Estos mensajes cesaron
en el momento en que descubrimos que era la Policía Local.",
ha declarado a Ileana Ionescu, la Presidenta de la filial departamental
de Dolj de la Federación Sindical SANITAS. Según la dirigente
sindical de los asalariados del hospital de neuropsiquiatría
de Poiana Mare, Marcela Ticu, los 300 asalariados de esta unidad médica
dimitirán en caso de que no se renunciara a la decisión
de cerrar el hospital.
Suiza
Suiza: un país que no es miembro de la Unión Europea,
y que sufre todas las consecuencias del Pacto de Estabilidad.
La puesta en práctica de las políticas de austeridad a
nivel financiero, freno al endeudamiento, que se ajusta totalmente a
los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, ha provocado
en los cantones francófonos, los que conocemos debido a nuestra
implantación, a cierres masivos de camas de cuidados de enfermedades
agudas, a la liquidación de los hospitales de proximidad, las
maternidades, los servicios de urgencias, etc.
Ahora, son los estatutos, los convenios colectivos y otras garantías
para el personal, lo que se pone en entredicho con, como en Neuchâtel,
reducciones de salarios qe pueden ir hasta a ¡1 000 Frs al mes,
es decir 650 euros al mes!
La política de la Unión Europea se encuentra en la creación
de hospitales intercantonales, estructura que no tiene ningún
fundamento jurídico ni administrativo y que sólo permite
la existencia de hospitales privados que colocan al personal fuera del
estatuto. Las condiciones de trabajo en estos sectores, son dignas del
siglo XIX con el trabajo sobre llamada, horarios de trabajo que pueden
llegar hasta más de 70 horas sin interrupción en los quirófanos
y en las urgencias. Y esto a menosprecio de la ley y de toda norma de
seguridad.
¡En cuidados intensivos de pediatría el personal debe recurrir
a la familia para supervisar el control del prematuro!
Los cierres de camas en el cantón de Vaud
Desde 1990 a 1998, nuestro cantón ha suprimido 800 camas de hospitales.
Aún hay cambios de uso: camas de cuidados de enfermedades agudas
se han convertido en camas de EMS. En 2001, el CHU de Vaud ha cerrado
la mitad de los quirófanos.
Hoy, la subcapacidad hospitalaria es general: servicios de urgencias
bloqueados, escasez de camas en los hospitales, etc.
Lo que no quiere decir que en la Suiza germanófona no pase nada,
pero aquí la planificación hospitalaria es una competencia
cantonal y pocas personas tienen una visión de conjuntos a escala
nacional.
II - La política de la Unión Europea destruye
los Sistemas de Protección Social de toda Europa
Por todas partes, la constatación es la misma: existe un supuesto
déficit de las cajas de Seguridad Social.
Las razones alegadas son las siguientes: envejecimiento de la población,
exceso de recetas por parte de los médicos, exceso de "consumo",
por parte de los asegurados, regímenes de jubilación costosos
y garantizando privilegios a algunas categorías de asalariados,…
De entrada, es necesario restablecer la verdad: son por una parte las
exenciones de cotizaciones patronales y por otra parte, las medidas
de fiscalización de los regímenes de seguridad social,
las que vacían las cajas de Seguridad Social.
En Francia, las exenciones de cotizaciones sociales concedidas a los
patronos se elevan a 175 000 millones de euros para el período
1991-2005. El proyecto de ley de financiación de la Seguridad
Social para 2007 prevé la supresión del 2,1% de cotizaciones
de Seguridad Social para los salarios al nivel del SMIC en las empresas
con menos de 20 asalariados. Sólo en el año 2005, los
dueños se embolsaron 23 600 millones de euros de exención
de cotizaciones.
En Alemania, nuevas exenciones patronales están previstas por
la "reforma" de la salud votada por el Bundestag en febrero
último.
En Italia, los gastos de salud eran financiados hasta 1996 por la "contribución
nacional obligatoria de salud" pagada por los asalariados, por
un lado y los patronos por el otro. En 1996, el primer Gobierno Prodi
suprimió esta contribución y la sustituyó por un
impuesto calculado sobre una base regional, siendo el objetivo, reducir
la contribución de los patronos. Añadamos que las exenciones
de cotizaciones patronales ascienden en Italia a 9 000 millones de euros
al año.
En Bélgica, las exenciones de cotizaciones patronales suman 6
000 millones de euros al año.
En Hungría, el gobierno disminuyó en varios miles de millones
de florines, sus pagos a la Caja de Salud (la Seguridad Social está
a cargo del Estado en Hungría).
En Rumania, la ofensiva ha tomado también la forma de la fiscalización
del Seguro de Enfermedad. Así pues, hasta 1999, la asistencia
médica era gratuita. Después, el gobierno ha introducido
los Seguros Sociales y, en 2002, la Caja Nacional del Seguro de Salud
(CNAS) pasó bajo el control de Ministerio de Salud, lo que permitió
al gobierno, desviar presupuestos normalmente destinados a los gastos
de salud hacia otros sectores. Así pues, los fondos asignados
por las Cajas del Seguro de Salud para los medicamentos, se agotan a
partir de los primeros días de cada mes. Los asegurados deben
pues pagar los medicamentos.
En Turquía, ese es también el caso. El Instituto de la
Seguridad Social (IAS), que permitía entregar proporcionar servicios
de salud a la población, ha sido colocado bajo el control del
Ministerio de Salud.
Eso es lo que ha permitido abrir la vía a la privatización
de numerosos servicios.
El tono lo da el Banco Central Europeo, que resume así los objetivos
de la Unión Europea en su carta mensual de abril de 2003: "El
aumento de la edad de la población va a tener un impacto considerable
en las economías de la zona euro (...), el gasto público
en materia de salud y cuidados de larga duración, va a acrecentarse
en relación con la continuación de los progresos técnicos
en medicina, mientras que en estos servicios, la demanda crece en función
del aumento de la población anciana. Además, la disminución,
y por lo tanto la inversión de tendencia en materia de empleo
de los ancianos, ejerce una presión a la baja sobre el crecimiento
económico (...). Es necesario realizar reformas rápidamente,
con el fin de hacer frente al aumento de la edad de la población
(...). Estas reformas deberían hacer soportables financieramente,
los Servicios Públicos de Jubilación así como las
disposiciones en materia de salud y cuidados de larga duración,
limitando el riesgo del sector público y facilitando la financiación
privada.".
La "solución" es la misma en todas partes: es necesario
ahorrar.
¿Cómo? Reduciendo el coste laboral, es decir:
o Aumentando l' edad de jubilación y poniendo en entredicho los
regímenes de jubilación por distribución;
o Suprimiendo los monopolios y permitiendo que la protección
social se convierta en un mercado;
o Aumentando el número y el importe de los ?restos a cargo? para
los pacientes;
o Desarrollando la automedicación;
o Generalizando el recurso a los medicamentos genéricos.
Y ¿De dónde viene este saqueo que dilapida los fondos
de la Seguridad Social en detrimento del derecho a los cuidados? De
la Unión Europea y de las directivas integradas.
La directiva integrada no. 15 exige: "Los Estados miembros deberían
reforzar las medidas de incentivo económico, incluso mediante
una simplificación de los sistemas fiscales y una reducción
de los costes no salariales del trabajo.".
Lo que la Unión Europea llama "costes no salariales del
trabajo", es el salario diferido. Y he aquí, cómo
ha respondido el gobierno francés a esta prescripción
en su Plan Nacional de Reforma (PNR): "Reducir las cargas, principalmente
sobre los bajos salarios, constituye, desde hace varios años,
una política constante de Francia. En efecto, son casi 20 000
millones de euros, los que hoy se dedican a reducciones de cotizaciones
sociales (...). Estas medidas de exenciones generales provienen de un
movimiento continuo desde su creación en 1993.".
Estas son las consecuencias de este saqueo organizado por la Unión
Europea:
1 - La impugnación de todos los regímenes de jubilación
por distribución
y el aumento de la edad inicial de la jubilación
La cumbre de Barcelona en marzo de 2002 había indicado en el
apartado 32 de su informe de conclusiones: "Sería necesario
buscar da aquí a 2010 aumentar progresivamente en alrededor de
cinco años la edad media efectiva a la que cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional.".
En aplicación de esta cumbre de Barcelona, en toda Europa, los
gobiernos -cualquiera que sea su color político-, han buscado
ampliar la edad inicial para la jubilación.
Y ¿De dónde viene la nueva aceleración de la destrucción
de los sistemas de jubilación?
El 3 de marzo de 2004, la Comisión Europea publicó lo
que calificó como "un documento estratégico",
titulado
"Europa debe utilizar mejor a sus trabajadores mayores".
En este documento, mencionando las decisiones de Barcelona de "aumento
de la media de edad para la salida del mercado laboral en aproximadamente
cinco años de aquí a 2010.", la Comisión Europea
indica: "Los progresos hacia la realización de estos objetivos
son decepcionantes.". Y, a partir de esta valoración, se
resume toda la orientación del documento de la Comisión
Europea en una serie de fórmulas conminatorias en dirección
a los Estados miembros: "Son necesarios esfuerzos mucho más
sostenidos.", "los Estados miembros deben tomar medidas radicales.".
El 25 de enero de 2006, la Comisión Europea reactivó su
ofensiva en un nuevo documento, títulado "Pasemos a una
velocidad superior: la nueva asociación para el crecimiento y
el empleo" y adoptado en la Cumbre Europea de marzo de 2006. En
este documento, la Comisión Europea exige: "En el marco
de sus reformas de los sistemas públicos de jubilación,
los Estados miembros deberían reforzar los incentivos financieros
para que los trabajadores con antigüedad permanezcan en actividad
(...), por ejemplo adaptando la edad legal inicial para la jubilación.".
¿Cómo se han traducido estas medidas en los distintos
países europeos?
En Francia, en 1993, la contrarreforma Balladur fue la prolongación
de la promulgación del Tratado de Maastricht. Éste impuso
los famosos criterios de convergencia (en particular, la obligación
de no superar un 3% del PIB en déficit público) colocando
los gastos de Seguridad Social bajo este yugo. Luego, en 2003, la contrarreforma
Filón amplía la edad inicial para la jubilación
(de 37,5 a 40 anualidades para los funcionarios, 41 y luego 42 anualidades
para los asalariados del sector privado).
El Primer Ministro francés, entrevistado en enero de 2007 para
Les Ehcos, responde a la siguiente pregunta: "Su objetivo para
el equilibrio de la hacienda pública, es 2010. ¿Prorrogarlo
a 2012, como preconiza la UMP, le parece imperdonable?".
"Es importante mantener este plazo, ya que, una vez que se abre
una brecha, sabemos lo que viene. El otro reto, son las jubilaciones.
La reforma de 2003 volvió a poner el sistema sobre la buena vía,
pero no se han resuelto todos los problemas. Si queremos garantizar
la continuidad de las jubilaciones, seamos claros con los franceses:
será necesario trabajar mucho más tiempo, para incorporarse
al conjunto de los grandes países europeos. Debemos mejorar también
la legibilidad de nuestro sistema: todo el mundo debe saber, exactamente
cuánto va a ganar. Finalmente, es necesario más justicia
y equidad. La cita de 2008 deberá ser la ocasión de abordar,
individualmente y en la concertación, la cuestión de los
regímenes especiales. Algunos oficios que eran penosos antes,
ahora ya no lo son, no se compensan otros que han pasado a serlo y bastante.
Desde ese punto de vista, lamento que la negociación entre los
interlocutores sociales sobre los oficios penosos no haya tenido éxito.
Para avanzar, constituiré en las próximas semanas la Comisión
de Revalorización de las Pensiones prevista mediante la ley de
2003.".
En Alemania, el Bundestag votó (el 9 de marzo último)
la ampliación de la edad de la jubilación a los 67 años.
En Hungría, la edad inicial para la jubilación se retrasó
hasta los 65 años (en un país donde el importe de las
pensiones es muy escaso y donde, por lo tanto, los pensionistas están
obligados a seguir trabajando).
En Dinamarca, la edad de la jubilación va a pasar de 65 a 67
años.
En Turquía, la reforma de la Seguridad Social, votada recientemente,
ha permitido aumentar también allí, la edad inicial para
la jubilación.
2- El desarrollo de la automedicación
En Francia, un informe encargado por el gobierno fomenta "la compra
directa de medicamentos en farmacia por los usuarios, sin pasar por
la consulta médica. Y, en consecuencia, sin reembolso.".
"Bastaría con que un 5% de los medicamentos prescritos pasen
a la automedicación para realizar 2 500 millones de ahorro.".
Según este informe, Francia que se sitúa "en cabeza
de los mayores consumidores de medicamentos del mundo.", es, paradójicamente
"uno de los últimos en Europa en el mercado de la automedicación.".
Como comparación, un Alemán gasta 60 al año
para cuidarse, frente a los 27 de un Francés y los 40
de un Inglés o un Italiano. Principal explicación
de este comportamiento: el interés del paciente para verse rembolsar
sus gastos por la Seguridad Social. "En Francia, la inmensa mayoría
de los productos de prescripción médica es reembolsable
(75%).", precisa el informe.
En octubre de 2006, el diario La Tribune dedicaba una página
bajo el título: "Europa se aferra a los costes de la salud",
que describía las medidas de ahorro tomadas en los países
de la Unión Europea.
Uno de los artículos titulado: "¡Los asegurados cobran
dinero por no ir al médico!", volvía de nuevo sobre
la prima a la "no consulta" en los Países Bajos (o
sea ¡hasta 255 para todos los asegurados sociales, que
no fueron hospitalizados y no recibieron ninguna prescripción!).
3 - El desarrollo de los medicamentos genéricos
En Francia, la ley 2006/1640 del 21 de diciembre de 2006 de financiación
de la Seguridad Social para 2007, publicada el 22 de diciembre en el
Journal Officiel, tiene por objeto reducir el "déficit"
de la Seguridad Social, de alrededor de 10 000 millones de euros en
2006, a 8 000 millones de euros en 2007, para un importe total de gastos
de 295 500 millones, superior al presupuesto del propio Estado (267
000 millones de euros), en aplicación del artículo 104
del Tratado de Maastricht.
La ley fija, en particular, los objetivos de control de los gastos.
Prevé ahorros que deben realizarse, gracias a la lucha contra
los abusos y fraudes a las prestaciones sociales, prosiguiendo los "esfuerzos"
sobre los medicamentos, con la supresión del tercio pagado para
los pacientes que rechazan un genérico,...
Añadamos que la Directiva europea 2004/27/CE prevé (punto
2 del artículo 88), que "los medicamentos que están
destinados utilizarse sin la intervención de un médico
pueden ser objeto de una publicidad para la opinión pública.".
El informe sobre la automedicación (citado más arriba)
precisa (página 14): "Los medicamentos de automedicación
son denominados de "precio libre", es decir que, a todos los
niveles (fabricante, mayorista, dispensador,...), el precio, los márgenes,
no son administrados, ni controlados.". Y, he aquí, de nuevo
la "competencia libre y no falseada" (artículo 87 del
Tratado de Maastricht), tan querida para la Unión Europea.
4 - Otras medidas contra los asegurados sociales
En Francia: instauración de penalizaciones por incumplimiento
del curso de los cuidados (1 por consulta y por acto médico)
y paso obligatorio por el médico de cabecera (aumento del 10%
de la participación financiera del enfermo en caso de recurso
directo a un especialista), aumento del pago único hospitalario
(+ 14,3% en dos años, en Francia), instauración de franquicias
para algunos actos (18 cuando el coste de los actos sobrepase
los 91 ), cuestionamiento de la asunción al 100%, para
los enfermos aquejados de una afección de larga duración;
En Italia: aumento del "tique sanitario", (35 pagados
por el paciente para una visita a urgencias);
En Bélgica: instauración de suplementos de honorarios
en los hospitales, de suplemento de habitación, del no reembolso
de algunos medicamentos;
En República Checa: introducción de gastos suplementarios
no cubiertos por el seguro Salud Pública (medicamentos, entrada
y estancia a l' hospital);
En Hungría: aumento del 8,5% del importe de la cotización
salarial a la caja de jubilación.
Ello en aplicación, allí también, del artículo
104 del Tratado de Maastricht, que incluye los gastos de la Seguridad
Social en los gastos públicos sujetos al procedimiento de los
"déficit excesivos".
En un informe sobre la protección social y la inclusión
social, publicado el 19 de febrero de 2007, la Comisión Europea
exige "la fijación de límites máximos generales
de gastos, la participación (de los enfermos), en el coste de
las prestaciones.".
5 - La supresión del monopolio de los sistemas de Protección
Social
En Francia, se incita a los enfermos a pagar, cada vez más caro,
una cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se externalizan algunas
actividades hasta ahora asumidas por las cajas de Seguridad Social:
por ejemplo el la limpieza, la imprenta, la formación, las hojas
de cuidados, son tratadas por algunas sociedades privadas, los centros
de pago cierran uno tras otro, se establece plataformas telefónicas
de pago que no tienen acceso a los expedientes de los asegurados…
En Rumania, también se generalizan los seguros privados de salud.
Son utilizados para pagar la diferencia entre las sumas cubiertas por
los Seguros Sociales de Salud y las sumas pagadas por los enfermos por
las prestaciones de cada prestatario de servicios médicos y farmacéuticos,
así como para el pago de los servicios médicos no asumidos
por los Seguros Sociales de Salud.
En Turquía, desde el momento en que el ISA pasó bajo el
control del Estado -de lo que el gobierno se ha aprovechado para reducir
sus contribuciones-, los seguros privados se generalizaron.
Es la Resolución 2000/2009 del Parlamento Europeo que apunta
"a hacer jugar a los seguros complementarios un papel cada vez
más importante en el mercado interior, en materia de cobertura
de distintos riesgos de enfermedad.".
En consecuencia, la Comisión Europea considera que la ley belga
de 6/08/1990 sobre las mutualidades "no ha aplicado correcta e
íntegramente las disposiciones de dos directivas (73/239/CEE
y 88/357/CEE sobre la libertad de las prestaciones de las compañías
deseguros).". Se acusa así al gobierno belga de favorecer
a las mutualidades que compiten con las compañías privadas,
cuando ellas ofrecen una cobertura complementaria al marco legal (seguro
de hospitalización, cuidados a domicilio, etc.).
Es el artículo 87 del Tratado de Maastricht el que estipula que
"son incompatibles con el mercado interior, las ayudas concedidas
por los Estados miembros o por medio de los recursos estatales en cualquiera
de sus formas que falsean o amenazan con falsear la competencia favoreciendo
algunas empresas o ciertas producciones.".
Añadamos que, el 26 de septiembre de 2006, la Comisión
Europea publicó una comunicación sobre los servicios de
salud, llevando a cabo una "consulta pública". Es sobre
la base de los resultados de esta "consulta" que la Comisión
Europea debe proponer una Directiva "salud". La comunicación,
mencionando al mismo tiempo el "respeto de la responsabilidad de
los Estados miembros en materia de Servicios de Salud y Cuidados Médicos.",
precisa: "El Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición
no excluía la posibilidad de imponer a los Estados miembros adaptaciones
de su Sistema Nacional de Seguridad Social, debido a otras disposiciones
del Tratado, como el artículo 49/CE.". El artículo
49/CE estipula: "Las restricciones a la libre prestación
de servicios en el interior de la comunidad están prohibidas.".
Los sistemas nacionales de Seguridad Social, serían así
directamente puestos en entredicho por esta Directiva europea en preparación.
¡Eso significa que en Francia, sería necesario poner en
entredicho el monopolio de la Seguridad Social de 1945!
III - Las "asociaciones Sector público-Sector privado"
(APP)
La asociación entre los sectores público y privado (APP)
está en el centro del dispositivo establecido por la Unión
Europea que, en un libro verde le da el nombre de "servicio de
interés general", que asocia los Servicios Públicos
y a las compañías privadas.
El Banco Central Europeo precisaba en su carta mensual de abril de 2003
titulada "Una reforma completa es necesaria para hacer frente al
aumento de la edad de la población": "Es necesario
establecer rápidamente reformas con el fin de hacer frente al
aumento de la edad de la población (...). Estas reformas deberían
hacer financieramente sostenibles los servicios públicos de jubilación
así como las disposiciones en materia de salud y cuidados de
larga duración limitando el riesgo del sector público
y facilitando la financiación privada y los incentivos.".
Aunque la forma difiere de un país a otro, las asociaciones "público-privado",
constituyen así el común denominador de todos los países
de la Unión Europea.
Gran Bretaña
El instrumento financiero de la asociación pública privada
es el PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Se puso a punto
por el Gobierno Thatcher que se sirvió de ello para la privatización
de los ferrocarriles a partir de entonces hoy es utilizado por el Gobierno
Blair.
De 1998 a 2005, el Banco Europeo de Inversión ha efectuado más
de mil millones de libras esterlinas de préstamos para establecer
PFI.
El PFI funciona así: el Estado hace asumir a un inversor privado
el coste de la construcción, del desarrollo y del mantenimiento
de un hospital. Pero hay, evidentemente, una contrapartida. Las compañías
privadas y sus consejos de administración, que exigen rendimientos
sobre inversión de, al menos un 10% al año, no son filántropos.
El Estado se compromete pues, a pagar unos ingresos anuales durante
30 años.
Según el propio Ministerio británico de Salud, la construcción
de un hospital privado que cuesta 8 000 millones de libras a la compañía
privada "socia" del Servicio Público terminará
por costar 53 000 millones de libras de ingresos al NHS durante 30 años.
En respuesta a una pregunta oral planteada a la Cámara de los
Municipios por un diputado conservador, el gobierno reveló que
el coste actual total del PFI en el NHS es de 45 000 millones de libras,
sólo para el año 2006. Una suma pagada por el contribuyente
que sobrepasa -en gran medida-, el supuesto déficit del NHS y
que bastaría para restaurar definitivamente un "servicio
de salud gratuito y universal" si se invirtiera en el Servicio
Público mediante una ley de re-nacionalización.
No hay pues déficit del NHS en Gran Bretaña.
Examinemos ahora lo que estipulan estos contratos de 30 años.
Como el firmado por el Worcestershire Real Hospital. En 2003, según
las cifras oficiales, este hospital informaba un seudo "déficit"
de 22 millones de euros. La dirección decide que el hospital
deberá, en adelante, funcionar al 98% de su capacidad para "recuperar"
este "déficit", imponiendo medidas drásticas
al personal.
Pero, el contrato firmado, 7 años antes con la compañía
Catalyst, preveía en una de las cláusulas que ¡el
hospital no debería nunca superar un 90% de su capacidad de funcionamiento!
¡El Worcestershire Real Hospital, en consecuencia, fue condenado
a pagar una multa de 292 000 euros a su "socio" Catalyst!
Estos contratos prevén, por tanto, no sólo el saqueo de
los fondos públicos sino también la limitación
forzada de las capacidades de cuidar, es decir la destrucción
de lo que fue alcanzado por el desarrollo de la civilización.
Tomemos el caso de la ciudad de Lymington donde hay actualmente un proyecto
PFI, para la construcción de un nuevo hospital privado en competencia
con el hospital existente. Según el responsable sindical local,
no habrá ya servicio de maternidad, ni unidad reservada a los
discapacitados.
Ejemplos como éstos existen por millares.
Bajo el pretexto de reducir un déficit que no existe, para poder
pagar la renta anual a las compañías privadas de las que
el NHS se convirtió en el aparcero por orden de Bruselas y del
gobierno, son millares de camas, de servicios, de puestos los que son
suprimidos (ver parte I).
Italia
En Italia el proceso de privatización de la salud toma la forma
de firma de convenios entre el Sistema de Salud Pública -regionalizado
en una primera etapa- y el sector privado.
Primero, Se han transformado las USL (Unidades Sanitarias Locales) en
empresas. Luego, la segunda fase fue la regionalización. Los
directores de las USL se han encontrado dependiendo más directamente
de las Regiones y en consecuencia de un poder que los controla más
de cerca y directamente. Se castiga drásticamente cada exceso
del presupuesto y el director arriesga su puesto. Todos los presupuestos
de los hospitales, de los servicios, etc., no dependen ya de las exigencias
médicas, sino de la necesidad de contener los costes. Se concede
una prima a los directores que respetan los presupuestos y que recortan
los créditos.
En paralelo a este proceso de regionalización, ha comenzado el
proceso de privatización.
Las Regiones han comenzado a subvencionar, cada vez más, a los
hospitales privados, a través del procedimiento de los "convenios".
Francia
Los hospitales públicos son invitados a endeudarse directamente
o a través de las APP.
Para obtener subvenciones o ayudas, los establecimientos han debido
soportar un esfuerzo particular tomando de sus fondos propios, o recurriendo
al empréstito, no sin consecuencias, como lo menciona un estudio
de la sociedad de análisis y de supervisión financiera
Fitch Ratings. Hecho público en enero de 2006, este estudio indica
que la deuda de los hospitales podría duplicarse en los cinco
próximos años.
La sociedad de análisis indica que "para renovar sus edificios
y materiales, los hospitales públicos son instados a endeudarse
directamente o por medio de las asociaciones público-privado
(APP).". Según Nicolas Painvin, el analista autor del estudio,
"la deuda de los hospitales debe aumentar, respecto al plan "Hospital
2007" y al plan "Hospital 2012" recientemente anunciado.".
"Finalmente, la exposición de motivos del plan "Hospital
2007", es, de algún modo: "es necesario invertir, y
vamos a ayudarles a endeudarse".", explica. "Los hospitales
tienen necesidades importantes en materia de inversión. Los prestamistas
se preguntan sobre la solvencia a largo plazo. A corto y a medio plazo,
seguramente, el interrogante, realmente no se plantea. En cambio, a
largo plazo, hay un auténtico interrogante.".
Por otra parte, la situación presupuestaria de los establecimientos
es, por lo menos, tensa. Según las cifras, para 2006, comunicadas
por el DHOS, un 34% de los establecimientos presentaron una Cuenta de
Resultados provisional de su EPRD en déficit, mientras que el
43% han efectuaron una exacción sobre su fondo de operaciones.
Inevitablemente, esto tendrá una repercusión sobre las
inversiones y conducirá al agotamiento de la capacidad de inversiones
para algunos establecimientos.
¡El documento ministerial preconiza "la eficiencia"
y la evaluación del beneficio sobre inversión, así
como sobre la "problemática de la externalización
(que) debe evaluarse y seguir explorándose en todas sus dimensiones,
tanto en la gestión de los activos inmobiliarios como en las
funciones técnicas y logísticas."!
Por lo que se refiere a los discapacitados, con la ley Montchamp, es
peor aún, la gestión del MDPH (Casa Departamental de Personas
Discapacitadas) y el nuevo fondo departamental de compensación
de la discapacidad se confía a un GIP (Agrupamiento de Interés
Público) que introduce intereses privados: asociaciones, organismos
gestores de establecimientos, "servicios destinados a las personas
discapacitadas [o] que aseguran una función de coordinación.".
La nueva ley generaliza así la retirada del Estado y la privatización
de la orientación y de la asunción de la discapacidad.
España
El Gobierno Aznar transfirió la salud a las "autonomías".
El Gobierno Zapatero ha renunciado a aumentar los gastos públicos
de salud. La situación así creada tiene como resultado
que la comunidad de Valencia entrega, por ejemplo, la asistencia sanitaria
del sector de Alcira a un hospital que pertenece a la compañía
de seguros Sanitas. La comunidad de Madrid lanza la construcción
de siete nuevos hospitales, según el procedimiento de las asociaciones
público-privado (APP). Es decir, que delega la dirección
de obras a estructuras financieras que se encargan de la construcción
y del mantenimiento de servicios enteros, abriendo así a los
especuladores de bienes inmuebles nuevos campos de extensión
en el sector de la salud.
República Checa
Pretextando la gestión insatisfactoria de los hospitales públicos
y el déficit presupuestario anual de algunos hospitales, las
14 regiones creadas en el país, se han comprometido en la transformación
de los hospitales públicos en sociedades de economía mixta,
es decir, en la vía de la privatización.
Hungría
Desde hace años, se han entablado discusiones sobre la privatización
y la forma de privatización: parcial o total. En algunos hospitales,
algunas actividades ya son confiadas a estructuras privadas (mantenimiento,
limpieza, administración y también laboratorios y servicios
de radiología). Estas privatizaciones implican el despido del
10% del personal, así como la pérdida de las conquistas
sociales (entre ellas la seguridad del empleo) del personal no despedido.
IV - Privatización, regionalización de Sistemas Públicos
de Salud
La regionalización es uno de los instrumentos que es utilizada
por la Unión Europea, en particular, después de la aplicación
del Tratado de Maastricht en 1992, para privatizar el Sistema Público
de Salud. Dos ejemplos en Europa son concluyentes: Italia y España.
Italia
Antes del Tratado de Maastricht existía un sistema nacional organizado,
basado en las Unidades Sanitarias Locales (USL), completamente públicas,
que recibían dinero directamente del Estado. Las USL eran unidades
locales precisamente, en el sentido en que representaban, sobre todo,
las estructuras de organización de la salud nacional. Por ejemplo,
una ciudad como Turín o Roma contaban con alrededor de una veintena
de USL que recibían el dinero en función de sus peticiones.
La primera transformación del sistema fue transformar las USL
en Empresas Sanitarias Locales. Eso corresponde al inicio de la aplicación
del Tratado de Maastricht. Los directores de estas ESL (ASL) introdujeron
criterios de gestión privada.
La segunda fase ha sido la regionalización que tuvo lugar bajo
el Gobierno de Centro Izquierda de 1996 a 2001, que se desenbarazó
directamente de toda la gestión de los presupuestos nacionales
sobre las regiones. Debían aplicar directamente el Pacto de Estabilidad.
Estas regiones se han visto obligadas a elegir: o recortar directamente
en los servicios -lo que ha llevado a millares de supresiones de camas,
a reducciones de personal y a cierres de hospitales-, o aumentar los
gastos a cargo de los enfermos (un tique de salud) y aumentar los impuestos
a nivel regional.
Hay que señalar que la regionalización de la salud se
insertó en la primera reforma de la Constitución (federalista)
establecida por el Gobierno de Centro Izquierda en octubre de 2001.
Esta reforma introduce el principio de subsidiariedad en la Constitución
así como el cumplimiento de la política europea. Esta
reforma sanciona la regionalización de la salud.
Consecuencias: algunas regiones como Sicilia, para respetar el Pacto
de Estabilidad, pusieron en venta los hospitales. Las primeras diferencias
entre las regiones comenzaron así a aparecer. Algunas regiones
han suprimido servicios, han cerrado hospitales, aumentado las tasas.
Naturalmente, las regiones más pobres, especialmente las del
Sur, fueron las más perjudicadas. Pero todas las regiones sufrieron
un daño porque en la base, está el hecho de que el Estado
reduce los fondos que deben transferirse a las regiones en nombre de
la aplicación del Pacto de Estabilidad.
Por ejemplo, los habitantes de Emilia Romagna que viven limítrofes
al Veneto prefieren ir a los centros del Veneto ya que se trata de una
región más rica, por tanto con mejores servicios, pero
como las prescripciones entregadas por un médico de una región
no se reconocen en otra, si empezó a ser tratado en una región,
es necesario continuar en la misma y comprar sus medicamentos en esta
región. Y si un ciudadano va de una región a otra, es
necesario rehacer las consultas para obtener las recetas.
Un informe oficial indica que, un paciente que elige pagar solamente
el tique espera una media de 40 días para una consulta o una
prueba. Pero para hacer un escáner en Nápoles, son necesarios
113 días y 180 días para un control cardiológico
en Monza.
Las regiones han comenzado a subvencionar los hospitales privados o
a introducir servicios privados en los hospitales públicos. ¡Así,
si el mismo paciente que debería esperar 180 días para
un control cardiológico elige el servicio privado en el hospital,
su espera desciende, por término medio a… ¡cuatro días!
Pero el coste de la consulta privada se sitúa entre 40 y 250
euros…
Ahora, el nuevo Gobierno Prodi propone una nueva "reforma"
de la Constitución que atribuiría a las regiones, plenos
poderes sobre la salud, sobre la escuela y sobre los impuestos. Eso
significaría que las regiones dependerían estrechamente
de los límites dictados por Bruselas.
España
Ante todo, es necesario no olvidar que, tras la muerte de Franco en
1975, el movimiento de los trabajadores y sus sindicatos impusiero la
unificación de las redes sanitarias que dependían antes
de las distintas administraciones. Así pues, los servicios sanitarios
que, bajo la dictadura, dependían de las autoridades locales
y regionales, las redes especializadas -como, por ejemplo, los hospitales
que trataban la tuberculosis-, dependían también de una
administración particular, se integró todo eso, en una
red única. Esta única red a escala de todo el país
unificó también las condiciones de trabajo y asimiló
el estatuto particular del personal de hospitales al Estatuto General
de la Función Pública.
Pero en 1992, después de la firma del Tratado de Maastricht,
el gobierno introdujo, en aplicación de las directivas europeas
y del Tratado, la separación entre la planificación de
la red sanitaria y el funcionamiento del servicio. Daba la dirección
de la red sanitaria a las regiones, pero la gestión de cada servicio
y hospital correspondían a otros organismos (ayuntamientos, Iglesia,
sector privado, departamento). Así, la regionalización
completa que existe abrió directamente la puerta a la gestión
privada de los hospitales.
Hoy día, el Ministerio de Salud es un Ministerio "vacío",
que sólo controla la red sanitaria de las ciudades marroquíes
bajo control español de Ceuta y Melilla, y las 17 regiones tienen
todas las competencias.
Por ejemplo, en la región de Andalucía se constituyó
un Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas Sanitarias pero
el personal de estas empresas no goza del mismo estatuto, depende de
un contrato de derecho privado y un 30% de su salario depende de la
productividad.
Así, algunos hospitales son administrados, por ejemplo, por
órdenes religiosas como el hospital del Aljarafe. Pero como la
Iglesia está contra la planificación de la natalidad,
este hospital no practica interrupciones voluntarias del embarazo.
En la región de Valencia, el Hospital de La Rivera, que es público,
es sin embargo, administrado por una Sociedad de Seguros que se llama
Sanitas. En Madrid, existe un plan para construir 10 hospitales que
serán administrados por empresas privadas. En paralelo a eso,
toda la ofensiva contra los médicos del hospital de Leganés
(véase el llamamiento de la Asociación de los médicos
de Leganés, página 41) pretende simplemente transformar
el Hospital Público en Fundación, es decir público-privado.
En efecto, hace cinco años, el Ministerio de Salud propuso transformar
todos los Hospitales Públicos en Fundaciones, en asociaciónes
público/privado y propone por lo tanto que se elimine el Estatuto
de los Trabajadores de la Salud.
Esta ofensiva, había fracasado en su momento a causa de la resistencia
de los trabajadores en movilizaciones en todo el país.
Ahora, se intenta en cada región aplicar medidas de privatización
sobre la base de un acuerdo de financiación celebrado en septiembre
de 2005 bajo el actual gobierno, acuerdo conseguido sobre la base de
la aplicación estricta de los criterios de Maastricht. Eso ha
llevado, rápidamente, a que los enfermos tengan un diferente
tratamiento según las regiones, en función de sus rentas,
ya que cada región tiene el poder de imponer tasas, de modular
los tiques disuasorios o moderadores, y buscar recursos.
Pero hay otra cuestión: la modificación radical de las
condiciones de trabajo de los médicos y del personal según
las regiones. Por ejemplo, El País del 14 de marzo de 2007 titulaba
en un largo artículo: "18 territorios, 18 carreras sanitarias".
Explica el detalle de las diferencias salariales que pueden alcanzar
2 000 euros entre un médico de Barcelona y un médico de
la región de Galicia.
V - La impugnación de los derechos de los discapacitados
En Francia, la Ley Montchamp es presentada como un
"avance para las personas discapacitadas".
Pero la Ley Montchamp, pone en entredicho los artículos fundamentales
de la Ley de Orientación de 1975 (llamada "Ley Lenoir"),
modifica el Código de la Familia y de la Acción Social,
así como el Código de la Educación que imponía
al Estado la obligación de garantizar la escolaridad de todos
los niños, o en una escuela ordinaria, o en un establecimiento
-o una estructura especializada-, cuando fuera necesario, en función
de la naturaleza y el grado de la discapacidad y/o las dificultades
de un niño.
La nueva ley obliga "al servicio público" a garantizar
esta escolarización "en el medio ordinario", sin ningún
respeto de los derechos del niño discapacitado a la enseñanza
y a los medios especializados que le son indispensables.
Esta ley programa la transferencia de los niños discapacitados
de los establecimientos especializados hacia las escuelas ordinarias,
que no disponen de las estructuras ni del personal cualificado, adecuado
a la naturaleza y al grado de su discapacidad. Es difícil no
ver los considerables ahorros que esta ley permite. Recordemos que un
niño en un establecimiento especializado cuesta 25 000
anuales por término medio frente a 7 000 en una escuela
ordinaria.
Cada aula podría incluir a varios niños minusválidos,
integrados sobre la base del proyecto personalizado derogatorio del
programa escolar nacional, que el profesor es reputado supuesto de respetar
en su clase.
No sólo el Estado se desentiende de la asunción especializada
de estos niños, sino que disloca las clases mediante la generalización
de las enseñanzas a la carta que substituyen al programa escolar.
¿Cuál es el origen de la Ley Montchamp?
Es la "no discriminación" en versión Unión
Europea.
¿Quién puede estar contra la no discriminación?
Nadie. ¡Por supuesto! ¡La Ley Montchamp parece descansar
sobre este principio, es decir, en realidad, sobre la Directiva europea
del 27 de noviembre de 2000 que prevé para los discapacitados
"garantizar" la accesibilidad al hábitat, a los transportes
y al puesto de trabajo… ¡A condición de que las adaptaciones
sean "razonables", respeten el "principio de realidad"
y no impongan a los patronos cargas "desproporcionadas"!
La Resolución del Consejo de la Unión Europea del 5 de
mayo de 2003 recuerda en el apartado 2: "El Tratado por el que
se constituye la Comunidad Europea da a la comunidad la posibilidad
de tomar las medidas con vistas a combatir cualquier discriminación
basada en (...) una discapacidad (...) respetando, al mismo tiempo,
plenamente, la responsabilidad de los Estados miembros sobre el contenido
de la enseñanza y la organización de los sistemas educativos.".
¿Más discriminación? Tienen "derecho"
al aprendizaje y a la precariedad. En efecto, leemos en el apartado
7: "para que los discapacitados tengan un mejor acceso a la enseñanza
y a la formación en la la óptica de una educación
a lo largo de toda la vida.".
El marco queda pues claro: para los discapacitados, como para todos
los trabajadores, la Unión Europea dice: más títulos
nacionales, sino la formación permanente con el aprendizaje nueva
fórmula desde los 14 años, que no conduce a ningún
título, a ninguna calificación.
¿Más discriminación? Tienen "derecho"
a no tener ya establecimientos especializados:
"Se da un nuevo impulso a los estudios, sobre soluciones de sustitución
que, aún siendo rentable, permiten a las personas discapacitadas
llevar una vida autónoma en sus comunidades o en su familia y
no en instituciones cerradas.". Cuando la Unión Europea
dice "cerradas", obviamente, es necesario incluir "especializadas",
con personal cualificado, generalmente funcionarios del Estado que hayan
recibido años de formación específica, excesivamente
costosas para los criterios de Maastricht que imponen un déficit
público próximo a cero. ¡Se precisa incluso que
las "soluciones de sustitución" deben ser "rentables"!
Esta ofensiva contra las instituciones especializadas se reafirma en
la Directiva europea 2078 que dice esto: "Un excesivo número
de personas discapacitadas, en particular niños, sigue siendo
aisladas, excluidas de la sociedad por el hecho de vivir en institución
(...). Se ha puesto el acento, fundamentalmente, sobre el derecho de
los niños discapacitados a crecer en un marco familiar y en la
colectividad. Un grupo de expertos elaborará las recomendaciones
para la desinstitucionalización de los niños discapacitados,
para la atención de niños a domicilio." (Consejo
de Europa, 24/04/2006).
¡Se cierran las instituciones adaptadas a su discapacidad, y se
los devuelve a su casa, "a domicilio"!
"La trampa que constituye el elevado nivel de las prestaciones"…
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones del 28 de noviembre de 2005 utiliza el concepto (página
3) de "igualdad de trato y de autonomía" y declara
"el derecho a participar en la vida de la sociedad"; ¡No
confundir con el derecho a la vida en sociedad!
"Habida cuenta de la situación demográfica actual,
el potencial económico de las personas discapacitadas y su contribución
al crecimiento económico y al empleo deben concretarse aún
más, sobre la base del orden del día social para el período
2005-2010 (...), con el fin de apoyar la estrategia de Lisboa (...),
invita a los Estados miembros a promover la integración de las
personas discapacitadas, en sus próximos programas de reforma
en favor del crecimiento y el empleo."
En el mismo documento, la Unión Europea constata que "la
tasa de inactividad de las personas discapacitadas es dos veces más
elevada que la de las no discapacitadas.". Todos los trabajadores
piensan que esta protección de los discapacitados frente al trabajo,
a la explotación, que crea condiciones, cada vez más difíciles
de vida para una persona no discapacitada es un acervo de civilización
totalmente positivo… Pues bien, para la Unión Europea, es lo
contrario:
"La trampa que constituye el elevado nivel de las prestaciones
percibidas con relación al de las remuneraciones y el riesgo
de perder estas prestaciones en caso de contratación, son factores
disuasivos importantes.", (página 5). Y para los que no
lo hubieran entendido todavía: "los regímenes de
discapacidad tienen repercusiones sobre las jubilaciones anticipadas.
Es necesario pues que las acciones en favor de las personas discapacitadas
apoyen aún más la actividad profesional y favorezcan la
prolongación de la vida activa, en particular, para prevenir
las jubilaciones anticipadas.". Claramente: ¡es necesario
romper los regímenes de incapacidad para volver a poner a trabajar
a estos discapacitados vagos!
Tony Blair había empleado mucho antes, esta recomendación,
de sobra, en Gran Bretaña, provocando una importante crisis política
dentro de su gobierno en 2000…
Para la Unión Europea, los discapacitados representan un potencial
de trabajo que debe entregarse a la explotación patronal. Los
estudios estadísticos de la Unión Europea citan 44,6 millones
de personas que consideran tener un problema de discapacidad, o sea,
un 16% de la población en edad de trabajar. "Muchas de entre
ellas pueden trabajar, de ahí la importancia crucial de una adaptación
del entorno laboral (...). La población en edad de trabajar disminuye
con relación a la población total. Es pues más
importante que nunca de sacar partido plenamente de la población
activa disponible, incluidas las personas discapacitadas.", (página
4)
Precisamente, la ley Montchamp reforma el sector denominado del "trabajo
protegido", y en particular los talleres protegidos que se convierten
en "Empresas adaptadas". Estas empresas podrán ser
creadas en adelante por empresas con ánimo de lucro -y no solamente
por asociaciones o colectividades locales-… pero no debemos soñar,
los trabajadores discapacitados, no tendrán nunca los mismos
derechos ni los mismos salarios de los no discapacitados: ¡para
el gobierno francés, como para la Unión Europea, la "no
discriminación" es un concepto de geometría variable!
Acta íntegra del
encuentro del 31 de marzo de 2007 - Bruselas
Presentación
Christel Keiser (Acuerdo Europeo de los Trabajadores, Francia)
Desearía, en nombre del Acuerdo Europeo de los Trabajadores,
presentar la información fundamental que figura en el memorando
europeo que hemos elaborado, a partir de la información que unos
y otros habéis comunicado. Este es el memorando que iremos a
llevar, si estáis de acuerdo, a los responsables de la Comisión
Europea que van a recibirnos el próximo lunes, memorando completado,
obviamente, por los elementos que váis a transmitir en esta reunión.
Es a los interrogantes planteados en este memorando a los que vamos
a pedir respuestas.
Pero antes de eso, es necesario volver de nuevo sobre la constatación
que todos hemos establecido: en todos nuestros países, desde
hace muchos años -especialmente, desde la aprobación del
Tratado de Maastricht en 1992-, estamos enfrentados al desmantelamiento
de nuestros Sistemas Públicos de Salud y nuestros Regímenes
de Protección Social. Los Estados de Situación que, todos
hemos comenzado a levantar, ponen de relieve una cosa: Esta política
de desmantelamiento, ha sido puesta en práctica por todos los
gobiernos, cualquiera que sea su color político, porque es el
resultado de la aplicación de las directivas de la Unión
Europea.
Yo no puedo abordarlo todo, pero querría volver de nuevo sobre
dos cuestiones que me parecen esenciales: la de la restricción
de los gastos de salud en todos los países y la del desmantelamiento
de los regímenes de protección social.
Estos son los hechos, acerca de los cierres de hospitales, la supresión
de millares de camas, la reducción de los gastos de salud y,
por tanto, de millones de empleos.
Nos han sido comunicadas las siguientes cifras:
o Entre 1992 y 2003, se han cerrado 86 000 camas en Alemania, 83 000
en Francia;
o Entre 1981 y 2003, se han cerrado 510 maternidades, o sea, cerca de
la mitad, en Francia;
o Tras las indicaciones de la "Sociedad Alemana de los Hospitales"
(DKG) de 2007, el número de los hospitales pasó de 2 345
a 2 139 entre 1995 y 2005, es decir, 186 menos; Al mismo tiempo, se
suprimieron 86 000 camas y se acortó la duración de estancia
en 2,8 días (pasando de 11,4 a 8,6); El número de las
personas empleadas en los hospitales disminuyó en alrededor de
100.000;
o Entre febrero y noviembre de 2006, se han suprimido 21 000 empleos
en el NHS (Servicio Nacional de Salud) en Gran Bretaña;
o Entre 2000 y 2003, se suprimieron 185 000 puestos en Italia y sólo
en la región de Lombardía, se cerraron 7 200 camas para
grandes enfermos;
o En Hungría, el número de camas "activas" disminuirá
de 60 000 a 44 000 en 2007;
o En Bélgica, el número de camas de hospital para 100
000 habitantes pasó de 772 en 1993 a 611,6 en 2004, lo que representa
una disminución por término medio del 2,4% anual. Eso
representa más de 14 000 camas suprimidas en 10 años.
En Bruselas, por ejemplo, la red IRIS de los hospitales públicos
programó el cierre de 190 camas en 2007.
o En Suiza, de 1990 a 1998, 800 camas de hospitales se suprimieron sólo
en el cantón de Vaud.
¿Cuáles son las consecuencias de esta política
para los enfermos y el personal?
He aquí extractos del testimonio de un médico francés,
en la rueda de prensa de la "Asociación Médica de
Defensa de la Deontología y los Derechos de los Enfermos dada
el 13 de febrero último:
"El Gobierno encargó a un profesor expedir la lista de los
servicios de cirugía que deben cerrarse. Misión realizada:
se entregó a las autoridades públicas, una lista de 113
servicios que deberían cerrarse. Nuestro país cuenta,
en total, con alrededor de 480 servicios de cirugía. ¡Increíble,
es pues a la cuarta parte de estos servicios a los que se le promete
al cierre! El argumento utilizado es el mismo, que el que sirvió
de pretexto al cierre de millares de maternidades, con las catástrofes
que se conocen después: muertes de neonatos, partos a domicilio
o en los coches sobre aparcamientos, muerte de mujeres embarazadas.
Se afirma, para justificar esta decisión, que estos servicios
no tendrían bastante actividad. La marca se fijó, el año
en 2 000 operaciones. ¿Por qué 2 000? ¿Por qué
no 1 000, o 3 000? ¿En qué estudios médicos se
basa? No existe ninguno. ¿La verdadera razón?
En la cumbre de Salónica del 21 de junio de 2000, se había
hecho una recomendación a Francia: "Supervisar atentamente
la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos
en el sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable y, cuando proceda, adoptar nuevas medidas para lograr este
objetivo"."
En Bélgica, un estudio de la OCDE de mayo de 2005, dedicado a
la asistencia sanitaria, indica: "El Gobierno puede incitar a los
hospitales a reducir el número de camas excedentarias. (...).
Las autoridades tienen la intención de reforzar aún la
especialización y la cooperación entre hospitales al programar
la ofrece de servicios hospitalarios por cuencas de cuidados.".
Consecuencia: los hospitales de la red pública no están
ya presentes en cada zona del país.
En Dinamarca, sindicalistas explican que el número de tratamientos
en hospitales privados aumenta, mientras que los hospitales públicos
de menor importancia cierran. Desde el 1 de enero de 2007, los pequeños
hospitales, y también los hospitales públicos de media
capacidad, están amenazados de restricciones debido a la reforma
de los municipios. Se han suprimido millares de camas, se han cerrado
numerosos servicios, se ha reducido el personal, especialmente por lo
que se refiere a las enfermeras.
En Italia, un médico atestigua: "Para todos los trabajadores
y todos los que no pueden permitirse un seguro privado, la salud se
convierte, realmente, en un problema. ¡Numerosas personas mueren
por enfermedades que pueden curarse pero que se diagnosticaron tarde
o fueron mal cuidadas (...). Conozco el caso de una persona, que tiene
un grave tumor, que requiere una consulta y cuidados urgentes, fueron
necesarios 40 días de espera, aquí en el Piamonte!".
Por lo que se refiere a Hungría, el diario francés Les
Echos del 19 de febrero de 2007 señala: "El gobierno húngaro
puso fin, el jueves, a la gratuidad de la salud. Los pacientes deben,
en adelante, pagar una "tasa de visita" de 300 florines (1,2
euro) por las visitas médicas y cada día de hospitalización
(...). La tasa arancelaria no es, por añadidura, más que
una de las numerosas medidas que Budapest está totalmente decidida
a aplicar para intentar reflotar sus cajas públicas. El gobierno
ya hizo saber que pensaba cerrar en los próximos meses siete
hospitales públicos (...).".
En Rumania, una sindicalista del sector de la salud nos traslada la
siguiente información: "Bajo el pretexto de que tenemos
demasiadas camas de hospitales (en condiciones en que a menudo se hospitalizaba
a personas a dos por cama), la reducción de éstos ha continuado,
e incluso la liquidación íntegra de algunos hospitales
o de algunas de sus secciones. Se ha "argumentado" que en
la Unión Europea, exista una media de 4,2 camas para 100 habitantes
mientras que en casa la media es de 7,2. ¿Hay realmente un excedente
de camas? No, en realidad, esto es un hallazgo para reducir el dinero
asignado a los hospitales.".
En Suiza, algunos sindicalistas indican: "En nuestro país,
que no es miembro de la Unión Europea, pero que sufre todas las
consecuencias del Pacto de Estabilidad, la puesta en práctica
de las políticas de austeridad a nivel financiero, el "freno
al endeudamiento" que se ajusta en todo a los criterios de convergencia
del Tratado de Maastricht, ha conseguido en cantones francófonos
cierres masivos de camas de cuidados de enfermedades agudas, la liquidación
de los hospitales de proximidad, de maternidades, de servicios de urgencia,
etc.
Actualmente, son los estatutos, los convenios colectivos y otras garantías
para el personal las que se ponen en entredicho con, como en Neuchâtel,
reducciones de salarios -que pueden ir hasta 1 000 francos suizos al
mes-, es decir 650 al mes! ¡(…), en cuidados intensivos
de pediatría, se ha llegado a pedir al personal recurrir a los
familiares para supervisar el control del prematuros!".
Desde hace meses, incluso años, huelgas y manifestaciones se
multiplican en toda Europa contra el cierre de los hospitales, de las
maternidades, contra las "reformas" de la salud.
Ese es el caso en Gran Bretaña, donde millares de personas se
han manifestado en varias ciudades del país contra el cierre
del hospital local. En una localidad, 130 000 personas firmaron una
petición contra el cierre de la maternidad. En esta misma ciudad,
la directora local del NHS dimitió para protestar contra el plan
gubernamental. Explica: "Estos cinco últimos años,
he intentado presionar sobre la política de la dirección.
Estoy cada vez más preocupada de la utilización de las
compañías privadas en el NHS.". El secretario de
la Asociación Médica Británica informa: "Nos
queda un año para impedir que el servicio de salud sea convertido
en un pecio.".
Ese es el caso también en Alemania donde, en octubre pasado,
millares de trabajadores se manifestaron contra la reforma de la salud
a convocatoria de sus organizaciones sindicales.
En Dinamarca, tuvieron lugar localmente protestas contra el cierre de
los hospitales de proximidad. También tuvieron lugar huelgas
en hospitales importantes. Recientemente, más de 60 000 personas
se manifestaron contra las restricciones relativas a los hospitales
de la isla de Funene.
En Hungría, se han organizado manifestaciones locales, para defender
los hospitales de proximidad, manifestaciones que agrupan, unidos, a
enfermos, habitantes y personal de sanidad.
En Rumania, cuando se ha planteado el problema del cierre de un hospital
local, los responsables sindicales han convocado a la huelga y han declarado:
"Hemos recibimos mensajes de ánimo de todas las filiales
del sindicato de la región.". Podría también
hablar de Francia, de Italia, de Suiza, etc.
Pero ¿quién impone, por todas partes, el cierre de los
hospitales, de las camas, de los servicios, las supresiones de puestos,
las restricciones presupuestarias?
No sería necesario poner en relación esta política
con el artículo 104 del Tratado de Maastricht que estipula:
"1. Los Estados miembros evitan los déficit públicos
excesivos. 2. La Comisión supervisa la evolución de la
situación presupuestaria y el importe de la deuda pública
en los Estados miembros (...). Examina, en particular, si la disciplina
presupuestaria ha sido respetada."
El protocolo sobre el procedimiento relativo a los déficit excesivos,
anexado al Tratado de Maastricht, precisa:
"En el artículo 104 del Tratado y en el presente protocolo,
se entiende por público: lo que es relativo al gobierno general,
es decir a las administraciones centrales, las autoridades regionales
o locales y los fondos de seguridad social.", lo que incluye, pues,
todos los gastos de salud.
El 17 de junio de 1997, la Cumbre Europea de Amsterdam adoptaba una
Resolución relativa al "Pacto de Estabilidad y Crecimiento".
Esta Resolución constitutiva del Pacto de Estabilidad, estipulaba:
"Los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario,
a medio plazo, de una posición próxima al equilibrio o
excedentaria, de acuerdo con sus programas de estabilidad o convergencia
y, a tomar las medidas presupuestarios correctoras que consideren necesarios,
para lograr los objetivos enunciados en sus programas de estabilidad
o convergencia.".
Por otra parte, en Italia, en nombre del respeto del artículo
104 del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad, se han asestado
recortes presupuestarios -por 3 000 millones-, contra la salud, en la
ley de finanzas [ley de presupuestos generales del Estado - NDT], votada
en diciembre de 2006 con el fin de "reducir el déficit público
al 2,8% a partir del año 2007.". Y eso es cierto en todos
los países europeos.
En Hungría, según el diario francés Les Echos del
19 de febrero de 2007, "el déficit nacional ha tenido que
acercarse al nivel del 10% del año pasado. La ley de finanzas
2007 prevé reducir este cociente al 6,8% del PIB. El límite
del 3,2% debería, por su parte, alcanzarse a partir de 2009.".
En Gran Bretaña, es un informe del Banco Central Europeo el que
afirma que "hay incompatibilidad entre la existencia del NHS y
el Pacto de Estabilidad.".
En la mayoría de los países, esta política de restricción
se aplica al mismo tiempo que una política de privatización.
En la mayoría de los países, esta política de restricción
se aplica conjuntamente con una política de privatización.
Así, las asociaciones público-privado (APP) están
en el centro del dispositivo establecido por la Unión Europea
que, en un "libro verde" les da el nombre de "servicios
de interés general", identificando a los servicios públicos
y a las empresas privadas.
Sólo tomaré el ejemplo de Gran Bretaña. ¿Cómo
funciona eso?: El Estado hace asumir a un inversor privado el coste
de la construcción, del desarrollo y del mantenimiento de un
hospital. Pero hay, obviamente, una contrapartida. Las empresas privadas
y sus consejos de administración exigen beneficios sobre inversión
de al menos un 10% al año. El Estado se compromete, pues, a pagar
unos ingresos anuales durante 30 años. Según el propio
Ministerio británico de Salud, la construcción de un hospital
privado que costará 8 000 millones de libras a la empresa privada
"socia" del Servicio Público, terminará por
costar 53 000 millones de libras, en ingresos no realizados, al NHS
durante 30 años. En respuesta a una pregunta oral planteada en
la Cámara de los Comunes por un diputado, el Gobierno ha revelado
que el coste actual total de la APP en el NHS es de 45 000 millones
de libras, para sólo el año 2006.
En varios países, es la regionalización del sector de
la salud, lo que ha implicado, directamente, muy importantes oleadas
de privatizaciones. Eso es especialmente exacto en Italia y en España.
¿Qué pasa en el ámbito de la Protección
Social?
Por todas partes, se nos dice: existe un déficit de las cajas
de Seguridad Social.
Las razones alegadas son las siguientes: envejecimiento de la población,
exceso de prescripciones por parte de los médicos, exceso de
"consumo" por parte de los asegurados, regímenes de
jubilación costosos y garantizando privilegios a algunas categorías
de asalariados,...
El tono lo da el Banco Central Europeo que resume así los objetivos
de la Unión Europea en su carta mensual de abril de 2003: "El
aumento de la edad de la población va a tener un impacto considerable
en las economías de la zona euro (...), el gasto público
en materia de salud y cuidados de larga duración va a aumentar
en relación con la continuación progresos técnicos
en medicina y, y cuando en estos servicios, la demanda crece en función
del aumento de la población anciana. Además, la disminución,
y por lo tanto la inversión de tendencia en materia de empleo
de los ancianos, ejerce una presión a la baja sobre el crecimiento
económico (...), es necesario establecer rápidamente reformas
con el fin de hacer frente al aumento de la edad de la población
(...). Estas reformas deberían hacer financieramente sostenibles
los servicios públicos de jubilación, así como
las disposiciones en materia de salud y cuidados de larga duración,
limitando el riesgo del sector público y facilitando la financiación
privada.".
La solución propuesta, es la misma en todas partes: es necesario
ahorrar. ¿Cómo? Reduciendo el coste laboral, es decir:
Aumentando la edad de inicio de la Jubilación y poniendo en entredicho
los regímenes de jubilación por distribución; Suprimiendo
los monopolios y permitiendo que la Protección Social se convierta
en un mercado; Aumentando el número y el importe de los gastos
a cargo de los pacientes, desarrollando la automedicación y generalizando
el recurso a los medicamentos genéricos.
En primer lugar, pienso que es indispensable restablecer la verdad:
no existe déficit de las Cajas de la Seguridad Social. Son, por
una parte las exenciones de cotizaciones patronales y, por otra parte,
las medidas de fiscalización de los Regímenes de Seguridad
Social, los que vacían las Cajas de la Seguridad Social.
En Francia, las exenciones de cotizaciones sociales concedidas a los
patronos se elevan, para el período 1991-2005, a 175 000 millones
de euros. El proyecto de ley de financiación de la Seguridad
Social para 2007 prevé la supresión del 2,1% de cotizaciones
de Seguridad Social para los salarios a nivel del SMIC en las empresas
con menos de 20 asalariados. Sólo para el año 2005, los
patronos se embolsaron 23 600 millones de euros de exenciones de cotizaciones.
En Alemania, nuevas exenciones patronales están previstas por
la "reforma" de la salud votada por el Bundestag en febrero
pasado.
En Italia, los gastos de salud eran financiados hasta 1996 por la "contribución
obligatoria de salud nacional" pagada por los asalariados, por
una parte y los patronos por otra. En 1996, el primer Gobierno Prodi
suprimió esta contribución y la sustituyó por un
impuesto calculado sobre una base regional, siendo el objetivo reducir
la contribución de los patronos. Añadamos que las exenciones
de cotizaciones patronales se elevan a 9 000 millones de euros al año
en Italia, y a 6 000 millones de euros al año en Bélgica.
En Hungría, el Gobierno disminuido en varios miles de millones
de florines sus pagos a la caja de salud (la Seguridad Social está
a cargo del Estado en Hungría).
En Rumania, la ofensiva ha tomado también, la forma de la fiscalización
del seguro de enfermedad. Así, hasta 1999, la asistencia médica
era gratuita. Desde enonces, el gobierno ha introducido los seguros
sociales privados y en 2002, la Caja Nacional del Seguro de Salud (CNAS),
pasó bajo el control de Ministerio de Salud, lo que ha permitido
al gobierno desviar presupuestos normalmente destinados a los gastos
de salud hacia otros sectores. Así pues, los fondos asignados
por las Cajas de Seguros de Salud para los medicamentos, se agotan a
partir de los primeros días de cada mes. Los asegurados deben
entonces pagar los medicamentos.
Ese es también el caso en Turquía. El Instituto de Seguridad
Social (IAS), que permitía proporcionar gratuitamente servicios
de salud a la población, ha sido colocado bajo el control del
Ministerio de Salud. Lo que ha permitido abrir la vía a la privatización
de numerosos servicios.
Y ¿de dónde viene este saqueo que dilapida los fondos
de Seguridad Social, en detrimento del derecho a los cuidados? ¿No
tendría ello una relación con la Unión Europea
y sus direcivas integradas?
¿Qué dice la directiva integrada no. 15?: "Los Estados
miembros deberían reforzar las medidas de incentivo económico,
incluso mediante una simplificación de los sistemas fiscales
y una reducción de los costes no salariales del trabajo.".
El saqueo organizado por la Unión Europea:
Estas son algunas consecuencias de este saqueo organizado por la Unión
Europea:
Las primeras son, la puesta en entredicho de todos los regímenes
de jubilación por distribución, y la ampliación
de la edad inicial para la jubilación.
La cumbre de Barcelona de marzo de 2002 había indicado en el
apartado 32 de su informe de conclusiones: "Sería necesario
conseguir de aquí a 2010 aumentar, gradualmente, hasta alrededor
de cinco años, la edad media efectiva a la que cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional.".
En aplicación de esta cumbre de Barcelona, en toda Europa, los
gobiernos pretenden alargar la edad inicial para la jubilación.
En Francia, en 2003, la contrarreforma Filón amplió la
edad inicial para la jubilación (de 37,5 a 40 anualidades para
los funcionarios, 41 y luego 42 anualidades para los asalariados del
sector privado).
En Alemania, el Bundestag ha votado, el 9 de marzo último, el
aplazamiento de la edad de jubilación a 67 años.
En Hungría, la edad inicial para la jubilación se retrasó
a los 65 años (en un país donde el importe de las pensiones
es muy bajo y donde, por ello, se obliga a los pensionistas a seguir
trabajando).
En Dinamarca, la edad de la jubilación va a pasar de 65 a 67
años.
En Turquía, la reforma de la Seguridad Social, votada recientemente,
ha permitido, allí también, aumentar la edad inicial para
la jubilación.
Se podrían citar otras consecuencias, como el desarrollo de la
automedicación, la generalización de los medicamentos
genéricos, el aumento de la tasa hospitalaria en Francia, o el
aumento del tique sanitario en Italia, o la instauración de suplementos
de pagos en los hospitales en Bélgica, o también el aumento
de las cotizaciones salariales en Hungría, o la introducción
de gastos suplementarios no cubiertos por el Seguro Público de
Salud en Rumania, etc.
Y eso debe ser relacionado con el Informe de la Comisión Europea
sobre la Protección Social y la Inclusión Social, publicado
el 19 de febrero de 2007, que exige "la fijación de límites
máximos generales de gastos, la participación (de los
enfermos) en el coste de las prestaciones.".
La supresión del monopolio de los Sistemas de Protección
Social
Pero querría terminar esta presentación con una cuestión
muy importante: la supresión del monopolio de los Sistemas de
Protección Social.
En Francia, se obliga a los enfermos a pagar, cada vez más cara,
una cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se externalizan algunas
actividades hasta ahora asumidas por las Cajas de Seguridad Social:
por ejemplo, las Hojas de Cuidados, son tramitadas por algunas sociedades
privadas, etc.
En Rumania, y en Turquía, los seguros privados de salud se desarrollan
también.
Y eso, corresponde a la puesta en práctica de la Resolución
2000/2009 del Parlamento Europeo encaminada "a adjudicar a los
seguros complementarios un papel cada vez más importante en el
mercado interior, en materia de cobertura de distintos riesgos de enfermedad.".
Añadamos que el 26 de septiembre de 2006, la Comisión
Europea ha publicado una comunicación sobre los servicios de
salud, lanzando una "consulta pública". Será
sobre la base de los resultados de esta "consulta", que la
Comisión Europea propondrá una Directiva sobre "salud".
La comunicación, sin dejar de recordar el "respeto a la
responsabilidad de los Estados miembros, en materia de servicios de
salud y cuidados médicos.", precisa: "El Tribunal de
Justicia ha declarado que, esta disposición no excluía
la posibilidad de imponer a los Estados miembros, adaptaciones de su
Sistema Nacional de Seguridad Social, a consecuencia de otras disposiciones
del Tratado, como el artículo 49/CE.". El artículo
49/CE estipula: "Las restricciones a la libre prestación
de servicios en el interior de la comunidad están prohibidas.".
Los Sistemas Nacionales de Seguridad Social serían, así,
directamente puestos en entredicho por esta Directiva europea en preparación.
De todos estos hechos se deriva una pregunta: ¿La defensa y la
reconquista de nuestros Sistemas Públicos de Salud son compatibles
con la Unión Europea y sus directivas?
Las respuestas pueden ser distintas, pero esta pregunta exige ser debatida
por todas las y todos los que están comprometidos con la defensa
de los Sistemas Públicos de Salud y Protección Social.
o Os invito a que comuniquéis vuestros testimonios con el fin
de completar el memorando que iremos a llevar el 2 de abril y a dar
vuestra opinión sobre las distintas cuestiones abordadas.
o Os invito, si estáis de acuerdo, a que refrendéis el
proyecto de mandato para la delegación del 2 de abril, que se
encuentra en vuestra carpeta.
o Se propone también, por otra parte, constituir un Comité
de Correspondencia Permanente sobre estas cuestiones, en el marco del
Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Intervenciones de los delegados a la conferencia
Klaus Schüller (miembro de la comisión obrera del SPD de
Turingia,
Secretario sindical DGB, Alemania)
Queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos,
La reforma de la sanidad adoptada en Alemania ha sido rechazada por
el 80% de la población. No es una reforma del sistema sanitaria,
es una destrucción.
Contra las opiniones competentes de todas las organizaciones, los hospitales,
los pacientes, los médicos y los políticos especialistas
de la salud, la gran coalición (CDU/CSU y SPD) ha hecho aprobar
a la fuerza, únicamente para salvarse a sí misma, este
monstruo bautizado oficialmente como "Ley para el reforzamiento
de la competencia en el seguro médico legal".
¿Qué tiene esto que ver con la democracia, cuando se adoptan
contra nosotros, los trabajadores, unas leyes que sólo obedecen
a una cosa: al dictado de la Unión Europea y de los medios económicos
que quieren librarse de la solidaridad, despedazando así los
sistemas de seguridad social? Una rentabilización implacable
de los hospitales va a dar lugar a un deterioro masivo de las prestaciones
sanitarias para nosotros, los trabajadores, a través de la reducción
del número de casos tratados y de la duración de la hospitalización.
Además, esos políticos todavía hoy no saben cómo
asumirá el seguro médico a los niños. Es decir,
que nosotros, trabajadores, tenemos que proporcionar 16 000 millones
de euros más. Y la guinda de esta reforma: si alguien se abstiene
de ir al médico durante un año, la caja de enfermedad
le paga 600 euros. También pueden los asegurados, como sucede
con el seguro de automóviles, optar entre varias tarifas, cobertura
total o cobertura parcial, y la caja de enfermedad le devuelve dinero.
Se separa así a los enfermos de los sanos y el sistema de solidaridad,
que ha demostrado su eficacia, y de paridad es conscientemente demolido.
Sólo puede haber una salida: hay que volver al seguro médico
solidario.
En una declaración del sindicato Ver.di del distrito de Berlín,
se dice: "Ver.di Berlín niega a la Comisión Europea
el derecho de destruir el derecho laboral conquistado en sus respectivos
marcos nacionales por los trabajadores, sus sindicatos y sus partidos
políticos, del mismo modo que le niega el derecho de poner en
tela de juicio la legalidad de los convenios de la OIT ratificados por
los gobierno europeos…"
Estoy convencido de que nosotros, personal hospitalario, sindicalistas
y trabajadores de los diferentes países de Europa, sabremos defender,
desde nuestra solidaridad común, el sistema sanitario público
contra la política destructiva de la Unión Europea.
Gracias a todos.
Violeta Tudor (sindicalista, Rumania)
Queridos amigos, estábamos acostumbrados a considerar la salud
como un problema de interés público. La salud de una nación
depende de la salud de sus miembros. Y la primera preocupación
en ese sentido sería precisamente el acceso gratuito y sin obstáculos
a los servicios médicos. Una norma respetada, en Rumania, durante
algunos decenios. Era una de las grandes conquistas obtenidas después
de la Segunda Guerra Mundial.
La gratuidad ha resistido alrededor de diez años después
de la revolución de 1989. Más concretamente, hasta el
1 de enero de 1999 la asistencia médica era gratuita. A partir
de esa fecha, tras algunos años de tanteos en la reforma del
sistema, se han introducido también en Rumania las aseguradoras
sanitarias.
Bajo el pretexto de que tenemos "demasiadas" camas de hospitales
(en unas condiciones en las que frecuentemente había dos personas
por cama), la reducción de camas ha seguido adelante, incluso
se han liquidado íntegramente algunos hospitales o secciones
de los mismos. Se ha "argumentado" que en la Unión
Europea hay una media de 4,2 camas por cada 100 habitantes, mientras
que en nuestro país la media es de 7,2%. ¿Hay realmente
un excedente de camas? No, de hecho es otro hallazgo para reducir el
dinero destinado a los hospitales. No vamos a abordar aquí el
sistema ambulatorio que está aún más desreglamentado.
El actual Ministro de Sanidad, Eugène Nicolescu, desde que asumió
sus funciones, emprendió con gran decisión la aplicación
de la "reforma" del sistema sanitario, proponiendo prácticamente
la generalización del sistema privado en la Sanidad, tanto en
lo que respecta al marco institucional en el que se insiste en el desarrollo
de las aseguradoras sanitarias privadas, como en lo que concierne a
los servicios médicos.
Sólo se mantendrán como propiedad del estado los servicios
de urgencia. Dicho de otro modo, salvo los hospitales de urgencia (uno
por departamento), todos se van a privatizar. Para ser más precisos,
de los 450 hospitales existentes, sólo 50 quedarán en
manos del estado.
La automedicación en Rumania es de alrededor del 80%. Los partos
en casa se han hecho más frecuentes. Los cuadros médicos
dicen que cada 2 ó 3 días llegan mujeres, en su mayoría
menores de 20 años, tanto del medio rural como del medio urbano,
que dicen que han dado a luz en sus casas o en el trayecto en la ambulancia.
"¿Por qué hemos entrado entonces en la Unión
Europea?" declara Elena Râjnita, médico especializada
en obstetricia ginecológica y portavoz del hospital departamental
del Olt. Al mismo tiempo, se inauguran salones de lujo en las unidades
hospitalarias, naturalmente sólo para los que tienen mucho dinero.
La reducción de los gastos presupuestarios afecta al sistema
sanitario de diferentes formas. Por ejemplo, la técnica médica
es obsoleta, los salarios de los cuadros médicos, muy bajos,
el personal hospitalario es insuficiente. Por otra parte, a menudo los
enfermos sólo pueden conseguir los medicamentos comprándolos
ellos mismos (un hecho reconocido por el Ministro de Sanidad), y los
servicios de alojamiento y comida son insoportables. Hay enfermos que
abandonan el hospital antes de haberse restablecido, a causa de las
condiciones miserables. Periódicamente, el Ministerio de Sanidad
revisa la lista de los medicamentos gratuitos o compensados, disminuyendo
sistemáticamente su número. En febrero de 2007, se han
sacado de la lista incluso los antibióticos para los niños,
que eran gratuitos.
El servicio público de ambulancias ha disminuido considerablemente
y está apunto de suprimirse. Se ha reemplazado parcialmente por
servicios de ambulancias privados o semiprivados.
No sólo hay disminución del número de camas en
los hospitales, sino que algunos se han cerrado por completo. Se suprimen
incluso disciplinas médicas, como la genética. Los genetistas
de Cluj han decidido enviar una petición a la Comisión
Europea, intentando impedir la aplicación de una ordenanza del
Ministro de Sanidad por la que la genética desaparece de la lista
de especialidades que los médicos residentes pueden seguir. (…)
El proyecto de modificación de la Ley de Hospitales es criticado
incluso por la mayoría de los directores de unidades sanitarias.
Muchos gerentes de unidades sanitarias rechazan la transformación
de los hospitales en Sociedades por Acciones, con la excusa de liberarlos
de deudas y crear redes de hospitales.
"Si sólo hay una medicina privada, los que tengan dinero
recibirán atención, los demás morirán",
ha declarado el doctor Alexandru Ciocâlteu, director del Hospital
"Sf. Ion" de Bucarest.
Por otra parte, la privatización de los hospitales traería
consigo la destrucción automática de los sindicatos y
dejaría a muchos trabajadores en el paro.
Así pues, no es sorprendente que los dirigentes de la Federación
SANITAS y de Solidaridad Sanitaria consideren esta propuesta con escepticismo.
Según el presidente de SANITAS, Marius Petcu, la privatización
de los hospitales limitará el acceso de la población pobre
a los servicios médicos. "No es la mejor solución.
Es una variante liberal del gobierno actual. La intención es
controlar ese sistema en el que circula mucho dinero. Nadie privatiza
por amor a la protección social. Se introducirá una rejilla
del tipo: menos personal, pero un poco mejor pagado. En un país
con una población pobre, el acceso a los hospitales privados
será limitado. Un ejemplo: el Hospital Euroclinic. No funciona.
Nadie quiere pagar por unos servicios pagados ya por la aseguradoras…
Privatizar enteramente los hospitales no parece una iniciativa razonable."
La "reforma" sanitaria se propone cerrar hospitales. He aquí
las declaraciones de algunos dirigentes sindicales del departamento
del Dolj, en el momento en que se planteó el problema del cierre
del Hospital de Poiana Mare:
"La gente está asustada. Hemos recibido mensajes de ánimo
de todas las filiales SANITAS de Oltenia. Puedo decir que durante la
noche hemos recibido mensajes amenazadores en nuestros teléfonos
móviles advirtiéndonos que si no renunciamos nos van a
quitar de en medio con balas de goma. Estos mensajes han cesado en el
momento en que hemos advertido a la policía local", declaró
Ileana Ionescu, presidenta de la filial departamental Dolj de la Federación
Sindical SANITAS. Según la dirigente sindical de los asalariados
del Hospital de Neuropsiquiatría de Poiana Mare, Marcela Ticu,
los 300 asalariados de esta unidad médica dimitirán si
no se renuncia a la decisión de cerrar el hospital. (…)
La salvaguarda de nuestra generación depende de la resistencia
que mostremos frente a esta supresión física.
Rudy Jansens (Secretario Federal
de la región de Bruselas CGSP, Bélgica)
En Bélgica, desde hace una veintena de años, vemos una
modificación en las intervenciones, en el pago de las prestaciones
sanitarias y de los medicamentos. Para algunas prestaciones, ya no hay
intervención (para los problemas ligados a la estomatología
y a la visión) o solamente una intervención para los niños
y para las personas mayores de 50 años.
En los últimos años, asistimos a una reducción
de las cotizaciones patronales cada vez mayor, lo que provoca un problema
en los presupuestos y la disminución de fondos públicos.
Está también el problema de los seguros complementarios
ofrecidos por las mutuas. La Unión Europea considera que las
mutuas hacen competencia a las aseguradoras privadas, en aplicación
de las reglas presupuestarias dictadas por la Unión Europea.
En lo que respecta a la destrucción de hospitales públicos:
en 1971, en Bélgica, había un 50% de hospitales públicos
y un 50% de hospitales privados.
Se han modificado los estatutos del personal funcionario. La consecuencia
es que el personal deja de ser funcionario, pasando a depender de unos
contratos con una carrera sujeta a baremos, con una pensión privada,
y los mismos derechos que en el sector privado.
Hoy, quedan menos de un 25% de hospitales públicos en Bélgica,
con diferencias entre las regiones tras la federalización de
Bélgica.
En el caso de Flandes, ya no quedan hospitales públicos. Los
dos últimos hospitales que lo eran aún se han convertido
recientemente en ASBL (Asociaciones sin Fines Lucrativos). Los trabajadores
han pasado a depender de los CPAS (Centros Públicos de Ayuda
Social) de las ciudades y ayuntamientos. En Valonia, la mayor parte
de los hospitales han pasado a ser intercomunales (mixtos privado-público).
En Bruselas, los hospitales se mantienen bajo estatuto público,
pero los trabajadores han pasado a estar sujetos al capítulo
12 (ya no son funcionarios, sino trabajadores con carreras sujetas a
baremo, pensiones y derechos iguales que en el sector privado).
En Bruselas, hay un tercio de hospitales públicos, un tercio
de hospitales mixtos y un tercio de hospitales privados.
En Bélgica, todos los hospitales con menos de 180 camas se han
suprimido, siendo absorbidos por hospitales más grandes.
Se han abierto casas de reposo (menos costosas), para camuflar el sistema
de geriatría.
Uno de los grandes problemas de Bélgica es la falta de personal
de enfermería cualificado (más o menos un 25%).
La destrucción de las prestaciones sanitarias y del servicio
público se acelera en Bélgica.
Gérard Schivardi (alcalde, Francia)
Señoras y señores médicos, trabajadores sanitarios,
sindicalistas de la sanidad, queridos amigos,
Nosotros, los alcaldes de los pueblos pequeños, hemos recibido
el mandato de la población que nos ha elegido para representarla
y defender sus condiciones de vida, mejorándolas en lo posible.
Tenemos el problema de encontrar médicos a causa del numerus
clausus que limita numéricamente la formación de médicos.
Tenemos el problema del cierre de las maternidades de proximidad. Un
colega alcalde en Sarthe me relató el difícil parto de
una madre en el aparcamiento de un centro comercial porque la maternidad
de Amboise acababa de cerrar.
En un encuentro con colegas alcaldes de los Pirineos Orientales, he
sabido del cierre de la maternidad de Prades.
Las futuras madres se verán obligadas a recorrer 80 kilómetros
para dar a luz. Las mujeres con embarazos complicados están en
peligro, sus hijos también, como su futuro bebé.
Nos dicen que las pequeñas maternidades, que practican menos
de 400 partos al año, son peligrosas para las futuras madres
y que por eso las agrupan. Pero en Ivry-sur-Seine, en el extrarradio
parisino, se cierra una maternidad que practica 3 000 partos al año.
De modo que no es un problema de seguridad, sino un problema de ahorro
de gastos sanitarios.
Se cierran las maternidades y los hospitales de proximidad porque los
gastos públicos tienen que descender por debajo de lo que autoriza
el Pacto de Estabilidad del tratado de Maastricht, es decir, la reducción
del déficit público por debajo del 3% del PIB. Al mismo
tiempo, las empresas, exoneradas de sus cargas sociales, anuncian beneficios
récord.
Por un lado, ahorro de gastos sanitarios dictado por el Pacto de Estabilidad,
poniendo en peligro la vida de las mujeres y sus hijos.
Por otro lado, exoneraciones de cargas sociales para las empresas, en
nombre del artículo 87 del tratado de Maastricht que quiere que
"la competencia sea libre y no falseada".
No, los alcaldes no aceptamos que se acabe con el derecho a la atención
médica y que el Estado se inhiba de sus responsabilidades porque
la Comisión de Bruselas dice: "Hay que disminuir los gastos
de sanidad".
Por eso decimos:
"Ruptura con la Unión Europea, ruptura con el Pacto de Estabilidad,
ruptura con Maastricht".
Nosotros, los alcaldes, estamos comprometidos con la República
que exige igualdad de derechos para los ciudadanos y, por lo tanto,
igualdad de acceso a las prestaciones sanitarias en todo el territorio.
Por eso decimos: "Hay que reabrir los servicios de urgencia, las
maternidades de proximidad".
Mis colegas me han designado para plantear estos problemas en Francia
ante todo el país, con ocasión de las elecciones presidenciales.
Aunque estemos confrontados a enormes dificultades para que nuestra
candidatura pueda dirigirse a todos los ciudadanos, tenemos la intención
de decir: "Es posible salvar la Seguridad Social devolviéndole
los 175 000 millones que se le han quitado a través de las exoneraciones
de cargas patronales. Es posible detener la destrucción de los
hospitales. Para ello, ruptura con el Pacto de Estabilidad, el tratado
de Maastricht, la Unión Europea y todas sus instituciones".
La semana pasada, un periodista me preguntaba: "¿Usted quiere
que Francia se vaya de Europa?". Yo le respondí que no veía
de qué modo podía Francia separarse del continente. Y
que, por el contrario, yo quería construir una Europa libre de
los pueblos libres y de las naciones libres cuya base fuese la satisfacción
de las necesidades de nuestros pueblos.
¿No es eso lo que estamos haciendo defendiendo en cada uno de
nuestros países, juntos en todos los países, el derecho
de cada mujer, de cada niño, de cada hombre, a recibir atención
médica cualquiera que sea su fortuna, lugar donde habite, su
lengua y el color de su piel?
En todo caso, podéis contar con nosotros, los alcaldes, con los
habitantes de nuestros ayuntamientos.
Estamos, y siempre estaremos, a vuestro lado, con los médicos,
los enfermeros, los auxiliares sanitarios, los trabajadores de los hospitales,
con los sindicalistas que consideráis que tenemos la responsabilidad
de dejar a nuestros hijos, en todos nuestros países, los medios
para combatir y vencer la enfermedad.
Trabajamos por la ruptura con la Unión Europea. Trabajamos por
una Europa libre de los pueblos libres de Europa. Y esta unión
libre de los pueblos libres sólo puede construirse luchando en
defensa de nuestros hospitales y nuestras maternidades, luchando por
la ruptura con la Unión Europea.
Gracias a todos.
Fulvio Aurora (miembro de "Medicina Democrática"
y Responsable de Sanidad de Refundación Comunista, Italia)
Creo que la situación en Italia en lo relativo a la sanidad es
parecida a la de los demás países europeos. En Italia,
tenemos un sistema sanitario nacional que se modificó en 2000
y pasó a ser un sistema sanitario regional.
Hoy, puede decirse que hay 28 sistemas sanitarios diferentes. Cada región
tiene sus diferencias, pero se puede decir que hay dos organizaciones
sanitarias diferentes: una que se encuentra principalmente en las regiones
del norte, que se aproxima al sistema de los países del norte
de Europa, y una organización diferente en las regiones del sur.
Creo que también hay que subrayar la diferencia en cuanto a la
salud, ya que la organización de la sanidad debe servir para
mejorar la salud de la población y de los trabajadores. Si bien
hay en Italia, como en el resto de Europa, salvo en el Este de Europa
según creo, un aumento de la esperanza de vida, mientras que
en el norte de Italia las condiciones epidemiológicas eran mejores
que en el sur, la situación tiende a unificarse de norte a sur,
con una gran aumento del cáncer. Se constata también una
unificación en las condiciones laborales y en el medio ambiente.
Creo que al menos hay que reflexionar sobre lo que podríamos
hacer para impedir la privatización de la sanidad, ya que ésta
lleva a un aumento de los gastos médicos (precio de las visitas,
precio de los análisis clínicos, etc.) sin mejorar la
oferta de prestaciones.
Generalmente, en Italia, hay una resistencia a nivel local (sobre todo
cuando van a cerrarse hospitales). Varias veces se ha intentado lanzar
combates internacionales, pero no han llegado demasiado lejos. Los sindicatos
han llevado luchas contra la privatización del estatuto de los
trabajadores de la sanidad y contra la reducción del cheque personal.
Así pues, el problema que se plantea es cómo actuar juntos
a escala europea, ya que vemos que los problemas son comunes a todos
nuestros países. ¿Qué podemos hacer para impedir
esta deriva, para luchar en defensa de la sanidad pública y para
que el personal siga siendo público y cualificado?
Tony Richardson (sindicalista, Gran Bretaña)
Buenos días, queridos amigos delegados. Me llamo Tony Richardson
y vivo en Wakefield al norte de Inglaterra. Milito en el sindicato,
soy vicepresidente de la sección local del sindicato de Panaderos
de Wakefield [panadería industrial - NDT] y en el Labor Party,
donde soy secretario de nuestra sección local. Nuestro sindicato
actúa esencialmente en el sector de la industria alimentaria,
y yo trabajo en el sector de panadería.
Sin duda os preguntaréis por qué un representante de un
sindicato de un sector privado participa en este agrupamiento y lucha
por los servicios públicos; la respuesta es simple: todos los
afiliados de mi sindicato, en todo el país, utilizan los servicios
públicos, entre los que nada puede ser más importante
para ellos que los servicios sanitarios; en tanto que sindicato, actuamos
por cuenta de nuestros afiliados, y defender los servicios públicos
forma parte de la defensa de sus derechos.
Es evidente y muy impactante que estamos ante un ataque de gran envergadura
que está destruyendo poco a poco todos los sistemas sanitarios
en todos los países de Europa para adaptarse a las disposiciones
del tratado de Maastricht y responder a la voluntad de crear "Servicios
de Interés General"…
En Gran Bretaña, el ataque lo lleva adelante el gobierno "New
Labor" de Tony Blair, lo que es particularmente duro de admitir
para el conjunto de los afiliados de base y de los militantes que asisten
a la deriva constante de nuestro partido.
Los cierres, las fusiones, los PFI (Iniciativas de financiación
privadas), las colaboraciones público-privado, la subcontratación
de servicios y los cambios de política a gran escala se suceden
y demuestran que asistimos a una privatización lenta e indirecta
del National Health Service (NHS) en Gran Bretaña.
Contada evidencia, Blair y sus cómplices se alinean sobre los
planes europeos y están poniendo el NHS, sin decirlo, en manos
del sector privado.
Blair preconiza la individualización de la sanidad y la idea
de que la "Sanidad" debe centrarse en "la persona".
Tal vez sea una posición que podríamos y deberíamos
apoyar, pero nos preguntamos: ¿quién está en mejor
situación para dar un servicio "a la persona", el sector
privado mucho más preocupado por sus beneficios y por todo lo
que puede procurarle un mayor provecho que por la persona, o bien un
organismo público compuesto de personal entregado, experimentado,
intentando siempre tender hacia la excelencia?
- Sí, queremos inversiones en el mejor servicio posible;
- sí, queremos unos servicios que inviertan en el servicio a
la persona;
- sí, queremos un servicio sanitario mundialmente reconocido.
- No a la eliminación de empleos y servicios;
- no a los beneficios obtenidos a costa de la salud;
- no a la privatización introducida suavemente.
Tenemos un ejemplo que muestra muy bien cómo se introduce el
sector privado en el servicio público: la empresa 3i va a utilizar
las partes del PFI que ha invertido en el Centro Hospitalario Regional
de Norfolk y de Norwich como palanca para mejorar sus pobres resultados
en el mercado bursátil. De tal modo, que se juegan en Bolsa recursos
de los que dependen cientos de miles de personas.
En Wakefield se está llevando a cabo una larga y laboriosa reorganización
de nuestro hospital. Se trata de fusionar tres hospitales que distan
entre sí unos 50 kilómetros, lo que afectará a
una población de 500 000 habitantes; ya hemos asistido al reagrupamiento
de los servicios de maternidad y seguirán otros, se cierran cama
y los servicios de dispersan por los tres centros.
De 1998 a 2004, fui consejero municipal y, durante ese período,
ocupé dos puestos de responsable, uno como portavoz adjunto para
la Sanidad y otro como presidente del Comité de Vigilancia para
la Sanidad y la Acción Social; durante todo es período
me interesé muy de cerca por la sanidad en el ámbito local
y fui testigo directo de cierres y reducción de oferta de prestaciones.
Formaba parte del comité que incluía a responsables sanitarios,
directores de hospitales y representantes del gobierno. Se cerraron
un 20% de las camas, es decir, 200 camas en total, y, finalmente, el
contribuyente tendrá que desembolsar 2 000 millones de libras
para pagar los 343 millones de libras invertidas en el hospital con
el sistema PFI.
Cuando era presidente del Comité de Vigilancia, siempre me preocupé
de que los informes dieran cuentas exactas de los cierres de servicios
en Wakefield, empezando por los servicios de geriatría, en los
que, actualmente, un 80% de los pacientes ancianos están en residencias
y casas con atención médica del sector privado. Y es la
punta del iceberg.
Elevé protestas, por lo que la dirección del Labour Party
en Wakefield me relevó de mis funciones a partir de 2004.
Son las amenazas que pesan sobre nosotros. Son reales. Se manifiestan
en el ámbito local. Afectan a ciudadanos ordinarios. Afectan
a nuestros afiliados. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que luchar ahora,
y transmitir el mensaje antes de que sea demasiado tarde.
Es la razón por la que he participado en esta conferencia. Los
sindicatos han hecho un excelente trabajo en Gran Bretaña para
defender el NHS. Como militantes, es nuestro deber proseguir la acción,
informar y salvar todos los sistemas sanitarios de Europa.
Nicole Bernard (sindicalista Seguridad Social, Francia)
Esta Conferencia es un primer paso muy importante. La constatación
es abrumadora. En todos los países, cualquiera que sea su historia,
el sistema sanitario es objeto de un ataque criminal.
Yo trabajo en la Seguridad Social. En una reunión, un eminente
médico, el profesor Guérin, presidente de la Asociación
en Defensa de la Deontología y de los Derechos de los Enfermos,
decía de la Seguridad Social que constituye "una verdadera
solidaridad entre todos los franceses". Tiene razón. Esta
conquista de 1945 cambió la vida de toda la población.
¿Habría que renunciar a ella por ser incompatible con
la Unión Europea?
Cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el sistema de
financiación de las prestaciones y de la protección social,
los ataques se aceleran.
Hablemos de las jubilaciones:
En Francia, la ley Fillon aumentó el tiempo de actividad necesario
para acceder a una pensión completa. Y cuatro años después
de esta ley, nos dicen que no ha resuelto nada, que hay que aumentar
más aún el tiempo de cotización.
En Dinamarca, la edad de jubilación ha pasado de 65 a 67 años.
En Alemania, desde el 9 de marzo, la edad de jubilación es de
67 años. En Italia, se suceden las reformas contra las pensiones.
¿Es una coincidencia? No lo creo.
Es la aplicación de las decisiones de la cumbre de Barcelona,
que cito "aumentar en unos 5 años la edad media efectiva
de la jubilación" y ello para reducir masivamente lo que
corresponde a las pensiones en los gastos públicos sometidos
al artículo 104 del tratado de Maastricht sobre los déficit
públicos.
¿Cuántos trabajadores podrán trabajar hasta los
67 años?
Para compensar la reducción de las pensiones, nos proponen que
coticemos a los fondos privados de pensiones. ¿Qué asalariado
puede hacer economías para cotizar a un fondo de pensiones?
¿Y para obtener qué? ¡Cotizaciones a fondo perdido
para alimentar la especulación!
En diciembre de 2003, la Comisión Europea, que según nos
dicen deja libertad a los estados miembros, "demanda a Bélgica,
a Portugal, a España y a Francia que pongan fin a la discriminación
respecto de los fondos de pensiones extranjeros."
¿No es ése el centro del problema? ¿No se trata
de organizar el pillaje por los capitales privados de los sistemas edificados
en el marco de la democracia política y de la democracia social?
Nos han hablado de la directiva "sanidad" que la Comisión
Europea quiere imponer.
Hemos tenido conocimiento de la recomendación del 26 de septiembre
de 2006, en la que la Comisión Europea prevé "imponer
a los estados miembros adaptaciones de su régimen nacional de
Seguridad Social en función de otras disposiciones del tratado
como el artículo 49".
El artículo 49 estipula que "están prohibidas dentro
de la Comunidad las restricciones a la libre prestación de servicios",
y nosotros preguntamos: ¿no es esto, igual que lo que la Comisión
Europea ha hecho con los PTT, EDF-GDF, la SNCF, la supresión
del monopolio de la Seguridad Social que garantiza la igualdad de derechos
de todos los beneficiarios en el conjunto del territorio en cuestión?
¿Es posible aceptar que las conquistas obtenidas por nuestros
predecesores sean destruidas por la privatización?
Nuestra conferencia responde, constituyendo así un punto de partida.
Antonio Herranz (sindicalista de sanidad, Suiza)
Buenos días, me llamo Antonio Herranz y soy sindicalista en el
sector de la sanidad. Suiza no pertenece a la Unión Europea,
sin embargo, la Unión Europea se interesa mucho en Suiza, en
particular en materia de liberalización y de privatización
del sistema sanitario.
En primer lugar, un informe de la OCDE que fustiga los gastos sanitarios
en Suiza y exige más competencia, es inmediatamente seguido por
un informe del Servicio Estatal de Economía (SECO), que incluye
un informa comparativo sobre la liberalización de los servicios
en Suiza y en la Unión Europea. Las conclusiones son conformes
a lo que sucede en el resto de Europa: privatizaciones, más competencia,
creación de hospitales intercantonales exentos de cualquier régimen
convencional, automedicación, cierre de hospitales de zona y
de maternidades.
Inmediatamente después de este informe, el Consejo General pone
en marcha un proyecto de reforma de la ley sobre la financiación
que exige una financiación igual para los hospitales públicos
y para los privados (Lafu).
Esta política viene acompañada de la destrucción
de los convenios colectivos, estatutos, que provoca hoy un fenómeno
de maltrato, en particular en las residencias de ancianos y de pacientes
crónicos.
En Suiza, uno de los países más ricos del planeta, y en
un año, es decir, desde el 1 de enero de 2006, fecha de entrada
en vigor de la reforma del seguro médico, más de 120 000
personas en una población total de 7,5 millones, se han visto
privadas de cobertura sanitaria. Esta situación resulta catastrófica
para muchos trabajadores y sus familias.
Por mi parte, prefiero dejar tiempo para la discusión, ya que
lo importante ahora es saber lo que podemos hacer juntos.
Gracias.
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de Trabajadores de la Salud
y de los Servicios Sociales, Turquía)
En los últimos 20 años se le ha impuesto a la sociedad
turca un plan encaminado a hacer de la sanidad un sector enteramente
comercial.
Desde 1978, Turquía ha tenido que adecuarse a numerosos acuerdos
impuestos por el FMI. En cada ocasión, se le exigía a
Turquía que se transformase para adecuarse a las condiciones
del neoliberalismo.
A partir del comienzo de los 80, los gobiernos turcos empezaron a conceder
subvenciones masivas a las empresas comerciales del sector sanitario.
Esas subvenciones han adoptado formas diversas. Por ejemplo, se exime
a las empresas de pagar aranceles, se las subvenciona directa o indirectamente.
Esas subvenciones también han adoptado la forma de compras más
o menos importantes efectuadas por el sector público de la sanidad
a empresas del sector privado.
Bajo la batuta del Ministro de Sanidad, los hospitales han aumentado
sus gastos para comprar sus medicamentos a los laboratorios farmacéuticos
privados. Los centros públicos sanitarios, tales como los hospitales
estatales, los CHU y los hospitales de asistencia pública han
transferido sus servicios periféricos, como los servicios de
limpieza, de seguridad y los laboratorios a los mercados privados.
El período que va de 1980 a 2000 ha sido un período de
"privatización activa". A partir de los años
80, los gobiernos han adoptado una perspectiva más "neoliberal"
que tiende a hacer de la sanidad y de la Seguridad Social unos "servicios
cuyos precios han de venir determinados por las leyes del mercado según
el principio de la oferta y la demanda".
La victoria del JDP (Partido de la Justicia y del Desarrollo), en las
elecciones de 2002, marcó el inicio de una nueva era. El JDP
transformó su discurso, alineándose en una perspectiva
neoliberal teñida de populismo y de conservadurismo.
El gobierno decidió proseguir su programa de ajuste firmado con
el FMI. Desde entonces, el gobierno sigue activamente una política
de liberalización económica y de privatización
de empresas estatales. En ese contexto, han aparecido las reformas del
sector sanitario en la escena política.
En diciembre de 2003, el gobierno JDP anunció su programa de
reformas: "Transformación de la Sanidad". Ese programa
de "Transformación de la Sanidad" tenía por
objetivo esencial introducir reformas para "establecer un sistema
sanitario eficaz y de calidad al que todos puedan tener acceso".
Pero lo que hemos visto es, de hecho, todo lo contrario:
Los cambios pueden resumirse así: se trata de transformar los
establecimientos públicos sanitarios en empresas comerciales,
de dirigir los gastos de la sanidad pública hacia el sector privado
y de privatizar poco a poco todos los servicios sanitarios.
La idea que preside todos esos cambios es que hay que descentralizar
y privatizar. Tras haber destruido los servicios públicos sanitarios,
proyectan convertir en autónomos todos los establecimientos sanitarios.
Esta autonomía supone un cambio en los mecanismos de toma de
decisión y la aceleración de la privatización.
A este respecto, el proceso de privatización comenzó por
la transformación de los servicios sanitarios públicos.
En esa época, aumentó el conjunto de los gastos sanitarios.
Esencialmente por la compra de medicamentos y el pago de prestaciones
de servicios al sector privado.
Mientras que en 2000, el 24% de los gastos sanitarios iban al sector
privado, en 2005 ese porcentaje superó el 50%. Por otra parte,
el porcentaje de los gastos de prevención añadido al total
de gastos ha disminuido durante los cinco últimos años.
El programa de tratamiento de la tuberculosis muestra los efectos destructivos
de esta privatización. Los pacientes aquejados de tuberculosis
ven reducida su posibilidad de acceso a las prestaciones sanitarias
por esta privatización de los establecimientos públicos
sanitarios y el programa de tratamiento de la tuberculosis, que ofrecía
ya signos inquietantes, ha entrado en una fase claramente más
grave para la salud de los enfermos.
Examinemos ahora las tres etapas de cambios estructurales en la política
sanitaria.
El hundimiento de la SSK (Asistencia Pública).
En un primer tiempo, los establecimientos de Asistencia Pública
fueron transferidos al Ministerio de Sanidad. Esta etapa pretendía
establecer un sistema único de seguro médico que reuniese
todas las funciones en un solo organismo. Esas tareas correspondían
antes a las diferentes instituciones de seguro médico.
El SSK era una institución que proporcionaba servicios a bajo
coste a un número muy grande de personas (los asalariados del
sector privado y los obreros del sector público tenían
acceso a los hospitales del SSK)
El SSK producía sus propios medicamentos y podía negociar
la compra de medicamentos a bajo precio, proporcionando así a
los obreros medicamentos con carácter gratuito.
El SSK representaba el obstáculo más serio a la comercialización
de los servicios sanitarios tanto en el terreno práctico como
desde el punto de vista de la legislación.
Se prohibió la producción de medicamentos y las negociaciones
para la compra de medicamentos por el SSK. Se cerraron las farmacias
de los hospitales, que distribuían medicamentos gratuitamente
a los pacientes.
Los afiliados al SSK empezaron a comprar sus medicamentos en oficinas
farmacéuticas. Los gastos sanitarios aumentaron. Como podréis
imaginar fueron las firmas farmacéuticas las que salieron ganando
ya que los gastos en medicamentos aumentaron en un 60%.
La transferencia de hospitales del SSK al Ministerio de Sanidad abrió
directamente el camino a una rápida privatización del
sector sanitario.
Después, se les ofreció a los funcionarios la "posibilidad"
de beneficiarse de servicios sanitarios privados.
El gobierno aprovechó este proceso para utilizar el cliché
"hospitales privados de buena calidad contra hospital público
de mala calidad".
En ese contexto, se transfirieron fondos muy importantes al sector privado.
Lo que resulta de este proceso es que los funcionarios se vieron obligados
a pagar más caro, más allá de sus posibilidades,
para acceder a unos servicios médicos de "más calidad"
ya que el estado, de hecho, puso límite a sus cotizaciones.
Un sistema basado en los resultados.
La segunda etapa de la reforma consistió en introducir un sistema
remunerativo basado en los resultados en todos los establecimientos
dependientes del Ministerio de Sanidad, gracias a una directiva sobre
primas procedentes de fondos variables. En ese sistema, se atribuyen
puntos a los médicos por los actos que realizan y los resultados
de cada médico son evaluados en función de esos puntos.
Esa práctica ignora totalmente la naturaleza específica
de las prestaciones. Además, destruye la solidaridad entre los
trabajadores de la sanidad y da lugar a una situación que difícilmente
puede aceptarse desde el punto de vista ético.
El sistema de remuneración basado en los resultados pretende
introducir el espíritu de la empresa privada en la sanidad pública.
Esta mentalidad se basa en la "búsqueda del máximo
beneficio". De ese modo, la relación entre médico
y paciente se convierte en una relación médico-cliente.
El sistema de médico de familia / médico de referencia
La tercera etapa consiste en instaurar un sistema de médico de
familia (médico de referencia) impuesto por el FMI y el Banco
Mundial.
El sistema de médico de familia / médico de referencia
prepara el camino para introducir un clima de competitividad en el que
los médicos atenderán a sus pacientes con la constante
preocupación de "mantener su clientela".
El sistema de médico de referencia sólo prevé un
médico por cada 4 000 habitantes. Sin embargo, en el sistema
sanitario público, se necesita un establecimiento por cada 1
000 habitantes. Para proveer a las necesidades de una población
de entre 1 000 y 5 000 habitantes, el gobierno tenía que abrir
establecimientos más importantes. Este sistema permitía
a la población disponer de una medicina preventiva de más
calidad: las vacunas eran gratuitas y toda la población tenía
igual acceso a ellas.
Desde que se instauró el sistema de médico de familia
/ médico de referencia, empezaron a cerrarse los servicios de
medicina preventiva. Si esto sigue así, la medicina preventiva
va a desaparecer poco a poco. Como no habrá más que un
doctor y un enfermero, las visitas a domicilio, la protección
maternal e infantil cesarán y el porcentaje de vacunaciones disminuirá.
El Ministerio de Sanidad alaba los méritos de este sistema distribuyendo
numerosos folletos titulados: "Puede elegir su médico",
"El médico de familia es la gratuidad de las prestaciones",
"Reserve un lugar a su médico de familia en su álbum
de fotos familiar". Es la desinformación, las contraverdades
ya que, en Turquía, el sistema del médico de familia /
médico de referencia significa pagar más para ser atendido.
Este sistema permite aumentar los precios de la sanidad y legalizar
la multiplicación de los sistemas privados sanitarios.
Cuando el gobierno decidió instaurar el sistema de médico
de familia / médico de referencia los sindicatos, los doctores
y el personal sanitario se movilizaron. Los trabajadores de la sanidad
así como los empleados de la sanidad pública organizaron
una votación y rechazaron este sistema.
Otro aspecto de la aplicación de la política sanitaria
consiste en reformar el sistema de Seguridad Social
Básicamente, consiste en reducir la contribución del estado.
Lo que lleva a la reducción de las pensiones, al aumento de la
edad de jubilación y al aumento del precio de las prestaciones.
La Reforma de la Seguridad Social (Sistema de pensiones) introduce también
cambios en detrimento de los asalariados y los pobres. En lugar de basar
la financiación de la Seguridad Social en el presupuesto de la
nación financiado por el impuesto sobre la renta, se pagan las
pensiones sobre la base de una contribución. El pago de la pensión
se hará en función de un aumento del período de
cotización, que pasa de 7 000 a 9 000 días. En Turquía,
más del 60% de los asalariados no están declarados y es
además uno de los países del mundo donde la diferencia
entre las rentas es más grande. Desgraciadamente, nuestro país
se dispone a sacrificar su sistema de Seguridad Social en nombre de
las reformas.
Según la ley general sobre el seguro médico, todo el mundo
tiene que contribuir, incluidos los jubilados. En caso de que una persona
no pague sus cotizaciones durante tres meses, deja de tener acceso a
las prestaciones sanitarias. La sanidad dejará de ser un derecho
para pasar a convertirse en un servicio por el que habrá que
pagar, si se tiene dinero. Se puede resumir este programa así:
"Cuando se tiene dinero se tiene atención médica,
si no se tiene dinero, sólo se puede morir". La amenaza
se precisa teniendo en cuenta que, en Turquía, la cuarta parte
de la población no tiene ningún seguro médico.
Muchos pobres no pueden hacer nada cuando están enfermos ya que
no pueden pagar. La reforma de la Seguridad Social y la ley general
sobre el seguro médico se votraon en el Parlamento el año
pasado.
La reforma de la Seguridad Social debía aplicarse a comienzos
de este año, según un acuerdo alcanzado entre el gobierno
y el FMI. En un primer momento, el Presidente rechazó ese calendario,
más tarde fue adoptado por el Parlamento. Durante este período,
los sindicatos obreros, y sobre todo el "Labor Platform" se
han opuesto.
El "Labor Platform" agrupa a los mayores sindicatos obreros
y las confederaciones de funcionarios. Está compuesto por Türk.ÌS
(Confederación de Sindicatos Obreros Turcos), Hak-IS (Confederación
Obrera), KESK (Confederación de Sindicatos de Funcionarios) y
DISK (Confederación de Sindicatos Obreros Revolucionarios) y
lo apoya la TTB (Asociación Médica Turca) y la SES (Federación
de Trabajadores de Sanidad y Servicios Sociales del Sector Público).
La semana pasada, el gobierno ha anunciado que la aplicación
de la reforma se aplaza hasta 2008. El JDP no podía correr el
riesgo de poner en marcha las reformas antes de las próximas
elecciones. Pero no cabe ninguna duda de que, a menos que haya un cambio
en el panorama político, el nuevo gobierno emprenderá
esas reformas.
Igual que en otros países de Europa, los hospitales públicos
en Turquía se transforman primero en entidades autónomas,
para ser después completamente privatizados. Al mismo tiempo,
algunos hospitales públicos simplemente se cierran.
El hospital infantil que trata a 40 000 niños al año se
ha cerrado porque el número de pacientes era insuficiente. Idéntico
motivo se ha invocado para el cierre de tres dispensarios que permitían
luchar contra la extensión de la tuberculosis.
Ahora, están en vías de privatización los servicios
de odontología, de cirugía y los laboratorios de los hospitales
públicos.
El Código de Administración Municipal que debe aplicarse
el año próximo pone también el acento en la descentralización.
Mientras que se destruye la sanidad pública, el gobierno continúa
con su campaña de desinformación. Lo peor es que esos
cambios estructurales se presentan como un paso obligado para entrar
en la Unión Europea, poniendo como ejemplo lo que sucede en los
países de la Unión Europea.
En ese contexto, y siendo el Sindicato de Trabajadores de Sanidad y
Servicios Sociales el más activo y revolucionario en Turquía,
nos esforzamos en organizar la resistencia. Contamos con 40 000 afiliados
revolucionarios, pensamos que podemos llevar adelante acciones contra
los ataques neoliberales.
Desde que comenzó este período de destrucción sistemática
de la sanidad pública, hemos organizado numerosas reuniones a
escala local y nacional, hemos publicado múltiples octavillas
y folletos en los que explicamos claramente las consecuencias que tendrán
las reformas neoliberales de la sanidad pública para la población
pobre y lo que supondrá para el empleo de los trabajadores de
la sanidad y lo que podemos hacer para combatirlas.
Cada vez son más las voces que se levantan y crece la resistencia
a medida que la transformación del sistema sanitario se hace
más perceptible. Durante todo el mes de marzo, TTB y SES han
organizado protestas llamadas "marchas blancas". La que reunió
la multitud más entusiasta se desarrolló el 14 de marzo
con ocasión del Festival de la Salud: el mismo día se
organizó una huelga de 24 horas en todas las grandes ciudades.
Hay que señalar que la población ha demostrado su interés,
su apoyo y su entusiasmo por la manifestación que ha reunido
a una decenas de miles de trabajadores de la sanidad.
Vamos a seguir manifestándonos hasta las próximas elecciones
con el eslogan: "Hay que detener la destrucción de la Sanidad".
Tenemos que recabar aún más apoyo y desplegarnos para
parar esta destrucción.
Si el Labor Platform continúa y amplía su actividad, podremos
dar un gran paso para reconquistar nuestro derecho a la salud y poner
freno a la destrucción.
Joaquin Insausti Valdivia (médico, España)
Desde hace dos años, los trabajadores de un pequeño hospital
del Sur de Madrid, el Hospital Severo Ochoa, sufren el acoso por parte
de la consejería de sanidad de Madrid, nombrada por el Partido
Popular. El consejero, Manuel Lamela, acusó al coordinador del
servicio de urgencias y a los médicos que trabajaban con el,
de cometer 400 homicidios mediante sedaciones irregulares, haciendo
caso de una denuncia anónima que ya había sido investigada
por sus propios inspectores, sin encontrar ninguna irregularidad.
Desde entonces, se han sucedido varias comisiones de investigación,
unas nombradas por la propia consejería y otras por el colegio
de médicos para intentar justificar la actuación del consejero.
Finalmente el consejero de sanidad denunció a cinco médicos
de la urgencia acusándoles de homicidio, cesó a cinco
jefes de servicio y a tres supervisores de enfermería, que se
habían manifestado en contra de su actuación, manteniéndose
en la actualidad abierta una investigación judicial, que se está
dilatando todo lo posible para no emitir una resolución antes
de las elecciones municipales del próximo 27 de mayo.
En estos dos años, los trabajadores del Severo Ochoa, los sindicatos
mayoritarios y los ciudadanos de Leganés, han salido a la calle
en diversas manifestaciones, pidiendo el cese del consejero de sanidad
y la restitución de la imagen y buen hacer del hospital Severo
Ochoa. Los trabajadores del hospital mantienen desde hace dos años
una concentración semanal en las puertas del hospital, reclamando
el cese del Sr. Lamela y la restitución de los compañeros
represaliados.
Detrás de estos hechos se encuentra la situación de la
sanidad pública en España. Las competencias en asistencia
y planificación sanitaria, han sido transferidas desde la administración
del estado a las comunidades autónomas, creando de esta manera
unas grandes diferencias en la asistencia, las remuneraciones y las
condiciones de trabajo existentes en cada territorio autónomo,
impulsadas por las políticas europeas y estatales de restricción
presupuestaria, concretada en estos momentos en el pacto de financiación
para la sanidad entre el gobierno de Zapatero y las autonomías,
en contra de lo que preconizaba el partido socialista que estimaba en
un incremento de 6000 millones de euros, lo necesario para inyectar
en la sanidad pública. Esto ha conducido a que de manera generalizada
se esté produciendo una privatización de los servicios
sanitarios en ocasiones mediante la desviación de recursos para
"disminuir listas de espera" y en otras ocasiones, poniendo
directamente la gestión sanitaria y la construcción de
nuevos hospitales en manos de consorcios de compañías
de seguros, bancos y constructoras.
Los escándalos fabricados como el del Severo Ochoa, pretenden
desprestigiar la labor de la medicina pública y de sus profesionales,
para a continuación vender las excelencias de la medicina privada,
como la solución ideal para los problemas sanitarios, con el
consiguiente desvío de recursos financieros y pérdida
de control de la gestión por la medicina pública.
Los sistemas nacionales de salud y la sanidad pública están
en grave peligro de extinción, lo que puede dejar a amplias capas
de la población en situación de desprotección.
Por todo esto es por lo que en este foro solicitamos:
Una declaración de apoyo a los trabajadores del Hospital Severo
Ochoa en su lucha por defender la integridad y el buen hacer de sus
profesionales y de la sanidad pública y, si es posible promover
una campaña de envío de cartas y correos electrónicos
para que cese el acoso y la persecución a los trabajadores del
Hospital.
Es necesario responsabilizar a la Comisión Europea de que las
políticas de déficit cero incluidas en el tratado de Maastrich,
obliguen a los sistemas de salud a reducir su gasto, para cumplir estas
condiciones, haciendo que las privatizaciones, dibujen un horizonte
de restricción en las prestaciones y otras medidas que pueden
llegar a producir la desatención a determinados grupos de población.
Hacemos un llamamiento a los ciudadanos, a los trabajadores y a los
sindicatos de toda Europa para que se movilicen con el objetivo de defender
la Sanidad Pública y los Sistemas Nacionales de Salud, que constituyen
una conquista de la sociedad, acabando con las maniobras privatizadoras
puestas en marcha en múltiples estados miembros.
Hans-Jürgen Mees (sindicalista hospitalario, Alemania)
Soy responsable del sindicato Ver.di del grupo hospitalario VKKD en
Dusseldorf, un grupo que emplea a 2 500 asalariados y dispone de 1 500
camas. Es un grupo que pertenece a la Iglesia Católica.
Después de que los diputados - esos actores bajo la carpa del
Reichstag - votaran la reforma de la sanidad, el 2 de febrero - votación
en la que 30 diputados del SPD no respetaron la orden de la dirección
de su partido - se aplican los criterios de Maastricht, lo que significa
entre otras cosas:
Rebaja de la parte patronal, es decir, rebaja del salario diferido y,
lo que es más graves, un enfermo debe probar que cuida bien de
su cuerpo: un fumador ya no tiene derecho a tener un cáncer,
un deportista no debe fracturarse una pierna, etc., y se penaliza gravemente
a los enfermos crónicos…
El presidente de la cámara alemana de médicos, Hoppe,
ha declarado: "en este país, los pobres mueren hoy siete
años antes". Al mismo tiempo, continúan los ataques:
- Según un estudio del gabinete del consejo Mc Kinsey realizado
en 2006, un tercio de las 2 000 clínicas están amenazadas
de cierre;
- y en 2007, un estudio del RWI, un instituto patronal, establece que
el 40% de los hospitales están amenazados de quiebra de aquí
a 2020. Según ellos, esto podría evitarse con nuevas reducciones
de costes e introduciendo una mayor lógica de mercado en el sector
hospitalario. Pero, aun así, uno de cada 5 hospitales debería
cerrar antes de 2020;
- de 2 400 hospitales en 1989, quedan hoy 2 050. Desde 1989, se han
cerrado 350 hospitales;
- hay 160 000 camas menos que en 1989 (160 000, equivale al número
de habitantes de ciudades como Grenoble, Leverkusen, Perugia, Getafe,
Aalborg, Amadora, Salamanca).
La proporción de hospitales financiados privadamente aumenta
desde hace años. Si en 1991, según las estadísticas
nacionales, ascendía a un 14,8%, en 2006 ha alcanzado alrededor
del 33%.
En los hospitales comprados, quieren hacer unos beneficios del 20%.
Lo que significa que el 20% de nuestras cotizaciones a las Cajas de
Seguro Médico va a los bolsillos de los accionistas.
Actualmente, hay alrededor de 250 cajas, contando en total con 28 millones
de miembros que cotizan y alrededor de 40 millones de miembros asegurados
gratuitamente por los demás…
Pero hasta los grandes grupos privados hospitalarios tienen problemas.
Cuando empresas como Sana, Rhön o Asklepios están sometidas
a presión, podemos imaginar lo que sucede con las demás.
La consecuencia será que se prolongará el período
necesario para obtener una cita puesto que los hospitales van a concentrarse
en los clientes que puedan pagar y reducirán cuanto sea posible
la calidad para los simples asegurados de base.
Hay 460 hospitales en Renania del Norte Westfalia, 320 de los cuales
son cristianos (sin convenio colectivo como los demás hospitales).
Más del 40% de los gerentes de hospitales han sido relevados
de sus puestos el año pasado.
Se han vendido todas las clínicas públicas (la LBK) en
Hamburgo - con sus 12 400 empleados, en Hannover y en las ciudades vecinas.
"Comunidad de servicio": ¡este término apareció
por primera vez en 1938! Se utilizó para justificar la prohibición
de sindicatos. Hoy, se propaga en las instituciones religiosas y sociales
de Alemania. Quieren "la tercera vía"… sin los mismos
derechos, sin huelgas, sin sindicatos.
Tras haber intentado reducir los salarios en los hospitales religiosos
protestantes en un 20%, tuvo lugar la primera huelga en 6 hospitales
cristianos desde 1919, en Stuttgart, en marzo de este año.
Igualmente, el año pasado, hubo una huelga de 19 semanas en los
Centros Hospitalarios Universitarios alemanes para imponer un convenio
colectivo.
¡Ruptura del SPD con la gran coalición! ¡Ruptura
del SPD con los dirigentes del partido que aplican semejante política
de destrucción! ¡Ruptura con Maastricht!
¡Ruptura con la Unión Europea!
Eva Hallum (Movimiento Popular
contra la Unión Europea, Dinamarca)
Quiero agradecer a los belgas esta iniciativa.
Represento a nuestro comité sindical, Movimiento Popular contra
la Unión Europea. A diario, trabajo en un hospital donde soy
delegada sindical.
Como vosotros, en Dinamarca, estamos amenazados por la política
de la Unión Europea. Hace mucho tiempo que nos damos cuenta de
ello, aunque en Dinamarca la medicina aún sea gratuita; tenemos
aún la posibilidad de acudir al médico, al especialista
y al hospital gratuitamente. Vemos que cada vez se construyen más
hospitales privados, pero aún no sustituyen al sistema público.
En los últimos tiempos, vemos que en las nuevas regiones se cierran
hospitales de proximidad, pero resulta difícil hacer comprender
que esto tiene relación con la política de la Unión
Europea. Sin embargo, el informe Cox que se ha publicado en enero de
2007 puede ayudarnos a establecer el lazo con la Unión Europea,
así como todos los elementos que os pedimos que nos facilitéis.
Todo esto nos va a ayudar.
Más competencia.
El informe Cox ha sido elaborado por diferentes expertos a petición
de la Comisión Europea. Indica distintos métodos que permitan
que los usuarios paguen y aumentar la competencia entre los prestatarios
de los servicios sanitarios - lo que supuestamente puede hacerse sin
liquidar el derecho igual para todos a la salud. El informe se concentra
en los medios para aumentar la eficacia en los siguientes ámbitos:
o La responsabilidad financiera de los enfermos, la compra de ofertas
de prestaciones por parte del sector público, protocolos de prestaciones.
Facilitar la competencia de los que cubren el seguro médico;
o las prestaciones a cargo del enfermo y su responsabilidad.
El informe Cox considera la posibilidad de hacer responsable al paciente
de su petición de prestaciones. Sin embargo, parece sabido que
hacer pagar al paciente no es el mejor medio y conlleva el riesgo de
que la gente no recurra a las atenciones sanitarias cuando las necesitan.
Según parece, hay diferentes sistemas sanitarios en Europa:
o Los países donde las instituciones públicas financian
la sanidad (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Suecia,
España e Inglaterra)
o Los países donde hay un sistema mixto, basado en lo privado
y en lo público, y las instituciones que proporcionan las prestaciones
sanitarias ya no dependen de la financiación pública.
Parece que un número creciente de países de la Unión
Europea comienzan a aumentar la oferta de seguros sanitario y establecen
diferentes maneras de aumentar la parte de los gastos que corren a cargo
de los pacientes.
Tenemos buenas razones para unirnos al combate contra la Unión
Europea.
El informe Cox indica que la Unión Europea podría publicar
pronto unas orientaciones bien definidas sobre la financiación
de la sanidad en Europa. Sabemos que los pobres son los más afectados
por el ticket moderador y un sistema de seguro individual. Hasta ahora,
la base de la Seguridad Social en Dinamarca ha sido preocuparse por
las poblaciones más sensibles. Actualmente, estamos confrontados
al hecho de que debemos luchar por establecer el lazo entre los ataques
contra nuestro sistema sanitario, la Seguridad Social y la Unión
Europea. Por eso estamos aquí, a vuestro lado en el combate por
salir de la Unión Europea.
Luc Delrue (sindicalista hospitalario, Francia)
Queridos amigos, queridos compañeros, no podemos abordar los
ataques infligidos contra los sistemas públicos sanitarios sin
relacionarlos con el desmantelamiento de los regímenes de protección
social.
Desde este punto de vista, el informe así como las intervenciones
que me han precedido, han puesto en evidencia los rasgos comunes del
ataque a la misión y el lugar de los hospitales públicos.
Todos los golpes asestados nos remiten a la Unión Europea, a
su tratado y a sus directivas. Con las obligaciones derivadas del Pacto
de Estabilidad y la reducción de gastos públicos (criterios
de Maastricht) a la cabeza.
Así, todos los gobiernos emprenden la reducción de gastos
asumidos por nuestros regímenes de protección social.
Cualesquiera que sean las variantes constatadas en los diferentes estados
de la Unión Europea, en todas partes asistimos a nuevos recortes
de los regímenes obligatorios, a nuevas transferencias a las
familias y los complementarios, y ello para respetar los equilibrios
presupuestarios y reducir los gastos públicos como dicta Bruselas.
El debate actual en Francia sobre la automedicación se inscribe
en este proceso. Hay que acabar radicalmente con la visita al médico
que prescribe una receta que da derecho al pago por cuenta de la Seguridad
Social. ¡Otra especificidad francesa que hay que desterrar! Un
francés consume por término medio alrededor de 20 euros
de automedicación al año, contra 50 euros en España
y 60 euros en Alemania, por lo que, según el gobierno francés,
¡"la automedicación representa un potencial de economía
muy superior al del medicamento genérico"!
En Francia, la financiación de los establecimientos hospitalarios
representa la mitad del presupuesto de la Seguridad Social. A partir
de las ordenanzas Juppé de abril de 1996, los sucesivos gobiernos
han completado los dispositivos de encuadramiento de los gastos a través
de leyes de financiación y sus límites de gastos, con
el fin de acelerar las reestructuraciones y los planes de ahorro impuestos
a los hospitales.
Respecto de los hospitales públicos, ha aparecido un aspecto
más reciente con el plan "Hospital 2007" y en particular
con su apartado "buen gobierno" de los hospitales. En los
hechos, el gobierno trata de implicar a los profesionales, a los representantes
de los trabajadores, en las elecciones "médico-económicas".
En el marco de un límite de gastos, en nombre del principio de
subsidiaridad, esas elecciones serán consecuencia de los objetivos
establecidos en los "contratos de objetivos" entre los directores
de los establecimientos hospitalarios y la Agencia Regional de Hospitalización,
y después entre los directores y los profesionales. La defensa
de la independencia de los profesionales sanitarios y de sus organizaciones
es de una candente actualidad.
Como otros países, Francia no escapa a la regionalización
de sus sistemas de prestaciones (instauración de Agencias Regionales
de Hospitalización, esquemas regionales de organización
sanitaria, desarrollo de los grupos de cooperación sanitaria
público-privado) que acaban con la igualdad de acceso a las prestaciones
sanitarias.
Igualmente, vemos cómo sed desarrolla la privatización
de los servicios públicos, particularmente con las "colaboraciones
público-privado" (PPP), que se inspiran en la "Private
Finance Initiative", como muy bien nos ha explicado el compañero
Tony Richardson. Una treintena de proyectos hospitalarios están
actualmente en marcha en Francia. A este respecto, hay que recordar
que fue la directiva 2004/18/CE del 31 de marzo de 2004, la que introdujo
las condiciones de adjudicación de los mercados, que deben respetar
la libre circulación, la libertad de establecimiento, la libre
prestación de servicios y la competencia efectiva de los mercados
públicos.
Esta directiva sirvió de base a la ordenanza del 15 de junio
de 2004 que organizó en Francia la colaboración público-privado.
En ese contexto, el comisario europeo para la Sanidad, Markos Kyprianou,
ha declarado recientemente que "es inevitable la competencia entre
los servicios europeos de sanidad". Siendo su intención,
para responde a la demanda de la Comisión Europea, presentar
a finales de 2007 un proyecto de directiva que reglamente las prestaciones
sanitarias transfronterizas.
No insistiré en los hechos y las cifras citadas por el informe
introductorio, que indican la amplitud de los ataques a nuestros sistemas
sanitarios. Esta reducción de los costes sanitarios tiene, evidentemente,
consecuencias en el acceso a las prestaciones para los pacientes, a
causa de las reestructuraciones, cierres de camas, de servicios, de
hospitales y de maternidades.
Pero también tiene consecuencias para los trabajadores, como
para sus estatutos o sus convenios colectivos.
En nuestros hospitales públicos, el 72% del presupuesto corresponde
a los salarios del personal médico y no médico. Es fácil
entender hacia dónde debe orientarse el esfuerzo de ahorro. Por
lo que hay que acabar con los marcos jurídicos que hasta ahora
aseguraban unas garantías colectivas al conjunto de los trabajadores
de la Sanidad.
Vemos que paralelamente a la privatización de los servicios sanitarios,
está en marcha la privatización del derecho hospitalario,
a través de la destrucción del estatuto de la función
pública impuesto, también, por las directivas europeas.
Varios intervinientes han planteado la cuestión de qué
hacer y cómo hacerlo.
En primer lugar, estamos todos aquí, médicos, trabajadores
hospitalarios, responsables y militantes sindicales, y es muy natural
que luchemos con nuestras organizaciones para defender los servicios
públicos y, muy particularmente, nuestros hospitales, el estatuto
de los trabajadores y, con ello, a los pacientes. Es nuestra tarea continuar
este combate, en cada uno de nuestros países, para preservar
los derechos colectivos y para organizar la resistencia contra todos
los planes que los gobiernos quieren imponer bajo la presión
de Bruselas. Y hacerlo continuando la discusión entre nosotros
para apreciar el momento preciso de la situación y para coordinar
nuestras iniciativas en defensa de los sistemas públicos sanitarios.
Gracias a todos.
Marie-Paule Lemonnier (médico, Francia)
Quiero daros a conocer la contribución redactada para este encuentro
por el Profesor F. Guérin:
"¿Quién hubiera podido imaginar en 1998 que Francia,
clasificada por la OMS como primera en el mundo por sus sistema sanitario,
se encontraría ocho años después en la situación
en la que hoy se encuentra?
Todas las "reformas" emprendidas desde hace algunos años
han provocado una degradación progresiva de ese sistema sanitario
reputado como el mejor y todos los profesionales de la sanidad están
de acuerdo en reconocer los siguientes hechos:
1. En primer lugar, una considerable reducción de la oferta de
prestaciones, a causa de la supresión de un tercio de las camas
de hospitalización, del cierre de la mitad de las maternidades
y de la drástica limitación de los gastos sanitarios,
votados ahora cada año en el Parlamento.
Esta disminución de la oferta de prestaciones tiene una consecuencia
automática: la aparición de las listas de espera para
algunas operaciones quirúrgicas y para algunos tratamientos como
los del cáncer.
2. Dificultades cada vez mayores para los enfermos con modestos recursos
para acceder a las prestaciones que precisan, a causa de las cargas
financieras cada vez más onerosas que les imponen, ya sea en
el hospital o en atención primaria (1 euro por cada consulta
y por cada acto médico, 18 euros para cualquier acto médico
cuyo coste supere los 91 euros, forfait de 16 euros por cada día
de hospitalización, devolución de tan sólo un 70%,
en lugar del 100% anterior, de todas las prestaciones postoperatorias
realizadas tras la salida del hospital…)
3. Una penuria de médicos, evidente ya hoy, pero que va a agravarse
considerablemente en los próximos 15 años, por la política
maltusiano de todos los gobiernos sucesivos, sean de izquierdas o de
derechas, respecto del número de médicos formados en las
facultades de medicina de nuestro país (3 500 entre 1992 y 2000,
8 500 en 1972).
Esta política de racionamiento de las prestaciones tiene consecuencias
a menudo dramáticas que médicos, enfermeras y auxiliares
pueden constatar todos los días:
Un médico de hospital testimoniaba, en una conferencia de prensa
organizada por la Asociación Médica de Defensa de la Deontología
y de los Derechos de los Enfermos (AMDDDM) el pasado 13 de febrero,
que, en el servicio de urgencias de un gran hospital parisino "50
enfermos se amontonaban en un box, sobre unas camillas separadas entre
sí por 20 centímetros" y que los médicos buscaban
en vano camas adaptadas para hospitalizar a esos pacientes.
Otro médico hospitalario, responsable de una unidad de reanimación
pediátrica se quejaba porque en esa unidad, muy cargada de trabajo,
sólo había 3 médicos en lugar de los 7 necesarios
para el buen funcionamiento de la unidad, faltando también un
20% de los enfermeros indispensables. Ese mismo médico protestaba
igualmente contra el hecho de que la administración le exigiese,
de manera absolutamente arbitraria, disminuir un 5% del número
de actos de biología y de radiografía realizados en la
cama del enfermo.
Un tercer médico hospitalario, responsable de un servicio de
urgencias y de reanimación pediátrica indicaba que, a
falta de médicos, no se proveían 5 000 puestos a jornada
completa y 2 500 puestos a tiempo parcial en los hospitales públicos
franceses. Se indignaba también contra el hecho de que actualmente
sólo se formen 200 pediatras al año en lugar de los 600
que se consideran necesarios para la especialidad.
Un médico de atención primaria constataba que, por primera
vez en Francia, el presupuesto destinado a atención primaria
era inferior al del año anterior, cuando las necesidades aumentan
constantemente por el envejecimiento de la población y el coste
cada vez más elevado de las técnicas y de los tratamientos
médicos.
Un psiquiatra daba testimonio de la dramática situación
de su especialidad. En efecto, se prevé un descenso del 40% del
número de psiquiatras de aquí a 2015, cuando ya hoy están
sin cubrir 700 puestos de psiquiatras hospitalarios por la escasez de
médicos. Indicaba además que "entre 45 000 y 50 000
niños en Francia no tienen una plaza adaptada a su minusvalía"
y que "más de 100 000 adultos no tienen plaza en ninguna
parte porque se han cerrado 55 000 camas de psiquiatría en los
últimos 30 años."
Todos estos testimonios y otros muchos que podríamos citar coinciden
en demostrar hasta qué punto las "reformas" recientes
han alterado en Francia la calidad de la medicina y han creado un verdadero
racionamiento de las prestaciones.
Naturalmente, hay que preguntarse por las razones que han llevado a
los políticos de nuestro país a destruir lo que, hace
pocos años aún, constituía la honra y el orgullo
de Francia y estamos obligados a reconocer que son las directivas y
las recomendaciones europeas las que, desde hace 4 años, incitan
a los poderes públicos a limitar rigurosamente los gastos sanitarios.
Ya en 2003, la Cumbre Europea de Tesalónica recomendaba a Francia
que "frenase la espiral de gastos en el sector sanitario y situase
su evolución en un nivel más soportable". En 2004,
la Corte Europea recomendaba a su vez a los estados miembros que "aplicasen
medidas o reformas destinadas a asegurar el equilibrio financiero de
los sistemas".
Más tarde, en su recomendación del 26 de septiembre de
2006, la Comisión Europea prevé "imponer a los estados
miembros adaptaciones de su régimen nacional de Seguridad Social
a otras disposiciones del tratado (de Maastricht) como el artículo
49". Ahora bien, ese artículo 49 estipula que "están
prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios
dentro de la Comunidad", lo que debe hacernos temer que el monopolio
de la Seguridad Social, que permite garantizar desde 1945 la solidaridad
entre todos los franceses, sea suprimido un día y ya vemos a
algunos franceses que, anticipándose a esta evolución,
rehúsan cotizar a la Seguridad Social y suscriben un seguro privado.
Esta incursión de Europa en unos ámbitos que deberían
responder al principio de subsidiaridad llega muy lejos, puesto que
una directiva europea se interesa en la integración en las escuelas
ordinarias de los niños con minusvalías. Esta directiva
2078 dice en efecto que "demasiadas personas con minusvalías,
niños en particular, siguen estando aisladas, excluidas de la
sociedad por vivir en una institución (…) Ponemos un particular
acento en el derecho de los niños con minusvalías de crecer
en un marco familiar y en la colectividad. Un grupo de expertos elaborará
las recomendaciones para la desinstitucionalización de los niños
con minusvalías, para que se asuma el cuidado de esos niños
en su domicilio".
Por nuestra parte, pensamos que, como médicos, no podemos aceptar
esa injerencia de Europa en el ámbito de la sanidad, en la medida
en que inexorablemente lleva a una disminución evidente de la
calidad de las prestaciones y a una imposibilidad para muchos enfermos
de recibir las atenciones que necesitan. Debemos unir nuestras fuerzas
en todos los países de la Comunidad Europea para obligar a los
responsables a renunciar a esta liberalización particularmente
nociva en el ámbito de la sanidad."
Conclusion
Dominique Vincenot (Entente européenne, France)
Queridos compañeros, ¿exagerábamos al hablar en
el llamamiento que impulsó esta conferencia de "destrucción
acelerada de los sistema públicos sanitarios en toda Europa"?
Los quince médicos, sindicalistas de hospitales y militantes
que han intervenido en la discusión han respondido a esta pregunta,
empezando a establecer el estado de la situación. Los testimonios
que nos han ofrecido son angustiosos, puesto que sabemos que la destrucción
de los sistemas sanitarios y de protección social plantea una
cuestión de vida o muerte.
Hemos escuchado al compañero Klaus Schuller, responsable del
sindicato DGB del Land de Turingia y vicepresidente de la comisión
obrera del SPD de Turingia, explicarnos que, a partir de ahora en Alemania,
se concede una "prima" de más de 600 euros a quien
renuncie, durante un año, a ir al médico o a efectuar
ningún tipo de acto médico…
Hemos escuchado al compañero Rudy Janssens, secretario federal
de la región de Bruselas CGSP, explicarnos que, en Bélgica,
quedan menos de un 25% de hospitales públicos. Le habéis
oído decir las consecuencias de la regionalización en
Bélgica: en Flandes, simplemente ya no hay hospitales públicos.
Y en Valonia, la mayoría de los hospitales han pasado a ser empresas
mixtas público-privado.
Hemos escuchado a Violeta Tudor, sindicalista SANITAS, denunciar el
hecho de que, en Rumania, no es raro que se haga abandonar los hospitales
a los enfermos incluso antes de que se hayan curado, teniendo en cuenta
las miserables condiciones de los hospitales.
Hemos escuchado lo que sucede en Turquía, explicado por Fatih
Artvinli, sindicalista, que ha explicado cómo algunos hospitales
públicos sencillamente se cierran, como el Hospital Infantil
de Estambul, que atendía a unos 40 000 niños al año,
con el pretexto de que el número de pacientes era "insuficiente".
Hemos escuchado esa cifra terrible dada por nuestro compañero
de Suiza, Antonio Herranz, y recogida por la prensa: 120 000 ciudadanos
(de 7,5 millones) ya no tienen ninguna cobertura social.
Hemos escuchado esa dramática constatación establecida
por nuestro amigo Gérard Schivardi, que ha explicado el grave
problema de cierres de las maternidades de proximidad. Le hemos oído
contar cómo uno de sus colegas, alcalde en la Sarthe, tuvo que
ayudar en el difícil parto de una joven madre en el aparcamiento
de unos grandes almacenes porque la maternidad próxima acababa
de cerrar y había que recorrer 80 kilómetros para parir.
Hemos escuchado lo que Tony Richardson, de Gran Bretaña, nos
ha explicado sobre el estado de los servicios sanitarios resultante
de la privatización del NHS, cómo ha constatado la disminución
de un 20% del número de camas en los hospitales...
Hemos escuchado, impresionados, el testimonio del profesor Guérin,
presidente de la Asociación en Defensa de la Deontología
y de los Derechos de los Enfermos (AMDDDM, Francia), leído por
el doctor Lemonnier, informando sobre las escandalosas condiciones en
que los pacientes ancianos, a falta de plazas, son verdaderamente "amontonados"
en salas de espera, mientras que médicos y enfermeros buscan
angustiados camas para hospitalizarlos.
Y hemos escuchado lo que nos ha explicado el doctor Joaquín Insausti,
de España, sobre esa escandalosa campaña contra los médicos,
acusándolos de ser responsables de la muerte de algunos pacientes,
cuando, al mismo tiempo, se impide a los médicos dar prestar
la debida atención.
¿De dónde viene esta política?
Nuestra compañera Nicole Bernard, sindicalista de la Seguridad
Social en Francia, ha planteado una pregunta: en Francia, tuvimos un
ataque sin precedentes contra nuestro sistema de pensiones con la ley
Fillon de 2003; en Alemania la edad de jubilación acaba de retrasarse
a los 67 años, en Hungría a los 65 años... ¿Es
una simple coincidencia? ¿O es el resultado de una política
decidida al más alto nivel, es decir, por la Unión Europea,
y aplicada por todos los gobiernos? .
No es que lo afirmemos, podemos probarlo, citando directivas, recomendaciones
muy precisas, como varios compañeros lo han hecho.
Así, respecto de la edad de jubilación, ¿no es
responsable la Unión Europea que, en la Cumbre de Barcelona,
en marzo de 2002, preconizaba, en el punto 32 de sus conclusiones, "intentar
aumentar progresivamente, de aquí a 2010, en unos 5 años
la edad media efectiva de cese de la actividad profesional en la Unión
Europea"?
Muchos compañeros han denunciado el cierre de miles de camas,
de hospitales enteros, de maternidades. ¿También pura
coincidencia? ¿O bien la consecuencia de la política de
la Unión Europea, tal como se expuso en Tesalónica, en
junio de 2003, instando a "vigilar atentamente la eficacia de las
medidas adoptadas para frenar la espiral de gastos en el sector sanitario
y situar su evolución en un nivel más soportable"?
¿Más "soportable" para quién? ¡Ciertamente
no para los enfermos que se hacinan en salas de espera por falta de
camas! ¡Ciertamente no para los médicos y personal sanitario
que, pese a su conciencia profesional, se ven en una situación
en la que no pueden prestar la atención debida!
Y esto es cierto también en los países que aún
no son miembros de la Unión Europea, como nos ha indicado nuestro
compañero de Turquía: la aplicación del plan propuesto
por el Fondo Monetario Internacional, que lleva a un aumento del 60%
en los precios de los medicamentos, es una de las condiciones exigidas
por la Unión Europea para optar a la adhesión de Turquía.
Lo que me lleva a insistir en la pregunta planteada por el compañero
Fulvio Aurora de Italia: "¿Qué hacer en defensa de
nuestros servicios sanitarios en Europa?"
Creo que también en este terreno, la discusión ha empezado
a proporcionarnos algunos elementos de respuesta.
He escuchado al compañero Luc Delrue, sindicalista hospitalario
en Francia, recordar que todos estamos aquí, médicos,
trabajadores de hospital, responsables y militantes sindicales, y es
muy natural que luchemos con nuestras organizaciones para defender nuestros
hospitales, el estatuto del personal, los regímenes de protección
social… Y, por lo mismo, en defensa de las propias organizaciones sindicales,
puesto que son las herramientas de ese combate. Creo que tiene razón.
Lo que viene a sumarse a lo que ha recordado Tony Richardson en Gran
Bretaña, donde las organizaciones sindicales han adoptado numerosas
iniciativas estos últimos años en defensa de los hospitales
y el NHS en general.
O a lo que ha recordado el mensaje de médicos, sindicalistas
y militantes socialistas portugueses leído en esta tribuna: la
inmensa movilización de la población, de los representantes
elegidos, de los sindicatos en estas últimas semanas en defensa
de los servicios de urgencia.
Y el rechazo masivo del 80% de la población, en Alemania, de
la "reforma de la sanidad", llevando a varios diputados del
SPD en el Bundestag a votar en contra de esta contrarreforma propuesta
por el gobierno de "gran coalición", que han recordado
los compañeros Schuller y Mees.
No se trata sólo de defender lo que subsiste, sino de reconquistar
lo que se ha liquidado, ya que está en juego la civilización.
Este combate no es en modo alguno contradictorio con el combate que
tenemos que llevar a escala europea, para enfrentar a la Comisión
Europea a sus responsabilidades.
Comparto completamente lo que ha dicho la compañera Eva Hallum
de Dinamarca, cuando ha subrayado: "tenemos que establecer el lazo
entre los ataques de los que son víctimas nuestros sistemas sanitarios
y la política de la Unión Europea en su conjunto".
En esta conferencia, algunos compañeros han sacado la conclusión
de que es necesario romper con la Unión Europea y sus instituciones,
conclusión que comparto.
Otros compañeros no sacan esta conclusión. Pero no he
oído a nadie en la discusión poner en duda la responsabilidad
aplastante de los planes de la Unión Europea, del Pacto de Estabilidad
y del tratado de Maastricht en la desastrosa situación de los
sistemas sanitarios que todos nosotros hemos ilustrado.
Vuelvo, pues, a hacer la pregunta del compañero italiano: ¿qué
hacer en defensa de nuestros sitemas públicos sanitarios en Europa?
El hecho de que una delegación que vamos a designar aquí
sea recibida dentro de dos días por representantes del Comisario
Europeo para la Sanidad, ¿no es ya una respuesta a la pregunta?
Insisto: hemos tenido que pelear durante semanas - en particular nuestros
compañeros belgas - para obtener esa cita. Ya que, daos cuenta,
esas personas que se pasan días enteros escribiendo directivas
destructivas, son personas "muy ocupadas". Ha habido que insistir,
pelear para que esos señores acepten recibirnos. Es un primer
paso.
Gracias al dramático estado de los sistemas públicos sanitarios
que hemos comenzado a establecer, en nuestras intervenciones, en documentos
precisos, comportando hecho precisos, que hemos preparado, vamos a interpelarlos.
¡Y les pediremos cuentas! Les pediremos que respondan a esos hechos
precisos, que derivan de las medidas decididas por la Unión Europea,
e informaremos en nuestros países respectivos a los que nos han
mandatado. La joven madre obligada a parir en un aparcamiento, los viejos
enfermos hacinados en las salas de espera de los hospitales, los pacientes
arrojados de los hospitales, los médicos a los que se ha difamado
porque quieren seguir haciendo su trabajo, ¡sabrán que
hemos ido a pedir cuentas a los responsables!
Y, siendo esta conferencia un comienzo, considero que es muy importante
que se publique el memorando, el conjunto de las intervenciones y el
informe de la delegación bajo la responsabilidad del Comité
de Correspondencia, al que todos estáis invitados a uniros, si
así lo deseáis, sobre la base del mandato que se4rá
el de la delegación.
Para terminar, todos hemos escuchado el llamamiento de nuestros compañeros
españoles, su llamamiento está disponible, y estoy convencido
de que cada delegación, bajo la forma que considere apropiada,
responderá y transmitirá su solidaridad a los médicos
del hospital Severo Ochoa contra esta infame campaña que los
acusa.
Llamamiento de los médicos
del Hospital Severo Ochoa (España)
El 11 de marzo de 2005, el responsable de la Sanidad en Madrid, Manuel
Lamela, hizo pública y dio credibilidad a una denuncia anónima
que acusaba al Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, un pequeño
hospital del sur de Madrid, de haber cometido 400 asesinatos en "pacientes
oncológicos, dementes y/o discapacitados psíquicos o cualquier
paciente de edad que tenga alterada la conciencia por un proceso patológico
agudo", sin reparar en que semejante acusación sólo
podía ser obra de un enajenado.
No concedió crédito sin embargo a los informes técnicos
de la Inspección, ordenada por su antecesor en la Consejería,
de su propio partido político, con ocasión de una denuncia
anterior, obra del mismo anónimo, que había concluido
la ausencia de datos de conducta reprochable en la Urgencia del Severo
Ochoa.
Mandó nuevamente a los Inspectores, tras destituir fulminantemente
al Dr. Luís Montes, Jefe de la Urgencia, y sembrar insidias sobre
su persona. Tras el informe de sus inspectores no encontrando indicios
de criminalidad, inventó "graves irregularidades administrativas"
para mantener el cese de Montes y añadir el del Director Médico
y el Gerente, enviando a la sociedad el mensaje subliminal de que algo
muy grave debía haber ocurrido en nuestro Hospital para cesar
a la cúpula directiva.
Entre informaciones falsas sobre elevada mortalidad en la Urgencia del
Hospital (Un hospital que había sido premiado con el TOP20, entre
otras cosas por su reducida mortalidad) y en medio de una campaña
mediática orquestada por los periódicos y radios de más
rancia tradición conservadora y, lo que es más grave,
por la televisión pública de Madrid sufragada por todos
los madrileños, Lamela remitió el caso a la Fiscalía
de Madrid.
Cuando tuvo conocimiento de que el informe de la Fiscalía, basado
en el análisis de las historias realizado por la Clínica
Forense, descartaba también la existencia de ilícito penal,
intentó parar la actuación de la Fiscalía presentando
una denuncia en los Juzgados de Leganés, para lo que inventó
un comité de presuntos expertos (la mayoría de ellos sin
la menor relación con los Cuidados Paliativos), que elaboró
un informe inculpatorio de 70 muertes directamente achacables a la sedación
terminal. Informe que fue rechazado por Sociedades Científicas
y diferentes expertos como sesgado, metodológicamente incorrecto
e ideológicamente destinado a judicializar actuaciones médicas
que sólo debieran haberse debatido en foros técnicos.
Tras más de un año de inoperancia, el Juez encargado del
caso, solicitó un nuevo informe a la Presidencia del Colegio
de Médicos de Madrid, quién reunió un grupo de
personas de su confianza, sin dar audiencia al Comité Deontológico
del Colegio, cuyo presidente dimitió descalificando duramente
el trabajo de estos nuevos expertos.
A pesar de que este nuevo comité patrocinado por la Presidenta
del Colegio de Médicos no encontró relación causa-efecto
entre las muertes y las sedaciones, Lamela y sus medios afines presentaron
el informe como nueva demostración -esta vez desde un órgano
supuestamente colegial-, de que la actuación de la Consejería
había estado justificada.
Todavía hoy, a dos años cumplidos del inicio del conflicto,
los médicos de la Urgencia siguen declarando lentamente en el
juzgado, sin que exista una acusación concreta y con el único
fin aparente de dilatar la resolución hasta pasadas las próximas
elecciones locales y autonómicas. El Partido Popular no quiere
pagar en ellas la factura por las actuaciones de Lamela, a quién
ha respaldado en todo momento la Presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre.
Estas acciones de la Consejería han sembrado en cierta medida
la confusión entre sectores de la ciudadanía y propiciado
el paso -sin que, al menos hasta el momento, la respuesta popular haya
podido impedirlo-, a fórmulas privadas que no sólo afectarán
a nuevos hospitales sino que podrán extenderse a los actuales
del Sistema Público, gracias a los cambios legislativos introducidos
por el PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para
el 2007.
El otro efecto del escándalo Lamela ha conducido a que, a efectos
del desarrollo de los Cuidados Paliativos en general y a la asistencia
en la agonía en particular, hayamos retrocedido años sobre
una situación ya de suyo precaria.
Por todo ello, nos dirigimos al comité organizador del Encuentro
del 31 de marzo en Bruselas y de la Delegación a las instituciones
de la Unión Europea, en defensa de los Sistemas Públicos
de Salud en Europa: ayudadnos a combatir esta injusticia que afecta
al Hospital Severo Ochoa y que prepara el desmantelamiento de la Sanidad
Pública y la transferencia de dinero pública a manos privadas.
Mensajes a: Secretaría.general.tecnica@salud.madrid.org
Enviandolo con copia a: jaima.haddad@salud.madrid.org
Acuerdo Europeo de Trabajadores
Informe de la delegación a la Comisión Europea
Bruselas - 2 de abril de 2007
El mandato de la delegación era obtener respuestas precisas,
sobre la base del memorando constituido para preparar el encuentro del
31 de marzo y de los hechos expuestos por los participantes en el mismo,
a la siguiente pregunta:
"¿Son compatibles la defensa y la reconquista de nuestros
sistemas públicos sanitarios y nuestros regímenes de protección
social con la Unión Europea y sus directivas?"
Fue recibida por Philippe Brunet, jefe de gabinete de Markos Kyprianou,
actual comisario europeo para la sanidad.
La delegación:
- Turquía aún no es miembro de la Unión Europea
pero el gobierno turco desea sumarse a ella. Desde el punto de vista
de la sanidad, el gobierno turco se adapta a las obligaciones impuestas
por la Unión Europea, lo que conduce a un proceso de privatización
de las prestaciones sanitarias.
Hace cuatro años, el gobierno emprendió una reforma estructural
exigida por el Fondo Monetario Internacional. Esta reforma prevé
la privatización y la descentralización del sistema sanitario.
Antes de esta reforma, las instituciones de la Seguridad Social poseían
sus propios hospitales que suministraban los medicamentos precisos a
una tarifa reducida. Con la reforma, los hospitales han pasado a estar
controlados por el ministerio de sanidad, que les impide seguir distribuyendo
sus medicamentos. Los medicamentos los fabrican ahora los monopolios
privados. El año pasado sus precios aumentaron un 60%.
Con esta reforma, se ha modificado el sistema que se basaba en los Dispensarios:
cada cual debe elegir un médico de familia. Se han disminuido
los servicios cerrando los Dispensarios.
Actualmente ese sistema se aplica en diez ciudades. Si se sistematiza,
habrá un serio deterioro de la situación. Por ejemplo,
la vacunación de los niños, hasta ahora asegurada por
los dispensarios, dejará de estarlo.
Además, hay otro aspecto de la reforma que afecta a las jubilaciones.
Los trabajadores tendrán que haber cotizado 9 000 días,
en lugar de los 7 000 actuales, para tener derecho a una pensión.
No se computan los períodos de interrupción del trabajo.
Hemos intentado, en el ámbito sindical, trabajar para que el
Parlamento no adopte esta reforma. Pero el gobierno está decidido
a aplicarla.
El gobierno presenta esta reforma como una condición previa para
la entrada en la Unión Europea, y ello en aplicación de
las imposiciones presupuestarias del tratado de Maastricht.
- En todos los países de la Unión Europea, se constata
una reducción de los gastos sanitarios y, paralelamente, un aumento
de la edad de jubilación.
En Alemania, la ley del 9 de marzo de 2007 ha retrasado la edad de la
jubilación a los 67 años. En Dinamarca, se ha pasado de
65 a 67 años. Lo mismo sucede en Turquía. En Hungría,
la edad de jubilación se ha retrasado a los 65 años. En
Francia, el tiempo de cotización para los funcionarios ha pasado
de 37,5 a 40 anualidades, y a 41, y más tarde 42, para los asalariados
del sector privado.
La Unión Europea coordina todas estas medidas y, en particular
las disposiciones adoptadas por la Cumbre de Barcelona que exigen una
prolongación de 5 años del tiempo de cotización
para poder jubilarse. Este retraso se combina con la reducción
de los gastos sanitarios. Tales medidas van a tener graves consecuencias.
En su opinión, ¿qué consecuencias van a tener?
¿No existe un riesgo de aumento de la mortalidad?
- Usted no ignora que, desde 2004, nos encontramos bajo la dominación
de los topes presupuestarios. Lo que se traduce, en Francia, en el plan
hospital 2012. Este plan detrae 5 000 millones de euros de los presupuestos
de los hospitales, para obligarlos a reestructurarse. Lo que representa
el equivalente del presupuesto necesario para el funcionamiento de 60
000 camas o de 100 000 puestos de trabajo en los hospitales. Los establecimientos
hospitalarios reciben menos dinero del que necesitan para funcionar.
La primera consecuencia para los enfermos es la disminución sistemática
y permanente de la duración media del tiempo de hospitalización.
En geriatría, ya no se asegura la prevención de las escarificaciones
con el pretexto de que ha disminuido el tiempo de hospitalización.
La higiene se hace en la cama. Los enfermeros no tienen tiempo para
atender al enfermo.
Se insta a los hospitales públicos a redistribuir la actividad
hacia el sector privado, en particular a través de las asociaciones
público-privado (PPP).
Programas de PPP, surgidos de la directiva europea de 2004, que encontramos
también en Madrid, en Lyón, en Hamburgo, en Bruselas o
en Londres.
Me ha impactado constatar, en la conferencia del 31 de marzo, la similitud
de las medidas a través de las cifras anunciadas por los participantes:
entre 1992 y 2003, se han cerrado 86 000 camas en Alemania, 83 000 en
Francia; entre febrero y noviembre de 2006, se han suprimido 21 000
empleos en el NHS (Servicio Nacional de Sanidad) en Gran Bretaña;
entre 2000 y 2003, se han eliminado 185 000 puestos de trabajo en Italia,
y sólo en la región de Lombardía; 7 200 camas para
"gran enfermedad" han sido cerradas; en Hungría, el
número de camas "activas" deberían pasar de
60 000 a 44 000 en 2007. ¿Se trata de una coincidencia? ¿O
existe una decisión centralizada? ¿Puede la población
entrar en un presupuesto cerrado, inflexible? La consecuencia de ello
es, por ejemplo para los enfermos mentales, ¡que, en Francia,
la cárcel se ha convertido en el primer hospital psiquiátrico!
¿Es posible volver a abrir el tope presupuestario?
- En Bélgica, están más "adelantados".
Con la regionalización, los dos hospitales públicos que
existían en Flandes han pasado a un estatuto privado. En Valonia,
se observa un retroceso en el ámbito de las prestaciones sanitarias.
En todo el país, se constata que cada vez menos personas disponen
de los medios para procurarse una atención médica.
Philippe Brunet:
Querría recordar dos o tres principios.
El primero es el siguiente: demos al César lo que es del César.
La Comisión Europea no tiene competencia, ni responsabilidad
en la organización o la prestación de los cuidados sanitarios.
Hay demasiadas diferencias entre los sistemas de los 27 países
para poder proponer un enfoque común: en Gran Bretaña,
el NHS está totalmente nacionalizado, en Italia y en Bélgica,
el sistema está regionalizado. En Alemania el papel de los Lander
es importante, igual que el de las comunidades en España. Además,
no tenemos 27 interlocutores, sino tantos como regiones.
No tenemos responsabilidad ni desde el punto de vista cuantitativo,
porque los PIB de cada país son poco comparables, ni desde el
punto de vista cualitativo.
Desde el punto de vista cuantitativo, ha de pasar mucho tiempo hasta
que la parte del presupuesto dedicada a la sanidad en Letonia alcance
la de Dinamarca.
Nosotros nos interesamos por la organización de las prestaciones
sanitarias para definir cómo podría el mercado europeo
aportar beneficios. Estimulamos los acuerdos transfronterizos. Otro
ejemplo, y es una prioridad, impulsamos la realización de un
mapa sanitario a escala europea, sin prejuzgar el carácter público
o privado de las infraestructuras.
Pensamos en las enfermedades muy graves o muy raras. Hay niños
que padecen un grave déficit inmunitario. Hay tratamientos posibles
pero, para mantener las capacidades técnicas, hay que tener una
gran población a la que atender. Así pues, hay que definir
"yacimientos de pacientes" bastante grandes para que los especialistas
tengan un buen nivel, lo que sólo puede hacerse a escala europea.
Esto no quiere decir que no deba haber conformidad con los principios
generales del tratado de Maastricht. Por ejemplo, está prohibido
desatender a los pacientes de los países limítrofes. Por
otra parte, no se puede construir una oferta de prestaciones reservadas
a los nacionales. Finalmente, está prohibido construir un hospital
sin aplicar la legislación europea sobre las ofertas públicas.
Son los principios de la legislación. Deben ser aplicados.
El Pacto de Estabilidad no impone ninguna obligación a los Estados
miembros en lo que respecta a las prestaciones sanitarias. El Pacto
de Estabilidad exige a los Estados miembros que no gasten el dinero
que no tienen. Se adoptó para luchar contra la inflación,
que era una auténtica gangrena y, simplemente persigue el equilibrio
de los presupuestos. Los Estados pueden hacer lo que quieran en la medida
en que mantengan su déficit bajo control.
En algunas acciones ligadas a la Agenda de Lisboa o al Pacto de Estabilidad,
siempre hemos indicado que la salud debe ser un medio privilegiado.
Respondiendo a sus preguntas, nosotros, la Comisión Europea,
hemos abogado por una modernización de los servicios sanitarios.
Estamos en una sociedad cada vez más longeva, constituida por
deudores netos de los sistemas de salud.
Como en todos los sectores, la Comisión Europea ha pedido a cada
Estado miembro que analice los puntos más eficaces y los menos
eficaces de su presupuesto, incluyendo en ello, el presupuesto de sanidad.
Hablan ustedes del presupuesto cerrado. Es una especificidad francesa
sobre la que nada tiene que comentar la Comisión Europea: Nadie
dice, en Bruselas, que haya que reducir los gastos sanitarios. Lo único
que las directivas europeas imponen es la lucha contra los déficit
públicos.
En Bruselas no hay una orientaciones que favorezcan lo público
o lo privado. En determinados Estados, las asociaciones público-privado
coexisten con el sector público. Jamás ha habido una directiva
a escala europea que prime lo privado en detrimento de lo público.
Las únicas directivas de aplicación son las que tratan
sobre el equilibrio presupuestario y la no discriminación.
Respecto de Turquía, la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial es una problemática diferente. He entendido
que el Banco Mundial está en el origen de las reestructuraciones.
El Banco Mundial presta dinero. Si no quieres satisfacer sus condiciones,
no lo pidas. Hay que entender algo con claridad: deuda significa devolución.
En cuanto a decir que las medidas adoptadas en materia sanitaria obedecen
a una posible adhesión de Turquía a la Unión Europea...
El hecho es que, en los Estados, hay que hacer algunas economías,
pero esas opciones corresponden a los Estados nacionales.
La delegación:
Le hemos escuchado con atención.
Antes del tratado de Maastricht, los recursos y el presupuesto de la
Seguridad Social no estaban incluidos en los gastos públicos
sanitarios y, por lo tanto, no estaban incluidos en el déficit
público.
Supone un gran cambio, ya que ahora la Seguridad Social se encuentra
sometida a las reglas del déficit público y está
obligada a reducir los gastos.
Ha hablado usted de los "yacimientos de pacientes", lo que
nos preocupa mucho. En efecto, ése es el argumento utilizado
en Francia desde hace quince años para cerrar la mitad de las
maternidades.
Antes, una mujer podía encontrar una maternidad en un radio de
25 kilómetros. Con los cierres impuestos, ha de recorrer 40,
50, 60 incluso 80 kilómetros para dar a luz. ¿Recorrer
80 kilómetros para dar a luz mejora tal vez la salud de las medres
y de los bebés?
Dice usted que no son responsables, pero explíquenos a título
de qué han "requerido" al gobierno francés para
que renuncie a la cláusula legal que prohíbe que haya
más de un 25% de capitales privados, no pertenecientes a los
profesionales, en los consultorios médicos y en los laboratorios
de análisis clínicos? ¿Deben ser los laboratorios
empresas comerciales?
Philippe Brunet:
No hay que mezclarlo todo. Antes, Francia constituía una excepción
al no considerar que el déficit de la Seguridad Social fuese
parte integrante del déficit público. Pero el Estado francés
ha cubierto, en diversas ocasiones, el déficit de la Seguridad
Social. Si va usted a su banquero, poco importa de dónde venga
la deuda. No se puede "compartimentar" la deuda. Cuando se
presta dinero, hay que pagarlo.
He hablado de "yacimientos de pacientes". No he hablado de
maternidades. La existencia de "yacimientos de pacientes"
condiciona la accesibilidad a las prestaciones. Si no fuera así,
los Estados pequeños no tendrían acceso a ellas. No se
debe hablar de equidad en un plano nacional. La equidad debe concebirse
a escala europea.
Respecto de los laboratorios, no se trata de recomendaciones sino de
un procedimiento de infracción ligado a la libre circulación
de capitales. Este procedimiento se aplica a todos los sectores, incluido
el sanitario. Muchos laboratorios han llegado a ser eficaces al apelar
a los capitales privados.
Francia y Bélgica son países que siempre han dedicado
mucho dinero a la sanidad. Si se intenta exportar esos sistemas, ¿qué
sucedería en Bulgaria? Si no se imaginan otras fórmulas,
los búlgaros seguirán en el mismo punto dentro de 50 años.
Ellos mismos han de encontrar los medios para invertir. La finalidad
de la Comisión es lograr, en particular a través de los
fondos regionales, que los nuevos Estados miembros tengan acceso a mejores
atenciones. El papel de la Comisión Europea es intentar minimizar
las diferencias entre los 27 Estados miembros y, para eso, hace falta
una norma de mínimos que pueda aplicarse en los 27 países,
teniendo en cuenta su nivel económico.
La delegación:
No vemos cómo la destrucción de los sistemas sanitarios
en el oeste de Europa va a mejorar la situación de los hospitales
en Bulgaria y en Rumania. Por otra parte, un sindicalista rumano nos
ha explicado algunos hechos concretos en el encuentro del 31 de marzo.
Habla usted de los mapas sanitarios. Ahora bien, en Francia acaba de
suprimirse el mapa sanitario. Es muy importante, ya que determinaba
la apertura de camas y la autorización para la instalación
de equipos. Nos habla usted de mapa sanitario europeo. ¿En qué
consiste?
Philippe Brunet:
No tiene nada que ver. No se trata en modo alguno de abrir establecimientos.
Este mapa debería financiarse con presupuestos extranacionales.
No se va a determinar quién va a tener un escáner, sino
que decimos: "Tomad en cuenta los elementos que no son nacionales,
los flujos de población.".
La delegación:
Hemos escuchado con interés sus observaciones.
Nos dice usted que "la Comisión Europea no tiene competencia,
ni responsabilidad en la organización o la prestación
de las atenciones sanitarias", y después: "Nadie dice,
en Bruselas, que haya que reducir los gastos sanitarios". Ahora
bien, en la Cumbre de Tesalónica, el 21 de junio de 2003, se
hizo una recomendación a Francia: "Vigilar atentamente la
eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de gastos en
el sector sanitario y situar su evolución en un nivel más
soportable y, llegado el caso, adoptar nuevas medidas para alcanzar
ese objetivo". ¿No hay una contradicción entre sus
afirmaciones y esta recomendación?
Respecto a la discapacidad, la directiva europea 2078 explica: "Un
numero excesivo de personas con discapacidades, en particular niños,
siguen estando aisladas, excluidas de la sociedad por el hecho de vivir
en una institución (...). Se ha puesto el acento, especialmente,
en el derecho de los niños discapacitados a crecer en un marco
familiar y en la colectividad. Un grupo de expertos elaborará
las recomendaciones para la desinstitucionalización de los niños
con discapacidades, para atender a los niños en su domicilio.".
En Francia, en aplicación de esta directiva, la ley Montchamp
obliga al Servicio Público a asegurar esta escolarización
en un "medio usual", sin ningún respeto de los derechos
del niño discapacitado, en particular el derecho a la atención
sanitaria, a la enseñanza y a los medios especializados que le
son indispensables.
Por otra parte, la Unión Europea indica: "es preciso que
las actuaciones en favor de las personas con discapacidades apoyen más
la actividad profesional y favorezcan la prolongación de la vida
activa.". ¿No hay una relación entre estas incitaciones
y la destrucción de los regímenes de invalidez en Francia,
en Gran Bretaña y en Suiza?
Philippe Brunet:
Es un asunto diferente. Corresponde a Asuntos Sociales. Pero nadie puede
estar en contra de la reinserción de los discapacitados. A escala
europea la desestigmatización es lo primero que hay que aplicar.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado esta orientación.
Yo soy favorable a la propuesta de que no se deje a las personas con
discapacidades en instituciones especializadas. Por lo demás,
una recomendación puede ser o no ser aplicada por los Estados
miembros.
La delegación:
2 000 médicos y profesionales sanitarios se han pronunciado contra
la ley Montchamp en Francia. Dicen que sacar a los niños discapacitados
de las estructuras especializadas les impide el acceso a las atenciones
a las que tienen derecho y a la instrucción. ¿Qué
responde usted?
Philippe Brunet:
Un contraejemplo no les da la razón. Si cuentan ustedes con un
ejército de médicos contra esta medida, vayan a ver al
gobierno francés. Hay que desestigmatizar la minusvalía.
La delegación:
Nos explica usted cómo concebir el método de coordinación.
En 2001, se publicó un "Libro Verde" sobre la sanidad.
En 2006, se confirmó con un "Libro Blanco". Lo que
se dice en esos documentos es muy preciso.
En Alemania, no se puede hablar de limitación de los gastos sanitarios,
se trata de una auténtica disminución. Ha hablado usted
de particularidad francesa, pero la situación es la misma en
Alemania.
El "Libro Blanco" estimula la competencia entre las cajas
de enfermedad en Alemania. ¿Qué puede usted decirle a
esos 600 000 asegurados si la caja echa el cierre?
Lo que dice usted respecto a las enfermedades raras, podría ser
tentador. Pero, en los hechos, vemos cómo se instaura una medicina
a dos velocidades. Y lo que queremos es que la medicina sea la misma
para todos. No queremos que el paciente se convierta en cliente, ya
que ¿podría ir a los polos de referencia de los que nos
habla que hay en otros países?
Lo que lamento es que, en ninguna parte de su documento leo que exista
igualdad de derechos para el acceso a las prestaciones. Habrá
una medicina para los ricos y una medicina para los pobres, está
escrito en su documento.
Es un plan de la Unión Europea.
Philippe Brunet:
Me están hablando del texto para consulta. En este momento, no
existe ningún texto. Espero que hayan puesto por escrito su punto
de vista, ya que eso forma parte de la consulta que hemos organizado.
Cuando no existía Unión Europea, ¿ante quién
presentaban sus recriminaciones?
La delegación:
Tanto ayer como hoy, ante los que son responsables.
Philippe Brunet:
Entonces, ¿es la Unión Europea la responsable?
La delegación:
La reforma de la sanidad fue votada por el Parlamento alemán
en febrero. Los diputados nos han dicho: "todas estas instrucciones
vienen de Bruselas".
En el tratado constitucional rechazado en Francia y en Holanda, aparece
mucho la palabra competencia y muy poco la palabra social.
Ahora bien, competencia significa, concretamente, privatizaciones. Es
una palabra muy importante. El responsable de la asociación de
médicos alemanes ha declarado: "si se empieza a calcular
el valor de la vida humana, se está haciendo lo mismo que los
nazis".
Ha habido huelgas muy importantes en los hospitales. Han durado 19 semanas.
La reforma sanitaria tiene por objetivo obtener un beneficio comercial
y dejar de dar la debida prioridad a la vida humana.
Philippe Brunet:
Entiendo sus preguntas en un 80% de los puntos abordados.
Y cómo no se ve con claridad de dónde proceden esas medidas,
se dice que es responsabilidad de Bruselas. ¿Por qué se
hace lo mismo en todas partes, incluso en Japón? ¡Bruselas
al menos no decide en Japón!
Estamos en un siglo de cambios. Es como la ley de la gravedad. No soy
yo quien lo ha decidido, es así. El sector sanitario no escapa
a los cambios.
Que el Pacto de Estabilidad tiene una influencia sobre los déficit,
es seguro. Pero ¿podemos permitir que se disparen? Que el Pacto
de Estabilidad ha previsto que los Estados están obligados a
resolver el déficit, es seguro.
Tengo un mensaje importante para ustedes: hay que constituir sinergias
entre los Estados miembros.
Tenemos 270 respuestas a la consulta que estamos realizando. Dar indicaciones
a escala macroeconómica, ése es nuestro papel.
Me hablan de maternidades a 50 kilómetros. Hay países
donde hay que recorrer 500 kilómetros.
La delegación:
Y ¿No tienen derecho todos los países a tener una maternidad
a 25 kilómetros para garantizar la vida de las mujeres y de sus
hijos?
Philippe Brunet:
Ésa no es la cuestión.
La delegación:
¿Nos está usted diciendo que no existe ninguna relación
entre las indicaciones a nivel macroeconómico y las consecuencias
concretas en términos de cierres de camas, de servicios, etc.?
¿O se trata de una fatalidad?
Philippe Brunet:
No se puede gestionar como en 1957. El progreso técnico es tal
que conlleva un aumento de los costes que no es soportable. No se pueden
gestionar los progresos. Hay que buscar la eficacia. Los países
de la zona asiática también reducen los costes, ¡eso
al menos no es culpa de Bruselas! Es un desafío a toda la humanidad.
La delegación:
¿Es posible entonces oponerse al respeto del equilibrio presupuestario
en el marco del 3%?
Philippe Brunet:
Hay que gastar el dinero del modo más eficaz. En un momento dado,
hay que tomar necesariamente opciones.
Por supuesto, hay que dar más. Pero ahí es donde intervienen
las opciones de los Estados miembros.
La delegación:
Señor Brunet, le damos las gracias por haber recibido a la delegación.
Pensamos que no hemos perdido la tarde y que nos ha ayudado a comprender
mejor la política de la Comisión.
Podemos discutir hasta el infinito sobre lo que suponen los tratados,
las directivas, las recomendaciones y las indicaciones, pero más
allá de los aspectos jurídicos, están los hechos,
que tienen más fuerza que cualquier texto.
Ha señalado usted que el "Libro Verde" sobre la sanidad
es sólo un proceso de consulta. No me pronuncio al respecto porque
no lo he leído. Pero constatamos que hace algunos meses, ha habido
otro "Libro Verde" que trataba sobre el contrato laboral.
Era también una consulta. La posición del conjunto de
los sindicatos belgas ha sido negarse a responder a este documento porque
consideraban que las preguntas contenían ya las respuestas. Y
después, en todos los países de Europa, se han aplicado
las disposiciones del "Libro Verde sobre el empleo"...
Ha hablado usted de la "excepción francesa". Sin embargo,
la situación de la seguridad social es la misma en Bélgica.
El presupuesto de la Seguridad Social se asimiló al del estado
tras el tratado de Maastricht, mientras que la Seguridad Social se financia
esencialmente por las cotizaciones sociales y no por los impuestos.
Hay ahora una política europea de disminución del coste
del trabajo que trata particularmente sobre la disminución de
las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. El FMI acaba de publicar
un informe sobre Bélgica. Declara que lo que llama la "entidad
1", es decir, el presupuesto del Estado Federal y el presupuesto
de la Seguridad Social, va a estrellarse si no se adoptan medidas. Esa
constatación es lógica y se desprende de una política
que disminuye en toda Europa el impuesto de sociedades (y por lo tanto
los ingresos del Estado) y los recursos de la Seguridad Social. Tiene
usted razón cuando dice que se aplica una misma política
a escala mundial. Pero el asunto es saber, en el caso del continente
europeo, si la Unión Europea es un factor que contribuye a protegernos
o lo contrario. Constatamos que todo lo que constituían protecciones
a escala nacional desparece y que no existe ninguna protección
equivalente a escala europea.
En la preparación de la conferencia que hemos organizado, hemos
escuchado contribuciones procedentes de países del este. La constatación
es unánime. En materia de prestaciones sanitarias, no estamos
asistiendo a una progresión en modo alguno, sino a una fulgurante
degradación.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.
Acta levantada por los miembros de la delegación:
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de Empleados de Sanidad y
Servicios Públicos, Estambul, Turquía);
Hans Mees (responsable del sindicato Ver.di del grupo hospitalario VKKD
de Dusseldorf y miembro de la dirección de Ver.di (sanidad) de
Renania);
Henning Frey (miembro del SPD, Colonia);
Rudy Janssens (Secretario Federal región Bruselas CGSP ACOD ALR
LRB, Bélgica);
Philippe Larsimont (coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores,
Bélgica);
Nicole Bernard (Sindicalista Seguridad Social, Francia);
Philippe Navarro (sindicalista de Hospital, Francia);
Christel Keiser (Acuerdo Europeo de Trabajadores, Francia).
Nosotros preguntamos:
¿Es exacto o no, afirmar que existe una relación directa
entre la destrucción de todos los Sistemas Públicos Sanitarios
en Europa, de todos los
Sistemas de Protección Social y las Directivas Europeas?
Los hechos y las palabras del señor Brunet muestran que hay
una relación directa entre la política de la Unión
Europea y las medidas adoptadas en cada país.
Cuando el señor Brunet afirma: "El Pacto de Estabilidad
exige a los Estados miembros que no gasten el dinero que no tienen (...)
Los Estados pueden hacer lo que quieran en la medida en que mantengan
su déficit bajo control (...) los único que imponen las
directivas europeas es la lucha contra los déficit públicos",
hace como si no existiesen recomendaciones, como la adoptada por la
Cumbre de Tesalónica en junio de 2003, que sin embargo ejercen
una presión muy fuerte sobre los Estados miembros para que disminuyan
todos los gastos públicos, y en particular los relativos a la
sanidad. Y, al mismo tiempo, confirma lo que hemos constatado en cada
país: los gastos sanitarios están sometidos, como todos
los gastos públicos, a la regla de los déficit excesivos
impuesta por el artículo 104 del tratado de Maastricht, que obliga
a los Estados miembros a "evitar los déficit públicos
excesivos".
Poco les importa que esta regla provoque miles de cierres de camas,
miles de empleos eliminados, privatizaciones de hospitales enteros,
una multitud de listas de espera para lograr una cita médica,
partos en los aparcamientos, etc., ¡ha de aplicarse ya que Bruselas
lo impone!
Cuando el señor Brunet afirma respecto al procedimiento de infracción
hacia los laboratorios de análisis médicos y las consultas
médicas francesas: "No se trata de recomendaciones, sino
de un procedimiento de infracción ligado a la libre circulación
de capitales", no hace sino recordar las reglas impuestas por el
tratado de Maastricht en lo que respecta al principio de libre competencia
establecido por el artículo 87 del mismo. Así, en nombre
de este artículo, los laboratorios y consultorios médicos
deberían pasar a estar totalmente controlados por grupos financieros,
cuyo beneficio es la principal motivación.
Y cuando el señor Brunet explica a la delegación que la
finalidad de la Comisión es lograr que los nuevos Estados miembros
tengan acceso a unas mejores prestaciones, disimula la terrible realidad
mencionada por una sindicalista rumana en el encuentro del 31 de marzo.
Explicó que el gobierno rumano había decidido el cierre
de camas por el siguiente motivo: hay demasiadas camas de hospital en
Rumania ya que, en la Unión Europea, la media es de 4,2 camas
por cada 100 habitantes, mientras que en Rumania la media es de 7,2.
Entonces ¿Qué conclusión sacar de esto?
¿Son compatibles la defensa y reconquista de nuestros servicios
públicos con el mantenimiento de las instituciones de la Unión
Europea y el respeto de sus directivas? ¿O, por el contrario,
exigen acabar con esas instituciones?
A partir de los hechos establecidos por nuestra delegación, sometemos
estas preguntas y el conjunto del informe a la discusión entre
todos aquellos, médicos, personal de hospitales, sindicalistas,
militantes, que quieren conservar sus conquistas, ya que está
en juego la civilización.
Manifiesto inicial preparatorio de la
delegación a Bruselas
"¡Lanzamos un grito de alarma!:
Hay que parar inmediatamente, en toda Europa, la
destrucción acelerada de todos los sistemas públicos de
salud."
Somos médicos, trabajadores de hospital, sindicalistas de toda
Europa. No lanzamos este grito de alarma a la ligera. Sabemos de qué
estamos hablando. Hemos hecho un análisis preciso de la situación
en cada uno de nuestros países. Hemos consignado hechos que prueban
sin lugar a dudas que nuestros sistemas de sanidad y de protección
social que han garantizado hasta ahora, con formas jurídicas
diferentes, la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria a todos
los ciudadanos de nuestros países, están siendo desmantelados.
En consecuencia, solicitamos ser recibidos urgentemente por los responsables
de las instituciones de la Unión Europea que coordinan unas "reformas"
que nos alcanzan de lleno. Les pedimos que nos escuchen y respondan
a nuestras preguntas, pues los pueblos tienen derecho a saber quién
ha decidido cuestionar su derecho a la sanidad y por qué.
La rebelión contra los cierres de camas, de hospitales, de maternidades,
de servicios de urgencia -en países que hasta ahora se consideraban
bien dotados-, se va extendiendo por toda Europa.
En Alemania, durante los seis primeros meses del año 2006, todas
las categorías profesionales del personal de salud -médicos,
enfermeras,...-, han efectuado constantes huelgas y manifestaciones
en defensa de sus reivindicaciones, estrechamente ligadas a la defensa
del Servicio Público de Sanidad, amenazado por un recorte de
1.250 millones de euros en el presupuesto de los hospitales para 2006
y la decisión de cerrar el 25% de los centros. El personal de
hospitales ha sido relevado, recientemente, por 220 000 trabajadores
que se han manifestado por las calles el 21 de octubre, convocados por
su confederación sindical DGB contra la "reforma" de
la sanidad, en discusión en el Bundestag. Una "reforma"
que pretende destruir el seguro de enfermedad solidario de 70 millones
de asegurados, una reforma que va a suprimir la gestión paritaria
de las cajas de la Seguridad Social e impone una contribución
adicional a los asalariados, con el fin expreso de favorecer la competencia
de cajas privadas, para sustituir el sistema de seguridad colectiva
solidaria por el seguro individual.
En Gran Bretaña, en una sola ciudad, 130 000 habitantes firmaron
contra el cierre de su hospital, en una situación en la que el
sistema de sanidad público (NHS), establecido en la posguerra,
está siendo, literalmente, desmantelado y privatizado.
En Francia, un país donde desde el final de la Guerra existe
una red sanitaria de las más densas de Europa, no pasa un mes,
sin que, en alguna ciudad, la población -con sus representantes
locales-, se movilice contra el cierre de un servicio de urgencia, de
una maternidad comarcal, de un servicio de cirugía, transformando
sectores del territorio en desiertos sanitarios.
Todo ello en una situación, en que los pacientes son obligados,
mediante la supresión de sus derechos, del reembolso del 100%
de pagar cada vez por hacerse cuidar.
En España, toda la población, los representantes municipales
y de otros niveles, los sindicatos y los médicos se manifiestan
contra los ataques al hospital de la ciudad de Leganés, para
privatizar la sanidad.
En Portugal, los mismos levantamientos, contra la imposición
de las "tasas de hospitalización" y contra la reducción
de los rembolsos de medicamentos, a los que se han asociado diputados
de la Asamblea de la República.
En Italia ha habido dos huelgas generales en los dos últimos
años, con una participación del 95% de los médicos,
contra la destrucción y la venta de hospitales a consecuencia
de la regionalización.
En Dinamarca, donde decenas de miles de manifestantes protestaron contra
las consecuencias de los recortes presupuestarios para guarderías
y también hospitales, provocados por las fusiones de municipios.
En Suecia, donde en 2005, las movilizaciones masivas contra las "reorganizaciones"
y privatizaciones de hospitales, hicieron recular al gobierno que pretendía
privatizar hospitales universitarios.
¿En nombre de qué, se toman estas medidas?
Y ¿En nombre de qué, se toman estas medidas? Siempre,
en nombre de los nuevos principios presupuestarios dictados a nuestros
gobiernos y a nuestras administraciones, por el pacto de estabilidad
europeo.
Nos dirigimos a Uds., responsables de la Unión Europea. Les preguntamos:
¿es exagerado denunciar como una estafa el argumento de las supuestas
dificultades financieras de las Cajas de Seguridad Social, cuando, al
mismo tiempo, las exenciones y bonificaciones de cotizaciones sociales
concedidas a los patronos, se han convertido en regla general en Europa,
alcanzando en Francia 170 000 millones de euros en 15 años?
¿Es exagerado hacer esta acusación cuando esas exenciones
y deducciones alcanzan los 9 000 millones de euros anuales en Italia.
Cuando el Bundestag alemán plantea introducir nuevas exenciones
en el marco de la "reforma de la sanidad" que quiere aprobar
a primeros de enero?
Que todo eso pase a la vez, ¿se debe ver como una simple casualidad
o, más bien, como la aplicación de la directriz integrada
no. 15 de la Unión Europea que llama a los Estados miembros a
"fortalecer las medidas de incentivo económico inclusive
a través de […] una reducción de los costes no salariales
del trabajo."?
¿Hay déficit de las cajas de Seguridad Social, como consecuencia
del "envejecimiento de la población" como nos repiten,
o se trata simplemente de una política sistemática de
reducción del coste del trabajo? Respóndannos ustedes.
La combinación de los criterios de Maastricht con la Europa de
las
Regiones comporta, en todas partes, la privatización de los hospitales
¿Nos equivocamos cuando afirmamos que la política acelerada
de reducción de los gastos de sanidad, de privatización
de los hospitales está estrechamente ligada a la aplicación
de la política de regionalización impulsada por Bruselas?
¿Acaso la Unión Europea no exige a cada autonomía
de España, a cada land de Alemania, a cada región de Francia
o de Italia, que respeten estrictamente las reglas del Pacto de Estabilidad
y reduzcan por todos los medios el déficit público hasta
menos del 3% del PIB como fija Maastricht?
¿No es la traducción del artículo 104 del tratado
de Maastricht -que estipula que "los Estados miembros deben evitar
los déficit públicos (...) se entiende como público
lo que es relativo al gobierno general, es decir, las administraciones
centrales, las autoridades regionales o locales y los fondos de la seguridad
social."?
¿No radica ahí la explicación de que se acelere
la venta de los hospitales por parte de las regiones, de que se multipliquen
los consorcios público-privado, así como de que se reduzca
la subvención de la asistencia sanitaria por parte de todos los
sistemas de Seguridad Social?
Incluso en un país como Portugal, donde la población ha
rechazado la regionalización, el gobierno procede a una reforma
de la administración que conduce a los mismos resultados.
¿Qué significa retrasar la edad de la jubilación
y reducir, a la vez,
los presupuestos de sanidad?
Cuando se niega una cama de hospital a una persona mayor, porque no
hay camas disponibles, admitirán Vds. que se está poniendo
en peligro la vida de esa persona.
Les preguntamos: ¿es ésta es la solución que han
elegido Vds. para resolver el problema que enunciaban en la directriz
integrada no. 2 del 12 de julio de 2005 que estipula: "Habida cuenta
de los costes previstos del envejecimiento demográfico, los Estados
miembros deben:
1. Adoptar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda pública
(…);
2. Reformar los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria y garantizar
su viabilidad financiera"?
Permítannos que resumamos: la solución que han elegido
-retrasar la edad de la jubilación a los 65, 67 e incluso 70
años, reduciendo, al mismo tiempo, los recursos dedicados a la
sanidad-, significa que para la Unión Europea, para las directrices
integradas y el Tratado de Maastricht, deben morir el máximo
de trabajadores antes de alcanzar la edad de la jubilación.
Les estamos haciendo una acusación grave, pero nos basamos en
unos hechos que les presentamos. ¡Atrévanse a desmentirnos!
La Comisión Europea llama a "responsabilizar a los profesionales
y a los pacientes."… ¿Con qué fin?
Todos los países de Europa tienen el mismo problema. En Italia,
en Gran Bretaña, en España y ahora en Francia y en Alemania,
las listas de espera para la consulta de un especialista (o de un cirujano),
se alargan hasta entre 6 y 10 meses. El que tiene dinero, recurre a
la privada… ¿y los demás? Crecen en cada uno de nuestros
países las presiones para limitar las recetas, creando una situación
imposible para los médicos y poniendo en peligro la vida de miles
de personas.
¿Es una fatalidad? ¿O es la estricta aplicación
de la comunicación de la Comisión Europea del 22 de diciembre
de 2005 que ordena a los Estados miembros "adaptar las prestaciones
sanitarias (…) mediante la culpabilización de los profesionales
de la sanidad y de los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria."?
¿No ha sido la Unión Europea quien ha decidido que los
profesionales de la sanidad, los médicos, debían limitar
las prescripciones de medicamentos y que los pacientes debían
pagar de su bolsillo… o renunciar a curarse? Respóndannos.
Todos los días vivimos dramas, que no tienen nada que ver con
la fatalidad. Dramas que, hasta hace poco tiempo, se evitaban en todos
nuestros países, inclusive en los países de la Europa
del Este, hoy sometidos a las directivas de la Unión Europea.
Los ciudadanos, los médicos, los enfermos, los profesionales
de la salud, los pueblos de Europa tienen derecho a la verdad.
Les pedimos que nos reciban. Iremos a llevarles memorandos realizados
en cada uno de nuestros países y que convergen todos en acusar
a la Unión Europea, a sus directivas y a sus tratados.
¿Se atreverán Uds. a decirnos, a quienes hemos decidido
desplegar todas nuestras fuerzas para reconquistar los Sistemas de Sanidad
Pública, de Seguridad Social y de Protección Social que
constituimos tras la Segunda Guerra Mundial en el Este y en el Oeste
de Europa, que la dramática situación que describimos
no tiene nada que ver con las decisiones que ustedes toman todos los
días y obligan a aplicar a todos los gobiernos europeos?
Primeros firmantes:
- Alemania: Eva Gürster, delegada del personal (Ver.di), Hospital
de Colonia (SPD); Kerstin Bunz, delegada sindical (Ver.di), Colonia;
Zerah Duro, representante de los trabajadores en el Consejo de Personal
de las clínicas del Rin (Ver.di); Axel Sanden, delegado del personal
de las clínicas del Rin (Ver.di), Colonia; Bürgit Buch,
delegada sindical de las clínicas del Rin, en Colonia (Ver.di);
Gerlinde Reichertz, delegada sindical de las clínicas del Rin,
en Colonia (Ver.di); Jochen Nischk, delegado del personal de las clínicas
del Rin, en Colonia (Ver.di); Barbara Venator, SPD, Ver.di, Clínica
Universitaria de Colonia; Lisa Wedra, Ver.di, delegada sindical, Clínica
Universitaria de Colonia; Horst Klein, Ver.di, Clínica Universitaria
de Colonia; Annemie Grafe, Ver.di, jubilado (Colonia); Horst Preuss,
SPD (Colonia); Ellen Engstfeld, SPD, Ver.di, delegada sindical (Colonia);
Birgit Zimmermann (Colonia); Ingo Röser, delegado del personal
de las clínicas del Rin, en Düren (Ver.di); Christel Hopt,
delegada del personal de las clínicas de Westfalia, en Lengerich
(Ver.di), SPD; Volker Thierfeld, delegado sindical de las clínicas
en Duisbourg (Ver.di); Milla Kovacic, delegado sindical de las clínicas
en Leverkusen (Ver.di); Cornelia Matzke, antigua diputada, médico
en Leipzig; Udo Eisner, antiguo responsable para la salud del SPD de
Berlín; Elke Falk, Ver.di, Berlín; Rainer Döring,
miembro de la dirección de Ver.di (Berlín), presidente
de la dirección de los delegados sindicales de los transportes
públicos de Berlín; Lotear Hesse, Ver.di, Mecklemburg-Pomerania
Occidental; Rolf Nowak, Ver.di, Brandenburg; Hans-Joachim Zimmer, Ver.di,
pensionista, Berlín; Winfried Lätsch, NGG, Sindicato de
la industria de la Alimentación de Berlín; Jürgen
Müller, SPD Berlín; Andreas Steiner, Presidente de la Comisión
Obrera del SPD Barnim-Brandenburgo (Ver.di); Volkmar Schöne, miembro
de la dirección de la Comisión Obrera del SPD de Berlín
(Ver.di); Helmut Ludwig, SPD, Berlín; Andreas Koch, SPD, Ver.di,
Francfort-del-Main; Bernd Wagner, Ver.di, Berlín; Monika Werneke,
representante (Ver.di) de las mujeres en la administración de
la circunscripción de Berlín; Olaf Timmermann, SPD, Ver.di,
(Berlín); Herbert Wernecke, Ver.di (Berlín); Heinke Först,
SPD, Ver.di (Berlín); Manfred Triebe, GEW (Berlín); Hans
Weigt, Ver.di (Berlín); Gerlinde Schermer, SPD, antigua diputada
de Berlín; Sigrid Philipps, SPD; Jens Gröger, SPD, Ver.di,
Secretario Sindical (Barnim); Rainer Matthes, antiguo diputado de Brandenburgo;
Bodo Fast, SPD, Ver.di, Brandebourg; Gisela Fast, SPD, Ver.di, Brandebourg;
Gaby Hahn, SPD, dirección de la Comisión Obrera del SPD
de Sajonia (Chemnitz); Klaus Schüller, miembro de la Comisión
Obrera del SPD de Turingia, Secretario Sindical DGB; Manfred Birkhahn,
Ver.di, Berlín; Carla Boulboullé, antigua diputada en
el Parlamento Regional de Renania del Norte-Westfalia, sindicalista
Enseñanza (GEW), Berlín; Gotthard Krupp, miembro de la
dirección de la Comisión Obrera del SPD y dirección
de la circunscripción de Ver.di, Berlín; Volker Prasuhn,
SPD, Ver.di, Berlin; Axel Zutz, miembro de la dirección de la
Comisión Obrera del SPD de Berlín, Sindicato de la Construcción
(IG-BAU); Hans-Peter Fusshoven, miembro de la comisión Obrera
del SPD de Düsseldorf; Jörg Leinkauf, trabajador sanitario,
Comisión Obrera del SPD de Düsseldorf; Hans-Jürgen
Mees, miembro de la dirección de la Circunscripción de
Düsseldorf, Ver.di; Maria Meister, Servicios Sociales de la Salud
(Ver.di), Düsseldorf; Hans Werner Schuster, Comisión Obrera
del SPD de Düsseldorf, profesor en una escuela de enfermería
(Ver.di); Beate Sieweke, Comisión Obrera del SPD de Düsseldorf;
Volker Staab, (Ver.di) Düsseldorf; Inge Steinebach, Ver.di, SPD,
dirección regional de la Comisión Obrera del SPD de Renania
(Düsseldorf); Wilfried Klapdor, SPD, Comisión Obrera de
Düsseldorf; Michael Altmann, SPD, Ver.di, dirección de la
Comisión Obrera de Frankfurt; Klaus Wesemann, SPD, Ver.di, dirección
de la Comisión Obrera de Frankfurt; Christof Beschorner, SPD,
Ver.di, dirección de la Comisión Obrera de Frankfurt;
Christof Kappel, Ver.di, Frankfurt; Albrecht Berger, Ver.di, Frankfurt;
Angelika Möller, Ver.di, Frankfurt; Holger Bertsch, Ver.di, presidente
de Comité de empresa, Frankfurt; Heinrich Becker, GEW, Frankfurt;
Lothar Ott, SPD, GEW, Francfort; Christiane Treffert, GEW, delegada
del personal, Frankfurt; Slave Cubela, Ver.di, Frankfurt; Doris Wolf-Wesemann,
Ver.di, Frankfurt; Norbert Müller, Frankfurt; Axel Bachner, Ver.di
(Halle/Saale); Peter Saalmüller, Ver.di (Idstein); Paul Paternoga,
Comisión Obrera del SPD, Renania del Norte-Westfalia, Presidente
del Comité de Empresa, Colonia; Wolfgang Fricke, SPD, IG-Metal,
Colonia; Mehmet Ozelbistan, Ver.di, clínicas del Rin, Colonia;
Harald Rohder, Ver.di, clínica del Rin, Colonia; Mechthild Wilms,
Ver.di, delegada de "mujeres" clínicas del Rin; Bernd
Kirschner, Ver.di, delegado del personal Kiga, Colonia; Julian Gürster,
alumno de secundaria, Colonia; Britta Schieffer, Ver.di, delegada de
"mujeres", clínica universitaria de Aquisgrán
y miembro de la dirección de Ver.di del Estado Federado; Holger
Steuck, SPD, Mülheim.
- Austria: Schmid Rudi, Partido Socialdemócrata Austríaco
(SPÖ)/Initiativa para una política socialista del SPÖ
(isp); Rietenauer Karin, SPÖ/isp; Reimar Holzinger, SPÖ/isp;
Peter Ulrich Lehner, Mitbestimmung; Alois Reisenbichler, SPÖ/ACUS;
Stefan Woltran, SPÖ/PKJ; Alfred Heinrich, SPÖ/isp; Maier Theo,
SPÖ/isp; Helga Theo, SPÖ/isp; Roman Roscher, SPÖ/isp;
Werner J. Grüner, SPÖ/isp; Jürgen Hirsch, SPÖ/isp;
Florian Wenninger.
- Bélgica: Philippe Larsimont, Coordinador del Movimiento de
Defensa de los Trabajadores; Rudy Janssens, Secretario Federal CGSP-ALR,
regional de Bruselas; Serge Monsieur, delegado sindical CGSP-ALR Vivaqua;
Laurent Ringoet, delegado sindical CGSP-ALR, red IRIS (hospitales bruselenses);
Antoine Ruggieri, Presidente de los jubilados y prejubilados metalúrgicos
FGTB Lieja; Henri-Jean Ruttiens, permanente sindical de empleados FGTB;
Jacques Aghion, profesor jubilado; Vincent Bianchi, afiliado CGSP; Jean-Maurice
Dehousse, antiguo burgomaestre de Lieja; Maximilien Lahaye, delegado
SETCa; Olivar Palmans, delegado principal CGSP Telecomunicaciones-Aviación;
Eric Polis, delegado CGSP; Maxime Stroobant, profesor emérito
VUB (Universidad Libre de Bélgica); Jocelyne Urbain, delegada
CGSP, CHU Brugmann; Christel Deleforterie, delegada CGSP, CHU Brugmann;
Victor Ntacorigira, sindicalista, CHU Brugmann; Ioana Marin, CGSP, CHU
Brugmann; Cédric Briand, délégué CGSP, CHU
Brugmann; François Herreman, delegado CGSP, CHU Brugmann; Luc
Lippens, delegado CGSP, CHU Brugmann; Jan Cox, delegado CGSP, CHU Brugmann;
Marcel Temperville, delegado CGSP, CHU Brugmann; Vincent Rizza, afiliado
CGSP, CHU Brugmann; Michèle Dehaen, delegada CGSP, CHU Brugmann;
Manuel Salas, CGSP, CHU Brugmann; Jean-Pierre Van Mol, doctor en medicina;
Pierre Seux, estudiante quinesoterapia; Pierre Bellièr, técnico
1º. RX, CHU de Lieja.
- Dinamarca: Erik Kaustrup; Kirsten Sørensen, Movimiento Popular
Contra la Unión Europea (MPCUE), Rødovre; Ole Sørensen,
MPCUE, Herslev; Vibeke Pedersen; Willi Ander, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Jytte Ander; Michael Johnsen, Sindicato de
los Trabajadores de la Edificación; Eva Hallum, MPCUE; Jørgen
Bentzen, MPCUE, Herlev; Per Sørensen, MPCUE, Rødovre;
Jesper Wehe, Sindicato de los Trabajadores de la Edificación;
Claus Westergreen, Sindicato de los Trabajadores de la Edificación;
Aase Barfod, Consejera ANPE; Allan Søborg, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; B. Andreasen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Michael de Gier, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Kim Bilfelt, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Yvonne Madsen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Gitte Klang, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ebbe Dalgaard, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Allan Martinssen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ole Soborg, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Svend Olsen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ib Slot, Sindicato de los Trabajadores de
la Edificación; Ib Ernst, Sindicato de los Trabajadores de la
Edificación.
- España: Blas Ortega, Presidente de la Asociación Médica
en Defensa de los Derechos de los Enfermos y Médicos (AMDDE),
UGT, Valencia; Luís González, sindicalista sanidad, C.C.OO.,
Sevilla; Isabel Serrano, Presidenta de la Junta de los delegados de
personal del Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; J. Montes,
médico, Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; Luís
de la Torre, UGT FSP-Sanidad, Barcelona; Teresa Ribelles, Secretaria
de la AMDDEM, Valencia; Rafael Palmer, Vicepresidente de la AMDDEM,
Palma de Mallorca; Tomás Aparicio, sindicalista FSP-UGT, Hospital
General Universitario de Valencia; Manuel Capilla, Presidente de la
asociación del barrio Tres Forques de Valencia; Gloria Ferris,
médica, administración de la salud, Valencia; Palmira
Muñoz, enfermera, sindicalista FSP-UGT, Valencia; Carmen San
José, médica generalista, Madrid; Juan Pedrero Pérez,
Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad CC.OO.,
Andalucía; José Luís Limia Valle, médico,
Sevilla; José M. Poyatos, Secretario General del Sindicato de
Sanidad CC.OO., Córdoba; Alejandro Oruna, Presidente de la Federación
AA.VV. de Sabadell; Antonio Amaro Granado, Comisión Ejecutiva
de la Federación Nacional de Sanidad de CC.OO.; Beatriz Herrero,
delegada CC.OO., Hospital Severo Ochoa; Carmen Ortiz, Presidenta de
la Federación de las Asociaciones para la Defensa de la Salud
Pública; Catalina Santana Vega, médico, Tenerife; Domingo
Toledo, afiliado UGT del Instituto Catalán de Salud; Esperanza
Quesada, empleada en el Instituto Catalán de Salud de Barcelona;
Fernando Pérez, médico, delegado CC.OO. de la Junta de
Personal del Hospital Severo Ochoa; Francisca Morales, delegada UGT,
Hospital Severo Ochoa; Jesús Rodríguez, delegado CC.OO.,
Hospital Severo Ochoa; Joaquín Insausti, anestesista, hospital
Severo Ochoa; José Sánchez Álvarez, sindicalista
Servicios Públicos UGT, Ayto. de Leganés, Madrid; José
Luís Martines, Comisión Ejecutiva CC.OO. Sanidad de Cataluña;
José Maria Hernández Sáenz de Tejada, delegado
LOLS, CC.OO.; José Miguel García Cruz, delegado CC.OO.,
Hospital Severo Ochoa; José Pedro Aranda, dentista, Madrid; José
Revert, comité director de la AMDDEM; Juan M. González
Rodríguez, médico, Gran Canaria; Julián Ordoñez,
delegado UGT, Hospital Severo Ochoa; Julio Fernández Garrido,
profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad
de Valencia; Luís Pina Cuadraro, homeópata, Getafe, Madrid;
María José Carrasco, delegada CC.OO., Hospital Severo
Ochoa; María Soledad Fernández Díaz, empleada en
el Ministerio de Salud; Miguel Ángel Torrijos, delegado vigilancia,
Hospital Severo Ochoa; Miguel Uso, Secretario del Sector de la Salud
FSP-UGT de Valencia; Pablo Caballero, delegado de la Junta del Personal
del Hospital Severo Ochoa; Pilar Sanjurjo Gonzáles, auxiliar
de enfermería, Madrid; Ramona Fernández, pediatra de la
Seguridad Social, Madrid; Teresa Juanico Piris, Comisión Ejecutiva
de la Federación Nacional de Sanidad de CC.OO.; Teresa Ribelles,
secretaria de la AMDDEM, Valencia; Vicent Alcover, sindicalista, empleado
en el Hospital Universitario de Valencia.
- Francia: Profesor A. Bizien, Jefe de Servicio, Hospital G. Clémenceau;
Dr. S. Belucci, médico, hospital universitario; J. Bertault,
enfermero, sindicalista; Dr. B. Bénet, médico hospital;
Luc Beranger, sindicalista Seguridad social; N. Bernard, técnico
de la Seguridad Social; Dr. T. Bui, médico; Dr. J.-L. Chaberneau,
Responsable del SMUR Pediátrico del Hospital Béclère;
D. Chalier, auxiliar de enfermería, sindicalista; M. Chambonnet,
enfermera, profesora el el IFSI; C. Cochain, auxiliar de enfermería,
sindicalista; Noel Coudert, sindicalista de la Seguridad Social; Dr.
M. Debat, médico; Dr. P. Debat, médico; L. Delrue, sindicalista
de hospital; Dr. N. Delépine, médico de hospital; Dr.
M.-H. Doguet, médico psiquiatra; D. Dutheil, ayudante de laboratorio,
sindicalista; M. S. Dziomba, psicoanalista; Profesor F. Guérin;
Micheline Guillemette, Técnica de la Seguridad Social; J. Guillez,
ayudante de laboratorio; J. Guilliot, técnico de hospital; Y.
Ho A Chung, enfermera; Dr. M. Lagier, médico de hospital, sindicalista;
Dr. J.-P. Laporte, médico de hospital; O. Leibovitch, auxiliar
de enfermería; Dr. M.-P. Lemonnier, médico de hospital;
P. Navarro, enfermero, sindicalista; Dr. F. Paraire, médico de
hospital; P. Audureau, responsable de asociación de discapacitados;
B. Ricque, enfermero, sindicalista; Dr. P. Rivière, médico
psiquiatra, director de hospital de día; Denis Royer, sindicalista
Seguridad Social; Profesor J.-C. Roujeau, médico de hospital,
H. Mondor; J. Saget, ayudante de laboratorio, sindicalista; R. Sale,
informático de hospital, sindicalista; Dr. P. Salvaing, médico
escolar; G. Saux, técnico de hospital; Dr. G. Tominez, médico;
L. Viano, técnico de hospital; F. Widtmer, sindicalista de hospital;
Christian Gicquelet, sindicalista de hospital; Doctor W. Kedra, hospital
universitario; Frédéric Pantier, sindicalista de hospital;
Robert Quintin, ayudante de laboratorio; Corinne Thébaud, enfermera;
Georges Garnier, sindicalista; Daniel Crusberg, sindicalista de seguros;
Patrick Leclaire, sindicalista, militante Defensa de los Derechos de
los Discapacitados; Danielle Leclaire, sindicalista, militante Defensa
de los Derechos de los Trabajadores Discapacitados; Patrick Chadelat,
sindicalista de seguros; Christophe Nogré, sindicalista de seguros;
Philippe Chaure, sindicalista de hospital; Pascal Ancarini, sindicalista
de hospital; Cédric Chambrodet, empleado de hospital, sindicalista;
Anne-Marie Gardant, enfermera; Giuseppe Malacrino, sindicalista de hospital;
Dr. Juliane Lumbroso; Pedro Iwanoff, técnico de laboratorio,
sindicalista; Jean-Emmanuel Cabo, auxiliar de enfermería, sindicalista;
Alain Beucher, sindicalista Seguridad Social; Evelyne Jorry, enfermera
hospital Bichat; Alain Tiphaneau, enfermero hospital Bichat; Gisèle
Adoue, sindicalista de hospital; Stéphane Gavelle, sindicalista;
Anne Bourgeois, profesora de hospital, sindicalista; Patrick Csukay,
sindicalista; Rachèle Barrion, administrativo de hospital, sindicalista;
Christian Noguera, quinesiterapeuta de hospital, sindicalista; Jean-Jacques
Peaud, enfermero, sindicalista; Mariéva Geslin, auxiliar de enfermería;
Brigitte Molines, auxiliar de enfermería, sindicalista; Brigitte
Grégoire, asistente social, CHI de Créteil; Cécile
Evano, enfermera; Véronique Naulin, enfermera; Régine
Halope, auxiliar de enfermería jubilada; Dra. Jacqueline Fraysse,
diputada de Hauts-de-Seine; Pierre Ellul; Michèle Vincent, médico
oftalmólogo; Caroline Pageard; Claudine Denier; Yannick Sybelin,
Jefe del Servicio SAMU, miembro del CA, sindicalista, Hospital de Roanne;
Muriel Sybelin, empleado de servicio de hospital, sindicalista, Hospital
de Roanne; Bruno Duray, técnico informático, sindicalista,
Hospital de Roanne; Béatrice Dutray, enfermera anestesista, sindicalista,
Hospital de Roanne; Cristel Coste, empleado de servicio de hospital,
sindicalista, Hospital de Roanne; Astrid Vial, secretario médico,
miembro del CA, sindicalista, Hospital de Roanne; Monique Berchoux,
adjunta administrativa DAF, sindicalista, Hospital de Roanne; Véronique
Orsatti, adjunta administrativa DAF, sindicalista, Hospital de Roanne;
Gilles Massacrier, técnico laboratorio, sindicalista, Hospital
de Roanne; Didier Marchand, trabajador de cocinas, sindicalista, Hospital
de Roanne; Catherine Garçon, enfermera, sindicalista, Rennes;
Rodolphe Verger, enfermero, sindicalista, Rennes; Gérard Bertholet;
Yannick Blondel, CGT HAD; Isabelle Le Cocq, CGT HAD; Yannick Perlaux,
SUD Salud HAD; Franck Dambo, CGT HAD; Doctor Marc Orpillard, médico
de hospital; Dra. Nela Ramponi, pediatra; Samira Berouayel, enfermera;
Alain Breheret, sindicalista; Gérard Bariller, sindicalista;
Dra. Marta Pepe, psiquiatra; Jacqueline Dupont; Danielle Frey-Deligne;
Dr. Laurent Damon, médico generalista; Fatiha El Abbassi; Renée
Laurent, Concejala Municipal; Dr. Serge Drylewicz, psiquiatra; Maryline
Laridan, enfermera; Lucien Delyon, empleado de hospital, supervisor
general; Louisa Hilmi, empleada de hospital, supervisora; Dr. Christiane
el Gouic, médico adictólogo de urgencias; Eric Andraud,
empleado de hospital, sindicalista; Chantal Gérard, sindicalista
de hospital; Nadine Reix, sindicalista de hospital; Hugo Leiva Monreal,
sindicalista de hospital; Jean Michel Menager, técnico de hospital;
Jean-Marie Nebbak, sindicalista de hospital; Laurent Florance, sindicalista
de hospital; Aline Dotto, Voreppe, enfermera psiquiátrica, sindicalista;
Monique Domergue, Concejal Municipal PCF, Talence; Patrick Deswarte,
técnico de salud, Lospital La Rochelle; Dominique Martínez,
técnico de salud, Hospital La Rochelle; Marc Bondonneau, enfermero
anestesista, Hospital La Rochelle; Sophie Reymond, ginecóloga,
La Rochelle; Bernard Camberlein, médico de hospital, Trinidad
(Martinica); Frédérique Mugnier, técnico de salud,
miembro del Consejo de Administración del CHU de Dijon; François
Chartier, quinesiterapeuta de hospital, Hospital de Boscamnant; Claire
Chartier Frimaud, empleada de hospital jubilada, hospital de Cadillac;
Sylvie Caubet, auxiliar de enfermería de hospital; Marie Claude
Martin, auxiliar de enfermería; Lydie Fizet, empleada de hospital
sindicalista (Dieppe); Pascal Roger, empleado de hospital sindicalista
(Dieppe); Annick Duhamel, enfermera (Dieppe); Dr. Christiane Legouic,
médico urgentista (Dieppe); Régine Hermay, auxiliar de
enfermería (Dieppe); Pascale Legry, enfermera (Dieppe); Sylvie
Pisaroni, auxiliar de enfermería, sindicalista (Dieppe); Pr.
Pfitzenmeyer, Jefe del Servicio de Geriatría, CHU de Dijon; Hélène
Barthe Roy, quinesiterapeuta de hospital; Éster Barnoeil, sindicalista;
Jean-Raymond Bougras, sindicalista; Jean Grondin, empleado de hospital;
Mariette Dicanot, sindicalista; Jean-François Florenty, jubilado.
- Gran Bretaña: Sonya Conwell, Presidenta de la sección
de Rochdale de la Co-operativa Party (componente del Labour party);
Christine Taylor, Vice Presidenta de la sección del sindicato
TGWU, miembro de la dirección de la sección de Rochdale
del Labour Party; Mick Cummings, sección del sindicato TGWU,
sección de Rochdale del Labour Party; Mick Coats, sección
de Rochdale del Labour Party, Sindicato de la Enseñanza Superior
UCU; Robin Rankin, sección Rochdale del Labour Party, sindicato
TGWU; Stefan Cholewka, sección Rochdale del Labour Party, Sindicato
TGWU, miembro de la dirección de la Unión Regional de
las Uniones Locales de las TUC; Peter Brown, Presidente de la Comisión
de Asuntos Municipales de Rochdale y de Middleton; Tommy McClure, Labour
Party de Middleton West; Mark Holinrake, Presidente de la sección
6/1045 del sindicato TGWU, sección de Rochdale del Labour Party;
Dave Lee, secretario de la sección TGWU 6/1045, Labour Party
de Rochdale; Esteban Burke, sindicato GMB, Labour Party de Rochdale;
Bill Holdsworth, UNISON, sección de West Norwood del Labour Party;
Nigel Maroney, sección del Labour Party de Skipton y Sutton;
Nick Phillips, sección UNISON de Southwark; Enrique Mott, sección
T&GWU de Southwark; Keith Cross, Co-operativa Party (componente
del Labour Party) de Southwark; Helen Peters, Vicepresidente de la sección
del Sindicato de la Enseñanza Superior UCU London Metropolitan
University; Dr. N. M. Queen, Profesor en la Universidad de Birmingham;
Tony Richardson, BFAWU (Sindicato de los Panaderos), Unión Local
de las TUC de Wakefield & District TUC, miembro de la dirección
del Labour de Wakefield, responsable del Comité de Enlace Labour
Party/Sindicatos para Wakefield; Brian Ellis, Secretario de la Unión
local de las TUC de Luton; Bahadur Najak. Profesor en la Universidad
de Durham; Gwyneth Powell-Davies, Campaña "El Servicio Nacional
de Salud debe seguir siendo público" de Bristol; Felton
Shortall, Campaña "El Servicio Nacional de Salud debe seguir
siendo público" de Brighton; Mike Calvert, Secretario Adjunto
de la sección UNISON de Islington; Glenroy Watson, Sindicato
de los Ferroviarios de Londres; Peter Flack, Sindicato de Profesores
NUT de Leicester; Paul Whalen, Sección Regional UNISON br.02239
de Leicestershire County & Rutland PCT; Jeni Blaskett, Campaña
"Salvemos el hospital de Chase Farm"; Karen Reissmann, sección
UNISON del Hospital Psiquiátrico de Manchester; Joe Bailey, Unión
Local de las TUC de Manchester; Maggie Smith, Unión Local de
las TUC de Salford; Dave Wilson, GMB; B. Vendri, Liverpool; G. Nash,
Wirral; B. Stansfield, enfermero, Hospital Birth Hill, Rochdale; J.
Leicester, enfermero, Hospital Birth Hill, Rochdale.
- Hungría: Laszlo Asztalos, responsable sindical de la metalurgia;
Sra. Jànos Beer, responsable sindical del Hospital de Tatabanya;
Jozsef Perényi, Presidente de la Federación de los Trabajadores
de la Salud, representante de "Consejos Obreros" de Mecsek.
- Italia: Lorenzo Varaldo, coordinador en Italia del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos; Fulvio Aurora, médico,
Vicepresidente de "Medicina democrática", Responsable
Nacional para la Salud de Refundación Comunista; Rossana Beccarelli,
responsable de administración Hospital Mauriziano de Turín;
Marzia Ghiberti, ortofonista; Paola Glisoni, ortofonista; Guido Montanari,
profesor universitario, Politécnico de Turín; Daniela
Nespoli, médica de hospital, Hospital Molinette; Dorino Piras,
cirujano urólogo, Responsable del Servicio de Andrología
ASL 8 Piamonte; Vittorio Agnoletto, médico, Parlamentario Europeo;
Sabrine Ambrosi, enfermera de hospital, Hospital Molinette; Anna De
Leo, médica, medicina de urgencia; Enrico Ruffini, cirujano pulmonar,
Hospital Molinette; Alessandra Algostino, profesora de Derecho Constitucional
Europeo Comparado, Universidad de Turín; Sabrina Ambros, enfermera
Hospital Molinette; Ugo Cerchiari, Instituto para la Lucha contra el
Cáncer de Turín; Davide Ascoli, investigador, Universidad
de Turín; Marinella Rossetti, enfermera, Turín; Instituto
para la Lucha contra el Cáncer de Milán; Juri Bossuto,
Consejero Regional del Piamonte, Refundación Comunista; Giorgio
Faraggiana, rector de universidad; Gemma Gatta, Jefa de Servicio de
Epidemiología Analítica; Andrea Micheli, Jefe de Servicio,
Epidemiología Descriptiva; Enrico Ruffini, cirujano pulmonar,
Hospital Molinette, Turín.
- Portugal: Ana Paula Ramos Fonseca, médica, Central de Salud
de Carnaxide; Manuel S. Soares, médico, Centro de Salud de Linda-a-Velha;
Henrique Coelho, técnico Salud Ambiental, Centro de Salud de
Carnaxide; Maria da Conceição Santos, enfermera, Hospital
de Santa Maria; Ana Rylde de Monteiro, enfermera, Instituto Portugués
de Oncología; Maria da Conceição Reis, médica,
ARS, Lisboa y Valle do Tejo; João de Deus Baptista Galvão,
médico cardiólogo, Hospital de S. Francisco Xavier; John
Peter Forei, médico neurólogo, Instituto Portugués
de Oncologia; Alvaro Neto Orfao, enfermero, antiguo alcalde de Marinha
Grande; Antonio Frazao, médico, Centro de Salud de Queluz; Maria
José Pires Gomas, enfermera, Centro de Salud Pinhal Novo; Anibal
Palma Mestre Machado, enfermero, Hospital García de Horta; Clarisse
Bento, médica, Centro de Salud de Marinha Grande.
- Rumania: Violeta Tudor, sindicalista SANITAS; Aura-Milena Tudor, estudiante
quinesiterapeuta; Ecaterina Doina Viscol, jubilada; S. Ovidiu Viscol,
paciente; Daniel Grigorie, sindicalista; Florea Draghia, jubilada; Silviu
Somicu, antiguo Diputado; Constantin Ozon-Iancu, estudiante; Valentin
Busoi, jubilado; Dan Rotariu, antiguo Concejal; Ilie Rotaru, antiguo
Concejal; Marian Tudor, antiguo Concejal; Carmen Deciu, sindicalista
SANITAS; Daniela Antonie, sindicalista SANITAS; Iulia Neatu, sindicalista
SANITAS; Carmen Costache, empleada de hospital; Liana Tiberneac, sindicalista
SANITAS; Gianina Iovan, estudiante quinesiterapeuta; Adina Pandele,
sindicalista Caja de Ahorro, miembro del Consejo Nacional del Partido
de la Alianza Socialista (PAS); Gheorghita Zbaganu, profesor universitario;
Georghita Valcoreanu, médico; Marcel Radut-Seliste, Presidente
de la Asociación de Juventud CELEST; Paul Gabriel Vasile, Vicepresidente
de la AEM.
- Eslovaquia: Ilona Molnar, directora de Instituto Técnico.
- Suecia: Jan-Erik Gustafssonn, sindicalista de la Función Pública.
- Suiza: Antonio Herranz, sindicalista SSP sector de la Salud, Montreux;
Mathieu Contet, sindicalista SSP sector de la Salud, Friburgo; Joëlle
Gyselinck, sindicalista SSP, sector de la salud, Nyon; Madeleine Montana,
sindicalista SSP sector de la salud, Vevey; Graziano Pestoni, diputado
PS, Tessin; Vilma Varela, sindicalista SSP, sector de la salud; Véronique
Landry, sindicalista SSP, miembro del PS Lausana; Delphine Bordier,
secretario sindical SSP (Ginebra), a título individual; François
Grenier, secretario sindical SSP (Salud, social) a título individual;
Brigitte Sordoillet, sindicalista SSP, salud, social, Ste-Croix; Gabriele
Ghislaine, sindicalista SSP, salud social, Ste-Croix; Cochand Eric,
fisioterapeuta, Peseaux; Cochand Danièle, enfermería a
domicilio, Peseaux; Kunz Solange, enfermera, Morges; Fontannaz Philippe,
trabajador social, SSP, Bussigny; Kreis Tekla, enfermera, Neuchâtel;
Yasmina Produit, Secretaria SSP sector de la salud, Neuchâtel.
- Turquía: Dr. Zeki Kiliçaslan, profesor en neumología,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Presidente de la
Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis, Presidente
del Partido de la Fraternidad Obrera; Yalçin Mutlu, Presidente
del Sindicato de la Seguridad Social, Eskisehir; Ali Özek, Presidente
del Sindicato de la Seguridad Social de Bakirköy, Estambul; Gülgün
Gün, médico especialista en el Hospital de Investigaciones
Médicas de Göztepe (HRMG), Estambul; Mehmet Sarimsak, médico
del HRMG; Tuba Zengin Elbir, médico del HRMG; M. Fatih Kocakoztas,
médico del HRMG; Seniha M. Konuk, médico del HRMG; M.
Salih Sahin, médico del HRMG; Mehmet Ali Isik, técnico
de radiología del HRMG; Muharrem Kizilay, técnico de radiología
del HRMG; Havana Çobanoglu, técnico de radiología
del HRMG; Sevinç Duyuldu, técnica del HRMG; Halil Takir,
técnico del HRMG; Zühre Kaya, técnica del HRMG; Sengül
Aydin, técnica del HRMG; Cafer Sinirtas, técnico de radiología
del HRMG; Derya Sahin, técnica del HRMG; Lütfiye Hizarci,
enfermera del HRMG; Sevgi Ince, enfermera y representante del Sindicato
de la Seguridad Social del HRMG; Neriman Mogolkanli, enfermera del HRMG;
Nadire Yildiz Ayar, enfermera del HRMG; Fatma Aydinli, enfermera del
HRMG; Suzan Satici , enfermera del HRMG; Gülden Bosgelmez, enfermera
à HRMG; Aysun Baltaci, enfermera à HRMG; Vildan Özdemir
infirmière de hemodiálisis del HRMG; Suat Suna, jefe farmacéutico
del HRMG; Hüseyin Yayla, trabajador del HRMG; Hüseyin Çevikkol,
trabajador del HRMG; Seher Çetin, trabajadora del HRMG; Nazife
Ince, trabajadora del HRMG; Mustafa Turgut, trabajador del HRMG; Ünal
Gelgeç, trabajador de la salud; Riza Tepe, trabajador de la salud;
Ismail Güler, trabajador de la salud; Hasan Erol, trabajador de
la salud; Arslan Çelik, trabajador de la salud; Feti Derin, trabajador
de la salud; Cemal Demir, trabajador de la salud; Burcu Kivrak, psicólogo;
Gönül Ucar, trabajadora de la salud; Necla Ince, trabajadora
de la salud; Aylin Sayan, dietista; Emine Çelebi, trabajadora
de la salud; Rukiye Kurtgöz, trabajadora de la salud; Muammer Karabey,
funcionaria del HRMG; Ramazan Sanli, funcionario del HRMG; Nur Koç,
secretario del HRMG; Aynur Arslan, secretario de telecomunicaciones
del HRMG; Oktay Perdeci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; S. Leyla Puro, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Médico Ayudante; Fatih Yakar, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Emrullah Erdem,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante;
Gülseren Sagcan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; Lale Öcal, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Professeur de Oftalmología; Nilüfer Alpay,
Facultad de medicina de la Universidad de Estambul, MédicoAyudante;
Özer Taranoglu, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; Ömer Celal Elçioglu, Facultad de
Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Ayça
Erda Kurt, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico
Ayudante; Esra Ünal, Facultad de Medicina de la Universidad de
Estambul, Médico Ayudante; Sibel Aydin, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Fatih Tufan,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante;
Halit Özsüt, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Profesor-Investigador; Mehmet Güngör, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Farmacología;
Lütfiye Eroglu, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor en Farmacología; Yüksel Pekçala, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Hematología;
A. Emre Çamci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor de Cuidados Intensivos; K. Mehmet Tugrul, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor de Cuidados Intensivos;
Sacide Erdem, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Profesor-Investigador
en Cardiología; Hasan Kudat, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Profesor-Investigador en Cardiología; Veli Uysal,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Patología; Yener Aytekin, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Profesor en Histología; Isin Kiliçaslan,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Patología; Türkan Tansel, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Profesor-Investigador; Ekrem Yavuz, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Patología; Ridvan
Ilhan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor
en Patología; Dilek Yilmazbeyhan, Facultad de Medicina de la
Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Patología; Gökhan
Budak, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Trabajador;
Nese Kaya, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Funcionario;
Lütfü Telci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor en Anestesia; M. Borde Karatay, Facultad de Medicina de
la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Otorinolaringología;
Mert Sentürk, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Profesor-Investigador en Cirugía; Kamil Pembeci, Facultad de
Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor de Cuidados Intensivos;
Göksen Kircan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Especialista en Fisioterapia; Nuri Gümüs, Asociación
para la Erradicación de la Tuberculosis, Trabajador; Gülnigar
Odaci, Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis,
enfermera; Tuba Gülay, Hospital Privado de Acibadem-Estambul, Biólogo;
Birsen Yesilkanat, Asociación para la Erradicación de
la Tuberculosis, enfermera; Osman Avci, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, técnico; Zeynep Devrim, Hospital Privado Acibadem-Estambul,
enfermera; Ferruh Ergüven, Asociación para la Erradicación
de la Tuberculosis, técnico; Hatice Altinkaya, Asociación
para la Erradicación de la Tuberculosis, trabajadora; Can Çimen,
Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis, Trabajador;
Nermin Kapçioglu, Salud, enfermera; Neslihan Yilmaz, Salud sector
privado, trabajadora; Esra Karabacak, Salud sector privado, trabajadora;
Arzu Yilmaz, Salud sector privado, trabajadora; Türkan Faka, Salud
sector privado, enfermera; Tülin Meleme, Ministerio de Salud, enfermera;
Hakan Karaman, Ministerio de Salud, Médico; Tolgahan Meleme,
Ministerio de Salud, trabajador; Fatma Keles, "Hogar de la Salud"
- Estatal, trabajadora; Alper Kaya, Hospital Estatal, Médico;
Füsun Ergin, Hospital privado, trabajadora; Gamze Yalin, Hospital
privado, enfermera; Aysun Kotil, Hospital privado, enfermera; Orhan
Arseven, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor
en Neumología; Aysil Yanmaz, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Funcionario; Fulya Çelikkol, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Funcionario; Tülin Ça atay,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Neumología; Ziya Gülberen, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Profesor en neumología; Hacer, de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, Jefa de Enfermería;
Ufuk Memi; Yüksel Deniz, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, enfermera; Algin Erarslan, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Secretario; Hülya Bacaksiz, Facultad de Medicina de
la Universidad de Estambul, enfermera; Münevver M. Aydin, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, ayudante; Turhan Ece, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul...
- Ucrania: Liudmila Chekelenko, sindicalista profesora.
Para cualquier correspondencia:
Francia:
Acuerdo Europeo de los trabajadores, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 - Paris
Telf. : 01 48 01 88 28 - Fax: 01 48 01 88 36 - Correo electrónico:
eit.ilc@fr.olean.com
Alemania:
Carla Boulboullé
Postfach 120755; 10597 Berlin - Fax: 030/313 16 62 - Correo electrónico:
arla.Boulboulle@t-online.de
Deseo adherirme públicamente a este manifiesto
- En mi propio nombre: - En nombre de mi organización:
Apellidos, nombre: .....................................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................................
Organización: .............................................................................................................................................................
Invitamos a todos los firmantes de este manifiesto a incorporarse a
la elaboración del memorando que iremos a presentar a Bruselas
en una delegación de médicos, de profesionales de la salud,
de cargos públicos, de sindicalistas de toda Europa.
Sumario
Pág. 1: Portada.
Pág. 2: Acuerdo Europeo de los Trabajadores: "Lanzamos un
grito de alarma para la defensa de los sistemas de salud.", "Es
necesario detener inmediatamente en toda Europa la destrucción
desenfrenada de todos los sistemas públicos de salud".
Pág. 4: Mandato confiado a la delegación por los 72 participantes;
Apoyo y adhesión al Comité de correspondencia.
Pág. 6: Memorándum depositado por la delegación
para la Comisión Europea.
Pág. 21: Acta íntegra del encuentro del 31 de marzo de
2007 en Bruselas.
Pág. 41: Llamamiento de los médicos del Hospital Severo
Ochoa (España).
Pág. 42: Acta de la delegación a la Comisión Europea
- Bruselas 2 de abril de 2007.
Pág. 48: Manifiesto inicial con que se ha preparado la delegación
en Bruselas.
Pág. 56: Suscripciones.
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75010 - PARIS
Correo electrónico: entente-europenne-des-travailleurs@orange.fr
Potentes manifestaciones de médicos, de personal de hospitales,
en toda Europa.
Aquí en Portugal, allá en Alemania, en Gran Bretaña,
pero también en Hungría, Grecia, Bélgica, en Rumania,
en Italia, los trabajadores, y muy especialmente los médicos,
el personal de salud y los trabajadores de hospitale, se manifiestan
por todas partes contra las consecuencias dramáticas de la política
impuesta por la Unión Europea. Su exigencia
es común: alto a la destrucción de todos los sistemas
de Salud Pública en Europa.
Suscripción a Informaciones Internacionales
10 números: 10 ; 20 números: 20 ; 30 números:
30 ; 40 números: 40 ; 50 números: 50 .
10 números: 16 francos suizos; 7 £; 10 $; etc.
Incluyendo el apoyo a la difusión internacional del boletín.
Suscripción de apoyo 1 año: 100 euros
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Internacional de los Trabajadores
y de los Pueblos!
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Director de la publicación: Daniel Gluckstein
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Tel : (33 1) 48 01 88 28 - E.mail: eit.ilc@fr.oleane.com - Sitio Internet:
www.eit-ilc.org
Acuerdo Europeo de los Trabajadores
Somos médicos, trabajadores de hospitales, sindicalistas de
toda Europa
"Lanzamos un grito de alarma:
Es necesario detener inmediatamente en toda Europa la destrucción
desenfrenada de todos los sistemas públicos de salud"
El encuentro europeo que responde al manifiesto redactado y refrendado,
en el marco del Acuerdo Europeo de los Trabajadores, por 693 médicos,
empleados de la Seguridad Social, sindicalistas y militantes obreros
de 17 países de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovaquia, República Checa,
Turquía, Ucrania), ha tenido lugar el 31 de marzo de 2007 en
Bruselas.
¿Era exagerado que ellos hablen en su manifiesto de la necesidad
de parar inmediatamente "la destrucción desenfrenada de
todos los Sistemas Públicos de Salud en Europa."?
Los quince médicos, sindicalistas empleados de hospitales y militantes
que han intervenido en el debate de la conferencia para la defensa de
los sistemas públicos de salud en Europa, han respondido a esta
pregunta comenzando a levantar el acta del acta de la situación.
Testimonios de los que se encontrarán significativos extractos
en estas páginas, que angustian, porque sabemos que la impugnación
de los Sistemas Públicos de Salud y Protección Social,
plantea para todos una cuestión de vida o muerte.
De Alemania, Klaus Schuller, responsable del sindicato DGB del Estado
Federado de Turingia y Vicepresidente de la Comisión Trabajadora
del SPD de Turingia, explica que, en adelante, se concede una "prima"
de más de 600 euros a el o la que, durante un año, renuncie
a visitar al médico o efectuar cualquier acto médico...
De Bélgica, Rudy Janssens, secretario federal de la región
de Bruselas CGSP, explica por su parte: "En 1971, había
un 50% de hospitales públicos, un 50% de hospitales privados.
hoy, permanece menos del 25% de hospitales públicos. La diferencia
entre cada una de las regiones es obvia: en Flandes, simplemente ya
no hay hospitales públicos.".
De Rumania, denuncia Violeta Tudor, sindicalista de SANITAS, no es raro
que se "de de alta de los hospitales a enfermos, antes incluso
de que estén curados, habida cuenta de las condiciones miserables
en los hospitales.".
De Turquía, explica Fatih Artvinli, responsable del sindicato
de la salud y los servicios públicos, ha explicado: "Como
en los demás países europeos, los hospitales públicos
son primero, transformados en establecimientos autónomos, luego
completamente privatizados. Así algunos hospitales públicos
pura y simplemente son cerrados. El Hospital Infantil de Estambul, que
acogía una media de 40 000 niños al año, se cerró,
con el pretexto de que el número de pacientes era insuficiente.".
De Suiza, recuerda Antonio Herranz, sindicalista, la prensa anuncia
que 120 000 ciudadanos (sobre 7,5 millones) no están ya cubiertos
por ninguna protección social.
De Gran Bretaña, Tony Richardson, dirigente del sindicato de
los panaderos, recuerda: "Cuando yo era concejal del Labour Party
en Wakefield, de 1998 a 2004, fui responsable de la salud y la asistencia
social. He estado pues, durante ese tiempo al corriente, especialmente,
del estado de cosas en los servicios sanitarios y he visto a qué
han reducido los servicios de salud. Bajo la tutela de representantes
gubernamentales en las comisiones, he visto el número de camas
reducirse en un 20%. En Wakefield, un 80% de los servicios de asilos
y de dispensarios han sido entregados a la privatización.".
De España, el doctor Joaquin Insausti, miembro de la Asociación
para la Defensa del hospital Severo Ochoa, informó de que una
campaña infame se desarrolla para acusar a los médicos
de ser responsables de la muerte de pacientes, mientras que estas muertes
son la consecuencia trágica de la política de privatización
de la salud impuesta por Bruselas.
De Francia, el testimonio del profesor Guérin, Presidente de
la Asociación Médica de Defensa de la Deontología
y los Derechos de los Enfermos (AMDDDM, Francia), también dejó
impresionados a los delegados al escucharlo, leído por el doctor
Lemonnier, dando cuenta de las escandalosas condiciones en las que pacientes
ancianos, a falta de lugar, son verdaderamente "apilados"
en salas de espera, mientras que médicos y enfermeras buscan
angustiados camas para hospitalizarlos. "En Francia, ha habido
un ataque sin precedentes contra nuestro sistema de jubilación
(cuestionamiento de las 37,5 anualidades de cotización) con la
ley Filón de 2003, prolongando las medidas Balladur de 1993.
En Alemania, la edad de la jubilación acaba de aumentar a los
67 años, en Hungría a los 65 años… ¿es una
simple coincidencia?", se pregunta Nicole Bernard, sindicalista
de la Seguridad Social. Y prosigue, "¿No es, el dictado
de las recomendaciones de la Unión Europea y, en particular,
de la cumbre de Barcelona de marzo de 2002, que preconizaba, en el apartado
32 de su informe de conclusiones, "intentar, de aquí a 2010,
aumentar gradualmente en alrededor de 5 años la edad media efectiva
de cese, en toda la Unión Europea, la actividad profesional"?".
Los cierres de millares de camas, de hospitales enteros, de los que
todos los delegados constataron la similitud cualquiera que sea el país,
"¿No es eso también consecuencia de la política
de la Unión Europea, tal como fue expuesta en la cumbre de Salónica
en junio de 2003, instando a "supervisar atentamente la eficacia
de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos en el
sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable.".?".
La misma dramática constatación establecida por Gérard
Schivardi: "Nosotros, los alcaldes de los pequeños municipios,
hemos recibido el mandato de la población que nos eligió
para representarlos y defender sus condiciones de vida, mejorándolas
si es posible. Tenemos un grave problema de cierre de maternidades de
proximidad. Un colega, alcalde en el Sarthe, me contó el difícil
parto de una joven madre sobre el aparcamiento de una gran superficie
porque la maternidad de Amboise acababa de cerrarse y es necesario recorrer
80 kilómetros para parir.".
Y eso es cierto, incluso en los países que aún
no son miembros de la Unión Europea.
De Turquía, Fatih Artvinli indica: "La aplicación
del plan propuesto por el Fondo Monetario Internacional, que lleva a
un aumento del 60% de los precios de los medicamentos, es una de las
condiciones exigidas por la Unión Europea para que Turquía
opte a la adhesión.".
"Pero entonces, ¿que hacer en defensa de nuestros servicios
de salud en Europa?", inquiría Fulvio Aurora, miembro de
"Medicina democrática" y responsable de la Comisión
de Salud del Partido de Refundación Comunista (Italia).
El debate ha comenzado a proporcionar elementos de respuesta.
"Estamos aquí, médicos, trabajadores de hospital,
responsables y militantes sindicales, y es muy natural que combatamos
junto a nuestras organizaciones para defender nuestros hospitales, el
estatuto del personal y, en consecuencia, a través de ello, los
pacientes.", indica Luc Delrue, sindicalista de hospital (Francia).
De Gran Bretaña, Tony Richardson, recuerda: "Numerosas iniciativas
han sido tomadas estos últimos años, por las organizaciones
sindicales, para defender tal o cual hospital, y el NHS en general.".
Philippe Larsimont (Bélgica), que presidía la conferencia,
leyó un mensaje de médicos, sindicalistas y militantes
socialistas portugueses, que recuerda la inmensa movilización
de estas últimas semanas de la población, sus cargos públicos
electos, los sindicatos,... para la defensa de los servicios de urgencias.
De Alemania, el rechazo masivo de la "reforma de la salud"
por un 80% de la población, llevando a varios diputados del SPD
en el Bundestag a votar contra esta contrarreforma propuesta por el
Gobierno de Gran Coalición. Se trata, no solamente de la defensa
de lo que subsiste, sino de la reconquista de lo que se ha suprimido,
ya que, recuerda un participante, "Se trata de un envite a la civilización.".
Este combate está ligado al combate a escala europea, para poner
a la Comisión Europea frente a sus responsabilidades elaborando
el acta de la dramática situación de los Sistemas Públicos
de Salud. Algunos delegados explicaron que, por su parte, sacaban como
conclusión la necesidad de romper con la Unión Europea.
Otros no comparten esta opinión, pero todos los participantes
reconocieron la responsabilidad aplastante de la Unión Europea
en la situación.
Una delegación ha sido recibida el 2 de abril de 2007
por el Director de Gabinete del Comisario Europeo para la Salud
Los 72 participantes en el encuentro del 31 de marzo de 2007 eligieron
una delegación compuesta por:
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de los Empleados de la Salud
y de los Servicios Públicos, Estambul, Turquía), Hans
Mees (responsable del sindicato Ver.di del hospital VKKD de Düsseldorf
y miembro de la dirección de Ver.di [salud] de Renania), Henning
Frey (miembro del SPD, Colonia), Rudy Janssens (secretario federal de
la región de Bruselas CGSP ACOD ALR LRB, Bélgica), Philippe
Larsimont (coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores,
Bélgica), Nicole Bernard (sindicalista a la Seguridad Social,
Francia), Philippe Navarro (sindicalista de hospital, Francia), Christel
Keiser (Acuerdo Europeo de los Trabajadores).
La delegación fue recibida por Philippe Brunet, director de gabinete
del Comisario Europeo responsable de la salud y la protección
de los consumidores, Sr. Markos Kyprianou. Philippe Brunet explicó
a la delegación, en particular que "la Comisión Europea
no tenía competencia ni responsabilidad en la organización
o el suministro de la asistencia sanitaria.". Precisando: "Nadie
dice, en Bruselas, que es necesario reducir los gastos de salud. Lo
único cosa que imponen las directivas europeas, es la lucha contra
los déficit públicos.".
¡Ése es exactamente el problema! Los gastos de salud están
incluidos, al igual que los gastos públicos, en el artículo
104 del Tratado de Maastricht, y, por lo tanto, del procedimiento denominado
de los déficit excesivos.
Éste es el mandato confiado a la delegación,
refrendado por los 72 participantes
Los abajo firmantes, médicos, personal de hospitales, personal
de Seguridad Social, sindicalistas, militantes obreros, nos hemos reunido
el 31 de marzo de 2007 en Bruselas en el marco del manifiesto hecho
por el Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Hemos establecido la siguiente constatación: en todos los países
de Europa, en relación con las directivas europeas, nuestros
Sistemas Públicos de Salud, nuestros Regímenes de Protección
Social se desmontan, poniendo así en entredicho la igualdad de
acceso a los cuidados.
El acta de situación que hemos comenzado a poner en pie, pone
en evidencia que, en todos los países, los gobiernos, desde hace
varias décadas, y cualquiera que sea su color político,
han acometido:
El cierre de centenares de hospitales, de maternidades, de servicios
de urgencia, de reducir drásticamente los gastos de salud, la
supresión de millares de camas y por lo tanto la supresión
de millones de empleos: entre 1992 y 2003, se cerraron 86.000 camas
en Alemania, 83.000 en Francia; entre febrero y noviembre de 2006, se
suprimieron 21.000 empleos en el NHS (Servicio Nacional de Salud) en
Gran Bretaña; entre 2000 y 2003, se suprimieron 185.000 puestos
en Italia y en la sola región de Lombardía, se cerraron
7.200 camas para grandes enfermos; En Hungría, el número
de camas "activas" deberían pasar de 60.000 a 44.000
en 2007;
La privatización de los hospitales por medio de las "Asociaciones
público/privado" (APP), implicando así supresiones
masivas de camas y de empleos, pero también costes cada vez más
elevados para los pacientes:
En Gran Bretaña, algunos hospitales han sido construidos por
sociedades privadas como contrapartida de unos ingresos anuales pagados
durante 30 años; En Francia, los hospitales están obligados
a endeudarse ante sociedades financieras para renovar sus edificios
y sus equipamientos; En Italia, las unidades sanitarias locales se transformaron
en empresas privadas, obligadas a controlar los costes; En España,
la comunidad de Madrid acaba de lanzar la construcción de 7 nuevos
hospitales según el procedimiento de la APP; En República
Checa, las 14 regiones se comprometieron a transformar los hospitales
públicos en sociedades de economía mixta; en Hungría,
ya se privatizan algunas actividades (servicios auxiliares, mantenimiento,
laboratorios, servicios de radiología);
La regionalización de los Sistemas Públicos de Salud:
En Italia, donde la salud está regionalizada desde 2001, algunas
regiones han vendido hospitales, otras han suprimido servicios y hospitales
enteros y/o han aumentado los pagos por parte de los pacientes; en España,
a partir de 1992, la dirección de la red sanitaria fue confiada
a las Comunidades Autónomas, implicando la privatización
de los hospitales y el cuestionamiento del Estatuto del personal;
El desmantelamiento de los Sistemas de Protección Social aumentando
por todas partes la edad inicial para la jubilación, reduciendo
los derechos de los asegurados, suprimiendo los monopolios de las cajas
de Seguridad Social.
Mientras que se conceden cada vez más exenciones de cotizaciones
sociales a los patronos (es el caso, en particular, en Alemania, en
Italia, en Francia, en Bélgica), la edad de jubilación
se aumenta por todas partes (67 años en Alemania y Dinamarca,
65 años en Hungría, 42 anualidades para los asalariados
del sector privado en Francia), la parte pagada por los asegurados aumenta
(aumento del tique sanitario en Italia, instauración de suplementos
de honorarios en los hospitales en Bélgica, instauración
de franquicias para algunos actos médicos en Francia, aumento
de las cotizaciones salariales en Hungría).
¿Debemos ver en esta simultaneidad de medidas y de ataques contra
nuestros Sistemas Públicos de Salud, una simple casualidad o
la aplicación de una política concertada?
Por nuestra parte, consideramos que el acta de situación y los
memorandos que hemos establecido en cada país, permiten levantar
el acta de acusación siguiente: esta política de destrucción
está, indiscutiblemente coordinada por las instituciones de la
Unión Europea.
¿No es la Unión Europea quien impone a cada Estado miembro,
pero también a cada región, respetar estrictamente las
normas del Pacto de Estabilidad y mantener, por todos los medios, el
déficit público por debajo del 3% fijado por el Tratado
de Maastricht.? ¿No es la aplicación del artículo
104 del Tratado de Maastricht el que estipula que "1) los Estados
miembros evitan los déficit públicos excesivos; 2) La
Comisión supervisa la evolución de la situación
presupuestaria y el importe de la deuda pública en los Estados
miembros con el fin de detectar los errores manifiestos."? El artículo
104 precisa lo que debemos entender por público: "Lo que
es relativo al gobierno general, es decir a las administraciones centrales,
las autoridades regionales o locales y los fondos de Seguridad Social.".
¿El gobierno italiano no aplica este artículo cuando la
ley de finanzas para 2007 prevé el recorte de 3 000 millones
de euros para el presupuesto de la salud con el fin de reducir el déficit
público al 2,8%?
¿No es la Unión Europea quien decidió aumentar
por todas partes la edad de jubilación cuando, en sus conclusiones
de la Cumbre de Barcelona de 2002, indica: "Sería necesario
intentar, de aquí a 2010, aumentar progresivamente en alrededor
de cinco años la edad media efectiva a la cual cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional."?
Esta obligación ¿no es confirmada por la directriz integrada
no. 2 del 12 de julio de 2005 que estipula: "Los Estados miembros
deberían, habida cuenta de los costes esperados del envejecimiento
de la población, 1) reducir su deuda pública a un ritmo
suficiente; 2) reformar su régimen de jubilación, seguridad
social y cuidados para volverlos financieramente viables."? ¿O
incluso por el documento de la Comisión Europea del 25 de enero
de 2006 titulado "Pasemos a la velocidad superior: la nueva colaboración
para el crecimiento y el empleo" que exige: "En el marco de
sus reformas de los regímenes públicos de jubilación,
los Estados miembros deberían reforzar los incentivos financieros
para que los trabajadores con antigüedad permanezcan en actividad
[...], por ejemplo adaptando la edad legal inicial para la jubilación."?
¿No es la directriz integrada no. 15 de la Unión Europea
la que estipula: "Los Estados miembros deberían reforzar
las medidas de incentivo económico, incluso mediante una simplificación
de los sistemas fiscales y una reducción de los costes no salariales
del trabajo." la que impone las exenciones de cotizaciones patronal
y organiza el saqueo de las cajas de Seguridad Social y jubilación?
¿No es el informe de la Comisión Europea sobre la protección
social y la inclusión social, publicados el 19 de febrero de
2007 e imponiendo "la fijación de límites máximos
generales de gastos, la participación de los enfermos en los
costes de las prestaciones." el que impone por todas partes el
aumento de los costes sufragados por los asegurados?
El 26 de septiembre de 2006, la Comisión Europea publicó
una comunicación sobre los servicios de salud, llevando a cabo
una "consulta pública". Es sobre la base de los resultados
de esta "consulta" que debe proponer una Directiva sobre "salud".
La comunicación, mencionando al mismo tiempo el "respeto
de la responsabilidad de los Estados miembros en materia de servicios
de salud y cuidados médicos.", precisa: "El Tribunal
de Justicia declaró que esta disposición no excluía
la posibilidad de que se impusiera a los Estados miembros adaptaciones
de su régimen nacional de seguridad social, en cumplimiento de
otras disposiciones del Tratado, como el artículo 49 CE.".
El artículo 49 del Tratado de la CE estipula: "Las restricciones
a la libre prestación de los servicios en el interior de la comunidad
están prohibidas.". ¿El objetivo de esta futura Directiva
no es, acaso, poner directamente en entredicho los Regímenes
Nacionales Públicos de Seguridad Social?
De todos estos hechos se deriva una cuestión: ¿la defensa
y la reconquista de nuestros Sistemas Públicos de Salud son compatibles
con la Unión Europea y sus directivas? Las respuestas pueden
ser distintas, pero esta cuestión exige ser discutida por todas
las y todos los que se unen en la defensa de los Sistemas Públicos
de Salud y Protección Social.
Los abajo firmantes, decidimos que el mandato de la delegación
que será recibida el 2 de abril de 2007 por las instituciones
de la Unión Europea es obtener respuestas a estas preguntas,
sobre la base de los hechos que hemos expuesto y del memorando que hemos
redactado.
Hemos decidido desplegar todas nuestras fuerzas para defender y reconquistar
nuestros Sistemas Públicos de Salud y nuestros Regímenes
de Protección Social. Hemos participado en las numerosas movilizaciones
contra el cierre y/o la privatización de nuestros hospitales,
contra el cuestionamiento de nuestros regímenes de jubilación,
contra la disminución de los presupuestos asignados a la salud,
etc.
Los abajo firmantes, decidimos constituirnos en Comité de Correspondencia
Permanente con el fin de seguir reuniendo información y prolongar
este encuentro a través de las iniciativas que permitan responder
a la gravedad de la situación.
Alemania: Carla Boulboullé, comité de redacción
de SOPODE, Berlin; Keustin Bunz, Ver.di, Colonia; Ellen Engstfeld, SPD,
Ver.di, Colonia; Elke Falk, Ver.di, Berlin; Heinke Först, PSD,
Berlin; Henning Frey, PSD, Colonia; Eva Gürster, PSD, Ver.di, Colonia;
Bertrand Kalipé, anestesista, Duisburg ; Monika Leisling, Berlin;
Hans Mees, Ver.di, Düsseldorf; Volker Prasuhn, PSD, Ver.di, Berlin;
Danita Riemer, Ver.di, Düsseldorf; Ingo Röser, Ver.di; Anna
Schuster, Ver.di, Düsseldorf; H.-W. Schuster, SPD, Ver.di, Düsseldorf;
Günter Schwefing, Ver.di, Düsseldorf; Beate Sieweke, PSD,
Ver.di, Düsseldorf; Inge Steinebach, PSD, Ver.di, Düsseldorf;
Monika Wernicke, Ver.di, Berlin.
Bélgica: Luc Bertrand, ingeniero; Philippe De Menten, miembro
del comité ejecutivo de la Regional de Bruxelles de la CGSP-enseñanza;
Kamal Dhif, FGTB; Roberto Giarroco, sindicalista CGSP-FGTB; Rudy Janssens,
Secretario Federal de la región de Bruselas CGSP ACOD ALR LRB;
Philippe Larsimont, Coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores
(MDT); Benoy Laursen, sindicalista; Pierre Marlhioux, miembro electo
del Comité Ejecutivo SETCa/FGTB BHL; Philippe Massenaux; Georgette
Molitor, afiliada CGSP; Serge Monsieur, delegados sindical CGSP; Michel
Nagel, PS, CGSP; Victor Ntacorigira, sindicalista; Esther Stark, sindicalista;
Nicolas Vandaele, militante sindical FGTB; Paul Wattiez, delegado sindical
FGTB-SETCa.
Dinamarca: Kirsten-Annette Christensen, Sindicato de Enseñanza
de Copenhague; Eva Hallum, Movimiento Popular contra la Unión
Europea; Benny Lauersen, Sindicato de la Construcción de Copenhague;
Per Sorensen, Sindicato de la Construcción de Copenhague.
España: Luís González, sindicalista del Sector
de Sanidad, CCOO; Joaquín Insausti Valdivia, médico; Blas
Ortega, presidente de la "Asociación Médica en Defensa
de los Derechos de los Pacientes y de los Médicos" (AMDDMM),
sindicalista UGT; Rafael Palmer Juaneda, miembro de la AMDDMM.
Francia: Nicole Bernard, sindicalista en la Seguridad Social; Anne Chahwakilian,
médica geriatra; Catherine Cochain, enfermera, sindicalista;
Marie-Thérèse Cousin, médica retirada; Danièle
Dabilly, asistente social; Luc Delrue, sindicalista de hospitales; Daniel
Dutheil, sindicalista; Régis Jacquot, sindicalista de hospitales;
Christel Keiser, Acuerdo Europeo de los Trabajadores; Jean-Philippe
Laporte, médico de hospitales; Marie-Paule Lemonnier, médica;
Frédérique Mugnier, administrador del CHU de Dijon; Philippe
Navarro, sindicalista de hospitales; Louiza Nourri, sindicalista; Bruno
Ricque, sindicalista de hospitales; René Sale, sindicalista de
hospitales; Gérard Schivardi, alcalde de Mailhac; Dominique Vincenot,
Acuerdo Europeo de Trabajadores; Florence Widmer, sindicalista de hospitales.
Gran-Bretaña: Nick Phillips, ex dirigente de Sección de
UNISON; Tony Richardson, sindicalista, Unión Local de las TUC
de Wakefield & District.
Italia: Fulvio Aurora, responsable de "Medicina Democrática";
Lorenzo Varaldo, sindicalista profesor, Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Rumania: Violeta Tudor, sindicalista.
Suiza: Joëlle Gyselinck, sindicalista del sector de Salud SSP,
Nyon; Antonio Herranz, enfermero, sindicalista SSP, Lausana; Yolanda
Nobs, enfermera; Yasmina-Karima Produit, secretaria sindical SSP, Neuchâtel.
Turquía: Fatih Artvinli, dirigente del Sindicato de Empleados
de la Salud y de los Servicios Sociales, Estambul.
Deseo adherirme públicamente a este mandato
- A título personal
- En nombre de mi organización
Me incorporo al Comité de Correspondencia
- A título personal
- En nombre de mi organización
Apellido, Nombre:......................................................................................................................................................
Dirección:....................................................................................................................................................................
Correo electrónico:......................................................................................................................................................
Organización:..............................................................................................................................................................
Memorando
I - Cierres de hospitales desde el Tratado de Maastricht
86 000 Camas cerradas en Alemania, 83 000 camas cerradas en Francia
entre 1992 y 2003,
¿Simples coincidencias? Nosotros no lo pensamos así.
¿De dónde viene todo eso? Del Tratado de Maastricht.
El artículo 104 del Tratado de Maastricht-Amsterdam estipula:
"1. Los Estados miembros evitarán los déficit públicos
excesivos. 2. La Comisión supervisa la evolución de la
situación presupuestaria y el importe de la deuda pública
en los Estados miembros (…), examina, en particular, si la disciplina
presupuestaria ha sido respetada, y esto sobre la base de los dos siguientes
criterios.".
El 17 de junio de 1997, la Cumbre europea de Amsterdam adoptaba una
Resolución relativa al "Pacto de estabilidad y crecimiento".
Esta Resolución constitutiva del Pacto de Estabilidad, estipula:
"Los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario
a medio plazo de una posición próxima al equilibrio o
excedentaria, de acuerdo con sus programas de estabilidad o convergencia,
y a tomar las medidas presupuestarios correctoras que consideren necesarias
para lograr los objetivos enunciados en sus programas de estabilidad
o convergencia.".
El protocolo sobre el procedimiento relativo a los déficit excesivos,
anexado al Tratado precisa: "En el artículo 104 del Tratado
y en el presente protocolo, se entiende por público: lo que es
relativo al Gobierno General, es decir las Administraciones Centrales,
las Autoridades Regionales o Locales y los Fondos de Seguridad Social.".
Los gastos de salud bien se incluyen pues en los criterios de restricción
de los presupuestos en nombre de los déficit excesivos.
¿Cuáles son las consecuencias para los enfermos y el personal?
Francia
180 000 camas de hospitales cerrados de los que 83.000 lo fueron entre
1992 y 2003.
510 maternidades cerradas entre 1981 y 2003, o sea cerca de la mitad.
Desde hace años no pasa ni un día sin que los alcaldes,
con la población, los médicos y el personal de salud se
manifiesten contra el cierre de una maternidad, o de un hospital de
proximidad.
Un ejemplo entre otros, el cierre de los servicios de cirugía:
Un médico explicó en la rueda de prensa de la AMDDM (Asociación
Médica de Defensa de la Deontología y los Derechos de
los Enfermos) el 13 de febrero último:
"El Gobierno ha encargado al profesor Valancien expedir la lista
de los servicios de cirugía a cerrar. Misión realizada:
se ha entregado a las autoridades públicas una lista de 113 servicios
que deberían ser cerrados. Nuestro país cuenta, en total,
con alrededor de 480 servicios de cirugía. ¡Increíble,
es por lo tanto la cuarta parte de estos servicios los que están
destinados al cierre!
El argumento utilizado es el mismo que el que sirvió de pretexto
al cierre de millares de maternidades, con las catástrofes que
conocemos desde, muertes de recién nacidos, partos a domicilio
o en los coches sobre los aparcamientos, muertes de mujeres embarazadas.
Se ha afirmado, para justificar esta decisión, que estos servicios
no tendrían suficiente actividad. El "listón"
ha sido fijada en 2 000 operaciones al año. ¿Por qué
2 000? ¿Por qué no 1 000, o 3 000? ¿En qué
estudios médicos se basa? No existe ninguno. ¿La verdadera
razón?
En la cumbre de Salónica (21 de junio de 2003), se había
hecho una recomendación a Francia: "Supervisar atentamente
la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos
en el sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable y, cuando proceda, adoptar nuevas medidas para lograr este
objetivo."
Un director de escuela escribe, el 20 de marzo último, al alcalde
de su municipio:
"Como yo, usted ha tenido seguramente conocimiento de la serie
de artículos publicados en la Voix du Nord o los reportajes emitidos
por la televisión sobre el estado sanitario de la población
en la región y el dramático estado en el que se encuentran
los servicios públicos de salud.
Sí, la situación es catastrófica. La miseria en
la que se encuentran centenares de miles de personas en nuestro departamento,
implica un deterioro dramático de su estado de salud. El pésimo
se encuentra en la antigua cuenca minera.
Soy profesor, director de escuela. ¿Sabe que, en esta región
del departamento, tenemos alumnos que no saben lo que significa "ir
al trabajo"?
Hace una veintena de años, éramos muchos profesores en
las ciudades mineras, los que constatábamos que, el único
en la familia que tenía un horario regular era el niño
que venía a clase. Sus padres, víctimas del cierre de
las fábricas textiles, de las minas, eran parados o "prejubilados".
Hoy día, son los hijos de estos hijos los que están en
nuestras aulas.
Ellos nunca han visto a papá o a mamá ir al trabajo. Para
sus papis o sus mamis es lo mismo. Para muchos es la pobreza total:
miseria económica, miseria social, miseria intelectual.
Esta situación impuesta a estos niños, a sus hermanos
y hermanas mayores, a sus padres, a sus abuelos es atroz.
No es necesario buscar mucho más lejos las razones de su estado
de salud como el de, por otra parte, una gran parte de la población
trabajadora de nuestro departamento.
Médicos y personal de hospitales constatan lo mismo. Todos coinciden
en decir que los medios de cuidar y prevenir faltan atrozmente. Las
estadísticas oficiales también. Los reportajes publicados
esta semana en la prensa escrita y audiovisual, señalan esta
dramática situación.
Todo el mundo lo dice, lo escribe: los medios médicos son insuficientes
en nuestro departamento. Esa es la primera causa de la sobremortalidad.
Y, no obstante, el Centro Hospitalario de Lens es declarado en déficit
por la Agencia Regional de Hospitalización que exige medidas
de rectificación. ¿Quién puede creerlo? ¡Un
hospital en déficit!
¿Un hospital no tiene por función cuidar? ¿Un hospital
no debe tener todos los medios necesarios?
Mañana, en nombre de este "déficit", ¿se
negará a cuidar a los enfermos? ¿Quién puede aceptar
eso?
Sin embargo, es eso lo que quiere imponer la Unión Europea que,
en la cumbre de Salónica, el 21 de junio de 2003, recomendó
a Francia "supervisar atentamente la eficacia de las medidas adoptadas
para frenar la espiral de los gastos en el sector de la salud y llevar
su evolución a un nivel más soportable y, cuando proceda,
adoptar nuevas medidas para lograr este objetivo." ¡Es en
aplicación de estas "recomendaciones" que la ARH y
el director del Centro Hospitalario de Lens, quieren suprimir cerca
de 500 puestos en el Centro! Lo que representa un servicio de 14 camas
de cirugía, cerrado y transformado en servicio de aislamiento
durante la "epidemia" de enfermedades nosocomiales, que no
se vuelve a abrir de nuevo. 14 camas desaparecen, se reorganiza al personal
en otros servicios.
Es la psiquiatría, deslocalizada, que perderá una treintena
de puestos.
Son esas madres, que vienen a parir y que se devuelven a sus casas al
cabo de 3 días.
Estas medidas son rechazadas por todo el mundo... los médicos,
el personal -médico y no médico-, los pacientes, sus familias...
Es por eso por lo que, el jueves 15 de marzo, estaban en huelga y por
lo que más de 800 de entre ellos se manifestaban en las calles
de Lens.
En 2007, en el siglo XXI, ¿verse obligado a hacer huelga y a
manifestarse para tener los medios de atender a una población
dañada por innumerables planes de despidos, de deslocalizaciones
de empresas... es aceptable?
Sr. Alcalde, ¿podemos dejar hacer? ¿Podemos dejar a la
Unión Europea destruirnos?"
Testimonio de una enfermera de un hospital psiquiátrico "Cronología
de una quincena de días".
"Hace quince días, un paciente telefonea a su unidad de
asignación, no se siente bien y pide ser hospitalizado. La respuesta
es inequívoca: no podemos ingresarle en la unidad, ya que no
tenemos camas vacantes. Pero puede ir a la UMA (Unidad de admisión)
y será asignado, si la hospitalización es necesaria, a
otra unidad existente. La respuesta del paciente: llega a la UMA correctamente,
pero él se rocía de líquido inflamable y se inmola
prendiéndose fuego delante de los otros pacientes y el personal
de atención.
Todavía la semana pasada, en una unidad da admisión, dos
pacientes están destinados a CI (habitación de aislamiento):
se toma una opción: el primero va a una CI de la unidad; para
el otro, se prepara un expediente USIP y se le pone en habitación
individual. Durante toda la semana, va a mostrar señales de peligrosidad
hacia los demás pacientes y también hacia el personal
de atención con amenazas auto y hetero agresivas. El lunes por
la tarde, el paciente se muestra delirante, no respeta el marco prescrito,
y pasa a ser muy amenazante con una posibilidad real de paso a la acción,
llamada de refuerzos y de un médico del servicio. No hay CI libre
en el hospital, se reinstala al paciente en su habitación, asegurada
al máximo (supresión de la manilla de la ventana, del
espejo del cuarto de baño, bártulos en el armario cerrado,
vestido de pijama…) más un tratamiento sedante y una mesita de
comida con dos hombres cuidadores de refuerzos. Cuando el paciente se
despierta por la noche, golpea sobre su puerta, rompe su cristal con
una silla, recupera un pedazo de vidrio y amenaza con cortarse la garganta.
Algunas horas después del primer refuerzo, se vuelve a llamar
y, por fin, se encontrará un CI libre donde, finalmente, se trasladará
al paciente.".
Alemania
Entre 1992 y 2003, se cerraron 86 000 camas.
Según las indicaciones de 2007, de la "Sociedad Alemana
de Hospitales" (DKG), el número de hospitales pasó
de 2 345 a 2 139, entre 1995 y 2005, lo que representa una reducción
de 186.
En el mismo espacio de tiempo, se suprimieron 86 000 camas y se acortó
la duración de estancia en 2,8 días (pasando de 11,4 a
8,6).
El número de las personas empleadas en los hospitales es, en
ese mismo periodo, pasó de 887 564 a 796 097, (es decir 91 467
menos).
Bélgica
Según un estudio de mayo de 2005 dedicado a la asistencia sanitaria
en Bélgica,
la OCDE indica:
"El Gobierno puede instar a los hospitales a reducir el número
de camas excedentarias. (...), las autoridades tienen la intención
de reforzar aún la especialización y la cooperación
entre hospitales al programar la oferta de servicios hospitalarios por
yacimientos de cuidados médicos.".
El número de camas de hospital por 100 000 habitantes, ha pasado
de 772 en 1993 a 611,6 en 2004, lo que representa una disminución,
por término medio, del 2,4% al año. Eso representa más
de 14 000 camas suprimidas en 10 años.
Consecuencia: los hospitales de la red pública no están
ya presentes en todas las zonas del país. En Bruselas, por ejemplo,
la red IRIS de hospitales públicos ha programado el cierre de
190 camas en 2007.
La OCDE lo admite: "Parece que en el marco de un sistema de remuneración
a la actividad, los hospitales corren el peligro de ser incitados a
reducir la calidad de las prestaciones, lo que significa que el gobierno
belga debería poner aún más, el acento sobre los
mecanismos de control de la calidad.".
Gran Bretaña
Entre febrero y noviembre de 2006: ¡21.000 empleos han sido suprimidos
y el plan
gubernamental prevé la supresión de millares de otros!
Empleos suprimidos en el NHS:
Una lista publicada por NHS Watch, la Asociación "Preservar
el NHS Público? y los sindicatos.
Nivel Nacional:
Servicio Nacional de Transfusión Sanguínea: 150 empleos;
NHS Direct (el servicio de reserva por teléfono): 1 000 empleos
y 12 centros de llamadas.
Nivel Régional y Local:
East Hertfordshire y North Hertfordshire: 500 empleos; es decir 1/3
de los empleos, 3 servicios del hospital Lister; CHU de Norfolk y Norwich:
450 empleos están amenazados; West Hertfordshire Hospitals NHS
Trust: 500 empleos en los, de 12 a 18 próximos meses; Peterborough
y Stamford Hospitals NHS Trust: 185 empleos y un bloque quirúrgico;
United Lincolnshire Hospitals NHS Trust: 500 empleos; CHU de Nottingham:
1.200 empleos; Hospitales de Hammersmith en Londres: 300 empleos; Queen
Elizabeth Hospital NHS Trust de Woolwich: 100 empleos; Hospital Queen
Mary en Sidcup: 190 empleos; Royal Free Hospital: 480 empleos y 100
camas; North Tees y Hartlepool NHS Trust: 74 empleos amenazados, de
ellos, 21 enfermeras especializadas; County Durham y Darlington Acute
Hospitals NHS Trust: 700 empleos en los 3 próximos años;
Pennine Acute Hospitals NHS Trust: 800 empleos; Hospitales de Bolton:
155 empleos; Mid Cheshire NHS Trust: 250 empleos; Hospitales de Southampton:
540 empleos y 140 camas; Oxford Radcliffe NHS Trust: 600 empleos y 100
camas en los 4 hospitales; Royal West Sussex NHS Trust: 200 empleos;
East Sussex NHS Trust: 250 empleos; Surrey y Sussex Healthcare NHS Trust:
400 empleos; Medway Maritime Hospital de Gillinghamm, en Kent: 60 empleos;
CHU de Brighton y Sussex University Hospitals NHS Trust: 325 empleos;
Medway Maritime Trust: 160 amenazados; Great Western Hospital de Swindon
recientemente privatizado: 200 empleos, 1 bloque quirúrgico y
un número de camas acerrar, aún no anunciado; Gloucestershire
Hospitals NHS Foundation Trust: 500 empleos, cierre de los hospitales
de proximidad y transferencia de la maternidad a Gloucester; Kennet
y North Wiltshire Primary Care Trust, así como el West Wiltshire
Trust: 80 empleos de dirección y técnicos; Weston General
Hospital, de Weston super Mare: 60 empleos y 56 camas; Real United Hospital
NHS Trust de Bath: 300 empleos; NHS du Gloucestershire: 86 camas, número
de empleos suprimidos aún no anunciado; Hospitales de Plymouth:
200 empleos; Royal Hospital de Cornwall: 300 empleos; CHU de Stoke up:
750 empleo; Hospitales de Sandwell y West Birmingham: 800 empleos en
los 3 hospitales; Hospital del Worcestershire: 720 empleos; Hospitales
del Mid Staffordshire: más de 150 empleos; Hospital Princess
Royal y Royal Hospital de Royal Shrewsbury: 300 empleos; Hospital de
Wolverhampton: 300 empleos; CHU du North Staffordshire: 100 empleos;
Hospital de York: 200 empleos; CHU de Sheffield: 1.000 empleos; Hospital
de Rotherham: 60 empleos.
Desde hace meses, huelgas y manifestaciones se multiplican contra el
cierre de los hospitales.
Un millar de personas han participado en la manifestación de
Huntingdon en el Cambridgeshire. Eran varios miles en Worthing en el
Sussex. Luego hay a Hemel Hampstead, Southampton, Huddersfield…
En Manchester, la sección UNISON del Hospital Psiquiátrico
ha votado en un 92% a favor de una huelga de una semana a partir del
12 de febrero. La ola de supresiones de empleos que se abate sobre el
Servicio Nacional de Salud afecta al Hospital Psiquiátrico de
Manchester donde, en un único servicio, según una enfermera
entrevistada, el número de enfermeras va a pasar de 9 a 4: "Hay
gente que tiene 20 ò 30 años de experiencia que nunca
han hecho huelga. Les inquieta la incidencia económica, pero
ya están hartos. Estamos dispuestos a combatir.".
En Birmingham, ha sido a iniciativa del diario local que se organizaba
una primera reunión pública para decir no a la construcción
de un hospital financiado en asociación sector público-sector
privado, mientras que el hospital público que existe, está
falto de personal y debería sufrir importantes trabajos de reparación.
En Rochdale, 130 000 personas ha firmado una petición contra
el cierre de la maternidad.
En esta misma ciudad, la directora local del NHS ha dimitio para protestar
contra el plan gubernamental. Explica: "Estos cinco últimos
años, he intentado presionar sobre la política de la dirección.
Estoy cada vez más inquieta de la utilización de las compañías
privadas en el NHS.".
El secretario de la Asociación Médica Británica,
el Profesor James Johnson advierte: "Nos queda un año para
impedir que el servicio de salud sea transformado en un pecio.".
Dinamarca
Para la Unión Europea, debe haber allí competencia: los
hospitales públicos y los hospitales privados deben colocarse
en pie de igualdad. Eso es un ataque directo contra los Servicios Públicos
y contra el sistema basado en la solidaridad.
Los tratamientos en hospitales privados aumentan, mientras que los hospitales
públicos de menor tamaño, cierran, como Genaa, en el Jutland,
y Nyobing, en la isla de Zelanda. A partir de hoy y en un inmediato
futuro, al igual que los pequeños hospitales, los hospitales
públicos de capacidad media, como Randers, y Thisted en el Jutland
están amenazados de restricciones debido a la reforma de los
municipios, desde el 1 de enero. Una reforma claramente inspirada por
la Unión Europea, encaminada a instaurar municipios y regiones
más amplios.
Localmente, tienen lugar protestas, contra el cierre de los hospitales
de proximidad, pero no pudieron detener el proceso. Las reducciones
presupuestarias y, los cierres de camas, la presión sobre el
personal, siguen siendo la norma. En los hospitales importantes como
los de Herlev y de Hidrove, cerca de Copenhague, han tenido lugar huelgas.
Recientemente más de 60 000 personas se han manifestado contra
las restricciones relativas a los hospitales de la isla de Funene.
Italia
Miles de camas han sido suprimidas, numerosos servicios han sido cerrados,
el personal ha sido reducido, especialmente por lo que se refiere a
las enfermeras.
Los principales argumentos, son siempre los de la reducción de
costes, la entrada en Europa, el respeto del Pacto de estabilidad.
En 3 años, entre 2000 y 2003, 185.000 puestos, han sido suprimidos.
Sólo en Lombardía, 7 200 camas para grandes enfermos han
sido cerradas entre 1996 y 2002, mientras que el número de camas
aumentaba en 3 250 camas en el sector privado.
3 000 millones de recortes presupuestarios para la salud, han sido perpetrados
en la ley de finanzas votada en diciembre de 2006, "para satisfacer
los criterios de Maastricht y reducir el déficit público
al 2,8% a partir del año 2007.".
Las consecuencias: para todos los trabajadores y todos los los que no
pueden permitirse un seguro privado, la salud se convierte en un verdadero
problema. Numerosas personas se mueren de enfermedades que pueden curarse
pero que se han diagnosticado tarde o han sido mal cuidadas. Los hospitales
piden a los pacientes volver a sus casas después de operaciones
importantes y se descargan, sobre las familias, de los cuidados, de
la asistencia y de todos los costes
Los recortes en los gastos presupuestarios son precisamente allí
donde es posible realizar el máximo beneficio y se les dirige
hacia el sector privado según un modelo del tipo del de los Estados
Unidos. Ciertamente a continuación se podrá decir que
ya no hay listas de espera, por una razón muy sencilla, y es
que la gente no tendrá ya los medios de cuidarse. Detrás
de eso, hay enormes intereses.
En el municipio de Turín, hay seis residencias para ancianos,
cuestan 25 millones. Será una batalla el mantenerlos porque el
responsable de la salud quiere reducir su número.
Aquí en el Piamonte ¡Para una persona que tiene un tumor
grave, que requiere una consulta y cuidados urgentes, son necesarios
40 días de espera!
Y ¿qué pasa en los países que acaban de integrarse
en la UE?
Hungría
¡Quieren cerrar 17 000 camas de hospitales!
El año 2006 no habrá sido el del triunfo en la Salud Pública,
sino el año en que los que pretendían hablar en nombre
de los intereses de los enfermos no estaban, en absoluto, calificados
para hacerlo. (...). El programa de las "reformas de convergencias?
enviado a Bruselas ante la Comisión Europea para 2007 y el presupuesto
para la Salud Pública van exactamente en el sentido contrario
a la voluntad de los electores.
Actualmente hay alrededor de 80 000 camas de hospitales. Y deben disminuír
hasta 71 000. Las camas "activas" van a pasar de 60 000 a
44 000. Las camas que acogen a enfermos crónicos van a aumentar
de 20 000 a 27 000.
Todo eso tendrá como consecuencia, que se cerrarán varios
hospitales "activos" o transformados en hospitales "paliativos".
Los habitantes de los pueblos y pequeñas ciudades se verán
obligados a hacer viajes muy largos para acceder al hospital central.
Varios millares de médicos y de enfermeros van a perder su trabajo
o a hacer reciclajes para dedicarse al cuidado de ancianos.
En el país, día tras día, hay manifestaciones locales
para defender los hospitales de proximidad, manifestaciones que agrupan
unidos a enfermos, habitantes y personal de sanidad.
El Gobierno ha puesto fin a la gratuidad de la salud.
"El Gobierno húngaro ha puesto fin, el jueves, a la gratuidad
de la salud. Los pacientes deben, en adelante, pagar un "pago de
visita" de 300 florines (1,2 euro) para los exámenes médicos
y por cada día de hospitalización (...).
Ese tique disuasorio, no es más que una de las numerosas medidas
que Budapest está completamente decidida a aplicar para intentar
reflotar sus cajas públicas. El gobierno ya ha hecho saber que
pensaba cerrar en los próximos meses siete hospitales públicos.
El Ministerio de Salud prepara también una reestructuración
del sistema de seguro de enfermedad. El objetivo es animar a los húngaros
a suscribir pólizas privadas de seguros a fin de reducir las
cargas de la Seguridad Social. La edad de la jubilación, que
actualmente está fijada en 62 años, podría, por
fin retrasarse a partir de 2009 (...).
El déficit nacional (aún no publicado oficialmente) ha
debido aproximarse al nivel del 10% del año pasado. La ley de
finanzas para 2007 prevé reducir este cociente al 6,8% del PIB.
El cabo del 3,2% debería, por su parte, alcanzarse a partir de
2009.
Por el momento, el Primer Ministro garde le cap guarda el cabo de la
austeridad, a pesar de manifestaciones en las calles de Budapest."
(Les Echos, 19 de febrero de 2007)
Rumania
Estamos habituados a considerar la salud como un problema de interés
público. La salud de una nación depende de la salud de
sus miembros. Y la primera preocupación, en este sentido, debería
ser precisamente el acceso gratuito y sin obstáculo a los servicios
médicos. Una norma de la que nos hemos beneficiado durante algunas
decenas de años. Esta era una de las grandes conquistas obtenidas
después de la Segunda Guerra Mundial.
La gratuidad se ha mantenido hasta el 1 de enero de 1999. Antes de 1999,
la asistencia médica era gratuita. La introducción de
los seguros privados ha conducido a la escasez de medicamentos y de
material sanitario, al cierre de unidades hospitalarias, a la reducción
del número de camas, al cese de inversiones. Lo que ha tenido
consecuencias para los enfermos de llegar a morir en los hospitales
o a su puerta, porque algunos, fuera del "sistema de seguro",
no se benefician ya de estos servicios. Hay casos famosos de personas
transportadas en ambulancia y "descargadas" en la calle, donde
murieron.
La destrucción de la salud no se para en eso. Bajo el pretexto
de que tenemos demasiadas camas de hospitales (en condiciones en que,
a menudo, hay personas a dos por cama), la reducción de éstas
ha continuado, e incluso la liquidación íntegra de algunos
hospitales o de algunas de sus secciones.
Se ha "argumentado" que en la Unión Europea, existe
una media de 4,2 camas por 100 habitantes mientras que en nuestro país
la media es de 7,2.
¿Existe realmente un excedente de camas? No, en realidad, ese
es otro invento para reducir el dinero asignado para los hospitales.
He aquí las declaraciones de algunos dirigentes sindicales del
departamento del Dolj, en el momento en que se planteó el problema
del cierre del Hospital de Poiana Mare.
"La gente está asustada. Recibimos mensajes de ánimo
de todas las filiales SANITAS de la Olténia. Puedo decir que
durante la noche hemos recibido mensajes de amenaza en los teléfonos
móviles advirtiéndonos de que si no renunciábamos
iban a disparar sobre nosotros con balas de goma. Estos mensajes cesaron
en el momento en que descubrimos que era la Policía Local.",
ha declarado a Ileana Ionescu, la Presidenta de la filial departamental
de Dolj de la Federación Sindical SANITAS. Según la dirigente
sindical de los asalariados del hospital de neuropsiquiatría
de Poiana Mare, Marcela Ticu, los 300 asalariados de esta unidad médica
dimitirán en caso de que no se renunciara a la decisión
de cerrar el hospital.
Suiza
Suiza: un país que no es miembro de la Unión Europea,
y que sufre todas las consecuencias del Pacto de Estabilidad.
La puesta en práctica de las políticas de austeridad a
nivel financiero, freno al endeudamiento, que se ajusta totalmente a
los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, ha provocado
en los cantones francófonos, los que conocemos debido a nuestra
implantación, a cierres masivos de camas de cuidados de enfermedades
agudas, a la liquidación de los hospitales de proximidad, las
maternidades, los servicios de urgencias, etc.
Ahora, son los estatutos, los convenios colectivos y otras garantías
para el personal, lo que se pone en entredicho con, como en Neuchâtel,
reducciones de salarios qe pueden ir hasta a ¡1 000 Frs al mes,
es decir 650 euros al mes!
La política de la Unión Europea se encuentra en la creación
de hospitales intercantonales, estructura que no tiene ningún
fundamento jurídico ni administrativo y que sólo permite
la existencia de hospitales privados que colocan al personal fuera del
estatuto. Las condiciones de trabajo en estos sectores, son dignas del
siglo XIX con el trabajo sobre llamada, horarios de trabajo que pueden
llegar hasta más de 70 horas sin interrupción en los quirófanos
y en las urgencias. Y esto a menosprecio de la ley y de toda norma de
seguridad.
¡En cuidados intensivos de pediatría el personal debe recurrir
a la familia para supervisar el control del prematuro!
Los cierres de camas en el cantón de Vaud
Desde 1990 a 1998, nuestro cantón ha suprimido 800 camas de hospitales.
Aún hay cambios de uso: camas de cuidados de enfermedades agudas
se han convertido en camas de EMS. En 2001, el CHU de Vaud ha cerrado
la mitad de los quirófanos.
Hoy, la subcapacidad hospitalaria es general: servicios de urgencias
bloqueados, escasez de camas en los hospitales, etc.
Lo que no quiere decir que en la Suiza germanófona no pase nada,
pero aquí la planificación hospitalaria es una competencia
cantonal y pocas personas tienen una visión de conjuntos a escala
nacional.
II - La política de la Unión Europea destruye
los Sistemas de Protección Social de toda Europa
Por todas partes, la constatación es la misma: existe un supuesto
déficit de las cajas de Seguridad Social.
Las razones alegadas son las siguientes: envejecimiento de la población,
exceso de recetas por parte de los médicos, exceso de "consumo",
por parte de los asegurados, regímenes de jubilación costosos
y garantizando privilegios a algunas categorías de asalariados,…
De entrada, es necesario restablecer la verdad: son por una parte las
exenciones de cotizaciones patronales y por otra parte, las medidas
de fiscalización de los regímenes de seguridad social,
las que vacían las cajas de Seguridad Social.
En Francia, las exenciones de cotizaciones sociales concedidas a los
patronos se elevan a 175 000 millones de euros para el período
1991-2005. El proyecto de ley de financiación de la Seguridad
Social para 2007 prevé la supresión del 2,1% de cotizaciones
de Seguridad Social para los salarios al nivel del SMIC en las empresas
con menos de 20 asalariados. Sólo en el año 2005, los
dueños se embolsaron 23 600 millones de euros de exención
de cotizaciones.
En Alemania, nuevas exenciones patronales están previstas por
la "reforma" de la salud votada por el Bundestag en febrero
último.
En Italia, los gastos de salud eran financiados hasta 1996 por la "contribución
nacional obligatoria de salud" pagada por los asalariados, por
un lado y los patronos por el otro. En 1996, el primer Gobierno Prodi
suprimió esta contribución y la sustituyó por un
impuesto calculado sobre una base regional, siendo el objetivo, reducir
la contribución de los patronos. Añadamos que las exenciones
de cotizaciones patronales ascienden en Italia a 9 000 millones de euros
al año.
En Bélgica, las exenciones de cotizaciones patronales suman 6
000 millones de euros al año.
En Hungría, el gobierno disminuyó en varios miles de millones
de florines, sus pagos a la Caja de Salud (la Seguridad Social está
a cargo del Estado en Hungría).
En Rumania, la ofensiva ha tomado también la forma de la fiscalización
del Seguro de Enfermedad. Así pues, hasta 1999, la asistencia
médica era gratuita. Después, el gobierno ha introducido
los Seguros Sociales y, en 2002, la Caja Nacional del Seguro de Salud
(CNAS) pasó bajo el control de Ministerio de Salud, lo que permitió
al gobierno, desviar presupuestos normalmente destinados a los gastos
de salud hacia otros sectores. Así pues, los fondos asignados
por las Cajas del Seguro de Salud para los medicamentos, se agotan a
partir de los primeros días de cada mes. Los asegurados deben
pues pagar los medicamentos.
En Turquía, ese es también el caso. El Instituto de la
Seguridad Social (IAS), que permitía entregar proporcionar servicios
de salud a la población, ha sido colocado bajo el control del
Ministerio de Salud.
Eso es lo que ha permitido abrir la vía a la privatización
de numerosos servicios.
El tono lo da el Banco Central Europeo, que resume así los objetivos
de la Unión Europea en su carta mensual de abril de 2003: "El
aumento de la edad de la población va a tener un impacto considerable
en las economías de la zona euro (...), el gasto público
en materia de salud y cuidados de larga duración, va a acrecentarse
en relación con la continuación de los progresos técnicos
en medicina, mientras que en estos servicios, la demanda crece en función
del aumento de la población anciana. Además, la disminución,
y por lo tanto la inversión de tendencia en materia de empleo
de los ancianos, ejerce una presión a la baja sobre el crecimiento
económico (...). Es necesario realizar reformas rápidamente,
con el fin de hacer frente al aumento de la edad de la población
(...). Estas reformas deberían hacer soportables financieramente,
los Servicios Públicos de Jubilación así como las
disposiciones en materia de salud y cuidados de larga duración,
limitando el riesgo del sector público y facilitando la financiación
privada.".
La "solución" es la misma en todas partes: es necesario
ahorrar.
¿Cómo? Reduciendo el coste laboral, es decir:
o Aumentando l' edad de jubilación y poniendo en entredicho los
regímenes de jubilación por distribución;
o Suprimiendo los monopolios y permitiendo que la protección
social se convierta en un mercado;
o Aumentando el número y el importe de los ?restos a cargo? para
los pacientes;
o Desarrollando la automedicación;
o Generalizando el recurso a los medicamentos genéricos.
Y ¿De dónde viene este saqueo que dilapida los fondos
de la Seguridad Social en detrimento del derecho a los cuidados? De
la Unión Europea y de las directivas integradas.
La directiva integrada no. 15 exige: "Los Estados miembros deberían
reforzar las medidas de incentivo económico, incluso mediante
una simplificación de los sistemas fiscales y una reducción
de los costes no salariales del trabajo.".
Lo que la Unión Europea llama "costes no salariales del
trabajo", es el salario diferido. Y he aquí, cómo
ha respondido el gobierno francés a esta prescripción
en su Plan Nacional de Reforma (PNR): "Reducir las cargas, principalmente
sobre los bajos salarios, constituye, desde hace varios años,
una política constante de Francia. En efecto, son casi 20 000
millones de euros, los que hoy se dedican a reducciones de cotizaciones
sociales (...). Estas medidas de exenciones generales provienen de un
movimiento continuo desde su creación en 1993.".
Estas son las consecuencias de este saqueo organizado por la Unión
Europea:
1 - La impugnación de todos los regímenes de jubilación
por distribución
y el aumento de la edad inicial de la jubilación
La cumbre de Barcelona en marzo de 2002 había indicado en el
apartado 32 de su informe de conclusiones: "Sería necesario
buscar da aquí a 2010 aumentar progresivamente en alrededor de
cinco años la edad media efectiva a la que cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional.".
En aplicación de esta cumbre de Barcelona, en toda Europa, los
gobiernos -cualquiera que sea su color político-, han buscado
ampliar la edad inicial para la jubilación.
Y ¿De dónde viene la nueva aceleración de la destrucción
de los sistemas de jubilación?
El 3 de marzo de 2004, la Comisión Europea publicó lo
que calificó como "un documento estratégico",
titulado
"Europa debe utilizar mejor a sus trabajadores mayores".
En este documento, mencionando las decisiones de Barcelona de "aumento
de la media de edad para la salida del mercado laboral en aproximadamente
cinco años de aquí a 2010.", la Comisión Europea
indica: "Los progresos hacia la realización de estos objetivos
son decepcionantes.". Y, a partir de esta valoración, se
resume toda la orientación del documento de la Comisión
Europea en una serie de fórmulas conminatorias en dirección
a los Estados miembros: "Son necesarios esfuerzos mucho más
sostenidos.", "los Estados miembros deben tomar medidas radicales.".
El 25 de enero de 2006, la Comisión Europea reactivó su
ofensiva en un nuevo documento, títulado "Pasemos a una
velocidad superior: la nueva asociación para el crecimiento y
el empleo" y adoptado en la Cumbre Europea de marzo de 2006. En
este documento, la Comisión Europea exige: "En el marco
de sus reformas de los sistemas públicos de jubilación,
los Estados miembros deberían reforzar los incentivos financieros
para que los trabajadores con antigüedad permanezcan en actividad
(...), por ejemplo adaptando la edad legal inicial para la jubilación.".
¿Cómo se han traducido estas medidas en los distintos
países europeos?
En Francia, en 1993, la contrarreforma Balladur fue la prolongación
de la promulgación del Tratado de Maastricht. Éste impuso
los famosos criterios de convergencia (en particular, la obligación
de no superar un 3% del PIB en déficit público) colocando
los gastos de Seguridad Social bajo este yugo. Luego, en 2003, la contrarreforma
Filón amplía la edad inicial para la jubilación
(de 37,5 a 40 anualidades para los funcionarios, 41 y luego 42 anualidades
para los asalariados del sector privado).
El Primer Ministro francés, entrevistado en enero de 2007 para
Les Ehcos, responde a la siguiente pregunta: "Su objetivo para
el equilibrio de la hacienda pública, es 2010. ¿Prorrogarlo
a 2012, como preconiza la UMP, le parece imperdonable?".
"Es importante mantener este plazo, ya que, una vez que se abre
una brecha, sabemos lo que viene. El otro reto, son las jubilaciones.
La reforma de 2003 volvió a poner el sistema sobre la buena vía,
pero no se han resuelto todos los problemas. Si queremos garantizar
la continuidad de las jubilaciones, seamos claros con los franceses:
será necesario trabajar mucho más tiempo, para incorporarse
al conjunto de los grandes países europeos. Debemos mejorar también
la legibilidad de nuestro sistema: todo el mundo debe saber, exactamente
cuánto va a ganar. Finalmente, es necesario más justicia
y equidad. La cita de 2008 deberá ser la ocasión de abordar,
individualmente y en la concertación, la cuestión de los
regímenes especiales. Algunos oficios que eran penosos antes,
ahora ya no lo son, no se compensan otros que han pasado a serlo y bastante.
Desde ese punto de vista, lamento que la negociación entre los
interlocutores sociales sobre los oficios penosos no haya tenido éxito.
Para avanzar, constituiré en las próximas semanas la Comisión
de Revalorización de las Pensiones prevista mediante la ley de
2003.".
En Alemania, el Bundestag votó (el 9 de marzo último)
la ampliación de la edad de la jubilación a los 67 años.
En Hungría, la edad inicial para la jubilación se retrasó
hasta los 65 años (en un país donde el importe de las
pensiones es muy escaso y donde, por lo tanto, los pensionistas están
obligados a seguir trabajando).
En Dinamarca, la edad de la jubilación va a pasar de 65 a 67
años.
En Turquía, la reforma de la Seguridad Social, votada recientemente,
ha permitido aumentar también allí, la edad inicial para
la jubilación.
2- El desarrollo de la automedicación
En Francia, un informe encargado por el gobierno fomenta "la compra
directa de medicamentos en farmacia por los usuarios, sin pasar por
la consulta médica. Y, en consecuencia, sin reembolso.".
"Bastaría con que un 5% de los medicamentos prescritos pasen
a la automedicación para realizar 2 500 millones de ahorro.".
Según este informe, Francia que se sitúa "en cabeza
de los mayores consumidores de medicamentos del mundo.", es, paradójicamente
"uno de los últimos en Europa en el mercado de la automedicación.".
Como comparación, un Alemán gasta 60 al año
para cuidarse, frente a los 27 de un Francés y los 40
de un Inglés o un Italiano. Principal explicación
de este comportamiento: el interés del paciente para verse rembolsar
sus gastos por la Seguridad Social. "En Francia, la inmensa mayoría
de los productos de prescripción médica es reembolsable
(75%).", precisa el informe.
En octubre de 2006, el diario La Tribune dedicaba una página
bajo el título: "Europa se aferra a los costes de la salud",
que describía las medidas de ahorro tomadas en los países
de la Unión Europea.
Uno de los artículos titulado: "¡Los asegurados cobran
dinero por no ir al médico!", volvía de nuevo sobre
la prima a la "no consulta" en los Países Bajos (o
sea ¡hasta 255 para todos los asegurados sociales, que
no fueron hospitalizados y no recibieron ninguna prescripción!).
3 - El desarrollo de los medicamentos genéricos
En Francia, la ley 2006/1640 del 21 de diciembre de 2006 de financiación
de la Seguridad Social para 2007, publicada el 22 de diciembre en el
Journal Officiel, tiene por objeto reducir el "déficit"
de la Seguridad Social, de alrededor de 10 000 millones de euros en
2006, a 8 000 millones de euros en 2007, para un importe total de gastos
de 295 500 millones, superior al presupuesto del propio Estado (267
000 millones de euros), en aplicación del artículo 104
del Tratado de Maastricht.
La ley fija, en particular, los objetivos de control de los gastos.
Prevé ahorros que deben realizarse, gracias a la lucha contra
los abusos y fraudes a las prestaciones sociales, prosiguiendo los "esfuerzos"
sobre los medicamentos, con la supresión del tercio pagado para
los pacientes que rechazan un genérico,...
Añadamos que la Directiva europea 2004/27/CE prevé (punto
2 del artículo 88), que "los medicamentos que están
destinados utilizarse sin la intervención de un médico
pueden ser objeto de una publicidad para la opinión pública.".
El informe sobre la automedicación (citado más arriba)
precisa (página 14): "Los medicamentos de automedicación
son denominados de "precio libre", es decir que, a todos los
niveles (fabricante, mayorista, dispensador,...), el precio, los márgenes,
no son administrados, ni controlados.". Y, he aquí, de nuevo
la "competencia libre y no falseada" (artículo 87 del
Tratado de Maastricht), tan querida para la Unión Europea.
4 - Otras medidas contra los asegurados sociales
En Francia: instauración de penalizaciones por incumplimiento
del curso de los cuidados (1 por consulta y por acto médico)
y paso obligatorio por el médico de cabecera (aumento del 10%
de la participación financiera del enfermo en caso de recurso
directo a un especialista), aumento del pago único hospitalario
(+ 14,3% en dos años, en Francia), instauración de franquicias
para algunos actos (18 cuando el coste de los actos sobrepase
los 91 ), cuestionamiento de la asunción al 100%, para
los enfermos aquejados de una afección de larga duración;
En Italia: aumento del "tique sanitario", (35 pagados
por el paciente para una visita a urgencias);
En Bélgica: instauración de suplementos de honorarios
en los hospitales, de suplemento de habitación, del no reembolso
de algunos medicamentos;
En República Checa: introducción de gastos suplementarios
no cubiertos por el seguro Salud Pública (medicamentos, entrada
y estancia a l' hospital);
En Hungría: aumento del 8,5% del importe de la cotización
salarial a la caja de jubilación.
Ello en aplicación, allí también, del artículo
104 del Tratado de Maastricht, que incluye los gastos de la Seguridad
Social en los gastos públicos sujetos al procedimiento de los
"déficit excesivos".
En un informe sobre la protección social y la inclusión
social, publicado el 19 de febrero de 2007, la Comisión Europea
exige "la fijación de límites máximos generales
de gastos, la participación (de los enfermos), en el coste de
las prestaciones.".
5 - La supresión del monopolio de los sistemas de Protección
Social
En Francia, se incita a los enfermos a pagar, cada vez más caro,
una cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se externalizan algunas
actividades hasta ahora asumidas por las cajas de Seguridad Social:
por ejemplo el la limpieza, la imprenta, la formación, las hojas
de cuidados, son tratadas por algunas sociedades privadas, los centros
de pago cierran uno tras otro, se establece plataformas telefónicas
de pago que no tienen acceso a los expedientes de los asegurados…
En Rumania, también se generalizan los seguros privados de salud.
Son utilizados para pagar la diferencia entre las sumas cubiertas por
los Seguros Sociales de Salud y las sumas pagadas por los enfermos por
las prestaciones de cada prestatario de servicios médicos y farmacéuticos,
así como para el pago de los servicios médicos no asumidos
por los Seguros Sociales de Salud.
En Turquía, desde el momento en que el ISA pasó bajo el
control del Estado -de lo que el gobierno se ha aprovechado para reducir
sus contribuciones-, los seguros privados se generalizaron.
Es la Resolución 2000/2009 del Parlamento Europeo que apunta
"a hacer jugar a los seguros complementarios un papel cada vez
más importante en el mercado interior, en materia de cobertura
de distintos riesgos de enfermedad.".
En consecuencia, la Comisión Europea considera que la ley belga
de 6/08/1990 sobre las mutualidades "no ha aplicado correcta e
íntegramente las disposiciones de dos directivas (73/239/CEE
y 88/357/CEE sobre la libertad de las prestaciones de las compañías
deseguros).". Se acusa así al gobierno belga de favorecer
a las mutualidades que compiten con las compañías privadas,
cuando ellas ofrecen una cobertura complementaria al marco legal (seguro
de hospitalización, cuidados a domicilio, etc.).
Es el artículo 87 del Tratado de Maastricht el que estipula que
"son incompatibles con el mercado interior, las ayudas concedidas
por los Estados miembros o por medio de los recursos estatales en cualquiera
de sus formas que falsean o amenazan con falsear la competencia favoreciendo
algunas empresas o ciertas producciones.".
Añadamos que, el 26 de septiembre de 2006, la Comisión
Europea publicó una comunicación sobre los servicios de
salud, llevando a cabo una "consulta pública". Es sobre
la base de los resultados de esta "consulta" que la Comisión
Europea debe proponer una Directiva "salud". La comunicación,
mencionando al mismo tiempo el "respeto de la responsabilidad de
los Estados miembros en materia de Servicios de Salud y Cuidados Médicos.",
precisa: "El Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición
no excluía la posibilidad de imponer a los Estados miembros adaptaciones
de su Sistema Nacional de Seguridad Social, debido a otras disposiciones
del Tratado, como el artículo 49/CE.". El artículo
49/CE estipula: "Las restricciones a la libre prestación
de servicios en el interior de la comunidad están prohibidas.".
Los sistemas nacionales de Seguridad Social, serían así
directamente puestos en entredicho por esta Directiva europea en preparación.
¡Eso significa que en Francia, sería necesario poner en
entredicho el monopolio de la Seguridad Social de 1945!
III - Las "asociaciones Sector público-Sector privado"
(APP)
La asociación entre los sectores público y privado (APP)
está en el centro del dispositivo establecido por la Unión
Europea que, en un libro verde le da el nombre de "servicio de
interés general", que asocia los Servicios Públicos
y a las compañías privadas.
El Banco Central Europeo precisaba en su carta mensual de abril de 2003
titulada "Una reforma completa es necesaria para hacer frente al
aumento de la edad de la población": "Es necesario
establecer rápidamente reformas con el fin de hacer frente al
aumento de la edad de la población (...). Estas reformas deberían
hacer financieramente sostenibles los servicios públicos de jubilación
así como las disposiciones en materia de salud y cuidados de
larga duración limitando el riesgo del sector público
y facilitando la financiación privada y los incentivos.".
Aunque la forma difiere de un país a otro, las asociaciones "público-privado",
constituyen así el común denominador de todos los países
de la Unión Europea.
Gran Bretaña
El instrumento financiero de la asociación pública privada
es el PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Se puso a punto
por el Gobierno Thatcher que se sirvió de ello para la privatización
de los ferrocarriles a partir de entonces hoy es utilizado por el Gobierno
Blair.
De 1998 a 2005, el Banco Europeo de Inversión ha efectuado más
de mil millones de libras esterlinas de préstamos para establecer
PFI.
El PFI funciona así: el Estado hace asumir a un inversor privado
el coste de la construcción, del desarrollo y del mantenimiento
de un hospital. Pero hay, evidentemente, una contrapartida. Las compañías
privadas y sus consejos de administración, que exigen rendimientos
sobre inversión de, al menos un 10% al año, no son filántropos.
El Estado se compromete pues, a pagar unos ingresos anuales durante
30 años.
Según el propio Ministerio británico de Salud, la construcción
de un hospital privado que cuesta 8 000 millones de libras a la compañía
privada "socia" del Servicio Público terminará
por costar 53 000 millones de libras de ingresos al NHS durante 30 años.
En respuesta a una pregunta oral planteada a la Cámara de los
Municipios por un diputado conservador, el gobierno reveló que
el coste actual total del PFI en el NHS es de 45 000 millones de libras,
sólo para el año 2006. Una suma pagada por el contribuyente
que sobrepasa -en gran medida-, el supuesto déficit del NHS y
que bastaría para restaurar definitivamente un "servicio
de salud gratuito y universal" si se invirtiera en el Servicio
Público mediante una ley de re-nacionalización.
No hay pues déficit del NHS en Gran Bretaña.
Examinemos ahora lo que estipulan estos contratos de 30 años.
Como el firmado por el Worcestershire Real Hospital. En 2003, según
las cifras oficiales, este hospital informaba un seudo "déficit"
de 22 millones de euros. La dirección decide que el hospital
deberá, en adelante, funcionar al 98% de su capacidad para "recuperar"
este "déficit", imponiendo medidas drásticas
al personal.
Pero, el contrato firmado, 7 años antes con la compañía
Catalyst, preveía en una de las cláusulas que ¡el
hospital no debería nunca superar un 90% de su capacidad de funcionamiento!
¡El Worcestershire Real Hospital, en consecuencia, fue condenado
a pagar una multa de 292 000 euros a su "socio" Catalyst!
Estos contratos prevén, por tanto, no sólo el saqueo de
los fondos públicos sino también la limitación
forzada de las capacidades de cuidar, es decir la destrucción
de lo que fue alcanzado por el desarrollo de la civilización.
Tomemos el caso de la ciudad de Lymington donde hay actualmente un proyecto
PFI, para la construcción de un nuevo hospital privado en competencia
con el hospital existente. Según el responsable sindical local,
no habrá ya servicio de maternidad, ni unidad reservada a los
discapacitados.
Ejemplos como éstos existen por millares.
Bajo el pretexto de reducir un déficit que no existe, para poder
pagar la renta anual a las compañías privadas de las que
el NHS se convirtió en el aparcero por orden de Bruselas y del
gobierno, son millares de camas, de servicios, de puestos los que son
suprimidos (ver parte I).
Italia
En Italia el proceso de privatización de la salud toma la forma
de firma de convenios entre el Sistema de Salud Pública -regionalizado
en una primera etapa- y el sector privado.
Primero, Se han transformado las USL (Unidades Sanitarias Locales) en
empresas. Luego, la segunda fase fue la regionalización. Los
directores de las USL se han encontrado dependiendo más directamente
de las Regiones y en consecuencia de un poder que los controla más
de cerca y directamente. Se castiga drásticamente cada exceso
del presupuesto y el director arriesga su puesto. Todos los presupuestos
de los hospitales, de los servicios, etc., no dependen ya de las exigencias
médicas, sino de la necesidad de contener los costes. Se concede
una prima a los directores que respetan los presupuestos y que recortan
los créditos.
En paralelo a este proceso de regionalización, ha comenzado el
proceso de privatización.
Las Regiones han comenzado a subvencionar, cada vez más, a los
hospitales privados, a través del procedimiento de los "convenios".
Francia
Los hospitales públicos son invitados a endeudarse directamente
o a través de las APP.
Para obtener subvenciones o ayudas, los establecimientos han debido
soportar un esfuerzo particular tomando de sus fondos propios, o recurriendo
al empréstito, no sin consecuencias, como lo menciona un estudio
de la sociedad de análisis y de supervisión financiera
Fitch Ratings. Hecho público en enero de 2006, este estudio indica
que la deuda de los hospitales podría duplicarse en los cinco
próximos años.
La sociedad de análisis indica que "para renovar sus edificios
y materiales, los hospitales públicos son instados a endeudarse
directamente o por medio de las asociaciones público-privado
(APP).". Según Nicolas Painvin, el analista autor del estudio,
"la deuda de los hospitales debe aumentar, respecto al plan "Hospital
2007" y al plan "Hospital 2012" recientemente anunciado.".
"Finalmente, la exposición de motivos del plan "Hospital
2007", es, de algún modo: "es necesario invertir, y
vamos a ayudarles a endeudarse".", explica. "Los hospitales
tienen necesidades importantes en materia de inversión. Los prestamistas
se preguntan sobre la solvencia a largo plazo. A corto y a medio plazo,
seguramente, el interrogante, realmente no se plantea. En cambio, a
largo plazo, hay un auténtico interrogante.".
Por otra parte, la situación presupuestaria de los establecimientos
es, por lo menos, tensa. Según las cifras, para 2006, comunicadas
por el DHOS, un 34% de los establecimientos presentaron una Cuenta de
Resultados provisional de su EPRD en déficit, mientras que el
43% han efectuaron una exacción sobre su fondo de operaciones.
Inevitablemente, esto tendrá una repercusión sobre las
inversiones y conducirá al agotamiento de la capacidad de inversiones
para algunos establecimientos.
¡El documento ministerial preconiza "la eficiencia"
y la evaluación del beneficio sobre inversión, así
como sobre la "problemática de la externalización
(que) debe evaluarse y seguir explorándose en todas sus dimensiones,
tanto en la gestión de los activos inmobiliarios como en las
funciones técnicas y logísticas."!
Por lo que se refiere a los discapacitados, con la ley Montchamp, es
peor aún, la gestión del MDPH (Casa Departamental de Personas
Discapacitadas) y el nuevo fondo departamental de compensación
de la discapacidad se confía a un GIP (Agrupamiento de Interés
Público) que introduce intereses privados: asociaciones, organismos
gestores de establecimientos, "servicios destinados a las personas
discapacitadas [o] que aseguran una función de coordinación.".
La nueva ley generaliza así la retirada del Estado y la privatización
de la orientación y de la asunción de la discapacidad.
España
El Gobierno Aznar transfirió la salud a las "autonomías".
El Gobierno Zapatero ha renunciado a aumentar los gastos públicos
de salud. La situación así creada tiene como resultado
que la comunidad de Valencia entrega, por ejemplo, la asistencia sanitaria
del sector de Alcira a un hospital que pertenece a la compañía
de seguros Sanitas. La comunidad de Madrid lanza la construcción
de siete nuevos hospitales, según el procedimiento de las asociaciones
público-privado (APP). Es decir, que delega la dirección
de obras a estructuras financieras que se encargan de la construcción
y del mantenimiento de servicios enteros, abriendo así a los
especuladores de bienes inmuebles nuevos campos de extensión
en el sector de la salud.
República Checa
Pretextando la gestión insatisfactoria de los hospitales públicos
y el déficit presupuestario anual de algunos hospitales, las
14 regiones creadas en el país, se han comprometido en la transformación
de los hospitales públicos en sociedades de economía mixta,
es decir, en la vía de la privatización.
Hungría
Desde hace años, se han entablado discusiones sobre la privatización
y la forma de privatización: parcial o total. En algunos hospitales,
algunas actividades ya son confiadas a estructuras privadas (mantenimiento,
limpieza, administración y también laboratorios y servicios
de radiología). Estas privatizaciones implican el despido del
10% del personal, así como la pérdida de las conquistas
sociales (entre ellas la seguridad del empleo) del personal no despedido.
IV - Privatización, regionalización de Sistemas Públicos
de Salud
La regionalización es uno de los instrumentos que es utilizada
por la Unión Europea, en particular, después de la aplicación
del Tratado de Maastricht en 1992, para privatizar el Sistema Público
de Salud. Dos ejemplos en Europa son concluyentes: Italia y España.
Italia
Antes del Tratado de Maastricht existía un sistema nacional organizado,
basado en las Unidades Sanitarias Locales (USL), completamente públicas,
que recibían dinero directamente del Estado. Las USL eran unidades
locales precisamente, en el sentido en que representaban, sobre todo,
las estructuras de organización de la salud nacional. Por ejemplo,
una ciudad como Turín o Roma contaban con alrededor de una veintena
de USL que recibían el dinero en función de sus peticiones.
La primera transformación del sistema fue transformar las USL
en Empresas Sanitarias Locales. Eso corresponde al inicio de la aplicación
del Tratado de Maastricht. Los directores de estas ESL (ASL) introdujeron
criterios de gestión privada.
La segunda fase ha sido la regionalización que tuvo lugar bajo
el Gobierno de Centro Izquierda de 1996 a 2001, que se desenbarazó
directamente de toda la gestión de los presupuestos nacionales
sobre las regiones. Debían aplicar directamente el Pacto de Estabilidad.
Estas regiones se han visto obligadas a elegir: o recortar directamente
en los servicios -lo que ha llevado a millares de supresiones de camas,
a reducciones de personal y a cierres de hospitales-, o aumentar los
gastos a cargo de los enfermos (un tique de salud) y aumentar los impuestos
a nivel regional.
Hay que señalar que la regionalización de la salud se
insertó en la primera reforma de la Constitución (federalista)
establecida por el Gobierno de Centro Izquierda en octubre de 2001.
Esta reforma introduce el principio de subsidiariedad en la Constitución
así como el cumplimiento de la política europea. Esta
reforma sanciona la regionalización de la salud.
Consecuencias: algunas regiones como Sicilia, para respetar el Pacto
de Estabilidad, pusieron en venta los hospitales. Las primeras diferencias
entre las regiones comenzaron así a aparecer. Algunas regiones
han suprimido servicios, han cerrado hospitales, aumentado las tasas.
Naturalmente, las regiones más pobres, especialmente las del
Sur, fueron las más perjudicadas. Pero todas las regiones sufrieron
un daño porque en la base, está el hecho de que el Estado
reduce los fondos que deben transferirse a las regiones en nombre de
la aplicación del Pacto de Estabilidad.
Por ejemplo, los habitantes de Emilia Romagna que viven limítrofes
al Veneto prefieren ir a los centros del Veneto ya que se trata de una
región más rica, por tanto con mejores servicios, pero
como las prescripciones entregadas por un médico de una región
no se reconocen en otra, si empezó a ser tratado en una región,
es necesario continuar en la misma y comprar sus medicamentos en esta
región. Y si un ciudadano va de una región a otra, es
necesario rehacer las consultas para obtener las recetas.
Un informe oficial indica que, un paciente que elige pagar solamente
el tique espera una media de 40 días para una consulta o una
prueba. Pero para hacer un escáner en Nápoles, son necesarios
113 días y 180 días para un control cardiológico
en Monza.
Las regiones han comenzado a subvencionar los hospitales privados o
a introducir servicios privados en los hospitales públicos. ¡Así,
si el mismo paciente que debería esperar 180 días para
un control cardiológico elige el servicio privado en el hospital,
su espera desciende, por término medio a… ¡cuatro días!
Pero el coste de la consulta privada se sitúa entre 40 y 250
euros…
Ahora, el nuevo Gobierno Prodi propone una nueva "reforma"
de la Constitución que atribuiría a las regiones, plenos
poderes sobre la salud, sobre la escuela y sobre los impuestos. Eso
significaría que las regiones dependerían estrechamente
de los límites dictados por Bruselas.
España
Ante todo, es necesario no olvidar que, tras la muerte de Franco en
1975, el movimiento de los trabajadores y sus sindicatos impusiero la
unificación de las redes sanitarias que dependían antes
de las distintas administraciones. Así pues, los servicios sanitarios
que, bajo la dictadura, dependían de las autoridades locales
y regionales, las redes especializadas -como, por ejemplo, los hospitales
que trataban la tuberculosis-, dependían también de una
administración particular, se integró todo eso, en una
red única. Esta única red a escala de todo el país
unificó también las condiciones de trabajo y asimiló
el estatuto particular del personal de hospitales al Estatuto General
de la Función Pública.
Pero en 1992, después de la firma del Tratado de Maastricht,
el gobierno introdujo, en aplicación de las directivas europeas
y del Tratado, la separación entre la planificación de
la red sanitaria y el funcionamiento del servicio. Daba la dirección
de la red sanitaria a las regiones, pero la gestión de cada servicio
y hospital correspondían a otros organismos (ayuntamientos, Iglesia,
sector privado, departamento). Así, la regionalización
completa que existe abrió directamente la puerta a la gestión
privada de los hospitales.
Hoy día, el Ministerio de Salud es un Ministerio "vacío",
que sólo controla la red sanitaria de las ciudades marroquíes
bajo control español de Ceuta y Melilla, y las 17 regiones tienen
todas las competencias.
Por ejemplo, en la región de Andalucía se constituyó
un Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas Sanitarias pero
el personal de estas empresas no goza del mismo estatuto, depende de
un contrato de derecho privado y un 30% de su salario depende de la
productividad.
Así, algunos hospitales son administrados, por ejemplo, por
órdenes religiosas como el hospital del Aljarafe. Pero como la
Iglesia está contra la planificación de la natalidad,
este hospital no practica interrupciones voluntarias del embarazo.
En la región de Valencia, el Hospital de La Rivera, que es público,
es sin embargo, administrado por una Sociedad de Seguros que se llama
Sanitas. En Madrid, existe un plan para construir 10 hospitales que
serán administrados por empresas privadas. En paralelo a eso,
toda la ofensiva contra los médicos del hospital de Leganés
(véase el llamamiento de la Asociación de los médicos
de Leganés, página 41) pretende simplemente transformar
el Hospital Público en Fundación, es decir público-privado.
En efecto, hace cinco años, el Ministerio de Salud propuso transformar
todos los Hospitales Públicos en Fundaciones, en asociaciónes
público/privado y propone por lo tanto que se elimine el Estatuto
de los Trabajadores de la Salud.
Esta ofensiva, había fracasado en su momento a causa de la resistencia
de los trabajadores en movilizaciones en todo el país.
Ahora, se intenta en cada región aplicar medidas de privatización
sobre la base de un acuerdo de financiación celebrado en septiembre
de 2005 bajo el actual gobierno, acuerdo conseguido sobre la base de
la aplicación estricta de los criterios de Maastricht. Eso ha
llevado, rápidamente, a que los enfermos tengan un diferente
tratamiento según las regiones, en función de sus rentas,
ya que cada región tiene el poder de imponer tasas, de modular
los tiques disuasorios o moderadores, y buscar recursos.
Pero hay otra cuestión: la modificación radical de las
condiciones de trabajo de los médicos y del personal según
las regiones. Por ejemplo, El País del 14 de marzo de 2007 titulaba
en un largo artículo: "18 territorios, 18 carreras sanitarias".
Explica el detalle de las diferencias salariales que pueden alcanzar
2 000 euros entre un médico de Barcelona y un médico de
la región de Galicia.
V - La impugnación de los derechos de los discapacitados
En Francia, la Ley Montchamp es presentada como un
"avance para las personas discapacitadas".
Pero la Ley Montchamp, pone en entredicho los artículos fundamentales
de la Ley de Orientación de 1975 (llamada "Ley Lenoir"),
modifica el Código de la Familia y de la Acción Social,
así como el Código de la Educación que imponía
al Estado la obligación de garantizar la escolaridad de todos
los niños, o en una escuela ordinaria, o en un establecimiento
-o una estructura especializada-, cuando fuera necesario, en función
de la naturaleza y el grado de la discapacidad y/o las dificultades
de un niño.
La nueva ley obliga "al servicio público" a garantizar
esta escolarización "en el medio ordinario", sin ningún
respeto de los derechos del niño discapacitado a la enseñanza
y a los medios especializados que le son indispensables.
Esta ley programa la transferencia de los niños discapacitados
de los establecimientos especializados hacia las escuelas ordinarias,
que no disponen de las estructuras ni del personal cualificado, adecuado
a la naturaleza y al grado de su discapacidad. Es difícil no
ver los considerables ahorros que esta ley permite. Recordemos que un
niño en un establecimiento especializado cuesta 25 000
anuales por término medio frente a 7 000 en una escuela
ordinaria.
Cada aula podría incluir a varios niños minusválidos,
integrados sobre la base del proyecto personalizado derogatorio del
programa escolar nacional, que el profesor es reputado supuesto de respetar
en su clase.
No sólo el Estado se desentiende de la asunción especializada
de estos niños, sino que disloca las clases mediante la generalización
de las enseñanzas a la carta que substituyen al programa escolar.
¿Cuál es el origen de la Ley Montchamp?
Es la "no discriminación" en versión Unión
Europea.
¿Quién puede estar contra la no discriminación?
Nadie. ¡Por supuesto! ¡La Ley Montchamp parece descansar
sobre este principio, es decir, en realidad, sobre la Directiva europea
del 27 de noviembre de 2000 que prevé para los discapacitados
"garantizar" la accesibilidad al hábitat, a los transportes
y al puesto de trabajo… ¡A condición de que las adaptaciones
sean "razonables", respeten el "principio de realidad"
y no impongan a los patronos cargas "desproporcionadas"!
La Resolución del Consejo de la Unión Europea del 5 de
mayo de 2003 recuerda en el apartado 2: "El Tratado por el que
se constituye la Comunidad Europea da a la comunidad la posibilidad
de tomar las medidas con vistas a combatir cualquier discriminación
basada en (...) una discapacidad (...) respetando, al mismo tiempo,
plenamente, la responsabilidad de los Estados miembros sobre el contenido
de la enseñanza y la organización de los sistemas educativos.".
¿Más discriminación? Tienen "derecho"
al aprendizaje y a la precariedad. En efecto, leemos en el apartado
7: "para que los discapacitados tengan un mejor acceso a la enseñanza
y a la formación en la la óptica de una educación
a lo largo de toda la vida.".
El marco queda pues claro: para los discapacitados, como para todos
los trabajadores, la Unión Europea dice: más títulos
nacionales, sino la formación permanente con el aprendizaje nueva
fórmula desde los 14 años, que no conduce a ningún
título, a ninguna calificación.
¿Más discriminación? Tienen "derecho"
a no tener ya establecimientos especializados:
"Se da un nuevo impulso a los estudios, sobre soluciones de sustitución
que, aún siendo rentable, permiten a las personas discapacitadas
llevar una vida autónoma en sus comunidades o en su familia y
no en instituciones cerradas.". Cuando la Unión Europea
dice "cerradas", obviamente, es necesario incluir "especializadas",
con personal cualificado, generalmente funcionarios del Estado que hayan
recibido años de formación específica, excesivamente
costosas para los criterios de Maastricht que imponen un déficit
público próximo a cero. ¡Se precisa incluso que
las "soluciones de sustitución" deben ser "rentables"!
Esta ofensiva contra las instituciones especializadas se reafirma en
la Directiva europea 2078 que dice esto: "Un excesivo número
de personas discapacitadas, en particular niños, sigue siendo
aisladas, excluidas de la sociedad por el hecho de vivir en institución
(...). Se ha puesto el acento, fundamentalmente, sobre el derecho de
los niños discapacitados a crecer en un marco familiar y en la
colectividad. Un grupo de expertos elaborará las recomendaciones
para la desinstitucionalización de los niños discapacitados,
para la atención de niños a domicilio." (Consejo
de Europa, 24/04/2006).
¡Se cierran las instituciones adaptadas a su discapacidad, y se
los devuelve a su casa, "a domicilio"!
"La trampa que constituye el elevado nivel de las prestaciones"…
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones del 28 de noviembre de 2005 utiliza el concepto (página
3) de "igualdad de trato y de autonomía" y declara
"el derecho a participar en la vida de la sociedad"; ¡No
confundir con el derecho a la vida en sociedad!
"Habida cuenta de la situación demográfica actual,
el potencial económico de las personas discapacitadas y su contribución
al crecimiento económico y al empleo deben concretarse aún
más, sobre la base del orden del día social para el período
2005-2010 (...), con el fin de apoyar la estrategia de Lisboa (...),
invita a los Estados miembros a promover la integración de las
personas discapacitadas, en sus próximos programas de reforma
en favor del crecimiento y el empleo."
En el mismo documento, la Unión Europea constata que "la
tasa de inactividad de las personas discapacitadas es dos veces más
elevada que la de las no discapacitadas.". Todos los trabajadores
piensan que esta protección de los discapacitados frente al trabajo,
a la explotación, que crea condiciones, cada vez más difíciles
de vida para una persona no discapacitada es un acervo de civilización
totalmente positivo… Pues bien, para la Unión Europea, es lo
contrario:
"La trampa que constituye el elevado nivel de las prestaciones
percibidas con relación al de las remuneraciones y el riesgo
de perder estas prestaciones en caso de contratación, son factores
disuasivos importantes.", (página 5). Y para los que no
lo hubieran entendido todavía: "los regímenes de
discapacidad tienen repercusiones sobre las jubilaciones anticipadas.
Es necesario pues que las acciones en favor de las personas discapacitadas
apoyen aún más la actividad profesional y favorezcan la
prolongación de la vida activa, en particular, para prevenir
las jubilaciones anticipadas.". Claramente: ¡es necesario
romper los regímenes de incapacidad para volver a poner a trabajar
a estos discapacitados vagos!
Tony Blair había empleado mucho antes, esta recomendación,
de sobra, en Gran Bretaña, provocando una importante crisis política
dentro de su gobierno en 2000…
Para la Unión Europea, los discapacitados representan un potencial
de trabajo que debe entregarse a la explotación patronal. Los
estudios estadísticos de la Unión Europea citan 44,6 millones
de personas que consideran tener un problema de discapacidad, o sea,
un 16% de la población en edad de trabajar. "Muchas de entre
ellas pueden trabajar, de ahí la importancia crucial de una adaptación
del entorno laboral (...). La población en edad de trabajar disminuye
con relación a la población total. Es pues más
importante que nunca de sacar partido plenamente de la población
activa disponible, incluidas las personas discapacitadas.", (página
4)
Precisamente, la ley Montchamp reforma el sector denominado del "trabajo
protegido", y en particular los talleres protegidos que se convierten
en "Empresas adaptadas". Estas empresas podrán ser
creadas en adelante por empresas con ánimo de lucro -y no solamente
por asociaciones o colectividades locales-… pero no debemos soñar,
los trabajadores discapacitados, no tendrán nunca los mismos
derechos ni los mismos salarios de los no discapacitados: ¡para
el gobierno francés, como para la Unión Europea, la "no
discriminación" es un concepto de geometría variable!
Acta íntegra del
encuentro del 31 de marzo de 2007 - Bruselas
Presentación
Christel Keiser (Acuerdo Europeo de los Trabajadores, Francia)
Desearía, en nombre del Acuerdo Europeo de los Trabajadores,
presentar la información fundamental que figura en el memorando
europeo que hemos elaborado, a partir de la información que unos
y otros habéis comunicado. Este es el memorando que iremos a
llevar, si estáis de acuerdo, a los responsables de la Comisión
Europea que van a recibirnos el próximo lunes, memorando completado,
obviamente, por los elementos que váis a transmitir en esta reunión.
Es a los interrogantes planteados en este memorando a los que vamos
a pedir respuestas.
Pero antes de eso, es necesario volver de nuevo sobre la constatación
que todos hemos establecido: en todos nuestros países, desde
hace muchos años -especialmente, desde la aprobación del
Tratado de Maastricht en 1992-, estamos enfrentados al desmantelamiento
de nuestros Sistemas Públicos de Salud y nuestros Regímenes
de Protección Social. Los Estados de Situación que, todos
hemos comenzado a levantar, ponen de relieve una cosa: Esta política
de desmantelamiento, ha sido puesta en práctica por todos los
gobiernos, cualquiera que sea su color político, porque es el
resultado de la aplicación de las directivas de la Unión
Europea.
Yo no puedo abordarlo todo, pero querría volver de nuevo sobre
dos cuestiones que me parecen esenciales: la de la restricción
de los gastos de salud en todos los países y la del desmantelamiento
de los regímenes de protección social.
Estos son los hechos, acerca de los cierres de hospitales, la supresión
de millares de camas, la reducción de los gastos de salud y,
por tanto, de millones de empleos.
Nos han sido comunicadas las siguientes cifras:
o Entre 1992 y 2003, se han cerrado 86 000 camas en Alemania, 83 000
en Francia;
o Entre 1981 y 2003, se han cerrado 510 maternidades, o sea, cerca de
la mitad, en Francia;
o Tras las indicaciones de la "Sociedad Alemana de los Hospitales"
(DKG) de 2007, el número de los hospitales pasó de 2 345
a 2 139 entre 1995 y 2005, es decir, 186 menos; Al mismo tiempo, se
suprimieron 86 000 camas y se acortó la duración de estancia
en 2,8 días (pasando de 11,4 a 8,6); El número de las
personas empleadas en los hospitales disminuyó en alrededor de
100.000;
o Entre febrero y noviembre de 2006, se han suprimido 21 000 empleos
en el NHS (Servicio Nacional de Salud) en Gran Bretaña;
o Entre 2000 y 2003, se suprimieron 185 000 puestos en Italia y sólo
en la región de Lombardía, se cerraron 7 200 camas para
grandes enfermos;
o En Hungría, el número de camas "activas" disminuirá
de 60 000 a 44 000 en 2007;
o En Bélgica, el número de camas de hospital para 100
000 habitantes pasó de 772 en 1993 a 611,6 en 2004, lo que representa
una disminución por término medio del 2,4% anual. Eso
representa más de 14 000 camas suprimidas en 10 años.
En Bruselas, por ejemplo, la red IRIS de los hospitales públicos
programó el cierre de 190 camas en 2007.
o En Suiza, de 1990 a 1998, 800 camas de hospitales se suprimieron sólo
en el cantón de Vaud.
¿Cuáles son las consecuencias de esta política
para los enfermos y el personal?
He aquí extractos del testimonio de un médico francés,
en la rueda de prensa de la "Asociación Médica de
Defensa de la Deontología y los Derechos de los Enfermos dada
el 13 de febrero último:
"El Gobierno encargó a un profesor expedir la lista de los
servicios de cirugía que deben cerrarse. Misión realizada:
se entregó a las autoridades públicas, una lista de 113
servicios que deberían cerrarse. Nuestro país cuenta,
en total, con alrededor de 480 servicios de cirugía. ¡Increíble,
es pues a la cuarta parte de estos servicios a los que se le promete
al cierre! El argumento utilizado es el mismo, que el que sirvió
de pretexto al cierre de millares de maternidades, con las catástrofes
que se conocen después: muertes de neonatos, partos a domicilio
o en los coches sobre aparcamientos, muerte de mujeres embarazadas.
Se afirma, para justificar esta decisión, que estos servicios
no tendrían bastante actividad. La marca se fijó, el año
en 2 000 operaciones. ¿Por qué 2 000? ¿Por qué
no 1 000, o 3 000? ¿En qué estudios médicos se
basa? No existe ninguno. ¿La verdadera razón?
En la cumbre de Salónica del 21 de junio de 2000, se había
hecho una recomendación a Francia: "Supervisar atentamente
la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de los gastos
en el sector de la salud y llevar su evolución a un nivel más
soportable y, cuando proceda, adoptar nuevas medidas para lograr este
objetivo"."
En Bélgica, un estudio de la OCDE de mayo de 2005, dedicado a
la asistencia sanitaria, indica: "El Gobierno puede incitar a los
hospitales a reducir el número de camas excedentarias. (...).
Las autoridades tienen la intención de reforzar aún la
especialización y la cooperación entre hospitales al programar
la ofrece de servicios hospitalarios por cuencas de cuidados.".
Consecuencia: los hospitales de la red pública no están
ya presentes en cada zona del país.
En Dinamarca, sindicalistas explican que el número de tratamientos
en hospitales privados aumenta, mientras que los hospitales públicos
de menor importancia cierran. Desde el 1 de enero de 2007, los pequeños
hospitales, y también los hospitales públicos de media
capacidad, están amenazados de restricciones debido a la reforma
de los municipios. Se han suprimido millares de camas, se han cerrado
numerosos servicios, se ha reducido el personal, especialmente por lo
que se refiere a las enfermeras.
En Italia, un médico atestigua: "Para todos los trabajadores
y todos los que no pueden permitirse un seguro privado, la salud se
convierte, realmente, en un problema. ¡Numerosas personas mueren
por enfermedades que pueden curarse pero que se diagnosticaron tarde
o fueron mal cuidadas (...). Conozco el caso de una persona, que tiene
un grave tumor, que requiere una consulta y cuidados urgentes, fueron
necesarios 40 días de espera, aquí en el Piamonte!".
Por lo que se refiere a Hungría, el diario francés Les
Echos del 19 de febrero de 2007 señala: "El gobierno húngaro
puso fin, el jueves, a la gratuidad de la salud. Los pacientes deben,
en adelante, pagar una "tasa de visita" de 300 florines (1,2
euro) por las visitas médicas y cada día de hospitalización
(...). La tasa arancelaria no es, por añadidura, más que
una de las numerosas medidas que Budapest está totalmente decidida
a aplicar para intentar reflotar sus cajas públicas. El gobierno
ya hizo saber que pensaba cerrar en los próximos meses siete
hospitales públicos (...).".
En Rumania, una sindicalista del sector de la salud nos traslada la
siguiente información: "Bajo el pretexto de que tenemos
demasiadas camas de hospitales (en condiciones en que a menudo se hospitalizaba
a personas a dos por cama), la reducción de éstos ha continuado,
e incluso la liquidación íntegra de algunos hospitales
o de algunas de sus secciones. Se ha "argumentado" que en
la Unión Europea, exista una media de 4,2 camas para 100 habitantes
mientras que en casa la media es de 7,2. ¿Hay realmente un excedente
de camas? No, en realidad, esto es un hallazgo para reducir el dinero
asignado a los hospitales.".
En Suiza, algunos sindicalistas indican: "En nuestro país,
que no es miembro de la Unión Europea, pero que sufre todas las
consecuencias del Pacto de Estabilidad, la puesta en práctica
de las políticas de austeridad a nivel financiero, el "freno
al endeudamiento" que se ajusta en todo a los criterios de convergencia
del Tratado de Maastricht, ha conseguido en cantones francófonos
cierres masivos de camas de cuidados de enfermedades agudas, la liquidación
de los hospitales de proximidad, de maternidades, de servicios de urgencia,
etc.
Actualmente, son los estatutos, los convenios colectivos y otras garantías
para el personal las que se ponen en entredicho con, como en Neuchâtel,
reducciones de salarios -que pueden ir hasta 1 000 francos suizos al
mes-, es decir 650 al mes! ¡(…), en cuidados intensivos
de pediatría, se ha llegado a pedir al personal recurrir a los
familiares para supervisar el control del prematuros!".
Desde hace meses, incluso años, huelgas y manifestaciones se
multiplican en toda Europa contra el cierre de los hospitales, de las
maternidades, contra las "reformas" de la salud.
Ese es el caso en Gran Bretaña, donde millares de personas se
han manifestado en varias ciudades del país contra el cierre
del hospital local. En una localidad, 130 000 personas firmaron una
petición contra el cierre de la maternidad. En esta misma ciudad,
la directora local del NHS dimitió para protestar contra el plan
gubernamental. Explica: "Estos cinco últimos años,
he intentado presionar sobre la política de la dirección.
Estoy cada vez más preocupada de la utilización de las
compañías privadas en el NHS.". El secretario de
la Asociación Médica Británica informa: "Nos
queda un año para impedir que el servicio de salud sea convertido
en un pecio.".
Ese es el caso también en Alemania donde, en octubre pasado,
millares de trabajadores se manifestaron contra la reforma de la salud
a convocatoria de sus organizaciones sindicales.
En Dinamarca, tuvieron lugar localmente protestas contra el cierre de
los hospitales de proximidad. También tuvieron lugar huelgas
en hospitales importantes. Recientemente, más de 60 000 personas
se manifestaron contra las restricciones relativas a los hospitales
de la isla de Funene.
En Hungría, se han organizado manifestaciones locales, para defender
los hospitales de proximidad, manifestaciones que agrupan, unidos, a
enfermos, habitantes y personal de sanidad.
En Rumania, cuando se ha planteado el problema del cierre de un hospital
local, los responsables sindicales han convocado a la huelga y han declarado:
"Hemos recibimos mensajes de ánimo de todas las filiales
del sindicato de la región.". Podría también
hablar de Francia, de Italia, de Suiza, etc.
Pero ¿quién impone, por todas partes, el cierre de los
hospitales, de las camas, de los servicios, las supresiones de puestos,
las restricciones presupuestarias?
No sería necesario poner en relación esta política
con el artículo 104 del Tratado de Maastricht que estipula:
"1. Los Estados miembros evitan los déficit públicos
excesivos. 2. La Comisión supervisa la evolución de la
situación presupuestaria y el importe de la deuda pública
en los Estados miembros (...). Examina, en particular, si la disciplina
presupuestaria ha sido respetada."
El protocolo sobre el procedimiento relativo a los déficit excesivos,
anexado al Tratado de Maastricht, precisa:
"En el artículo 104 del Tratado y en el presente protocolo,
se entiende por público: lo que es relativo al gobierno general,
es decir a las administraciones centrales, las autoridades regionales
o locales y los fondos de seguridad social.", lo que incluye, pues,
todos los gastos de salud.
El 17 de junio de 1997, la Cumbre Europea de Amsterdam adoptaba una
Resolución relativa al "Pacto de Estabilidad y Crecimiento".
Esta Resolución constitutiva del Pacto de Estabilidad, estipulaba:
"Los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario,
a medio plazo, de una posición próxima al equilibrio o
excedentaria, de acuerdo con sus programas de estabilidad o convergencia
y, a tomar las medidas presupuestarios correctoras que consideren necesarios,
para lograr los objetivos enunciados en sus programas de estabilidad
o convergencia.".
Por otra parte, en Italia, en nombre del respeto del artículo
104 del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad, se han asestado
recortes presupuestarios -por 3 000 millones-, contra la salud, en la
ley de finanzas [ley de presupuestos generales del Estado - NDT], votada
en diciembre de 2006 con el fin de "reducir el déficit público
al 2,8% a partir del año 2007.". Y eso es cierto en todos
los países europeos.
En Hungría, según el diario francés Les Echos del
19 de febrero de 2007, "el déficit nacional ha tenido que
acercarse al nivel del 10% del año pasado. La ley de finanzas
2007 prevé reducir este cociente al 6,8% del PIB. El límite
del 3,2% debería, por su parte, alcanzarse a partir de 2009.".
En Gran Bretaña, es un informe del Banco Central Europeo el que
afirma que "hay incompatibilidad entre la existencia del NHS y
el Pacto de Estabilidad.".
En la mayoría de los países, esta política de restricción
se aplica al mismo tiempo que una política de privatización.
En la mayoría de los países, esta política de restricción
se aplica conjuntamente con una política de privatización.
Así, las asociaciones público-privado (APP) están
en el centro del dispositivo establecido por la Unión Europea
que, en un "libro verde" les da el nombre de "servicios
de interés general", identificando a los servicios públicos
y a las empresas privadas.
Sólo tomaré el ejemplo de Gran Bretaña. ¿Cómo
funciona eso?: El Estado hace asumir a un inversor privado el coste
de la construcción, del desarrollo y del mantenimiento de un
hospital. Pero hay, obviamente, una contrapartida. Las empresas privadas
y sus consejos de administración exigen beneficios sobre inversión
de al menos un 10% al año. El Estado se compromete, pues, a pagar
unos ingresos anuales durante 30 años. Según el propio
Ministerio británico de Salud, la construcción de un hospital
privado que costará 8 000 millones de libras a la empresa privada
"socia" del Servicio Público, terminará por
costar 53 000 millones de libras, en ingresos no realizados, al NHS
durante 30 años. En respuesta a una pregunta oral planteada en
la Cámara de los Comunes por un diputado, el Gobierno ha revelado
que el coste actual total de la APP en el NHS es de 45 000 millones
de libras, para sólo el año 2006.
En varios países, es la regionalización del sector de
la salud, lo que ha implicado, directamente, muy importantes oleadas
de privatizaciones. Eso es especialmente exacto en Italia y en España.
¿Qué pasa en el ámbito de la Protección
Social?
Por todas partes, se nos dice: existe un déficit de las cajas
de Seguridad Social.
Las razones alegadas son las siguientes: envejecimiento de la población,
exceso de prescripciones por parte de los médicos, exceso de
"consumo" por parte de los asegurados, regímenes de
jubilación costosos y garantizando privilegios a algunas categorías
de asalariados,...
El tono lo da el Banco Central Europeo que resume así los objetivos
de la Unión Europea en su carta mensual de abril de 2003: "El
aumento de la edad de la población va a tener un impacto considerable
en las economías de la zona euro (...), el gasto público
en materia de salud y cuidados de larga duración va a aumentar
en relación con la continuación progresos técnicos
en medicina y, y cuando en estos servicios, la demanda crece en función
del aumento de la población anciana. Además, la disminución,
y por lo tanto la inversión de tendencia en materia de empleo
de los ancianos, ejerce una presión a la baja sobre el crecimiento
económico (...), es necesario establecer rápidamente reformas
con el fin de hacer frente al aumento de la edad de la población
(...). Estas reformas deberían hacer financieramente sostenibles
los servicios públicos de jubilación, así como
las disposiciones en materia de salud y cuidados de larga duración,
limitando el riesgo del sector público y facilitando la financiación
privada.".
La solución propuesta, es la misma en todas partes: es necesario
ahorrar. ¿Cómo? Reduciendo el coste laboral, es decir:
Aumentando la edad de inicio de la Jubilación y poniendo en entredicho
los regímenes de jubilación por distribución; Suprimiendo
los monopolios y permitiendo que la Protección Social se convierta
en un mercado; Aumentando el número y el importe de los gastos
a cargo de los pacientes, desarrollando la automedicación y generalizando
el recurso a los medicamentos genéricos.
En primer lugar, pienso que es indispensable restablecer la verdad:
no existe déficit de las Cajas de la Seguridad Social. Son, por
una parte las exenciones de cotizaciones patronales y, por otra parte,
las medidas de fiscalización de los Regímenes de Seguridad
Social, los que vacían las Cajas de la Seguridad Social.
En Francia, las exenciones de cotizaciones sociales concedidas a los
patronos se elevan, para el período 1991-2005, a 175 000 millones
de euros. El proyecto de ley de financiación de la Seguridad
Social para 2007 prevé la supresión del 2,1% de cotizaciones
de Seguridad Social para los salarios a nivel del SMIC en las empresas
con menos de 20 asalariados. Sólo para el año 2005, los
patronos se embolsaron 23 600 millones de euros de exenciones de cotizaciones.
En Alemania, nuevas exenciones patronales están previstas por
la "reforma" de la salud votada por el Bundestag en febrero
pasado.
En Italia, los gastos de salud eran financiados hasta 1996 por la "contribución
obligatoria de salud nacional" pagada por los asalariados, por
una parte y los patronos por otra. En 1996, el primer Gobierno Prodi
suprimió esta contribución y la sustituyó por un
impuesto calculado sobre una base regional, siendo el objetivo reducir
la contribución de los patronos. Añadamos que las exenciones
de cotizaciones patronales se elevan a 9 000 millones de euros al año
en Italia, y a 6 000 millones de euros al año en Bélgica.
En Hungría, el Gobierno disminuido en varios miles de millones
de florines sus pagos a la caja de salud (la Seguridad Social está
a cargo del Estado en Hungría).
En Rumania, la ofensiva ha tomado también, la forma de la fiscalización
del seguro de enfermedad. Así, hasta 1999, la asistencia médica
era gratuita. Desde enonces, el gobierno ha introducido los seguros
sociales privados y en 2002, la Caja Nacional del Seguro de Salud (CNAS),
pasó bajo el control de Ministerio de Salud, lo que ha permitido
al gobierno desviar presupuestos normalmente destinados a los gastos
de salud hacia otros sectores. Así pues, los fondos asignados
por las Cajas de Seguros de Salud para los medicamentos, se agotan a
partir de los primeros días de cada mes. Los asegurados deben
entonces pagar los medicamentos.
Ese es también el caso en Turquía. El Instituto de Seguridad
Social (IAS), que permitía proporcionar gratuitamente servicios
de salud a la población, ha sido colocado bajo el control del
Ministerio de Salud. Lo que ha permitido abrir la vía a la privatización
de numerosos servicios.
Y ¿de dónde viene este saqueo que dilapida los fondos
de Seguridad Social, en detrimento del derecho a los cuidados? ¿No
tendría ello una relación con la Unión Europea
y sus direcivas integradas?
¿Qué dice la directiva integrada no. 15?: "Los Estados
miembros deberían reforzar las medidas de incentivo económico,
incluso mediante una simplificación de los sistemas fiscales
y una reducción de los costes no salariales del trabajo.".
El saqueo organizado por la Unión Europea:
Estas son algunas consecuencias de este saqueo organizado por la Unión
Europea:
Las primeras son, la puesta en entredicho de todos los regímenes
de jubilación por distribución, y la ampliación
de la edad inicial para la jubilación.
La cumbre de Barcelona de marzo de 2002 había indicado en el
apartado 32 de su informe de conclusiones: "Sería necesario
conseguir de aquí a 2010 aumentar, gradualmente, hasta alrededor
de cinco años, la edad media efectiva a la que cesa, en la Unión
Europea, la actividad profesional.".
En aplicación de esta cumbre de Barcelona, en toda Europa, los
gobiernos pretenden alargar la edad inicial para la jubilación.
En Francia, en 2003, la contrarreforma Filón amplió la
edad inicial para la jubilación (de 37,5 a 40 anualidades para
los funcionarios, 41 y luego 42 anualidades para los asalariados del
sector privado).
En Alemania, el Bundestag ha votado, el 9 de marzo último, el
aplazamiento de la edad de jubilación a 67 años.
En Hungría, la edad inicial para la jubilación se retrasó
a los 65 años (en un país donde el importe de las pensiones
es muy bajo y donde, por ello, se obliga a los pensionistas a seguir
trabajando).
En Dinamarca, la edad de la jubilación va a pasar de 65 a 67
años.
En Turquía, la reforma de la Seguridad Social, votada recientemente,
ha permitido, allí también, aumentar la edad inicial para
la jubilación.
Se podrían citar otras consecuencias, como el desarrollo de la
automedicación, la generalización de los medicamentos
genéricos, el aumento de la tasa hospitalaria en Francia, o el
aumento del tique sanitario en Italia, o la instauración de suplementos
de pagos en los hospitales en Bélgica, o también el aumento
de las cotizaciones salariales en Hungría, o la introducción
de gastos suplementarios no cubiertos por el Seguro Público de
Salud en Rumania, etc.
Y eso debe ser relacionado con el Informe de la Comisión Europea
sobre la Protección Social y la Inclusión Social, publicado
el 19 de febrero de 2007, que exige "la fijación de límites
máximos generales de gastos, la participación (de los
enfermos) en el coste de las prestaciones.".
La supresión del monopolio de los Sistemas de Protección
Social
Pero querría terminar esta presentación con una cuestión
muy importante: la supresión del monopolio de los Sistemas de
Protección Social.
En Francia, se obliga a los enfermos a pagar, cada vez más cara,
una cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se externalizan algunas
actividades hasta ahora asumidas por las Cajas de Seguridad Social:
por ejemplo, las Hojas de Cuidados, son tramitadas por algunas sociedades
privadas, etc.
En Rumania, y en Turquía, los seguros privados de salud se desarrollan
también.
Y eso, corresponde a la puesta en práctica de la Resolución
2000/2009 del Parlamento Europeo encaminada "a adjudicar a los
seguros complementarios un papel cada vez más importante en el
mercado interior, en materia de cobertura de distintos riesgos de enfermedad.".
Añadamos que el 26 de septiembre de 2006, la Comisión
Europea ha publicado una comunicación sobre los servicios de
salud, lanzando una "consulta pública". Será
sobre la base de los resultados de esta "consulta", que la
Comisión Europea propondrá una Directiva sobre "salud".
La comunicación, sin dejar de recordar el "respeto a la
responsabilidad de los Estados miembros, en materia de servicios de
salud y cuidados médicos.", precisa: "El Tribunal de
Justicia ha declarado que, esta disposición no excluía
la posibilidad de imponer a los Estados miembros, adaptaciones de su
Sistema Nacional de Seguridad Social, a consecuencia de otras disposiciones
del Tratado, como el artículo 49/CE.". El artículo
49/CE estipula: "Las restricciones a la libre prestación
de servicios en el interior de la comunidad están prohibidas.".
Los Sistemas Nacionales de Seguridad Social serían, así,
directamente puestos en entredicho por esta Directiva europea en preparación.
De todos estos hechos se deriva una pregunta: ¿La defensa y la
reconquista de nuestros Sistemas Públicos de Salud son compatibles
con la Unión Europea y sus directivas?
Las respuestas pueden ser distintas, pero esta pregunta exige ser debatida
por todas las y todos los que están comprometidos con la defensa
de los Sistemas Públicos de Salud y Protección Social.
o Os invito a que comuniquéis vuestros testimonios con el fin
de completar el memorando que iremos a llevar el 2 de abril y a dar
vuestra opinión sobre las distintas cuestiones abordadas.
o Os invito, si estáis de acuerdo, a que refrendéis el
proyecto de mandato para la delegación del 2 de abril, que se
encuentra en vuestra carpeta.
o Se propone también, por otra parte, constituir un Comité
de Correspondencia Permanente sobre estas cuestiones, en el marco del
Acuerdo Europeo de los Trabajadores.
Intervenciones de los delegados a la conferencia
Klaus Schüller (miembro de la comisión obrera del SPD de
Turingia,
Secretario sindical DGB, Alemania)
Queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos,
La reforma de la sanidad adoptada en Alemania ha sido rechazada por
el 80% de la población. No es una reforma del sistema sanitaria,
es una destrucción.
Contra las opiniones competentes de todas las organizaciones, los hospitales,
los pacientes, los médicos y los políticos especialistas
de la salud, la gran coalición (CDU/CSU y SPD) ha hecho aprobar
a la fuerza, únicamente para salvarse a sí misma, este
monstruo bautizado oficialmente como "Ley para el reforzamiento
de la competencia en el seguro médico legal".
¿Qué tiene esto que ver con la democracia, cuando se adoptan
contra nosotros, los trabajadores, unas leyes que sólo obedecen
a una cosa: al dictado de la Unión Europea y de los medios económicos
que quieren librarse de la solidaridad, despedazando así los
sistemas de seguridad social? Una rentabilización implacable
de los hospitales va a dar lugar a un deterioro masivo de las prestaciones
sanitarias para nosotros, los trabajadores, a través de la reducción
del número de casos tratados y de la duración de la hospitalización.
Además, esos políticos todavía hoy no saben cómo
asumirá el seguro médico a los niños. Es decir,
que nosotros, trabajadores, tenemos que proporcionar 16 000 millones
de euros más. Y la guinda de esta reforma: si alguien se abstiene
de ir al médico durante un año, la caja de enfermedad
le paga 600 euros. También pueden los asegurados, como sucede
con el seguro de automóviles, optar entre varias tarifas, cobertura
total o cobertura parcial, y la caja de enfermedad le devuelve dinero.
Se separa así a los enfermos de los sanos y el sistema de solidaridad,
que ha demostrado su eficacia, y de paridad es conscientemente demolido.
Sólo puede haber una salida: hay que volver al seguro médico
solidario.
En una declaración del sindicato Ver.di del distrito de Berlín,
se dice: "Ver.di Berlín niega a la Comisión Europea
el derecho de destruir el derecho laboral conquistado en sus respectivos
marcos nacionales por los trabajadores, sus sindicatos y sus partidos
políticos, del mismo modo que le niega el derecho de poner en
tela de juicio la legalidad de los convenios de la OIT ratificados por
los gobierno europeos…"
Estoy convencido de que nosotros, personal hospitalario, sindicalistas
y trabajadores de los diferentes países de Europa, sabremos defender,
desde nuestra solidaridad común, el sistema sanitario público
contra la política destructiva de la Unión Europea.
Gracias a todos.
Violeta Tudor (sindicalista, Rumania)
Queridos amigos, estábamos acostumbrados a considerar la salud
como un problema de interés público. La salud de una nación
depende de la salud de sus miembros. Y la primera preocupación
en ese sentido sería precisamente el acceso gratuito y sin obstáculos
a los servicios médicos. Una norma respetada, en Rumania, durante
algunos decenios. Era una de las grandes conquistas obtenidas después
de la Segunda Guerra Mundial.
La gratuidad ha resistido alrededor de diez años después
de la revolución de 1989. Más concretamente, hasta el
1 de enero de 1999 la asistencia médica era gratuita. A partir
de esa fecha, tras algunos años de tanteos en la reforma del
sistema, se han introducido también en Rumania las aseguradoras
sanitarias.
Bajo el pretexto de que tenemos "demasiadas" camas de hospitales
(en unas condiciones en las que frecuentemente había dos personas
por cama), la reducción de camas ha seguido adelante, incluso
se han liquidado íntegramente algunos hospitales o secciones
de los mismos. Se ha "argumentado" que en la Unión
Europea hay una media de 4,2 camas por cada 100 habitantes, mientras
que en nuestro país la media es de 7,2%. ¿Hay realmente
un excedente de camas? No, de hecho es otro hallazgo para reducir el
dinero destinado a los hospitales. No vamos a abordar aquí el
sistema ambulatorio que está aún más desreglamentado.
El actual Ministro de Sanidad, Eugène Nicolescu, desde que asumió
sus funciones, emprendió con gran decisión la aplicación
de la "reforma" del sistema sanitario, proponiendo prácticamente
la generalización del sistema privado en la Sanidad, tanto en
lo que respecta al marco institucional en el que se insiste en el desarrollo
de las aseguradoras sanitarias privadas, como en lo que concierne a
los servicios médicos.
Sólo se mantendrán como propiedad del estado los servicios
de urgencia. Dicho de otro modo, salvo los hospitales de urgencia (uno
por departamento), todos se van a privatizar. Para ser más precisos,
de los 450 hospitales existentes, sólo 50 quedarán en
manos del estado.
La automedicación en Rumania es de alrededor del 80%. Los partos
en casa se han hecho más frecuentes. Los cuadros médicos
dicen que cada 2 ó 3 días llegan mujeres, en su mayoría
menores de 20 años, tanto del medio rural como del medio urbano,
que dicen que han dado a luz en sus casas o en el trayecto en la ambulancia.
"¿Por qué hemos entrado entonces en la Unión
Europea?" declara Elena Râjnita, médico especializada
en obstetricia ginecológica y portavoz del hospital departamental
del Olt. Al mismo tiempo, se inauguran salones de lujo en las unidades
hospitalarias, naturalmente sólo para los que tienen mucho dinero.
La reducción de los gastos presupuestarios afecta al sistema
sanitario de diferentes formas. Por ejemplo, la técnica médica
es obsoleta, los salarios de los cuadros médicos, muy bajos,
el personal hospitalario es insuficiente. Por otra parte, a menudo los
enfermos sólo pueden conseguir los medicamentos comprándolos
ellos mismos (un hecho reconocido por el Ministro de Sanidad), y los
servicios de alojamiento y comida son insoportables. Hay enfermos que
abandonan el hospital antes de haberse restablecido, a causa de las
condiciones miserables. Periódicamente, el Ministerio de Sanidad
revisa la lista de los medicamentos gratuitos o compensados, disminuyendo
sistemáticamente su número. En febrero de 2007, se han
sacado de la lista incluso los antibióticos para los niños,
que eran gratuitos.
El servicio público de ambulancias ha disminuido considerablemente
y está apunto de suprimirse. Se ha reemplazado parcialmente por
servicios de ambulancias privados o semiprivados.
No sólo hay disminución del número de camas en
los hospitales, sino que algunos se han cerrado por completo. Se suprimen
incluso disciplinas médicas, como la genética. Los genetistas
de Cluj han decidido enviar una petición a la Comisión
Europea, intentando impedir la aplicación de una ordenanza del
Ministro de Sanidad por la que la genética desaparece de la lista
de especialidades que los médicos residentes pueden seguir. (…)
El proyecto de modificación de la Ley de Hospitales es criticado
incluso por la mayoría de los directores de unidades sanitarias.
Muchos gerentes de unidades sanitarias rechazan la transformación
de los hospitales en Sociedades por Acciones, con la excusa de liberarlos
de deudas y crear redes de hospitales.
"Si sólo hay una medicina privada, los que tengan dinero
recibirán atención, los demás morirán",
ha declarado el doctor Alexandru Ciocâlteu, director del Hospital
"Sf. Ion" de Bucarest.
Por otra parte, la privatización de los hospitales traería
consigo la destrucción automática de los sindicatos y
dejaría a muchos trabajadores en el paro.
Así pues, no es sorprendente que los dirigentes de la Federación
SANITAS y de Solidaridad Sanitaria consideren esta propuesta con escepticismo.
Según el presidente de SANITAS, Marius Petcu, la privatización
de los hospitales limitará el acceso de la población pobre
a los servicios médicos. "No es la mejor solución.
Es una variante liberal del gobierno actual. La intención es
controlar ese sistema en el que circula mucho dinero. Nadie privatiza
por amor a la protección social. Se introducirá una rejilla
del tipo: menos personal, pero un poco mejor pagado. En un país
con una población pobre, el acceso a los hospitales privados
será limitado. Un ejemplo: el Hospital Euroclinic. No funciona.
Nadie quiere pagar por unos servicios pagados ya por la aseguradoras…
Privatizar enteramente los hospitales no parece una iniciativa razonable."
La "reforma" sanitaria se propone cerrar hospitales. He aquí
las declaraciones de algunos dirigentes sindicales del departamento
del Dolj, en el momento en que se planteó el problema del cierre
del Hospital de Poiana Mare:
"La gente está asustada. Hemos recibido mensajes de ánimo
de todas las filiales SANITAS de Oltenia. Puedo decir que durante la
noche hemos recibido mensajes amenazadores en nuestros teléfonos
móviles advirtiéndonos que si no renunciamos nos van a
quitar de en medio con balas de goma. Estos mensajes han cesado en el
momento en que hemos advertido a la policía local", declaró
Ileana Ionescu, presidenta de la filial departamental Dolj de la Federación
Sindical SANITAS. Según la dirigente sindical de los asalariados
del Hospital de Neuropsiquiatría de Poiana Mare, Marcela Ticu,
los 300 asalariados de esta unidad médica dimitirán si
no se renuncia a la decisión de cerrar el hospital. (…)
La salvaguarda de nuestra generación depende de la resistencia
que mostremos frente a esta supresión física.
Rudy Jansens (Secretario Federal
de la región de Bruselas CGSP, Bélgica)
En Bélgica, desde hace una veintena de años, vemos una
modificación en las intervenciones, en el pago de las prestaciones
sanitarias y de los medicamentos. Para algunas prestaciones, ya no hay
intervención (para los problemas ligados a la estomatología
y a la visión) o solamente una intervención para los niños
y para las personas mayores de 50 años.
En los últimos años, asistimos a una reducción
de las cotizaciones patronales cada vez mayor, lo que provoca un problema
en los presupuestos y la disminución de fondos públicos.
Está también el problema de los seguros complementarios
ofrecidos por las mutuas. La Unión Europea considera que las
mutuas hacen competencia a las aseguradoras privadas, en aplicación
de las reglas presupuestarias dictadas por la Unión Europea.
En lo que respecta a la destrucción de hospitales públicos:
en 1971, en Bélgica, había un 50% de hospitales públicos
y un 50% de hospitales privados.
Se han modificado los estatutos del personal funcionario. La consecuencia
es que el personal deja de ser funcionario, pasando a depender de unos
contratos con una carrera sujeta a baremos, con una pensión privada,
y los mismos derechos que en el sector privado.
Hoy, quedan menos de un 25% de hospitales públicos en Bélgica,
con diferencias entre las regiones tras la federalización de
Bélgica.
En el caso de Flandes, ya no quedan hospitales públicos. Los
dos últimos hospitales que lo eran aún se han convertido
recientemente en ASBL (Asociaciones sin Fines Lucrativos). Los trabajadores
han pasado a depender de los CPAS (Centros Públicos de Ayuda
Social) de las ciudades y ayuntamientos. En Valonia, la mayor parte
de los hospitales han pasado a ser intercomunales (mixtos privado-público).
En Bruselas, los hospitales se mantienen bajo estatuto público,
pero los trabajadores han pasado a estar sujetos al capítulo
12 (ya no son funcionarios, sino trabajadores con carreras sujetas a
baremo, pensiones y derechos iguales que en el sector privado).
En Bruselas, hay un tercio de hospitales públicos, un tercio
de hospitales mixtos y un tercio de hospitales privados.
En Bélgica, todos los hospitales con menos de 180 camas se han
suprimido, siendo absorbidos por hospitales más grandes.
Se han abierto casas de reposo (menos costosas), para camuflar el sistema
de geriatría.
Uno de los grandes problemas de Bélgica es la falta de personal
de enfermería cualificado (más o menos un 25%).
La destrucción de las prestaciones sanitarias y del servicio
público se acelera en Bélgica.
Gérard Schivardi (alcalde, Francia)
Señoras y señores médicos, trabajadores sanitarios,
sindicalistas de la sanidad, queridos amigos,
Nosotros, los alcaldes de los pueblos pequeños, hemos recibido
el mandato de la población que nos ha elegido para representarla
y defender sus condiciones de vida, mejorándolas en lo posible.
Tenemos el problema de encontrar médicos a causa del numerus
clausus que limita numéricamente la formación de médicos.
Tenemos el problema del cierre de las maternidades de proximidad. Un
colega alcalde en Sarthe me relató el difícil parto de
una madre en el aparcamiento de un centro comercial porque la maternidad
de Amboise acababa de cerrar.
En un encuentro con colegas alcaldes de los Pirineos Orientales, he
sabido del cierre de la maternidad de Prades.
Las futuras madres se verán obligadas a recorrer 80 kilómetros
para dar a luz. Las mujeres con embarazos complicados están en
peligro, sus hijos también, como su futuro bebé.
Nos dicen que las pequeñas maternidades, que practican menos
de 400 partos al año, son peligrosas para las futuras madres
y que por eso las agrupan. Pero en Ivry-sur-Seine, en el extrarradio
parisino, se cierra una maternidad que practica 3 000 partos al año.
De modo que no es un problema de seguridad, sino un problema de ahorro
de gastos sanitarios.
Se cierran las maternidades y los hospitales de proximidad porque los
gastos públicos tienen que descender por debajo de lo que autoriza
el Pacto de Estabilidad del tratado de Maastricht, es decir, la reducción
del déficit público por debajo del 3% del PIB. Al mismo
tiempo, las empresas, exoneradas de sus cargas sociales, anuncian beneficios
récord.
Por un lado, ahorro de gastos sanitarios dictado por el Pacto de Estabilidad,
poniendo en peligro la vida de las mujeres y sus hijos.
Por otro lado, exoneraciones de cargas sociales para las empresas, en
nombre del artículo 87 del tratado de Maastricht que quiere que
"la competencia sea libre y no falseada".
No, los alcaldes no aceptamos que se acabe con el derecho a la atención
médica y que el Estado se inhiba de sus responsabilidades porque
la Comisión de Bruselas dice: "Hay que disminuir los gastos
de sanidad".
Por eso decimos:
"Ruptura con la Unión Europea, ruptura con el Pacto de Estabilidad,
ruptura con Maastricht".
Nosotros, los alcaldes, estamos comprometidos con la República
que exige igualdad de derechos para los ciudadanos y, por lo tanto,
igualdad de acceso a las prestaciones sanitarias en todo el territorio.
Por eso decimos: "Hay que reabrir los servicios de urgencia, las
maternidades de proximidad".
Mis colegas me han designado para plantear estos problemas en Francia
ante todo el país, con ocasión de las elecciones presidenciales.
Aunque estemos confrontados a enormes dificultades para que nuestra
candidatura pueda dirigirse a todos los ciudadanos, tenemos la intención
de decir: "Es posible salvar la Seguridad Social devolviéndole
los 175 000 millones que se le han quitado a través de las exoneraciones
de cargas patronales. Es posible detener la destrucción de los
hospitales. Para ello, ruptura con el Pacto de Estabilidad, el tratado
de Maastricht, la Unión Europea y todas sus instituciones".
La semana pasada, un periodista me preguntaba: "¿Usted quiere
que Francia se vaya de Europa?". Yo le respondí que no veía
de qué modo podía Francia separarse del continente. Y
que, por el contrario, yo quería construir una Europa libre de
los pueblos libres y de las naciones libres cuya base fuese la satisfacción
de las necesidades de nuestros pueblos.
¿No es eso lo que estamos haciendo defendiendo en cada uno de
nuestros países, juntos en todos los países, el derecho
de cada mujer, de cada niño, de cada hombre, a recibir atención
médica cualquiera que sea su fortuna, lugar donde habite, su
lengua y el color de su piel?
En todo caso, podéis contar con nosotros, los alcaldes, con los
habitantes de nuestros ayuntamientos.
Estamos, y siempre estaremos, a vuestro lado, con los médicos,
los enfermeros, los auxiliares sanitarios, los trabajadores de los hospitales,
con los sindicalistas que consideráis que tenemos la responsabilidad
de dejar a nuestros hijos, en todos nuestros países, los medios
para combatir y vencer la enfermedad.
Trabajamos por la ruptura con la Unión Europea. Trabajamos por
una Europa libre de los pueblos libres de Europa. Y esta unión
libre de los pueblos libres sólo puede construirse luchando en
defensa de nuestros hospitales y nuestras maternidades, luchando por
la ruptura con la Unión Europea.
Gracias a todos.
Fulvio Aurora (miembro de "Medicina Democrática"
y Responsable de Sanidad de Refundación Comunista, Italia)
Creo que la situación en Italia en lo relativo a la sanidad es
parecida a la de los demás países europeos. En Italia,
tenemos un sistema sanitario nacional que se modificó en 2000
y pasó a ser un sistema sanitario regional.
Hoy, puede decirse que hay 28 sistemas sanitarios diferentes. Cada región
tiene sus diferencias, pero se puede decir que hay dos organizaciones
sanitarias diferentes: una que se encuentra principalmente en las regiones
del norte, que se aproxima al sistema de los países del norte
de Europa, y una organización diferente en las regiones del sur.
Creo que también hay que subrayar la diferencia en cuanto a la
salud, ya que la organización de la sanidad debe servir para
mejorar la salud de la población y de los trabajadores. Si bien
hay en Italia, como en el resto de Europa, salvo en el Este de Europa
según creo, un aumento de la esperanza de vida, mientras que
en el norte de Italia las condiciones epidemiológicas eran mejores
que en el sur, la situación tiende a unificarse de norte a sur,
con una gran aumento del cáncer. Se constata también una
unificación en las condiciones laborales y en el medio ambiente.
Creo que al menos hay que reflexionar sobre lo que podríamos
hacer para impedir la privatización de la sanidad, ya que ésta
lleva a un aumento de los gastos médicos (precio de las visitas,
precio de los análisis clínicos, etc.) sin mejorar la
oferta de prestaciones.
Generalmente, en Italia, hay una resistencia a nivel local (sobre todo
cuando van a cerrarse hospitales). Varias veces se ha intentado lanzar
combates internacionales, pero no han llegado demasiado lejos. Los sindicatos
han llevado luchas contra la privatización del estatuto de los
trabajadores de la sanidad y contra la reducción del cheque personal.
Así pues, el problema que se plantea es cómo actuar juntos
a escala europea, ya que vemos que los problemas son comunes a todos
nuestros países. ¿Qué podemos hacer para impedir
esta deriva, para luchar en defensa de la sanidad pública y para
que el personal siga siendo público y cualificado?
Tony Richardson (sindicalista, Gran Bretaña)
Buenos días, queridos amigos delegados. Me llamo Tony Richardson
y vivo en Wakefield al norte de Inglaterra. Milito en el sindicato,
soy vicepresidente de la sección local del sindicato de Panaderos
de Wakefield [panadería industrial - NDT] y en el Labor Party,
donde soy secretario de nuestra sección local. Nuestro sindicato
actúa esencialmente en el sector de la industria alimentaria,
y yo trabajo en el sector de panadería.
Sin duda os preguntaréis por qué un representante de un
sindicato de un sector privado participa en este agrupamiento y lucha
por los servicios públicos; la respuesta es simple: todos los
afiliados de mi sindicato, en todo el país, utilizan los servicios
públicos, entre los que nada puede ser más importante
para ellos que los servicios sanitarios; en tanto que sindicato, actuamos
por cuenta de nuestros afiliados, y defender los servicios públicos
forma parte de la defensa de sus derechos.
Es evidente y muy impactante que estamos ante un ataque de gran envergadura
que está destruyendo poco a poco todos los sistemas sanitarios
en todos los países de Europa para adaptarse a las disposiciones
del tratado de Maastricht y responder a la voluntad de crear "Servicios
de Interés General"…
En Gran Bretaña, el ataque lo lleva adelante el gobierno "New
Labor" de Tony Blair, lo que es particularmente duro de admitir
para el conjunto de los afiliados de base y de los militantes que asisten
a la deriva constante de nuestro partido.
Los cierres, las fusiones, los PFI (Iniciativas de financiación
privadas), las colaboraciones público-privado, la subcontratación
de servicios y los cambios de política a gran escala se suceden
y demuestran que asistimos a una privatización lenta e indirecta
del National Health Service (NHS) en Gran Bretaña.
Contada evidencia, Blair y sus cómplices se alinean sobre los
planes europeos y están poniendo el NHS, sin decirlo, en manos
del sector privado.
Blair preconiza la individualización de la sanidad y la idea
de que la "Sanidad" debe centrarse en "la persona".
Tal vez sea una posición que podríamos y deberíamos
apoyar, pero nos preguntamos: ¿quién está en mejor
situación para dar un servicio "a la persona", el sector
privado mucho más preocupado por sus beneficios y por todo lo
que puede procurarle un mayor provecho que por la persona, o bien un
organismo público compuesto de personal entregado, experimentado,
intentando siempre tender hacia la excelencia?
- Sí, queremos inversiones en el mejor servicio posible;
- sí, queremos unos servicios que inviertan en el servicio a
la persona;
- sí, queremos un servicio sanitario mundialmente reconocido.
- No a la eliminación de empleos y servicios;
- no a los beneficios obtenidos a costa de la salud;
- no a la privatización introducida suavemente.
Tenemos un ejemplo que muestra muy bien cómo se introduce el
sector privado en el servicio público: la empresa 3i va a utilizar
las partes del PFI que ha invertido en el Centro Hospitalario Regional
de Norfolk y de Norwich como palanca para mejorar sus pobres resultados
en el mercado bursátil. De tal modo, que se juegan en Bolsa recursos
de los que dependen cientos de miles de personas.
En Wakefield se está llevando a cabo una larga y laboriosa reorganización
de nuestro hospital. Se trata de fusionar tres hospitales que distan
entre sí unos 50 kilómetros, lo que afectará a
una población de 500 000 habitantes; ya hemos asistido al reagrupamiento
de los servicios de maternidad y seguirán otros, se cierran cama
y los servicios de dispersan por los tres centros.
De 1998 a 2004, fui consejero municipal y, durante ese período,
ocupé dos puestos de responsable, uno como portavoz adjunto para
la Sanidad y otro como presidente del Comité de Vigilancia para
la Sanidad y la Acción Social; durante todo es período
me interesé muy de cerca por la sanidad en el ámbito local
y fui testigo directo de cierres y reducción de oferta de prestaciones.
Formaba parte del comité que incluía a responsables sanitarios,
directores de hospitales y representantes del gobierno. Se cerraron
un 20% de las camas, es decir, 200 camas en total, y, finalmente, el
contribuyente tendrá que desembolsar 2 000 millones de libras
para pagar los 343 millones de libras invertidas en el hospital con
el sistema PFI.
Cuando era presidente del Comité de Vigilancia, siempre me preocupé
de que los informes dieran cuentas exactas de los cierres de servicios
en Wakefield, empezando por los servicios de geriatría, en los
que, actualmente, un 80% de los pacientes ancianos están en residencias
y casas con atención médica del sector privado. Y es la
punta del iceberg.
Elevé protestas, por lo que la dirección del Labour Party
en Wakefield me relevó de mis funciones a partir de 2004.
Son las amenazas que pesan sobre nosotros. Son reales. Se manifiestan
en el ámbito local. Afectan a ciudadanos ordinarios. Afectan
a nuestros afiliados. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que luchar ahora,
y transmitir el mensaje antes de que sea demasiado tarde.
Es la razón por la que he participado en esta conferencia. Los
sindicatos han hecho un excelente trabajo en Gran Bretaña para
defender el NHS. Como militantes, es nuestro deber proseguir la acción,
informar y salvar todos los sistemas sanitarios de Europa.
Nicole Bernard (sindicalista Seguridad Social, Francia)
Esta Conferencia es un primer paso muy importante. La constatación
es abrumadora. En todos los países, cualquiera que sea su historia,
el sistema sanitario es objeto de un ataque criminal.
Yo trabajo en la Seguridad Social. En una reunión, un eminente
médico, el profesor Guérin, presidente de la Asociación
en Defensa de la Deontología y de los Derechos de los Enfermos,
decía de la Seguridad Social que constituye "una verdadera
solidaridad entre todos los franceses". Tiene razón. Esta
conquista de 1945 cambió la vida de toda la población.
¿Habría que renunciar a ella por ser incompatible con
la Unión Europea?
Cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el sistema de
financiación de las prestaciones y de la protección social,
los ataques se aceleran.
Hablemos de las jubilaciones:
En Francia, la ley Fillon aumentó el tiempo de actividad necesario
para acceder a una pensión completa. Y cuatro años después
de esta ley, nos dicen que no ha resuelto nada, que hay que aumentar
más aún el tiempo de cotización.
En Dinamarca, la edad de jubilación ha pasado de 65 a 67 años.
En Alemania, desde el 9 de marzo, la edad de jubilación es de
67 años. En Italia, se suceden las reformas contra las pensiones.
¿Es una coincidencia? No lo creo.
Es la aplicación de las decisiones de la cumbre de Barcelona,
que cito "aumentar en unos 5 años la edad media efectiva
de la jubilación" y ello para reducir masivamente lo que
corresponde a las pensiones en los gastos públicos sometidos
al artículo 104 del tratado de Maastricht sobre los déficit
públicos.
¿Cuántos trabajadores podrán trabajar hasta los
67 años?
Para compensar la reducción de las pensiones, nos proponen que
coticemos a los fondos privados de pensiones. ¿Qué asalariado
puede hacer economías para cotizar a un fondo de pensiones?
¿Y para obtener qué? ¡Cotizaciones a fondo perdido
para alimentar la especulación!
En diciembre de 2003, la Comisión Europea, que según nos
dicen deja libertad a los estados miembros, "demanda a Bélgica,
a Portugal, a España y a Francia que pongan fin a la discriminación
respecto de los fondos de pensiones extranjeros."
¿No es ése el centro del problema? ¿No se trata
de organizar el pillaje por los capitales privados de los sistemas edificados
en el marco de la democracia política y de la democracia social?
Nos han hablado de la directiva "sanidad" que la Comisión
Europea quiere imponer.
Hemos tenido conocimiento de la recomendación del 26 de septiembre
de 2006, en la que la Comisión Europea prevé "imponer
a los estados miembros adaptaciones de su régimen nacional de
Seguridad Social en función de otras disposiciones del tratado
como el artículo 49".
El artículo 49 estipula que "están prohibidas dentro
de la Comunidad las restricciones a la libre prestación de servicios",
y nosotros preguntamos: ¿no es esto, igual que lo que la Comisión
Europea ha hecho con los PTT, EDF-GDF, la SNCF, la supresión
del monopolio de la Seguridad Social que garantiza la igualdad de derechos
de todos los beneficiarios en el conjunto del territorio en cuestión?
¿Es posible aceptar que las conquistas obtenidas por nuestros
predecesores sean destruidas por la privatización?
Nuestra conferencia responde, constituyendo así un punto de partida.
Antonio Herranz (sindicalista de sanidad, Suiza)
Buenos días, me llamo Antonio Herranz y soy sindicalista en el
sector de la sanidad. Suiza no pertenece a la Unión Europea,
sin embargo, la Unión Europea se interesa mucho en Suiza, en
particular en materia de liberalización y de privatización
del sistema sanitario.
En primer lugar, un informe de la OCDE que fustiga los gastos sanitarios
en Suiza y exige más competencia, es inmediatamente seguido por
un informe del Servicio Estatal de Economía (SECO), que incluye
un informa comparativo sobre la liberalización de los servicios
en Suiza y en la Unión Europea. Las conclusiones son conformes
a lo que sucede en el resto de Europa: privatizaciones, más competencia,
creación de hospitales intercantonales exentos de cualquier régimen
convencional, automedicación, cierre de hospitales de zona y
de maternidades.
Inmediatamente después de este informe, el Consejo General pone
en marcha un proyecto de reforma de la ley sobre la financiación
que exige una financiación igual para los hospitales públicos
y para los privados (Lafu).
Esta política viene acompañada de la destrucción
de los convenios colectivos, estatutos, que provoca hoy un fenómeno
de maltrato, en particular en las residencias de ancianos y de pacientes
crónicos.
En Suiza, uno de los países más ricos del planeta, y en
un año, es decir, desde el 1 de enero de 2006, fecha de entrada
en vigor de la reforma del seguro médico, más de 120 000
personas en una población total de 7,5 millones, se han visto
privadas de cobertura sanitaria. Esta situación resulta catastrófica
para muchos trabajadores y sus familias.
Por mi parte, prefiero dejar tiempo para la discusión, ya que
lo importante ahora es saber lo que podemos hacer juntos.
Gracias.
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de Trabajadores de la Salud
y de los Servicios Sociales, Turquía)
En los últimos 20 años se le ha impuesto a la sociedad
turca un plan encaminado a hacer de la sanidad un sector enteramente
comercial.
Desde 1978, Turquía ha tenido que adecuarse a numerosos acuerdos
impuestos por el FMI. En cada ocasión, se le exigía a
Turquía que se transformase para adecuarse a las condiciones
del neoliberalismo.
A partir del comienzo de los 80, los gobiernos turcos empezaron a conceder
subvenciones masivas a las empresas comerciales del sector sanitario.
Esas subvenciones han adoptado formas diversas. Por ejemplo, se exime
a las empresas de pagar aranceles, se las subvenciona directa o indirectamente.
Esas subvenciones también han adoptado la forma de compras más
o menos importantes efectuadas por el sector público de la sanidad
a empresas del sector privado.
Bajo la batuta del Ministro de Sanidad, los hospitales han aumentado
sus gastos para comprar sus medicamentos a los laboratorios farmacéuticos
privados. Los centros públicos sanitarios, tales como los hospitales
estatales, los CHU y los hospitales de asistencia pública han
transferido sus servicios periféricos, como los servicios de
limpieza, de seguridad y los laboratorios a los mercados privados.
El período que va de 1980 a 2000 ha sido un período de
"privatización activa". A partir de los años
80, los gobiernos han adoptado una perspectiva más "neoliberal"
que tiende a hacer de la sanidad y de la Seguridad Social unos "servicios
cuyos precios han de venir determinados por las leyes del mercado según
el principio de la oferta y la demanda".
La victoria del JDP (Partido de la Justicia y del Desarrollo), en las
elecciones de 2002, marcó el inicio de una nueva era. El JDP
transformó su discurso, alineándose en una perspectiva
neoliberal teñida de populismo y de conservadurismo.
El gobierno decidió proseguir su programa de ajuste firmado con
el FMI. Desde entonces, el gobierno sigue activamente una política
de liberalización económica y de privatización
de empresas estatales. En ese contexto, han aparecido las reformas del
sector sanitario en la escena política.
En diciembre de 2003, el gobierno JDP anunció su programa de
reformas: "Transformación de la Sanidad". Ese programa
de "Transformación de la Sanidad" tenía por
objetivo esencial introducir reformas para "establecer un sistema
sanitario eficaz y de calidad al que todos puedan tener acceso".
Pero lo que hemos visto es, de hecho, todo lo contrario:
Los cambios pueden resumirse así: se trata de transformar los
establecimientos públicos sanitarios en empresas comerciales,
de dirigir los gastos de la sanidad pública hacia el sector privado
y de privatizar poco a poco todos los servicios sanitarios.
La idea que preside todos esos cambios es que hay que descentralizar
y privatizar. Tras haber destruido los servicios públicos sanitarios,
proyectan convertir en autónomos todos los establecimientos sanitarios.
Esta autonomía supone un cambio en los mecanismos de toma de
decisión y la aceleración de la privatización.
A este respecto, el proceso de privatización comenzó por
la transformación de los servicios sanitarios públicos.
En esa época, aumentó el conjunto de los gastos sanitarios.
Esencialmente por la compra de medicamentos y el pago de prestaciones
de servicios al sector privado.
Mientras que en 2000, el 24% de los gastos sanitarios iban al sector
privado, en 2005 ese porcentaje superó el 50%. Por otra parte,
el porcentaje de los gastos de prevención añadido al total
de gastos ha disminuido durante los cinco últimos años.
El programa de tratamiento de la tuberculosis muestra los efectos destructivos
de esta privatización. Los pacientes aquejados de tuberculosis
ven reducida su posibilidad de acceso a las prestaciones sanitarias
por esta privatización de los establecimientos públicos
sanitarios y el programa de tratamiento de la tuberculosis, que ofrecía
ya signos inquietantes, ha entrado en una fase claramente más
grave para la salud de los enfermos.
Examinemos ahora las tres etapas de cambios estructurales en la política
sanitaria.
El hundimiento de la SSK (Asistencia Pública).
En un primer tiempo, los establecimientos de Asistencia Pública
fueron transferidos al Ministerio de Sanidad. Esta etapa pretendía
establecer un sistema único de seguro médico que reuniese
todas las funciones en un solo organismo. Esas tareas correspondían
antes a las diferentes instituciones de seguro médico.
El SSK era una institución que proporcionaba servicios a bajo
coste a un número muy grande de personas (los asalariados del
sector privado y los obreros del sector público tenían
acceso a los hospitales del SSK)
El SSK producía sus propios medicamentos y podía negociar
la compra de medicamentos a bajo precio, proporcionando así a
los obreros medicamentos con carácter gratuito.
El SSK representaba el obstáculo más serio a la comercialización
de los servicios sanitarios tanto en el terreno práctico como
desde el punto de vista de la legislación.
Se prohibió la producción de medicamentos y las negociaciones
para la compra de medicamentos por el SSK. Se cerraron las farmacias
de los hospitales, que distribuían medicamentos gratuitamente
a los pacientes.
Los afiliados al SSK empezaron a comprar sus medicamentos en oficinas
farmacéuticas. Los gastos sanitarios aumentaron. Como podréis
imaginar fueron las firmas farmacéuticas las que salieron ganando
ya que los gastos en medicamentos aumentaron en un 60%.
La transferencia de hospitales del SSK al Ministerio de Sanidad abrió
directamente el camino a una rápida privatización del
sector sanitario.
Después, se les ofreció a los funcionarios la "posibilidad"
de beneficiarse de servicios sanitarios privados.
El gobierno aprovechó este proceso para utilizar el cliché
"hospitales privados de buena calidad contra hospital público
de mala calidad".
En ese contexto, se transfirieron fondos muy importantes al sector privado.
Lo que resulta de este proceso es que los funcionarios se vieron obligados
a pagar más caro, más allá de sus posibilidades,
para acceder a unos servicios médicos de "más calidad"
ya que el estado, de hecho, puso límite a sus cotizaciones.
Un sistema basado en los resultados.
La segunda etapa de la reforma consistió en introducir un sistema
remunerativo basado en los resultados en todos los establecimientos
dependientes del Ministerio de Sanidad, gracias a una directiva sobre
primas procedentes de fondos variables. En ese sistema, se atribuyen
puntos a los médicos por los actos que realizan y los resultados
de cada médico son evaluados en función de esos puntos.
Esa práctica ignora totalmente la naturaleza específica
de las prestaciones. Además, destruye la solidaridad entre los
trabajadores de la sanidad y da lugar a una situación que difícilmente
puede aceptarse desde el punto de vista ético.
El sistema de remuneración basado en los resultados pretende
introducir el espíritu de la empresa privada en la sanidad pública.
Esta mentalidad se basa en la "búsqueda del máximo
beneficio". De ese modo, la relación entre médico
y paciente se convierte en una relación médico-cliente.
El sistema de médico de familia / médico de referencia
La tercera etapa consiste en instaurar un sistema de médico de
familia (médico de referencia) impuesto por el FMI y el Banco
Mundial.
El sistema de médico de familia / médico de referencia
prepara el camino para introducir un clima de competitividad en el que
los médicos atenderán a sus pacientes con la constante
preocupación de "mantener su clientela".
El sistema de médico de referencia sólo prevé un
médico por cada 4 000 habitantes. Sin embargo, en el sistema
sanitario público, se necesita un establecimiento por cada 1
000 habitantes. Para proveer a las necesidades de una población
de entre 1 000 y 5 000 habitantes, el gobierno tenía que abrir
establecimientos más importantes. Este sistema permitía
a la población disponer de una medicina preventiva de más
calidad: las vacunas eran gratuitas y toda la población tenía
igual acceso a ellas.
Desde que se instauró el sistema de médico de familia
/ médico de referencia, empezaron a cerrarse los servicios de
medicina preventiva. Si esto sigue así, la medicina preventiva
va a desaparecer poco a poco. Como no habrá más que un
doctor y un enfermero, las visitas a domicilio, la protección
maternal e infantil cesarán y el porcentaje de vacunaciones disminuirá.
El Ministerio de Sanidad alaba los méritos de este sistema distribuyendo
numerosos folletos titulados: "Puede elegir su médico",
"El médico de familia es la gratuidad de las prestaciones",
"Reserve un lugar a su médico de familia en su álbum
de fotos familiar". Es la desinformación, las contraverdades
ya que, en Turquía, el sistema del médico de familia /
médico de referencia significa pagar más para ser atendido.
Este sistema permite aumentar los precios de la sanidad y legalizar
la multiplicación de los sistemas privados sanitarios.
Cuando el gobierno decidió instaurar el sistema de médico
de familia / médico de referencia los sindicatos, los doctores
y el personal sanitario se movilizaron. Los trabajadores de la sanidad
así como los empleados de la sanidad pública organizaron
una votación y rechazaron este sistema.
Otro aspecto de la aplicación de la política sanitaria
consiste en reformar el sistema de Seguridad Social
Básicamente, consiste en reducir la contribución del estado.
Lo que lleva a la reducción de las pensiones, al aumento de la
edad de jubilación y al aumento del precio de las prestaciones.
La Reforma de la Seguridad Social (Sistema de pensiones) introduce también
cambios en detrimento de los asalariados y los pobres. En lugar de basar
la financiación de la Seguridad Social en el presupuesto de la
nación financiado por el impuesto sobre la renta, se pagan las
pensiones sobre la base de una contribución. El pago de la pensión
se hará en función de un aumento del período de
cotización, que pasa de 7 000 a 9 000 días. En Turquía,
más del 60% de los asalariados no están declarados y es
además uno de los países del mundo donde la diferencia
entre las rentas es más grande. Desgraciadamente, nuestro país
se dispone a sacrificar su sistema de Seguridad Social en nombre de
las reformas.
Según la ley general sobre el seguro médico, todo el mundo
tiene que contribuir, incluidos los jubilados. En caso de que una persona
no pague sus cotizaciones durante tres meses, deja de tener acceso a
las prestaciones sanitarias. La sanidad dejará de ser un derecho
para pasar a convertirse en un servicio por el que habrá que
pagar, si se tiene dinero. Se puede resumir este programa así:
"Cuando se tiene dinero se tiene atención médica,
si no se tiene dinero, sólo se puede morir". La amenaza
se precisa teniendo en cuenta que, en Turquía, la cuarta parte
de la población no tiene ningún seguro médico.
Muchos pobres no pueden hacer nada cuando están enfermos ya que
no pueden pagar. La reforma de la Seguridad Social y la ley general
sobre el seguro médico se votraon en el Parlamento el año
pasado.
La reforma de la Seguridad Social debía aplicarse a comienzos
de este año, según un acuerdo alcanzado entre el gobierno
y el FMI. En un primer momento, el Presidente rechazó ese calendario,
más tarde fue adoptado por el Parlamento. Durante este período,
los sindicatos obreros, y sobre todo el "Labor Platform" se
han opuesto.
El "Labor Platform" agrupa a los mayores sindicatos obreros
y las confederaciones de funcionarios. Está compuesto por Türk.ÌS
(Confederación de Sindicatos Obreros Turcos), Hak-IS (Confederación
Obrera), KESK (Confederación de Sindicatos de Funcionarios) y
DISK (Confederación de Sindicatos Obreros Revolucionarios) y
lo apoya la TTB (Asociación Médica Turca) y la SES (Federación
de Trabajadores de Sanidad y Servicios Sociales del Sector Público).
La semana pasada, el gobierno ha anunciado que la aplicación
de la reforma se aplaza hasta 2008. El JDP no podía correr el
riesgo de poner en marcha las reformas antes de las próximas
elecciones. Pero no cabe ninguna duda de que, a menos que haya un cambio
en el panorama político, el nuevo gobierno emprenderá
esas reformas.
Igual que en otros países de Europa, los hospitales públicos
en Turquía se transforman primero en entidades autónomas,
para ser después completamente privatizados. Al mismo tiempo,
algunos hospitales públicos simplemente se cierran.
El hospital infantil que trata a 40 000 niños al año se
ha cerrado porque el número de pacientes era insuficiente. Idéntico
motivo se ha invocado para el cierre de tres dispensarios que permitían
luchar contra la extensión de la tuberculosis.
Ahora, están en vías de privatización los servicios
de odontología, de cirugía y los laboratorios de los hospitales
públicos.
El Código de Administración Municipal que debe aplicarse
el año próximo pone también el acento en la descentralización.
Mientras que se destruye la sanidad pública, el gobierno continúa
con su campaña de desinformación. Lo peor es que esos
cambios estructurales se presentan como un paso obligado para entrar
en la Unión Europea, poniendo como ejemplo lo que sucede en los
países de la Unión Europea.
En ese contexto, y siendo el Sindicato de Trabajadores de Sanidad y
Servicios Sociales el más activo y revolucionario en Turquía,
nos esforzamos en organizar la resistencia. Contamos con 40 000 afiliados
revolucionarios, pensamos que podemos llevar adelante acciones contra
los ataques neoliberales.
Desde que comenzó este período de destrucción sistemática
de la sanidad pública, hemos organizado numerosas reuniones a
escala local y nacional, hemos publicado múltiples octavillas
y folletos en los que explicamos claramente las consecuencias que tendrán
las reformas neoliberales de la sanidad pública para la población
pobre y lo que supondrá para el empleo de los trabajadores de
la sanidad y lo que podemos hacer para combatirlas.
Cada vez son más las voces que se levantan y crece la resistencia
a medida que la transformación del sistema sanitario se hace
más perceptible. Durante todo el mes de marzo, TTB y SES han
organizado protestas llamadas "marchas blancas". La que reunió
la multitud más entusiasta se desarrolló el 14 de marzo
con ocasión del Festival de la Salud: el mismo día se
organizó una huelga de 24 horas en todas las grandes ciudades.
Hay que señalar que la población ha demostrado su interés,
su apoyo y su entusiasmo por la manifestación que ha reunido
a una decenas de miles de trabajadores de la sanidad.
Vamos a seguir manifestándonos hasta las próximas elecciones
con el eslogan: "Hay que detener la destrucción de la Sanidad".
Tenemos que recabar aún más apoyo y desplegarnos para
parar esta destrucción.
Si el Labor Platform continúa y amplía su actividad, podremos
dar un gran paso para reconquistar nuestro derecho a la salud y poner
freno a la destrucción.
Joaquin Insausti Valdivia (médico, España)
Desde hace dos años, los trabajadores de un pequeño hospital
del Sur de Madrid, el Hospital Severo Ochoa, sufren el acoso por parte
de la consejería de sanidad de Madrid, nombrada por el Partido
Popular. El consejero, Manuel Lamela, acusó al coordinador del
servicio de urgencias y a los médicos que trabajaban con el,
de cometer 400 homicidios mediante sedaciones irregulares, haciendo
caso de una denuncia anónima que ya había sido investigada
por sus propios inspectores, sin encontrar ninguna irregularidad.
Desde entonces, se han sucedido varias comisiones de investigación,
unas nombradas por la propia consejería y otras por el colegio
de médicos para intentar justificar la actuación del consejero.
Finalmente el consejero de sanidad denunció a cinco médicos
de la urgencia acusándoles de homicidio, cesó a cinco
jefes de servicio y a tres supervisores de enfermería, que se
habían manifestado en contra de su actuación, manteniéndose
en la actualidad abierta una investigación judicial, que se está
dilatando todo lo posible para no emitir una resolución antes
de las elecciones municipales del próximo 27 de mayo.
En estos dos años, los trabajadores del Severo Ochoa, los sindicatos
mayoritarios y los ciudadanos de Leganés, han salido a la calle
en diversas manifestaciones, pidiendo el cese del consejero de sanidad
y la restitución de la imagen y buen hacer del hospital Severo
Ochoa. Los trabajadores del hospital mantienen desde hace dos años
una concentración semanal en las puertas del hospital, reclamando
el cese del Sr. Lamela y la restitución de los compañeros
represaliados.
Detrás de estos hechos se encuentra la situación de la
sanidad pública en España. Las competencias en asistencia
y planificación sanitaria, han sido transferidas desde la administración
del estado a las comunidades autónomas, creando de esta manera
unas grandes diferencias en la asistencia, las remuneraciones y las
condiciones de trabajo existentes en cada territorio autónomo,
impulsadas por las políticas europeas y estatales de restricción
presupuestaria, concretada en estos momentos en el pacto de financiación
para la sanidad entre el gobierno de Zapatero y las autonomías,
en contra de lo que preconizaba el partido socialista que estimaba en
un incremento de 6000 millones de euros, lo necesario para inyectar
en la sanidad pública. Esto ha conducido a que de manera generalizada
se esté produciendo una privatización de los servicios
sanitarios en ocasiones mediante la desviación de recursos para
"disminuir listas de espera" y en otras ocasiones, poniendo
directamente la gestión sanitaria y la construcción de
nuevos hospitales en manos de consorcios de compañías
de seguros, bancos y constructoras.
Los escándalos fabricados como el del Severo Ochoa, pretenden
desprestigiar la labor de la medicina pública y de sus profesionales,
para a continuación vender las excelencias de la medicina privada,
como la solución ideal para los problemas sanitarios, con el
consiguiente desvío de recursos financieros y pérdida
de control de la gestión por la medicina pública.
Los sistemas nacionales de salud y la sanidad pública están
en grave peligro de extinción, lo que puede dejar a amplias capas
de la población en situación de desprotección.
Por todo esto es por lo que en este foro solicitamos:
Una declaración de apoyo a los trabajadores del Hospital Severo
Ochoa en su lucha por defender la integridad y el buen hacer de sus
profesionales y de la sanidad pública y, si es posible promover
una campaña de envío de cartas y correos electrónicos
para que cese el acoso y la persecución a los trabajadores del
Hospital.
Es necesario responsabilizar a la Comisión Europea de que las
políticas de déficit cero incluidas en el tratado de Maastrich,
obliguen a los sistemas de salud a reducir su gasto, para cumplir estas
condiciones, haciendo que las privatizaciones, dibujen un horizonte
de restricción en las prestaciones y otras medidas que pueden
llegar a producir la desatención a determinados grupos de población.
Hacemos un llamamiento a los ciudadanos, a los trabajadores y a los
sindicatos de toda Europa para que se movilicen con el objetivo de defender
la Sanidad Pública y los Sistemas Nacionales de Salud, que constituyen
una conquista de la sociedad, acabando con las maniobras privatizadoras
puestas en marcha en múltiples estados miembros.
Hans-Jürgen Mees (sindicalista hospitalario, Alemania)
Soy responsable del sindicato Ver.di del grupo hospitalario VKKD en
Dusseldorf, un grupo que emplea a 2 500 asalariados y dispone de 1 500
camas. Es un grupo que pertenece a la Iglesia Católica.
Después de que los diputados - esos actores bajo la carpa del
Reichstag - votaran la reforma de la sanidad, el 2 de febrero - votación
en la que 30 diputados del SPD no respetaron la orden de la dirección
de su partido - se aplican los criterios de Maastricht, lo que significa
entre otras cosas:
Rebaja de la parte patronal, es decir, rebaja del salario diferido y,
lo que es más graves, un enfermo debe probar que cuida bien de
su cuerpo: un fumador ya no tiene derecho a tener un cáncer,
un deportista no debe fracturarse una pierna, etc., y se penaliza gravemente
a los enfermos crónicos…
El presidente de la cámara alemana de médicos, Hoppe,
ha declarado: "en este país, los pobres mueren hoy siete
años antes". Al mismo tiempo, continúan los ataques:
- Según un estudio del gabinete del consejo Mc Kinsey realizado
en 2006, un tercio de las 2 000 clínicas están amenazadas
de cierre;
- y en 2007, un estudio del RWI, un instituto patronal, establece que
el 40% de los hospitales están amenazados de quiebra de aquí
a 2020. Según ellos, esto podría evitarse con nuevas reducciones
de costes e introduciendo una mayor lógica de mercado en el sector
hospitalario. Pero, aun así, uno de cada 5 hospitales debería
cerrar antes de 2020;
- de 2 400 hospitales en 1989, quedan hoy 2 050. Desde 1989, se han
cerrado 350 hospitales;
- hay 160 000 camas menos que en 1989 (160 000, equivale al número
de habitantes de ciudades como Grenoble, Leverkusen, Perugia, Getafe,
Aalborg, Amadora, Salamanca).
La proporción de hospitales financiados privadamente aumenta
desde hace años. Si en 1991, según las estadísticas
nacionales, ascendía a un 14,8%, en 2006 ha alcanzado alrededor
del 33%.
En los hospitales comprados, quieren hacer unos beneficios del 20%.
Lo que significa que el 20% de nuestras cotizaciones a las Cajas de
Seguro Médico va a los bolsillos de los accionistas.
Actualmente, hay alrededor de 250 cajas, contando en total con 28 millones
de miembros que cotizan y alrededor de 40 millones de miembros asegurados
gratuitamente por los demás…
Pero hasta los grandes grupos privados hospitalarios tienen problemas.
Cuando empresas como Sana, Rhön o Asklepios están sometidas
a presión, podemos imaginar lo que sucede con las demás.
La consecuencia será que se prolongará el período
necesario para obtener una cita puesto que los hospitales van a concentrarse
en los clientes que puedan pagar y reducirán cuanto sea posible
la calidad para los simples asegurados de base.
Hay 460 hospitales en Renania del Norte Westfalia, 320 de los cuales
son cristianos (sin convenio colectivo como los demás hospitales).
Más del 40% de los gerentes de hospitales han sido relevados
de sus puestos el año pasado.
Se han vendido todas las clínicas públicas (la LBK) en
Hamburgo - con sus 12 400 empleados, en Hannover y en las ciudades vecinas.
"Comunidad de servicio": ¡este término apareció
por primera vez en 1938! Se utilizó para justificar la prohibición
de sindicatos. Hoy, se propaga en las instituciones religiosas y sociales
de Alemania. Quieren "la tercera vía"… sin los mismos
derechos, sin huelgas, sin sindicatos.
Tras haber intentado reducir los salarios en los hospitales religiosos
protestantes en un 20%, tuvo lugar la primera huelga en 6 hospitales
cristianos desde 1919, en Stuttgart, en marzo de este año.
Igualmente, el año pasado, hubo una huelga de 19 semanas en los
Centros Hospitalarios Universitarios alemanes para imponer un convenio
colectivo.
¡Ruptura del SPD con la gran coalición! ¡Ruptura
del SPD con los dirigentes del partido que aplican semejante política
de destrucción! ¡Ruptura con Maastricht!
¡Ruptura con la Unión Europea!
Eva Hallum (Movimiento Popular
contra la Unión Europea, Dinamarca)
Quiero agradecer a los belgas esta iniciativa.
Represento a nuestro comité sindical, Movimiento Popular contra
la Unión Europea. A diario, trabajo en un hospital donde soy
delegada sindical.
Como vosotros, en Dinamarca, estamos amenazados por la política
de la Unión Europea. Hace mucho tiempo que nos damos cuenta de
ello, aunque en Dinamarca la medicina aún sea gratuita; tenemos
aún la posibilidad de acudir al médico, al especialista
y al hospital gratuitamente. Vemos que cada vez se construyen más
hospitales privados, pero aún no sustituyen al sistema público.
En los últimos tiempos, vemos que en las nuevas regiones se cierran
hospitales de proximidad, pero resulta difícil hacer comprender
que esto tiene relación con la política de la Unión
Europea. Sin embargo, el informe Cox que se ha publicado en enero de
2007 puede ayudarnos a establecer el lazo con la Unión Europea,
así como todos los elementos que os pedimos que nos facilitéis.
Todo esto nos va a ayudar.
Más competencia.
El informe Cox ha sido elaborado por diferentes expertos a petición
de la Comisión Europea. Indica distintos métodos que permitan
que los usuarios paguen y aumentar la competencia entre los prestatarios
de los servicios sanitarios - lo que supuestamente puede hacerse sin
liquidar el derecho igual para todos a la salud. El informe se concentra
en los medios para aumentar la eficacia en los siguientes ámbitos:
o La responsabilidad financiera de los enfermos, la compra de ofertas
de prestaciones por parte del sector público, protocolos de prestaciones.
Facilitar la competencia de los que cubren el seguro médico;
o las prestaciones a cargo del enfermo y su responsabilidad.
El informe Cox considera la posibilidad de hacer responsable al paciente
de su petición de prestaciones. Sin embargo, parece sabido que
hacer pagar al paciente no es el mejor medio y conlleva el riesgo de
que la gente no recurra a las atenciones sanitarias cuando las necesitan.
Según parece, hay diferentes sistemas sanitarios en Europa:
o Los países donde las instituciones públicas financian
la sanidad (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Suecia,
España e Inglaterra)
o Los países donde hay un sistema mixto, basado en lo privado
y en lo público, y las instituciones que proporcionan las prestaciones
sanitarias ya no dependen de la financiación pública.
Parece que un número creciente de países de la Unión
Europea comienzan a aumentar la oferta de seguros sanitario y establecen
diferentes maneras de aumentar la parte de los gastos que corren a cargo
de los pacientes.
Tenemos buenas razones para unirnos al combate contra la Unión
Europea.
El informe Cox indica que la Unión Europea podría publicar
pronto unas orientaciones bien definidas sobre la financiación
de la sanidad en Europa. Sabemos que los pobres son los más afectados
por el ticket moderador y un sistema de seguro individual. Hasta ahora,
la base de la Seguridad Social en Dinamarca ha sido preocuparse por
las poblaciones más sensibles. Actualmente, estamos confrontados
al hecho de que debemos luchar por establecer el lazo entre los ataques
contra nuestro sistema sanitario, la Seguridad Social y la Unión
Europea. Por eso estamos aquí, a vuestro lado en el combate por
salir de la Unión Europea.
Luc Delrue (sindicalista hospitalario, Francia)
Queridos amigos, queridos compañeros, no podemos abordar los
ataques infligidos contra los sistemas públicos sanitarios sin
relacionarlos con el desmantelamiento de los regímenes de protección
social.
Desde este punto de vista, el informe así como las intervenciones
que me han precedido, han puesto en evidencia los rasgos comunes del
ataque a la misión y el lugar de los hospitales públicos.
Todos los golpes asestados nos remiten a la Unión Europea, a
su tratado y a sus directivas. Con las obligaciones derivadas del Pacto
de Estabilidad y la reducción de gastos públicos (criterios
de Maastricht) a la cabeza.
Así, todos los gobiernos emprenden la reducción de gastos
asumidos por nuestros regímenes de protección social.
Cualesquiera que sean las variantes constatadas en los diferentes estados
de la Unión Europea, en todas partes asistimos a nuevos recortes
de los regímenes obligatorios, a nuevas transferencias a las
familias y los complementarios, y ello para respetar los equilibrios
presupuestarios y reducir los gastos públicos como dicta Bruselas.
El debate actual en Francia sobre la automedicación se inscribe
en este proceso. Hay que acabar radicalmente con la visita al médico
que prescribe una receta que da derecho al pago por cuenta de la Seguridad
Social. ¡Otra especificidad francesa que hay que desterrar! Un
francés consume por término medio alrededor de 20 euros
de automedicación al año, contra 50 euros en España
y 60 euros en Alemania, por lo que, según el gobierno francés,
¡"la automedicación representa un potencial de economía
muy superior al del medicamento genérico"!
En Francia, la financiación de los establecimientos hospitalarios
representa la mitad del presupuesto de la Seguridad Social. A partir
de las ordenanzas Juppé de abril de 1996, los sucesivos gobiernos
han completado los dispositivos de encuadramiento de los gastos a través
de leyes de financiación y sus límites de gastos, con
el fin de acelerar las reestructuraciones y los planes de ahorro impuestos
a los hospitales.
Respecto de los hospitales públicos, ha aparecido un aspecto
más reciente con el plan "Hospital 2007" y en particular
con su apartado "buen gobierno" de los hospitales. En los
hechos, el gobierno trata de implicar a los profesionales, a los representantes
de los trabajadores, en las elecciones "médico-económicas".
En el marco de un límite de gastos, en nombre del principio de
subsidiaridad, esas elecciones serán consecuencia de los objetivos
establecidos en los "contratos de objetivos" entre los directores
de los establecimientos hospitalarios y la Agencia Regional de Hospitalización,
y después entre los directores y los profesionales. La defensa
de la independencia de los profesionales sanitarios y de sus organizaciones
es de una candente actualidad.
Como otros países, Francia no escapa a la regionalización
de sus sistemas de prestaciones (instauración de Agencias Regionales
de Hospitalización, esquemas regionales de organización
sanitaria, desarrollo de los grupos de cooperación sanitaria
público-privado) que acaban con la igualdad de acceso a las prestaciones
sanitarias.
Igualmente, vemos cómo sed desarrolla la privatización
de los servicios públicos, particularmente con las "colaboraciones
público-privado" (PPP), que se inspiran en la "Private
Finance Initiative", como muy bien nos ha explicado el compañero
Tony Richardson. Una treintena de proyectos hospitalarios están
actualmente en marcha en Francia. A este respecto, hay que recordar
que fue la directiva 2004/18/CE del 31 de marzo de 2004, la que introdujo
las condiciones de adjudicación de los mercados, que deben respetar
la libre circulación, la libertad de establecimiento, la libre
prestación de servicios y la competencia efectiva de los mercados
públicos.
Esta directiva sirvió de base a la ordenanza del 15 de junio
de 2004 que organizó en Francia la colaboración público-privado.
En ese contexto, el comisario europeo para la Sanidad, Markos Kyprianou,
ha declarado recientemente que "es inevitable la competencia entre
los servicios europeos de sanidad". Siendo su intención,
para responde a la demanda de la Comisión Europea, presentar
a finales de 2007 un proyecto de directiva que reglamente las prestaciones
sanitarias transfronterizas.
No insistiré en los hechos y las cifras citadas por el informe
introductorio, que indican la amplitud de los ataques a nuestros sistemas
sanitarios. Esta reducción de los costes sanitarios tiene, evidentemente,
consecuencias en el acceso a las prestaciones para los pacientes, a
causa de las reestructuraciones, cierres de camas, de servicios, de
hospitales y de maternidades.
Pero también tiene consecuencias para los trabajadores, como
para sus estatutos o sus convenios colectivos.
En nuestros hospitales públicos, el 72% del presupuesto corresponde
a los salarios del personal médico y no médico. Es fácil
entender hacia dónde debe orientarse el esfuerzo de ahorro. Por
lo que hay que acabar con los marcos jurídicos que hasta ahora
aseguraban unas garantías colectivas al conjunto de los trabajadores
de la Sanidad.
Vemos que paralelamente a la privatización de los servicios sanitarios,
está en marcha la privatización del derecho hospitalario,
a través de la destrucción del estatuto de la función
pública impuesto, también, por las directivas europeas.
Varios intervinientes han planteado la cuestión de qué
hacer y cómo hacerlo.
En primer lugar, estamos todos aquí, médicos, trabajadores
hospitalarios, responsables y militantes sindicales, y es muy natural
que luchemos con nuestras organizaciones para defender los servicios
públicos y, muy particularmente, nuestros hospitales, el estatuto
de los trabajadores y, con ello, a los pacientes. Es nuestra tarea continuar
este combate, en cada uno de nuestros países, para preservar
los derechos colectivos y para organizar la resistencia contra todos
los planes que los gobiernos quieren imponer bajo la presión
de Bruselas. Y hacerlo continuando la discusión entre nosotros
para apreciar el momento preciso de la situación y para coordinar
nuestras iniciativas en defensa de los sistemas públicos sanitarios.
Gracias a todos.
Marie-Paule Lemonnier (médico, Francia)
Quiero daros a conocer la contribución redactada para este encuentro
por el Profesor F. Guérin:
"¿Quién hubiera podido imaginar en 1998 que Francia,
clasificada por la OMS como primera en el mundo por sus sistema sanitario,
se encontraría ocho años después en la situación
en la que hoy se encuentra?
Todas las "reformas" emprendidas desde hace algunos años
han provocado una degradación progresiva de ese sistema sanitario
reputado como el mejor y todos los profesionales de la sanidad están
de acuerdo en reconocer los siguientes hechos:
1. En primer lugar, una considerable reducción de la oferta de
prestaciones, a causa de la supresión de un tercio de las camas
de hospitalización, del cierre de la mitad de las maternidades
y de la drástica limitación de los gastos sanitarios,
votados ahora cada año en el Parlamento.
Esta disminución de la oferta de prestaciones tiene una consecuencia
automática: la aparición de las listas de espera para
algunas operaciones quirúrgicas y para algunos tratamientos como
los del cáncer.
2. Dificultades cada vez mayores para los enfermos con modestos recursos
para acceder a las prestaciones que precisan, a causa de las cargas
financieras cada vez más onerosas que les imponen, ya sea en
el hospital o en atención primaria (1 euro por cada consulta
y por cada acto médico, 18 euros para cualquier acto médico
cuyo coste supere los 91 euros, forfait de 16 euros por cada día
de hospitalización, devolución de tan sólo un 70%,
en lugar del 100% anterior, de todas las prestaciones postoperatorias
realizadas tras la salida del hospital…)
3. Una penuria de médicos, evidente ya hoy, pero que va a agravarse
considerablemente en los próximos 15 años, por la política
maltusiano de todos los gobiernos sucesivos, sean de izquierdas o de
derechas, respecto del número de médicos formados en las
facultades de medicina de nuestro país (3 500 entre 1992 y 2000,
8 500 en 1972).
Esta política de racionamiento de las prestaciones tiene consecuencias
a menudo dramáticas que médicos, enfermeras y auxiliares
pueden constatar todos los días:
Un médico de hospital testimoniaba, en una conferencia de prensa
organizada por la Asociación Médica de Defensa de la Deontología
y de los Derechos de los Enfermos (AMDDDM) el pasado 13 de febrero,
que, en el servicio de urgencias de un gran hospital parisino "50
enfermos se amontonaban en un box, sobre unas camillas separadas entre
sí por 20 centímetros" y que los médicos buscaban
en vano camas adaptadas para hospitalizar a esos pacientes.
Otro médico hospitalario, responsable de una unidad de reanimación
pediátrica se quejaba porque en esa unidad, muy cargada de trabajo,
sólo había 3 médicos en lugar de los 7 necesarios
para el buen funcionamiento de la unidad, faltando también un
20% de los enfermeros indispensables. Ese mismo médico protestaba
igualmente contra el hecho de que la administración le exigiese,
de manera absolutamente arbitraria, disminuir un 5% del número
de actos de biología y de radiografía realizados en la
cama del enfermo.
Un tercer médico hospitalario, responsable de un servicio de
urgencias y de reanimación pediátrica indicaba que, a
falta de médicos, no se proveían 5 000 puestos a jornada
completa y 2 500 puestos a tiempo parcial en los hospitales públicos
franceses. Se indignaba también contra el hecho de que actualmente
sólo se formen 200 pediatras al año en lugar de los 600
que se consideran necesarios para la especialidad.
Un médico de atención primaria constataba que, por primera
vez en Francia, el presupuesto destinado a atención primaria
era inferior al del año anterior, cuando las necesidades aumentan
constantemente por el envejecimiento de la población y el coste
cada vez más elevado de las técnicas y de los tratamientos
médicos.
Un psiquiatra daba testimonio de la dramática situación
de su especialidad. En efecto, se prevé un descenso del 40% del
número de psiquiatras de aquí a 2015, cuando ya hoy están
sin cubrir 700 puestos de psiquiatras hospitalarios por la escasez de
médicos. Indicaba además que "entre 45 000 y 50 000
niños en Francia no tienen una plaza adaptada a su minusvalía"
y que "más de 100 000 adultos no tienen plaza en ninguna
parte porque se han cerrado 55 000 camas de psiquiatría en los
últimos 30 años."
Todos estos testimonios y otros muchos que podríamos citar coinciden
en demostrar hasta qué punto las "reformas" recientes
han alterado en Francia la calidad de la medicina y han creado un verdadero
racionamiento de las prestaciones.
Naturalmente, hay que preguntarse por las razones que han llevado a
los políticos de nuestro país a destruir lo que, hace
pocos años aún, constituía la honra y el orgullo
de Francia y estamos obligados a reconocer que son las directivas y
las recomendaciones europeas las que, desde hace 4 años, incitan
a los poderes públicos a limitar rigurosamente los gastos sanitarios.
Ya en 2003, la Cumbre Europea de Tesalónica recomendaba a Francia
que "frenase la espiral de gastos en el sector sanitario y situase
su evolución en un nivel más soportable". En 2004,
la Corte Europea recomendaba a su vez a los estados miembros que "aplicasen
medidas o reformas destinadas a asegurar el equilibrio financiero de
los sistemas".
Más tarde, en su recomendación del 26 de septiembre de
2006, la Comisión Europea prevé "imponer a los estados
miembros adaptaciones de su régimen nacional de Seguridad Social
a otras disposiciones del tratado (de Maastricht) como el artículo
49". Ahora bien, ese artículo 49 estipula que "están
prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios
dentro de la Comunidad", lo que debe hacernos temer que el monopolio
de la Seguridad Social, que permite garantizar desde 1945 la solidaridad
entre todos los franceses, sea suprimido un día y ya vemos a
algunos franceses que, anticipándose a esta evolución,
rehúsan cotizar a la Seguridad Social y suscriben un seguro privado.
Esta incursión de Europa en unos ámbitos que deberían
responder al principio de subsidiaridad llega muy lejos, puesto que
una directiva europea se interesa en la integración en las escuelas
ordinarias de los niños con minusvalías. Esta directiva
2078 dice en efecto que "demasiadas personas con minusvalías,
niños en particular, siguen estando aisladas, excluidas de la
sociedad por vivir en una institución (…) Ponemos un particular
acento en el derecho de los niños con minusvalías de crecer
en un marco familiar y en la colectividad. Un grupo de expertos elaborará
las recomendaciones para la desinstitucionalización de los niños
con minusvalías, para que se asuma el cuidado de esos niños
en su domicilio".
Por nuestra parte, pensamos que, como médicos, no podemos aceptar
esa injerencia de Europa en el ámbito de la sanidad, en la medida
en que inexorablemente lleva a una disminución evidente de la
calidad de las prestaciones y a una imposibilidad para muchos enfermos
de recibir las atenciones que necesitan. Debemos unir nuestras fuerzas
en todos los países de la Comunidad Europea para obligar a los
responsables a renunciar a esta liberalización particularmente
nociva en el ámbito de la sanidad."
Conclusion
Dominique Vincenot (Entente européenne, France)
Queridos compañeros, ¿exagerábamos al hablar en
el llamamiento que impulsó esta conferencia de "destrucción
acelerada de los sistema públicos sanitarios en toda Europa"?
Los quince médicos, sindicalistas de hospitales y militantes
que han intervenido en la discusión han respondido a esta pregunta,
empezando a establecer el estado de la situación. Los testimonios
que nos han ofrecido son angustiosos, puesto que sabemos que la destrucción
de los sistemas sanitarios y de protección social plantea una
cuestión de vida o muerte.
Hemos escuchado al compañero Klaus Schuller, responsable del
sindicato DGB del Land de Turingia y vicepresidente de la comisión
obrera del SPD de Turingia, explicarnos que, a partir de ahora en Alemania,
se concede una "prima" de más de 600 euros a quien
renuncie, durante un año, a ir al médico o a efectuar
ningún tipo de acto médico…
Hemos escuchado al compañero Rudy Janssens, secretario federal
de la región de Bruselas CGSP, explicarnos que, en Bélgica,
quedan menos de un 25% de hospitales públicos. Le habéis
oído decir las consecuencias de la regionalización en
Bélgica: en Flandes, simplemente ya no hay hospitales públicos.
Y en Valonia, la mayoría de los hospitales han pasado a ser empresas
mixtas público-privado.
Hemos escuchado a Violeta Tudor, sindicalista SANITAS, denunciar el
hecho de que, en Rumania, no es raro que se haga abandonar los hospitales
a los enfermos incluso antes de que se hayan curado, teniendo en cuenta
las miserables condiciones de los hospitales.
Hemos escuchado lo que sucede en Turquía, explicado por Fatih
Artvinli, sindicalista, que ha explicado cómo algunos hospitales
públicos sencillamente se cierran, como el Hospital Infantil
de Estambul, que atendía a unos 40 000 niños al año,
con el pretexto de que el número de pacientes era "insuficiente".
Hemos escuchado esa cifra terrible dada por nuestro compañero
de Suiza, Antonio Herranz, y recogida por la prensa: 120 000 ciudadanos
(de 7,5 millones) ya no tienen ninguna cobertura social.
Hemos escuchado esa dramática constatación establecida
por nuestro amigo Gérard Schivardi, que ha explicado el grave
problema de cierres de las maternidades de proximidad. Le hemos oído
contar cómo uno de sus colegas, alcalde en la Sarthe, tuvo que
ayudar en el difícil parto de una joven madre en el aparcamiento
de unos grandes almacenes porque la maternidad próxima acababa
de cerrar y había que recorrer 80 kilómetros para parir.
Hemos escuchado lo que Tony Richardson, de Gran Bretaña, nos
ha explicado sobre el estado de los servicios sanitarios resultante
de la privatización del NHS, cómo ha constatado la disminución
de un 20% del número de camas en los hospitales...
Hemos escuchado, impresionados, el testimonio del profesor Guérin,
presidente de la Asociación en Defensa de la Deontología
y de los Derechos de los Enfermos (AMDDDM, Francia), leído por
el doctor Lemonnier, informando sobre las escandalosas condiciones en
que los pacientes ancianos, a falta de plazas, son verdaderamente "amontonados"
en salas de espera, mientras que médicos y enfermeros buscan
angustiados camas para hospitalizarlos.
Y hemos escuchado lo que nos ha explicado el doctor Joaquín Insausti,
de España, sobre esa escandalosa campaña contra los médicos,
acusándolos de ser responsables de la muerte de algunos pacientes,
cuando, al mismo tiempo, se impide a los médicos dar prestar
la debida atención.
¿De dónde viene esta política?
Nuestra compañera Nicole Bernard, sindicalista de la Seguridad
Social en Francia, ha planteado una pregunta: en Francia, tuvimos un
ataque sin precedentes contra nuestro sistema de pensiones con la ley
Fillon de 2003; en Alemania la edad de jubilación acaba de retrasarse
a los 67 años, en Hungría a los 65 años... ¿Es
una simple coincidencia? ¿O es el resultado de una política
decidida al más alto nivel, es decir, por la Unión Europea,
y aplicada por todos los gobiernos? .
No es que lo afirmemos, podemos probarlo, citando directivas, recomendaciones
muy precisas, como varios compañeros lo han hecho.
Así, respecto de la edad de jubilación, ¿no es
responsable la Unión Europea que, en la Cumbre de Barcelona,
en marzo de 2002, preconizaba, en el punto 32 de sus conclusiones, "intentar
aumentar progresivamente, de aquí a 2010, en unos 5 años
la edad media efectiva de cese de la actividad profesional en la Unión
Europea"?
Muchos compañeros han denunciado el cierre de miles de camas,
de hospitales enteros, de maternidades. ¿También pura
coincidencia? ¿O bien la consecuencia de la política de
la Unión Europea, tal como se expuso en Tesalónica, en
junio de 2003, instando a "vigilar atentamente la eficacia de las
medidas adoptadas para frenar la espiral de gastos en el sector sanitario
y situar su evolución en un nivel más soportable"?
¿Más "soportable" para quién? ¡Ciertamente
no para los enfermos que se hacinan en salas de espera por falta de
camas! ¡Ciertamente no para los médicos y personal sanitario
que, pese a su conciencia profesional, se ven en una situación
en la que no pueden prestar la atención debida!
Y esto es cierto también en los países que aún
no son miembros de la Unión Europea, como nos ha indicado nuestro
compañero de Turquía: la aplicación del plan propuesto
por el Fondo Monetario Internacional, que lleva a un aumento del 60%
en los precios de los medicamentos, es una de las condiciones exigidas
por la Unión Europea para optar a la adhesión de Turquía.
Lo que me lleva a insistir en la pregunta planteada por el compañero
Fulvio Aurora de Italia: "¿Qué hacer en defensa de
nuestros servicios sanitarios en Europa?"
Creo que también en este terreno, la discusión ha empezado
a proporcionarnos algunos elementos de respuesta.
He escuchado al compañero Luc Delrue, sindicalista hospitalario
en Francia, recordar que todos estamos aquí, médicos,
trabajadores de hospital, responsables y militantes sindicales, y es
muy natural que luchemos con nuestras organizaciones para defender nuestros
hospitales, el estatuto del personal, los regímenes de protección
social… Y, por lo mismo, en defensa de las propias organizaciones sindicales,
puesto que son las herramientas de ese combate. Creo que tiene razón.
Lo que viene a sumarse a lo que ha recordado Tony Richardson en Gran
Bretaña, donde las organizaciones sindicales han adoptado numerosas
iniciativas estos últimos años en defensa de los hospitales
y el NHS en general.
O a lo que ha recordado el mensaje de médicos, sindicalistas
y militantes socialistas portugueses leído en esta tribuna: la
inmensa movilización de la población, de los representantes
elegidos, de los sindicatos en estas últimas semanas en defensa
de los servicios de urgencia.
Y el rechazo masivo del 80% de la población, en Alemania, de
la "reforma de la sanidad", llevando a varios diputados del
SPD en el Bundestag a votar en contra de esta contrarreforma propuesta
por el gobierno de "gran coalición", que han recordado
los compañeros Schuller y Mees.
No se trata sólo de defender lo que subsiste, sino de reconquistar
lo que se ha liquidado, ya que está en juego la civilización.
Este combate no es en modo alguno contradictorio con el combate que
tenemos que llevar a escala europea, para enfrentar a la Comisión
Europea a sus responsabilidades.
Comparto completamente lo que ha dicho la compañera Eva Hallum
de Dinamarca, cuando ha subrayado: "tenemos que establecer el lazo
entre los ataques de los que son víctimas nuestros sistemas sanitarios
y la política de la Unión Europea en su conjunto".
En esta conferencia, algunos compañeros han sacado la conclusión
de que es necesario romper con la Unión Europea y sus instituciones,
conclusión que comparto.
Otros compañeros no sacan esta conclusión. Pero no he
oído a nadie en la discusión poner en duda la responsabilidad
aplastante de los planes de la Unión Europea, del Pacto de Estabilidad
y del tratado de Maastricht en la desastrosa situación de los
sistemas sanitarios que todos nosotros hemos ilustrado.
Vuelvo, pues, a hacer la pregunta del compañero italiano: ¿qué
hacer en defensa de nuestros sitemas públicos sanitarios en Europa?
El hecho de que una delegación que vamos a designar aquí
sea recibida dentro de dos días por representantes del Comisario
Europeo para la Sanidad, ¿no es ya una respuesta a la pregunta?
Insisto: hemos tenido que pelear durante semanas - en particular nuestros
compañeros belgas - para obtener esa cita. Ya que, daos cuenta,
esas personas que se pasan días enteros escribiendo directivas
destructivas, son personas "muy ocupadas". Ha habido que insistir,
pelear para que esos señores acepten recibirnos. Es un primer
paso.
Gracias al dramático estado de los sistemas públicos sanitarios
que hemos comenzado a establecer, en nuestras intervenciones, en documentos
precisos, comportando hecho precisos, que hemos preparado, vamos a interpelarlos.
¡Y les pediremos cuentas! Les pediremos que respondan a esos hechos
precisos, que derivan de las medidas decididas por la Unión Europea,
e informaremos en nuestros países respectivos a los que nos han
mandatado. La joven madre obligada a parir en un aparcamiento, los viejos
enfermos hacinados en las salas de espera de los hospitales, los pacientes
arrojados de los hospitales, los médicos a los que se ha difamado
porque quieren seguir haciendo su trabajo, ¡sabrán que
hemos ido a pedir cuentas a los responsables!
Y, siendo esta conferencia un comienzo, considero que es muy importante
que se publique el memorando, el conjunto de las intervenciones y el
informe de la delegación bajo la responsabilidad del Comité
de Correspondencia, al que todos estáis invitados a uniros, si
así lo deseáis, sobre la base del mandato que se4rá
el de la delegación.
Para terminar, todos hemos escuchado el llamamiento de nuestros compañeros
españoles, su llamamiento está disponible, y estoy convencido
de que cada delegación, bajo la forma que considere apropiada,
responderá y transmitirá su solidaridad a los médicos
del hospital Severo Ochoa contra esta infame campaña que los
acusa.
Llamamiento de los médicos
del Hospital Severo Ochoa (España)
El 11 de marzo de 2005, el responsable de la Sanidad en Madrid, Manuel
Lamela, hizo pública y dio credibilidad a una denuncia anónima
que acusaba al Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, un pequeño
hospital del sur de Madrid, de haber cometido 400 asesinatos en "pacientes
oncológicos, dementes y/o discapacitados psíquicos o cualquier
paciente de edad que tenga alterada la conciencia por un proceso patológico
agudo", sin reparar en que semejante acusación sólo
podía ser obra de un enajenado.
No concedió crédito sin embargo a los informes técnicos
de la Inspección, ordenada por su antecesor en la Consejería,
de su propio partido político, con ocasión de una denuncia
anterior, obra del mismo anónimo, que había concluido
la ausencia de datos de conducta reprochable en la Urgencia del Severo
Ochoa.
Mandó nuevamente a los Inspectores, tras destituir fulminantemente
al Dr. Luís Montes, Jefe de la Urgencia, y sembrar insidias sobre
su persona. Tras el informe de sus inspectores no encontrando indicios
de criminalidad, inventó "graves irregularidades administrativas"
para mantener el cese de Montes y añadir el del Director Médico
y el Gerente, enviando a la sociedad el mensaje subliminal de que algo
muy grave debía haber ocurrido en nuestro Hospital para cesar
a la cúpula directiva.
Entre informaciones falsas sobre elevada mortalidad en la Urgencia del
Hospital (Un hospital que había sido premiado con el TOP20, entre
otras cosas por su reducida mortalidad) y en medio de una campaña
mediática orquestada por los periódicos y radios de más
rancia tradición conservadora y, lo que es más grave,
por la televisión pública de Madrid sufragada por todos
los madrileños, Lamela remitió el caso a la Fiscalía
de Madrid.
Cuando tuvo conocimiento de que el informe de la Fiscalía, basado
en el análisis de las historias realizado por la Clínica
Forense, descartaba también la existencia de ilícito penal,
intentó parar la actuación de la Fiscalía presentando
una denuncia en los Juzgados de Leganés, para lo que inventó
un comité de presuntos expertos (la mayoría de ellos sin
la menor relación con los Cuidados Paliativos), que elaboró
un informe inculpatorio de 70 muertes directamente achacables a la sedación
terminal. Informe que fue rechazado por Sociedades Científicas
y diferentes expertos como sesgado, metodológicamente incorrecto
e ideológicamente destinado a judicializar actuaciones médicas
que sólo debieran haberse debatido en foros técnicos.
Tras más de un año de inoperancia, el Juez encargado del
caso, solicitó un nuevo informe a la Presidencia del Colegio
de Médicos de Madrid, quién reunió un grupo de
personas de su confianza, sin dar audiencia al Comité Deontológico
del Colegio, cuyo presidente dimitió descalificando duramente
el trabajo de estos nuevos expertos.
A pesar de que este nuevo comité patrocinado por la Presidenta
del Colegio de Médicos no encontró relación causa-efecto
entre las muertes y las sedaciones, Lamela y sus medios afines presentaron
el informe como nueva demostración -esta vez desde un órgano
supuestamente colegial-, de que la actuación de la Consejería
había estado justificada.
Todavía hoy, a dos años cumplidos del inicio del conflicto,
los médicos de la Urgencia siguen declarando lentamente en el
juzgado, sin que exista una acusación concreta y con el único
fin aparente de dilatar la resolución hasta pasadas las próximas
elecciones locales y autonómicas. El Partido Popular no quiere
pagar en ellas la factura por las actuaciones de Lamela, a quién
ha respaldado en todo momento la Presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre.
Estas acciones de la Consejería han sembrado en cierta medida
la confusión entre sectores de la ciudadanía y propiciado
el paso -sin que, al menos hasta el momento, la respuesta popular haya
podido impedirlo-, a fórmulas privadas que no sólo afectarán
a nuevos hospitales sino que podrán extenderse a los actuales
del Sistema Público, gracias a los cambios legislativos introducidos
por el PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para
el 2007.
El otro efecto del escándalo Lamela ha conducido a que, a efectos
del desarrollo de los Cuidados Paliativos en general y a la asistencia
en la agonía en particular, hayamos retrocedido años sobre
una situación ya de suyo precaria.
Por todo ello, nos dirigimos al comité organizador del Encuentro
del 31 de marzo en Bruselas y de la Delegación a las instituciones
de la Unión Europea, en defensa de los Sistemas Públicos
de Salud en Europa: ayudadnos a combatir esta injusticia que afecta
al Hospital Severo Ochoa y que prepara el desmantelamiento de la Sanidad
Pública y la transferencia de dinero pública a manos privadas.
Mensajes a: Secretaría.general.tecnica@salud.madrid.org
Enviandolo con copia a: jaima.haddad@salud.madrid.org
Acuerdo Europeo de Trabajadores
Informe de la delegación a la Comisión Europea
Bruselas - 2 de abril de 2007
El mandato de la delegación era obtener respuestas precisas,
sobre la base del memorando constituido para preparar el encuentro del
31 de marzo y de los hechos expuestos por los participantes en el mismo,
a la siguiente pregunta:
"¿Son compatibles la defensa y la reconquista de nuestros
sistemas públicos sanitarios y nuestros regímenes de protección
social con la Unión Europea y sus directivas?"
Fue recibida por Philippe Brunet, jefe de gabinete de Markos Kyprianou,
actual comisario europeo para la sanidad.
La delegación:
- Turquía aún no es miembro de la Unión Europea
pero el gobierno turco desea sumarse a ella. Desde el punto de vista
de la sanidad, el gobierno turco se adapta a las obligaciones impuestas
por la Unión Europea, lo que conduce a un proceso de privatización
de las prestaciones sanitarias.
Hace cuatro años, el gobierno emprendió una reforma estructural
exigida por el Fondo Monetario Internacional. Esta reforma prevé
la privatización y la descentralización del sistema sanitario.
Antes de esta reforma, las instituciones de la Seguridad Social poseían
sus propios hospitales que suministraban los medicamentos precisos a
una tarifa reducida. Con la reforma, los hospitales han pasado a estar
controlados por el ministerio de sanidad, que les impide seguir distribuyendo
sus medicamentos. Los medicamentos los fabrican ahora los monopolios
privados. El año pasado sus precios aumentaron un 60%.
Con esta reforma, se ha modificado el sistema que se basaba en los Dispensarios:
cada cual debe elegir un médico de familia. Se han disminuido
los servicios cerrando los Dispensarios.
Actualmente ese sistema se aplica en diez ciudades. Si se sistematiza,
habrá un serio deterioro de la situación. Por ejemplo,
la vacunación de los niños, hasta ahora asegurada por
los dispensarios, dejará de estarlo.
Además, hay otro aspecto de la reforma que afecta a las jubilaciones.
Los trabajadores tendrán que haber cotizado 9 000 días,
en lugar de los 7 000 actuales, para tener derecho a una pensión.
No se computan los períodos de interrupción del trabajo.
Hemos intentado, en el ámbito sindical, trabajar para que el
Parlamento no adopte esta reforma. Pero el gobierno está decidido
a aplicarla.
El gobierno presenta esta reforma como una condición previa para
la entrada en la Unión Europea, y ello en aplicación de
las imposiciones presupuestarias del tratado de Maastricht.
- En todos los países de la Unión Europea, se constata
una reducción de los gastos sanitarios y, paralelamente, un aumento
de la edad de jubilación.
En Alemania, la ley del 9 de marzo de 2007 ha retrasado la edad de la
jubilación a los 67 años. En Dinamarca, se ha pasado de
65 a 67 años. Lo mismo sucede en Turquía. En Hungría,
la edad de jubilación se ha retrasado a los 65 años. En
Francia, el tiempo de cotización para los funcionarios ha pasado
de 37,5 a 40 anualidades, y a 41, y más tarde 42, para los asalariados
del sector privado.
La Unión Europea coordina todas estas medidas y, en particular
las disposiciones adoptadas por la Cumbre de Barcelona que exigen una
prolongación de 5 años del tiempo de cotización
para poder jubilarse. Este retraso se combina con la reducción
de los gastos sanitarios. Tales medidas van a tener graves consecuencias.
En su opinión, ¿qué consecuencias van a tener?
¿No existe un riesgo de aumento de la mortalidad?
- Usted no ignora que, desde 2004, nos encontramos bajo la dominación
de los topes presupuestarios. Lo que se traduce, en Francia, en el plan
hospital 2012. Este plan detrae 5 000 millones de euros de los presupuestos
de los hospitales, para obligarlos a reestructurarse. Lo que representa
el equivalente del presupuesto necesario para el funcionamiento de 60
000 camas o de 100 000 puestos de trabajo en los hospitales. Los establecimientos
hospitalarios reciben menos dinero del que necesitan para funcionar.
La primera consecuencia para los enfermos es la disminución sistemática
y permanente de la duración media del tiempo de hospitalización.
En geriatría, ya no se asegura la prevención de las escarificaciones
con el pretexto de que ha disminuido el tiempo de hospitalización.
La higiene se hace en la cama. Los enfermeros no tienen tiempo para
atender al enfermo.
Se insta a los hospitales públicos a redistribuir la actividad
hacia el sector privado, en particular a través de las asociaciones
público-privado (PPP).
Programas de PPP, surgidos de la directiva europea de 2004, que encontramos
también en Madrid, en Lyón, en Hamburgo, en Bruselas o
en Londres.
Me ha impactado constatar, en la conferencia del 31 de marzo, la similitud
de las medidas a través de las cifras anunciadas por los participantes:
entre 1992 y 2003, se han cerrado 86 000 camas en Alemania, 83 000 en
Francia; entre febrero y noviembre de 2006, se han suprimido 21 000
empleos en el NHS (Servicio Nacional de Sanidad) en Gran Bretaña;
entre 2000 y 2003, se han eliminado 185 000 puestos de trabajo en Italia,
y sólo en la región de Lombardía; 7 200 camas para
"gran enfermedad" han sido cerradas; en Hungría, el
número de camas "activas" deberían pasar de
60 000 a 44 000 en 2007. ¿Se trata de una coincidencia? ¿O
existe una decisión centralizada? ¿Puede la población
entrar en un presupuesto cerrado, inflexible? La consecuencia de ello
es, por ejemplo para los enfermos mentales, ¡que, en Francia,
la cárcel se ha convertido en el primer hospital psiquiátrico!
¿Es posible volver a abrir el tope presupuestario?
- En Bélgica, están más "adelantados".
Con la regionalización, los dos hospitales públicos que
existían en Flandes han pasado a un estatuto privado. En Valonia,
se observa un retroceso en el ámbito de las prestaciones sanitarias.
En todo el país, se constata que cada vez menos personas disponen
de los medios para procurarse una atención médica.
Philippe Brunet:
Querría recordar dos o tres principios.
El primero es el siguiente: demos al César lo que es del César.
La Comisión Europea no tiene competencia, ni responsabilidad
en la organización o la prestación de los cuidados sanitarios.
Hay demasiadas diferencias entre los sistemas de los 27 países
para poder proponer un enfoque común: en Gran Bretaña,
el NHS está totalmente nacionalizado, en Italia y en Bélgica,
el sistema está regionalizado. En Alemania el papel de los Lander
es importante, igual que el de las comunidades en España. Además,
no tenemos 27 interlocutores, sino tantos como regiones.
No tenemos responsabilidad ni desde el punto de vista cuantitativo,
porque los PIB de cada país son poco comparables, ni desde el
punto de vista cualitativo.
Desde el punto de vista cuantitativo, ha de pasar mucho tiempo hasta
que la parte del presupuesto dedicada a la sanidad en Letonia alcance
la de Dinamarca.
Nosotros nos interesamos por la organización de las prestaciones
sanitarias para definir cómo podría el mercado europeo
aportar beneficios. Estimulamos los acuerdos transfronterizos. Otro
ejemplo, y es una prioridad, impulsamos la realización de un
mapa sanitario a escala europea, sin prejuzgar el carácter público
o privado de las infraestructuras.
Pensamos en las enfermedades muy graves o muy raras. Hay niños
que padecen un grave déficit inmunitario. Hay tratamientos posibles
pero, para mantener las capacidades técnicas, hay que tener una
gran población a la que atender. Así pues, hay que definir
"yacimientos de pacientes" bastante grandes para que los especialistas
tengan un buen nivel, lo que sólo puede hacerse a escala europea.
Esto no quiere decir que no deba haber conformidad con los principios
generales del tratado de Maastricht. Por ejemplo, está prohibido
desatender a los pacientes de los países limítrofes. Por
otra parte, no se puede construir una oferta de prestaciones reservadas
a los nacionales. Finalmente, está prohibido construir un hospital
sin aplicar la legislación europea sobre las ofertas públicas.
Son los principios de la legislación. Deben ser aplicados.
El Pacto de Estabilidad no impone ninguna obligación a los Estados
miembros en lo que respecta a las prestaciones sanitarias. El Pacto
de Estabilidad exige a los Estados miembros que no gasten el dinero
que no tienen. Se adoptó para luchar contra la inflación,
que era una auténtica gangrena y, simplemente persigue el equilibrio
de los presupuestos. Los Estados pueden hacer lo que quieran en la medida
en que mantengan su déficit bajo control.
En algunas acciones ligadas a la Agenda de Lisboa o al Pacto de Estabilidad,
siempre hemos indicado que la salud debe ser un medio privilegiado.
Respondiendo a sus preguntas, nosotros, la Comisión Europea,
hemos abogado por una modernización de los servicios sanitarios.
Estamos en una sociedad cada vez más longeva, constituida por
deudores netos de los sistemas de salud.
Como en todos los sectores, la Comisión Europea ha pedido a cada
Estado miembro que analice los puntos más eficaces y los menos
eficaces de su presupuesto, incluyendo en ello, el presupuesto de sanidad.
Hablan ustedes del presupuesto cerrado. Es una especificidad francesa
sobre la que nada tiene que comentar la Comisión Europea: Nadie
dice, en Bruselas, que haya que reducir los gastos sanitarios. Lo único
que las directivas europeas imponen es la lucha contra los déficit
públicos.
En Bruselas no hay una orientaciones que favorezcan lo público
o lo privado. En determinados Estados, las asociaciones público-privado
coexisten con el sector público. Jamás ha habido una directiva
a escala europea que prime lo privado en detrimento de lo público.
Las únicas directivas de aplicación son las que tratan
sobre el equilibrio presupuestario y la no discriminación.
Respecto de Turquía, la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial es una problemática diferente. He entendido
que el Banco Mundial está en el origen de las reestructuraciones.
El Banco Mundial presta dinero. Si no quieres satisfacer sus condiciones,
no lo pidas. Hay que entender algo con claridad: deuda significa devolución.
En cuanto a decir que las medidas adoptadas en materia sanitaria obedecen
a una posible adhesión de Turquía a la Unión Europea...
El hecho es que, en los Estados, hay que hacer algunas economías,
pero esas opciones corresponden a los Estados nacionales.
La delegación:
Le hemos escuchado con atención.
Antes del tratado de Maastricht, los recursos y el presupuesto de la
Seguridad Social no estaban incluidos en los gastos públicos
sanitarios y, por lo tanto, no estaban incluidos en el déficit
público.
Supone un gran cambio, ya que ahora la Seguridad Social se encuentra
sometida a las reglas del déficit público y está
obligada a reducir los gastos.
Ha hablado usted de los "yacimientos de pacientes", lo que
nos preocupa mucho. En efecto, ése es el argumento utilizado
en Francia desde hace quince años para cerrar la mitad de las
maternidades.
Antes, una mujer podía encontrar una maternidad en un radio de
25 kilómetros. Con los cierres impuestos, ha de recorrer 40,
50, 60 incluso 80 kilómetros para dar a luz. ¿Recorrer
80 kilómetros para dar a luz mejora tal vez la salud de las medres
y de los bebés?
Dice usted que no son responsables, pero explíquenos a título
de qué han "requerido" al gobierno francés para
que renuncie a la cláusula legal que prohíbe que haya
más de un 25% de capitales privados, no pertenecientes a los
profesionales, en los consultorios médicos y en los laboratorios
de análisis clínicos? ¿Deben ser los laboratorios
empresas comerciales?
Philippe Brunet:
No hay que mezclarlo todo. Antes, Francia constituía una excepción
al no considerar que el déficit de la Seguridad Social fuese
parte integrante del déficit público. Pero el Estado francés
ha cubierto, en diversas ocasiones, el déficit de la Seguridad
Social. Si va usted a su banquero, poco importa de dónde venga
la deuda. No se puede "compartimentar" la deuda. Cuando se
presta dinero, hay que pagarlo.
He hablado de "yacimientos de pacientes". No he hablado de
maternidades. La existencia de "yacimientos de pacientes"
condiciona la accesibilidad a las prestaciones. Si no fuera así,
los Estados pequeños no tendrían acceso a ellas. No se
debe hablar de equidad en un plano nacional. La equidad debe concebirse
a escala europea.
Respecto de los laboratorios, no se trata de recomendaciones sino de
un procedimiento de infracción ligado a la libre circulación
de capitales. Este procedimiento se aplica a todos los sectores, incluido
el sanitario. Muchos laboratorios han llegado a ser eficaces al apelar
a los capitales privados.
Francia y Bélgica son países que siempre han dedicado
mucho dinero a la sanidad. Si se intenta exportar esos sistemas, ¿qué
sucedería en Bulgaria? Si no se imaginan otras fórmulas,
los búlgaros seguirán en el mismo punto dentro de 50 años.
Ellos mismos han de encontrar los medios para invertir. La finalidad
de la Comisión es lograr, en particular a través de los
fondos regionales, que los nuevos Estados miembros tengan acceso a mejores
atenciones. El papel de la Comisión Europea es intentar minimizar
las diferencias entre los 27 Estados miembros y, para eso, hace falta
una norma de mínimos que pueda aplicarse en los 27 países,
teniendo en cuenta su nivel económico.
La delegación:
No vemos cómo la destrucción de los sistemas sanitarios
en el oeste de Europa va a mejorar la situación de los hospitales
en Bulgaria y en Rumania. Por otra parte, un sindicalista rumano nos
ha explicado algunos hechos concretos en el encuentro del 31 de marzo.
Habla usted de los mapas sanitarios. Ahora bien, en Francia acaba de
suprimirse el mapa sanitario. Es muy importante, ya que determinaba
la apertura de camas y la autorización para la instalación
de equipos. Nos habla usted de mapa sanitario europeo. ¿En qué
consiste?
Philippe Brunet:
No tiene nada que ver. No se trata en modo alguno de abrir establecimientos.
Este mapa debería financiarse con presupuestos extranacionales.
No se va a determinar quién va a tener un escáner, sino
que decimos: "Tomad en cuenta los elementos que no son nacionales,
los flujos de población.".
La delegación:
Hemos escuchado con interés sus observaciones.
Nos dice usted que "la Comisión Europea no tiene competencia,
ni responsabilidad en la organización o la prestación
de las atenciones sanitarias", y después: "Nadie dice,
en Bruselas, que haya que reducir los gastos sanitarios". Ahora
bien, en la Cumbre de Tesalónica, el 21 de junio de 2003, se
hizo una recomendación a Francia: "Vigilar atentamente la
eficacia de las medidas adoptadas para frenar la espiral de gastos en
el sector sanitario y situar su evolución en un nivel más
soportable y, llegado el caso, adoptar nuevas medidas para alcanzar
ese objetivo". ¿No hay una contradicción entre sus
afirmaciones y esta recomendación?
Respecto a la discapacidad, la directiva europea 2078 explica: "Un
numero excesivo de personas con discapacidades, en particular niños,
siguen estando aisladas, excluidas de la sociedad por el hecho de vivir
en una institución (...). Se ha puesto el acento, especialmente,
en el derecho de los niños discapacitados a crecer en un marco
familiar y en la colectividad. Un grupo de expertos elaborará
las recomendaciones para la desinstitucionalización de los niños
con discapacidades, para atender a los niños en su domicilio.".
En Francia, en aplicación de esta directiva, la ley Montchamp
obliga al Servicio Público a asegurar esta escolarización
en un "medio usual", sin ningún respeto de los derechos
del niño discapacitado, en particular el derecho a la atención
sanitaria, a la enseñanza y a los medios especializados que le
son indispensables.
Por otra parte, la Unión Europea indica: "es preciso que
las actuaciones en favor de las personas con discapacidades apoyen más
la actividad profesional y favorezcan la prolongación de la vida
activa.". ¿No hay una relación entre estas incitaciones
y la destrucción de los regímenes de invalidez en Francia,
en Gran Bretaña y en Suiza?
Philippe Brunet:
Es un asunto diferente. Corresponde a Asuntos Sociales. Pero nadie puede
estar en contra de la reinserción de los discapacitados. A escala
europea la desestigmatización es lo primero que hay que aplicar.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado esta orientación.
Yo soy favorable a la propuesta de que no se deje a las personas con
discapacidades en instituciones especializadas. Por lo demás,
una recomendación puede ser o no ser aplicada por los Estados
miembros.
La delegación:
2 000 médicos y profesionales sanitarios se han pronunciado contra
la ley Montchamp en Francia. Dicen que sacar a los niños discapacitados
de las estructuras especializadas les impide el acceso a las atenciones
a las que tienen derecho y a la instrucción. ¿Qué
responde usted?
Philippe Brunet:
Un contraejemplo no les da la razón. Si cuentan ustedes con un
ejército de médicos contra esta medida, vayan a ver al
gobierno francés. Hay que desestigmatizar la minusvalía.
La delegación:
Nos explica usted cómo concebir el método de coordinación.
En 2001, se publicó un "Libro Verde" sobre la sanidad.
En 2006, se confirmó con un "Libro Blanco". Lo que
se dice en esos documentos es muy preciso.
En Alemania, no se puede hablar de limitación de los gastos sanitarios,
se trata de una auténtica disminución. Ha hablado usted
de particularidad francesa, pero la situación es la misma en
Alemania.
El "Libro Blanco" estimula la competencia entre las cajas
de enfermedad en Alemania. ¿Qué puede usted decirle a
esos 600 000 asegurados si la caja echa el cierre?
Lo que dice usted respecto a las enfermedades raras, podría ser
tentador. Pero, en los hechos, vemos cómo se instaura una medicina
a dos velocidades. Y lo que queremos es que la medicina sea la misma
para todos. No queremos que el paciente se convierta en cliente, ya
que ¿podría ir a los polos de referencia de los que nos
habla que hay en otros países?
Lo que lamento es que, en ninguna parte de su documento leo que exista
igualdad de derechos para el acceso a las prestaciones. Habrá
una medicina para los ricos y una medicina para los pobres, está
escrito en su documento.
Es un plan de la Unión Europea.
Philippe Brunet:
Me están hablando del texto para consulta. En este momento, no
existe ningún texto. Espero que hayan puesto por escrito su punto
de vista, ya que eso forma parte de la consulta que hemos organizado.
Cuando no existía Unión Europea, ¿ante quién
presentaban sus recriminaciones?
La delegación:
Tanto ayer como hoy, ante los que son responsables.
Philippe Brunet:
Entonces, ¿es la Unión Europea la responsable?
La delegación:
La reforma de la sanidad fue votada por el Parlamento alemán
en febrero. Los diputados nos han dicho: "todas estas instrucciones
vienen de Bruselas".
En el tratado constitucional rechazado en Francia y en Holanda, aparece
mucho la palabra competencia y muy poco la palabra social.
Ahora bien, competencia significa, concretamente, privatizaciones. Es
una palabra muy importante. El responsable de la asociación de
médicos alemanes ha declarado: "si se empieza a calcular
el valor de la vida humana, se está haciendo lo mismo que los
nazis".
Ha habido huelgas muy importantes en los hospitales. Han durado 19 semanas.
La reforma sanitaria tiene por objetivo obtener un beneficio comercial
y dejar de dar la debida prioridad a la vida humana.
Philippe Brunet:
Entiendo sus preguntas en un 80% de los puntos abordados.
Y cómo no se ve con claridad de dónde proceden esas medidas,
se dice que es responsabilidad de Bruselas. ¿Por qué se
hace lo mismo en todas partes, incluso en Japón? ¡Bruselas
al menos no decide en Japón!
Estamos en un siglo de cambios. Es como la ley de la gravedad. No soy
yo quien lo ha decidido, es así. El sector sanitario no escapa
a los cambios.
Que el Pacto de Estabilidad tiene una influencia sobre los déficit,
es seguro. Pero ¿podemos permitir que se disparen? Que el Pacto
de Estabilidad ha previsto que los Estados están obligados a
resolver el déficit, es seguro.
Tengo un mensaje importante para ustedes: hay que constituir sinergias
entre los Estados miembros.
Tenemos 270 respuestas a la consulta que estamos realizando. Dar indicaciones
a escala macroeconómica, ése es nuestro papel.
Me hablan de maternidades a 50 kilómetros. Hay países
donde hay que recorrer 500 kilómetros.
La delegación:
Y ¿No tienen derecho todos los países a tener una maternidad
a 25 kilómetros para garantizar la vida de las mujeres y de sus
hijos?
Philippe Brunet:
Ésa no es la cuestión.
La delegación:
¿Nos está usted diciendo que no existe ninguna relación
entre las indicaciones a nivel macroeconómico y las consecuencias
concretas en términos de cierres de camas, de servicios, etc.?
¿O se trata de una fatalidad?
Philippe Brunet:
No se puede gestionar como en 1957. El progreso técnico es tal
que conlleva un aumento de los costes que no es soportable. No se pueden
gestionar los progresos. Hay que buscar la eficacia. Los países
de la zona asiática también reducen los costes, ¡eso
al menos no es culpa de Bruselas! Es un desafío a toda la humanidad.
La delegación:
¿Es posible entonces oponerse al respeto del equilibrio presupuestario
en el marco del 3%?
Philippe Brunet:
Hay que gastar el dinero del modo más eficaz. En un momento dado,
hay que tomar necesariamente opciones.
Por supuesto, hay que dar más. Pero ahí es donde intervienen
las opciones de los Estados miembros.
La delegación:
Señor Brunet, le damos las gracias por haber recibido a la delegación.
Pensamos que no hemos perdido la tarde y que nos ha ayudado a comprender
mejor la política de la Comisión.
Podemos discutir hasta el infinito sobre lo que suponen los tratados,
las directivas, las recomendaciones y las indicaciones, pero más
allá de los aspectos jurídicos, están los hechos,
que tienen más fuerza que cualquier texto.
Ha señalado usted que el "Libro Verde" sobre la sanidad
es sólo un proceso de consulta. No me pronuncio al respecto porque
no lo he leído. Pero constatamos que hace algunos meses, ha habido
otro "Libro Verde" que trataba sobre el contrato laboral.
Era también una consulta. La posición del conjunto de
los sindicatos belgas ha sido negarse a responder a este documento porque
consideraban que las preguntas contenían ya las respuestas. Y
después, en todos los países de Europa, se han aplicado
las disposiciones del "Libro Verde sobre el empleo"...
Ha hablado usted de la "excepción francesa". Sin embargo,
la situación de la seguridad social es la misma en Bélgica.
El presupuesto de la Seguridad Social se asimiló al del estado
tras el tratado de Maastricht, mientras que la Seguridad Social se financia
esencialmente por las cotizaciones sociales y no por los impuestos.
Hay ahora una política europea de disminución del coste
del trabajo que trata particularmente sobre la disminución de
las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. El FMI acaba de publicar
un informe sobre Bélgica. Declara que lo que llama la "entidad
1", es decir, el presupuesto del Estado Federal y el presupuesto
de la Seguridad Social, va a estrellarse si no se adoptan medidas. Esa
constatación es lógica y se desprende de una política
que disminuye en toda Europa el impuesto de sociedades (y por lo tanto
los ingresos del Estado) y los recursos de la Seguridad Social. Tiene
usted razón cuando dice que se aplica una misma política
a escala mundial. Pero el asunto es saber, en el caso del continente
europeo, si la Unión Europea es un factor que contribuye a protegernos
o lo contrario. Constatamos que todo lo que constituían protecciones
a escala nacional desparece y que no existe ninguna protección
equivalente a escala europea.
En la preparación de la conferencia que hemos organizado, hemos
escuchado contribuciones procedentes de países del este. La constatación
es unánime. En materia de prestaciones sanitarias, no estamos
asistiendo a una progresión en modo alguno, sino a una fulgurante
degradación.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.
Acta levantada por los miembros de la delegación:
Fatih Artvinli (responsable del Sindicato de Empleados de Sanidad y
Servicios Públicos, Estambul, Turquía);
Hans Mees (responsable del sindicato Ver.di del grupo hospitalario VKKD
de Dusseldorf y miembro de la dirección de Ver.di (sanidad) de
Renania);
Henning Frey (miembro del SPD, Colonia);
Rudy Janssens (Secretario Federal región Bruselas CGSP ACOD ALR
LRB, Bélgica);
Philippe Larsimont (coordinador del Movimiento de Defensa de los Trabajadores,
Bélgica);
Nicole Bernard (Sindicalista Seguridad Social, Francia);
Philippe Navarro (sindicalista de Hospital, Francia);
Christel Keiser (Acuerdo Europeo de Trabajadores, Francia).
Nosotros preguntamos:
¿Es exacto o no, afirmar que existe una relación directa
entre la destrucción de todos los Sistemas Públicos Sanitarios
en Europa, de todos los
Sistemas de Protección Social y las Directivas Europeas?
Los hechos y las palabras del señor Brunet muestran que hay
una relación directa entre la política de la Unión
Europea y las medidas adoptadas en cada país.
Cuando el señor Brunet afirma: "El Pacto de Estabilidad
exige a los Estados miembros que no gasten el dinero que no tienen (...)
Los Estados pueden hacer lo que quieran en la medida en que mantengan
su déficit bajo control (...) los único que imponen las
directivas europeas es la lucha contra los déficit públicos",
hace como si no existiesen recomendaciones, como la adoptada por la
Cumbre de Tesalónica en junio de 2003, que sin embargo ejercen
una presión muy fuerte sobre los Estados miembros para que disminuyan
todos los gastos públicos, y en particular los relativos a la
sanidad. Y, al mismo tiempo, confirma lo que hemos constatado en cada
país: los gastos sanitarios están sometidos, como todos
los gastos públicos, a la regla de los déficit excesivos
impuesta por el artículo 104 del tratado de Maastricht, que obliga
a los Estados miembros a "evitar los déficit públicos
excesivos".
Poco les importa que esta regla provoque miles de cierres de camas,
miles de empleos eliminados, privatizaciones de hospitales enteros,
una multitud de listas de espera para lograr una cita médica,
partos en los aparcamientos, etc., ¡ha de aplicarse ya que Bruselas
lo impone!
Cuando el señor Brunet afirma respecto al procedimiento de infracción
hacia los laboratorios de análisis médicos y las consultas
médicas francesas: "No se trata de recomendaciones, sino
de un procedimiento de infracción ligado a la libre circulación
de capitales", no hace sino recordar las reglas impuestas por el
tratado de Maastricht en lo que respecta al principio de libre competencia
establecido por el artículo 87 del mismo. Así, en nombre
de este artículo, los laboratorios y consultorios médicos
deberían pasar a estar totalmente controlados por grupos financieros,
cuyo beneficio es la principal motivación.
Y cuando el señor Brunet explica a la delegación que la
finalidad de la Comisión es lograr que los nuevos Estados miembros
tengan acceso a unas mejores prestaciones, disimula la terrible realidad
mencionada por una sindicalista rumana en el encuentro del 31 de marzo.
Explicó que el gobierno rumano había decidido el cierre
de camas por el siguiente motivo: hay demasiadas camas de hospital en
Rumania ya que, en la Unión Europea, la media es de 4,2 camas
por cada 100 habitantes, mientras que en Rumania la media es de 7,2.
Entonces ¿Qué conclusión sacar de esto?
¿Son compatibles la defensa y reconquista de nuestros servicios
públicos con el mantenimiento de las instituciones de la Unión
Europea y el respeto de sus directivas? ¿O, por el contrario,
exigen acabar con esas instituciones?
A partir de los hechos establecidos por nuestra delegación, sometemos
estas preguntas y el conjunto del informe a la discusión entre
todos aquellos, médicos, personal de hospitales, sindicalistas,
militantes, que quieren conservar sus conquistas, ya que está
en juego la civilización.
Manifiesto inicial preparatorio de la
delegación a Bruselas
"¡Lanzamos un grito de alarma!:
Hay que parar inmediatamente, en toda Europa, la
destrucción acelerada de todos los sistemas públicos de
salud."
Somos médicos, trabajadores de hospital, sindicalistas de toda
Europa. No lanzamos este grito de alarma a la ligera. Sabemos de qué
estamos hablando. Hemos hecho un análisis preciso de la situación
en cada uno de nuestros países. Hemos consignado hechos que prueban
sin lugar a dudas que nuestros sistemas de sanidad y de protección
social que han garantizado hasta ahora, con formas jurídicas
diferentes, la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria a todos
los ciudadanos de nuestros países, están siendo desmantelados.
En consecuencia, solicitamos ser recibidos urgentemente por los responsables
de las instituciones de la Unión Europea que coordinan unas "reformas"
que nos alcanzan de lleno. Les pedimos que nos escuchen y respondan
a nuestras preguntas, pues los pueblos tienen derecho a saber quién
ha decidido cuestionar su derecho a la sanidad y por qué.
La rebelión contra los cierres de camas, de hospitales, de maternidades,
de servicios de urgencia -en países que hasta ahora se consideraban
bien dotados-, se va extendiendo por toda Europa.
En Alemania, durante los seis primeros meses del año 2006, todas
las categorías profesionales del personal de salud -médicos,
enfermeras,...-, han efectuado constantes huelgas y manifestaciones
en defensa de sus reivindicaciones, estrechamente ligadas a la defensa
del Servicio Público de Sanidad, amenazado por un recorte de
1.250 millones de euros en el presupuesto de los hospitales para 2006
y la decisión de cerrar el 25% de los centros. El personal de
hospitales ha sido relevado, recientemente, por 220 000 trabajadores
que se han manifestado por las calles el 21 de octubre, convocados por
su confederación sindical DGB contra la "reforma" de
la sanidad, en discusión en el Bundestag. Una "reforma"
que pretende destruir el seguro de enfermedad solidario de 70 millones
de asegurados, una reforma que va a suprimir la gestión paritaria
de las cajas de la Seguridad Social e impone una contribución
adicional a los asalariados, con el fin expreso de favorecer la competencia
de cajas privadas, para sustituir el sistema de seguridad colectiva
solidaria por el seguro individual.
En Gran Bretaña, en una sola ciudad, 130 000 habitantes firmaron
contra el cierre de su hospital, en una situación en la que el
sistema de sanidad público (NHS), establecido en la posguerra,
está siendo, literalmente, desmantelado y privatizado.
En Francia, un país donde desde el final de la Guerra existe
una red sanitaria de las más densas de Europa, no pasa un mes,
sin que, en alguna ciudad, la población -con sus representantes
locales-, se movilice contra el cierre de un servicio de urgencia, de
una maternidad comarcal, de un servicio de cirugía, transformando
sectores del territorio en desiertos sanitarios.
Todo ello en una situación, en que los pacientes son obligados,
mediante la supresión de sus derechos, del reembolso del 100%
de pagar cada vez por hacerse cuidar.
En España, toda la población, los representantes municipales
y de otros niveles, los sindicatos y los médicos se manifiestan
contra los ataques al hospital de la ciudad de Leganés, para
privatizar la sanidad.
En Portugal, los mismos levantamientos, contra la imposición
de las "tasas de hospitalización" y contra la reducción
de los rembolsos de medicamentos, a los que se han asociado diputados
de la Asamblea de la República.
En Italia ha habido dos huelgas generales en los dos últimos
años, con una participación del 95% de los médicos,
contra la destrucción y la venta de hospitales a consecuencia
de la regionalización.
En Dinamarca, donde decenas de miles de manifestantes protestaron contra
las consecuencias de los recortes presupuestarios para guarderías
y también hospitales, provocados por las fusiones de municipios.
En Suecia, donde en 2005, las movilizaciones masivas contra las "reorganizaciones"
y privatizaciones de hospitales, hicieron recular al gobierno que pretendía
privatizar hospitales universitarios.
¿En nombre de qué, se toman estas medidas?
Y ¿En nombre de qué, se toman estas medidas? Siempre,
en nombre de los nuevos principios presupuestarios dictados a nuestros
gobiernos y a nuestras administraciones, por el pacto de estabilidad
europeo.
Nos dirigimos a Uds., responsables de la Unión Europea. Les preguntamos:
¿es exagerado denunciar como una estafa el argumento de las supuestas
dificultades financieras de las Cajas de Seguridad Social, cuando, al
mismo tiempo, las exenciones y bonificaciones de cotizaciones sociales
concedidas a los patronos, se han convertido en regla general en Europa,
alcanzando en Francia 170 000 millones de euros en 15 años?
¿Es exagerado hacer esta acusación cuando esas exenciones
y deducciones alcanzan los 9 000 millones de euros anuales en Italia.
Cuando el Bundestag alemán plantea introducir nuevas exenciones
en el marco de la "reforma de la sanidad" que quiere aprobar
a primeros de enero?
Que todo eso pase a la vez, ¿se debe ver como una simple casualidad
o, más bien, como la aplicación de la directriz integrada
no. 15 de la Unión Europea que llama a los Estados miembros a
"fortalecer las medidas de incentivo económico inclusive
a través de […] una reducción de los costes no salariales
del trabajo."?
¿Hay déficit de las cajas de Seguridad Social, como consecuencia
del "envejecimiento de la población" como nos repiten,
o se trata simplemente de una política sistemática de
reducción del coste del trabajo? Respóndannos ustedes.
La combinación de los criterios de Maastricht con la Europa de
las
Regiones comporta, en todas partes, la privatización de los hospitales
¿Nos equivocamos cuando afirmamos que la política acelerada
de reducción de los gastos de sanidad, de privatización
de los hospitales está estrechamente ligada a la aplicación
de la política de regionalización impulsada por Bruselas?
¿Acaso la Unión Europea no exige a cada autonomía
de España, a cada land de Alemania, a cada región de Francia
o de Italia, que respeten estrictamente las reglas del Pacto de Estabilidad
y reduzcan por todos los medios el déficit público hasta
menos del 3% del PIB como fija Maastricht?
¿No es la traducción del artículo 104 del tratado
de Maastricht -que estipula que "los Estados miembros deben evitar
los déficit públicos (...) se entiende como público
lo que es relativo al gobierno general, es decir, las administraciones
centrales, las autoridades regionales o locales y los fondos de la seguridad
social."?
¿No radica ahí la explicación de que se acelere
la venta de los hospitales por parte de las regiones, de que se multipliquen
los consorcios público-privado, así como de que se reduzca
la subvención de la asistencia sanitaria por parte de todos los
sistemas de Seguridad Social?
Incluso en un país como Portugal, donde la población ha
rechazado la regionalización, el gobierno procede a una reforma
de la administración que conduce a los mismos resultados.
¿Qué significa retrasar la edad de la jubilación
y reducir, a la vez,
los presupuestos de sanidad?
Cuando se niega una cama de hospital a una persona mayor, porque no
hay camas disponibles, admitirán Vds. que se está poniendo
en peligro la vida de esa persona.
Les preguntamos: ¿es ésta es la solución que han
elegido Vds. para resolver el problema que enunciaban en la directriz
integrada no. 2 del 12 de julio de 2005 que estipula: "Habida cuenta
de los costes previstos del envejecimiento demográfico, los Estados
miembros deben:
1. Adoptar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda pública
(…);
2. Reformar los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria y garantizar
su viabilidad financiera"?
Permítannos que resumamos: la solución que han elegido
-retrasar la edad de la jubilación a los 65, 67 e incluso 70
años, reduciendo, al mismo tiempo, los recursos dedicados a la
sanidad-, significa que para la Unión Europea, para las directrices
integradas y el Tratado de Maastricht, deben morir el máximo
de trabajadores antes de alcanzar la edad de la jubilación.
Les estamos haciendo una acusación grave, pero nos basamos en
unos hechos que les presentamos. ¡Atrévanse a desmentirnos!
La Comisión Europea llama a "responsabilizar a los profesionales
y a los pacientes."… ¿Con qué fin?
Todos los países de Europa tienen el mismo problema. En Italia,
en Gran Bretaña, en España y ahora en Francia y en Alemania,
las listas de espera para la consulta de un especialista (o de un cirujano),
se alargan hasta entre 6 y 10 meses. El que tiene dinero, recurre a
la privada… ¿y los demás? Crecen en cada uno de nuestros
países las presiones para limitar las recetas, creando una situación
imposible para los médicos y poniendo en peligro la vida de miles
de personas.
¿Es una fatalidad? ¿O es la estricta aplicación
de la comunicación de la Comisión Europea del 22 de diciembre
de 2005 que ordena a los Estados miembros "adaptar las prestaciones
sanitarias (…) mediante la culpabilización de los profesionales
de la sanidad y de los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria."?
¿No ha sido la Unión Europea quien ha decidido que los
profesionales de la sanidad, los médicos, debían limitar
las prescripciones de medicamentos y que los pacientes debían
pagar de su bolsillo… o renunciar a curarse? Respóndannos.
Todos los días vivimos dramas, que no tienen nada que ver con
la fatalidad. Dramas que, hasta hace poco tiempo, se evitaban en todos
nuestros países, inclusive en los países de la Europa
del Este, hoy sometidos a las directivas de la Unión Europea.
Los ciudadanos, los médicos, los enfermos, los profesionales
de la salud, los pueblos de Europa tienen derecho a la verdad.
Les pedimos que nos reciban. Iremos a llevarles memorandos realizados
en cada uno de nuestros países y que convergen todos en acusar
a la Unión Europea, a sus directivas y a sus tratados.
¿Se atreverán Uds. a decirnos, a quienes hemos decidido
desplegar todas nuestras fuerzas para reconquistar los Sistemas de Sanidad
Pública, de Seguridad Social y de Protección Social que
constituimos tras la Segunda Guerra Mundial en el Este y en el Oeste
de Europa, que la dramática situación que describimos
no tiene nada que ver con las decisiones que ustedes toman todos los
días y obligan a aplicar a todos los gobiernos europeos?
Primeros firmantes:
- Alemania: Eva Gürster, delegada del personal (Ver.di), Hospital
de Colonia (SPD); Kerstin Bunz, delegada sindical (Ver.di), Colonia;
Zerah Duro, representante de los trabajadores en el Consejo de Personal
de las clínicas del Rin (Ver.di); Axel Sanden, delegado del personal
de las clínicas del Rin (Ver.di), Colonia; Bürgit Buch,
delegada sindical de las clínicas del Rin, en Colonia (Ver.di);
Gerlinde Reichertz, delegada sindical de las clínicas del Rin,
en Colonia (Ver.di); Jochen Nischk, delegado del personal de las clínicas
del Rin, en Colonia (Ver.di); Barbara Venator, SPD, Ver.di, Clínica
Universitaria de Colonia; Lisa Wedra, Ver.di, delegada sindical, Clínica
Universitaria de Colonia; Horst Klein, Ver.di, Clínica Universitaria
de Colonia; Annemie Grafe, Ver.di, jubilado (Colonia); Horst Preuss,
SPD (Colonia); Ellen Engstfeld, SPD, Ver.di, delegada sindical (Colonia);
Birgit Zimmermann (Colonia); Ingo Röser, delegado del personal
de las clínicas del Rin, en Düren (Ver.di); Christel Hopt,
delegada del personal de las clínicas de Westfalia, en Lengerich
(Ver.di), SPD; Volker Thierfeld, delegado sindical de las clínicas
en Duisbourg (Ver.di); Milla Kovacic, delegado sindical de las clínicas
en Leverkusen (Ver.di); Cornelia Matzke, antigua diputada, médico
en Leipzig; Udo Eisner, antiguo responsable para la salud del SPD de
Berlín; Elke Falk, Ver.di, Berlín; Rainer Döring,
miembro de la dirección de Ver.di (Berlín), presidente
de la dirección de los delegados sindicales de los transportes
públicos de Berlín; Lotear Hesse, Ver.di, Mecklemburg-Pomerania
Occidental; Rolf Nowak, Ver.di, Brandenburg; Hans-Joachim Zimmer, Ver.di,
pensionista, Berlín; Winfried Lätsch, NGG, Sindicato de
la industria de la Alimentación de Berlín; Jürgen
Müller, SPD Berlín; Andreas Steiner, Presidente de la Comisión
Obrera del SPD Barnim-Brandenburgo (Ver.di); Volkmar Schöne, miembro
de la dirección de la Comisión Obrera del SPD de Berlín
(Ver.di); Helmut Ludwig, SPD, Berlín; Andreas Koch, SPD, Ver.di,
Francfort-del-Main; Bernd Wagner, Ver.di, Berlín; Monika Werneke,
representante (Ver.di) de las mujeres en la administración de
la circunscripción de Berlín; Olaf Timmermann, SPD, Ver.di,
(Berlín); Herbert Wernecke, Ver.di (Berlín); Heinke Först,
SPD, Ver.di (Berlín); Manfred Triebe, GEW (Berlín); Hans
Weigt, Ver.di (Berlín); Gerlinde Schermer, SPD, antigua diputada
de Berlín; Sigrid Philipps, SPD; Jens Gröger, SPD, Ver.di,
Secretario Sindical (Barnim); Rainer Matthes, antiguo diputado de Brandenburgo;
Bodo Fast, SPD, Ver.di, Brandebourg; Gisela Fast, SPD, Ver.di, Brandebourg;
Gaby Hahn, SPD, dirección de la Comisión Obrera del SPD
de Sajonia (Chemnitz); Klaus Schüller, miembro de la Comisión
Obrera del SPD de Turingia, Secretario Sindical DGB; Manfred Birkhahn,
Ver.di, Berlín; Carla Boulboullé, antigua diputada en
el Parlamento Regional de Renania del Norte-Westfalia, sindicalista
Enseñanza (GEW), Berlín; Gotthard Krupp, miembro de la
dirección de la Comisión Obrera del SPD y dirección
de la circunscripción de Ver.di, Berlín; Volker Prasuhn,
SPD, Ver.di, Berlin; Axel Zutz, miembro de la dirección de la
Comisión Obrera del SPD de Berlín, Sindicato de la Construcción
(IG-BAU); Hans-Peter Fusshoven, miembro de la comisión Obrera
del SPD de Düsseldorf; Jörg Leinkauf, trabajador sanitario,
Comisión Obrera del SPD de Düsseldorf; Hans-Jürgen
Mees, miembro de la dirección de la Circunscripción de
Düsseldorf, Ver.di; Maria Meister, Servicios Sociales de la Salud
(Ver.di), Düsseldorf; Hans Werner Schuster, Comisión Obrera
del SPD de Düsseldorf, profesor en una escuela de enfermería
(Ver.di); Beate Sieweke, Comisión Obrera del SPD de Düsseldorf;
Volker Staab, (Ver.di) Düsseldorf; Inge Steinebach, Ver.di, SPD,
dirección regional de la Comisión Obrera del SPD de Renania
(Düsseldorf); Wilfried Klapdor, SPD, Comisión Obrera de
Düsseldorf; Michael Altmann, SPD, Ver.di, dirección de la
Comisión Obrera de Frankfurt; Klaus Wesemann, SPD, Ver.di, dirección
de la Comisión Obrera de Frankfurt; Christof Beschorner, SPD,
Ver.di, dirección de la Comisión Obrera de Frankfurt;
Christof Kappel, Ver.di, Frankfurt; Albrecht Berger, Ver.di, Frankfurt;
Angelika Möller, Ver.di, Frankfurt; Holger Bertsch, Ver.di, presidente
de Comité de empresa, Frankfurt; Heinrich Becker, GEW, Frankfurt;
Lothar Ott, SPD, GEW, Francfort; Christiane Treffert, GEW, delegada
del personal, Frankfurt; Slave Cubela, Ver.di, Frankfurt; Doris Wolf-Wesemann,
Ver.di, Frankfurt; Norbert Müller, Frankfurt; Axel Bachner, Ver.di
(Halle/Saale); Peter Saalmüller, Ver.di (Idstein); Paul Paternoga,
Comisión Obrera del SPD, Renania del Norte-Westfalia, Presidente
del Comité de Empresa, Colonia; Wolfgang Fricke, SPD, IG-Metal,
Colonia; Mehmet Ozelbistan, Ver.di, clínicas del Rin, Colonia;
Harald Rohder, Ver.di, clínica del Rin, Colonia; Mechthild Wilms,
Ver.di, delegada de "mujeres" clínicas del Rin; Bernd
Kirschner, Ver.di, delegado del personal Kiga, Colonia; Julian Gürster,
alumno de secundaria, Colonia; Britta Schieffer, Ver.di, delegada de
"mujeres", clínica universitaria de Aquisgrán
y miembro de la dirección de Ver.di del Estado Federado; Holger
Steuck, SPD, Mülheim.
- Austria: Schmid Rudi, Partido Socialdemócrata Austríaco
(SPÖ)/Initiativa para una política socialista del SPÖ
(isp); Rietenauer Karin, SPÖ/isp; Reimar Holzinger, SPÖ/isp;
Peter Ulrich Lehner, Mitbestimmung; Alois Reisenbichler, SPÖ/ACUS;
Stefan Woltran, SPÖ/PKJ; Alfred Heinrich, SPÖ/isp; Maier Theo,
SPÖ/isp; Helga Theo, SPÖ/isp; Roman Roscher, SPÖ/isp;
Werner J. Grüner, SPÖ/isp; Jürgen Hirsch, SPÖ/isp;
Florian Wenninger.
- Bélgica: Philippe Larsimont, Coordinador del Movimiento de
Defensa de los Trabajadores; Rudy Janssens, Secretario Federal CGSP-ALR,
regional de Bruselas; Serge Monsieur, delegado sindical CGSP-ALR Vivaqua;
Laurent Ringoet, delegado sindical CGSP-ALR, red IRIS (hospitales bruselenses);
Antoine Ruggieri, Presidente de los jubilados y prejubilados metalúrgicos
FGTB Lieja; Henri-Jean Ruttiens, permanente sindical de empleados FGTB;
Jacques Aghion, profesor jubilado; Vincent Bianchi, afiliado CGSP; Jean-Maurice
Dehousse, antiguo burgomaestre de Lieja; Maximilien Lahaye, delegado
SETCa; Olivar Palmans, delegado principal CGSP Telecomunicaciones-Aviación;
Eric Polis, delegado CGSP; Maxime Stroobant, profesor emérito
VUB (Universidad Libre de Bélgica); Jocelyne Urbain, delegada
CGSP, CHU Brugmann; Christel Deleforterie, delegada CGSP, CHU Brugmann;
Victor Ntacorigira, sindicalista, CHU Brugmann; Ioana Marin, CGSP, CHU
Brugmann; Cédric Briand, délégué CGSP, CHU
Brugmann; François Herreman, delegado CGSP, CHU Brugmann; Luc
Lippens, delegado CGSP, CHU Brugmann; Jan Cox, delegado CGSP, CHU Brugmann;
Marcel Temperville, delegado CGSP, CHU Brugmann; Vincent Rizza, afiliado
CGSP, CHU Brugmann; Michèle Dehaen, delegada CGSP, CHU Brugmann;
Manuel Salas, CGSP, CHU Brugmann; Jean-Pierre Van Mol, doctor en medicina;
Pierre Seux, estudiante quinesoterapia; Pierre Bellièr, técnico
1º. RX, CHU de Lieja.
- Dinamarca: Erik Kaustrup; Kirsten Sørensen, Movimiento Popular
Contra la Unión Europea (MPCUE), Rødovre; Ole Sørensen,
MPCUE, Herslev; Vibeke Pedersen; Willi Ander, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Jytte Ander; Michael Johnsen, Sindicato de
los Trabajadores de la Edificación; Eva Hallum, MPCUE; Jørgen
Bentzen, MPCUE, Herlev; Per Sørensen, MPCUE, Rødovre;
Jesper Wehe, Sindicato de los Trabajadores de la Edificación;
Claus Westergreen, Sindicato de los Trabajadores de la Edificación;
Aase Barfod, Consejera ANPE; Allan Søborg, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; B. Andreasen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Michael de Gier, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Kim Bilfelt, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Yvonne Madsen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Gitte Klang, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ebbe Dalgaard, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Allan Martinssen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ole Soborg, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Svend Olsen, Sindicato de los Trabajadores
de la Edificación; Ib Slot, Sindicato de los Trabajadores de
la Edificación; Ib Ernst, Sindicato de los Trabajadores de la
Edificación.
- España: Blas Ortega, Presidente de la Asociación Médica
en Defensa de los Derechos de los Enfermos y Médicos (AMDDE),
UGT, Valencia; Luís González, sindicalista sanidad, C.C.OO.,
Sevilla; Isabel Serrano, Presidenta de la Junta de los delegados de
personal del Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; J. Montes,
médico, Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; Luís
de la Torre, UGT FSP-Sanidad, Barcelona; Teresa Ribelles, Secretaria
de la AMDDEM, Valencia; Rafael Palmer, Vicepresidente de la AMDDEM,
Palma de Mallorca; Tomás Aparicio, sindicalista FSP-UGT, Hospital
General Universitario de Valencia; Manuel Capilla, Presidente de la
asociación del barrio Tres Forques de Valencia; Gloria Ferris,
médica, administración de la salud, Valencia; Palmira
Muñoz, enfermera, sindicalista FSP-UGT, Valencia; Carmen San
José, médica generalista, Madrid; Juan Pedrero Pérez,
Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad CC.OO.,
Andalucía; José Luís Limia Valle, médico,
Sevilla; José M. Poyatos, Secretario General del Sindicato de
Sanidad CC.OO., Córdoba; Alejandro Oruna, Presidente de la Federación
AA.VV. de Sabadell; Antonio Amaro Granado, Comisión Ejecutiva
de la Federación Nacional de Sanidad de CC.OO.; Beatriz Herrero,
delegada CC.OO., Hospital Severo Ochoa; Carmen Ortiz, Presidenta de
la Federación de las Asociaciones para la Defensa de la Salud
Pública; Catalina Santana Vega, médico, Tenerife; Domingo
Toledo, afiliado UGT del Instituto Catalán de Salud; Esperanza
Quesada, empleada en el Instituto Catalán de Salud de Barcelona;
Fernando Pérez, médico, delegado CC.OO. de la Junta de
Personal del Hospital Severo Ochoa; Francisca Morales, delegada UGT,
Hospital Severo Ochoa; Jesús Rodríguez, delegado CC.OO.,
Hospital Severo Ochoa; Joaquín Insausti, anestesista, hospital
Severo Ochoa; José Sánchez Álvarez, sindicalista
Servicios Públicos UGT, Ayto. de Leganés, Madrid; José
Luís Martines, Comisión Ejecutiva CC.OO. Sanidad de Cataluña;
José Maria Hernández Sáenz de Tejada, delegado
LOLS, CC.OO.; José Miguel García Cruz, delegado CC.OO.,
Hospital Severo Ochoa; José Pedro Aranda, dentista, Madrid; José
Revert, comité director de la AMDDEM; Juan M. González
Rodríguez, médico, Gran Canaria; Julián Ordoñez,
delegado UGT, Hospital Severo Ochoa; Julio Fernández Garrido,
profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad
de Valencia; Luís Pina Cuadraro, homeópata, Getafe, Madrid;
María José Carrasco, delegada CC.OO., Hospital Severo
Ochoa; María Soledad Fernández Díaz, empleada en
el Ministerio de Salud; Miguel Ángel Torrijos, delegado vigilancia,
Hospital Severo Ochoa; Miguel Uso, Secretario del Sector de la Salud
FSP-UGT de Valencia; Pablo Caballero, delegado de la Junta del Personal
del Hospital Severo Ochoa; Pilar Sanjurjo Gonzáles, auxiliar
de enfermería, Madrid; Ramona Fernández, pediatra de la
Seguridad Social, Madrid; Teresa Juanico Piris, Comisión Ejecutiva
de la Federación Nacional de Sanidad de CC.OO.; Teresa Ribelles,
secretaria de la AMDDEM, Valencia; Vicent Alcover, sindicalista, empleado
en el Hospital Universitario de Valencia.
- Francia: Profesor A. Bizien, Jefe de Servicio, Hospital G. Clémenceau;
Dr. S. Belucci, médico, hospital universitario; J. Bertault,
enfermero, sindicalista; Dr. B. Bénet, médico hospital;
Luc Beranger, sindicalista Seguridad social; N. Bernard, técnico
de la Seguridad Social; Dr. T. Bui, médico; Dr. J.-L. Chaberneau,
Responsable del SMUR Pediátrico del Hospital Béclère;
D. Chalier, auxiliar de enfermería, sindicalista; M. Chambonnet,
enfermera, profesora el el IFSI; C. Cochain, auxiliar de enfermería,
sindicalista; Noel Coudert, sindicalista de la Seguridad Social; Dr.
M. Debat, médico; Dr. P. Debat, médico; L. Delrue, sindicalista
de hospital; Dr. N. Delépine, médico de hospital; Dr.
M.-H. Doguet, médico psiquiatra; D. Dutheil, ayudante de laboratorio,
sindicalista; M. S. Dziomba, psicoanalista; Profesor F. Guérin;
Micheline Guillemette, Técnica de la Seguridad Social; J. Guillez,
ayudante de laboratorio; J. Guilliot, técnico de hospital; Y.
Ho A Chung, enfermera; Dr. M. Lagier, médico de hospital, sindicalista;
Dr. J.-P. Laporte, médico de hospital; O. Leibovitch, auxiliar
de enfermería; Dr. M.-P. Lemonnier, médico de hospital;
P. Navarro, enfermero, sindicalista; Dr. F. Paraire, médico de
hospital; P. Audureau, responsable de asociación de discapacitados;
B. Ricque, enfermero, sindicalista; Dr. P. Rivière, médico
psiquiatra, director de hospital de día; Denis Royer, sindicalista
Seguridad Social; Profesor J.-C. Roujeau, médico de hospital,
H. Mondor; J. Saget, ayudante de laboratorio, sindicalista; R. Sale,
informático de hospital, sindicalista; Dr. P. Salvaing, médico
escolar; G. Saux, técnico de hospital; Dr. G. Tominez, médico;
L. Viano, técnico de hospital; F. Widtmer, sindicalista de hospital;
Christian Gicquelet, sindicalista de hospital; Doctor W. Kedra, hospital
universitario; Frédéric Pantier, sindicalista de hospital;
Robert Quintin, ayudante de laboratorio; Corinne Thébaud, enfermera;
Georges Garnier, sindicalista; Daniel Crusberg, sindicalista de seguros;
Patrick Leclaire, sindicalista, militante Defensa de los Derechos de
los Discapacitados; Danielle Leclaire, sindicalista, militante Defensa
de los Derechos de los Trabajadores Discapacitados; Patrick Chadelat,
sindicalista de seguros; Christophe Nogré, sindicalista de seguros;
Philippe Chaure, sindicalista de hospital; Pascal Ancarini, sindicalista
de hospital; Cédric Chambrodet, empleado de hospital, sindicalista;
Anne-Marie Gardant, enfermera; Giuseppe Malacrino, sindicalista de hospital;
Dr. Juliane Lumbroso; Pedro Iwanoff, técnico de laboratorio,
sindicalista; Jean-Emmanuel Cabo, auxiliar de enfermería, sindicalista;
Alain Beucher, sindicalista Seguridad Social; Evelyne Jorry, enfermera
hospital Bichat; Alain Tiphaneau, enfermero hospital Bichat; Gisèle
Adoue, sindicalista de hospital; Stéphane Gavelle, sindicalista;
Anne Bourgeois, profesora de hospital, sindicalista; Patrick Csukay,
sindicalista; Rachèle Barrion, administrativo de hospital, sindicalista;
Christian Noguera, quinesiterapeuta de hospital, sindicalista; Jean-Jacques
Peaud, enfermero, sindicalista; Mariéva Geslin, auxiliar de enfermería;
Brigitte Molines, auxiliar de enfermería, sindicalista; Brigitte
Grégoire, asistente social, CHI de Créteil; Cécile
Evano, enfermera; Véronique Naulin, enfermera; Régine
Halope, auxiliar de enfermería jubilada; Dra. Jacqueline Fraysse,
diputada de Hauts-de-Seine; Pierre Ellul; Michèle Vincent, médico
oftalmólogo; Caroline Pageard; Claudine Denier; Yannick Sybelin,
Jefe del Servicio SAMU, miembro del CA, sindicalista, Hospital de Roanne;
Muriel Sybelin, empleado de servicio de hospital, sindicalista, Hospital
de Roanne; Bruno Duray, técnico informático, sindicalista,
Hospital de Roanne; Béatrice Dutray, enfermera anestesista, sindicalista,
Hospital de Roanne; Cristel Coste, empleado de servicio de hospital,
sindicalista, Hospital de Roanne; Astrid Vial, secretario médico,
miembro del CA, sindicalista, Hospital de Roanne; Monique Berchoux,
adjunta administrativa DAF, sindicalista, Hospital de Roanne; Véronique
Orsatti, adjunta administrativa DAF, sindicalista, Hospital de Roanne;
Gilles Massacrier, técnico laboratorio, sindicalista, Hospital
de Roanne; Didier Marchand, trabajador de cocinas, sindicalista, Hospital
de Roanne; Catherine Garçon, enfermera, sindicalista, Rennes;
Rodolphe Verger, enfermero, sindicalista, Rennes; Gérard Bertholet;
Yannick Blondel, CGT HAD; Isabelle Le Cocq, CGT HAD; Yannick Perlaux,
SUD Salud HAD; Franck Dambo, CGT HAD; Doctor Marc Orpillard, médico
de hospital; Dra. Nela Ramponi, pediatra; Samira Berouayel, enfermera;
Alain Breheret, sindicalista; Gérard Bariller, sindicalista;
Dra. Marta Pepe, psiquiatra; Jacqueline Dupont; Danielle Frey-Deligne;
Dr. Laurent Damon, médico generalista; Fatiha El Abbassi; Renée
Laurent, Concejala Municipal; Dr. Serge Drylewicz, psiquiatra; Maryline
Laridan, enfermera; Lucien Delyon, empleado de hospital, supervisor
general; Louisa Hilmi, empleada de hospital, supervisora; Dr. Christiane
el Gouic, médico adictólogo de urgencias; Eric Andraud,
empleado de hospital, sindicalista; Chantal Gérard, sindicalista
de hospital; Nadine Reix, sindicalista de hospital; Hugo Leiva Monreal,
sindicalista de hospital; Jean Michel Menager, técnico de hospital;
Jean-Marie Nebbak, sindicalista de hospital; Laurent Florance, sindicalista
de hospital; Aline Dotto, Voreppe, enfermera psiquiátrica, sindicalista;
Monique Domergue, Concejal Municipal PCF, Talence; Patrick Deswarte,
técnico de salud, Lospital La Rochelle; Dominique Martínez,
técnico de salud, Hospital La Rochelle; Marc Bondonneau, enfermero
anestesista, Hospital La Rochelle; Sophie Reymond, ginecóloga,
La Rochelle; Bernard Camberlein, médico de hospital, Trinidad
(Martinica); Frédérique Mugnier, técnico de salud,
miembro del Consejo de Administración del CHU de Dijon; François
Chartier, quinesiterapeuta de hospital, Hospital de Boscamnant; Claire
Chartier Frimaud, empleada de hospital jubilada, hospital de Cadillac;
Sylvie Caubet, auxiliar de enfermería de hospital; Marie Claude
Martin, auxiliar de enfermería; Lydie Fizet, empleada de hospital
sindicalista (Dieppe); Pascal Roger, empleado de hospital sindicalista
(Dieppe); Annick Duhamel, enfermera (Dieppe); Dr. Christiane Legouic,
médico urgentista (Dieppe); Régine Hermay, auxiliar de
enfermería (Dieppe); Pascale Legry, enfermera (Dieppe); Sylvie
Pisaroni, auxiliar de enfermería, sindicalista (Dieppe); Pr.
Pfitzenmeyer, Jefe del Servicio de Geriatría, CHU de Dijon; Hélène
Barthe Roy, quinesiterapeuta de hospital; Éster Barnoeil, sindicalista;
Jean-Raymond Bougras, sindicalista; Jean Grondin, empleado de hospital;
Mariette Dicanot, sindicalista; Jean-François Florenty, jubilado.
- Gran Bretaña: Sonya Conwell, Presidenta de la sección
de Rochdale de la Co-operativa Party (componente del Labour party);
Christine Taylor, Vice Presidenta de la sección del sindicato
TGWU, miembro de la dirección de la sección de Rochdale
del Labour Party; Mick Cummings, sección del sindicato TGWU,
sección de Rochdale del Labour Party; Mick Coats, sección
de Rochdale del Labour Party, Sindicato de la Enseñanza Superior
UCU; Robin Rankin, sección Rochdale del Labour Party, sindicato
TGWU; Stefan Cholewka, sección Rochdale del Labour Party, Sindicato
TGWU, miembro de la dirección de la Unión Regional de
las Uniones Locales de las TUC; Peter Brown, Presidente de la Comisión
de Asuntos Municipales de Rochdale y de Middleton; Tommy McClure, Labour
Party de Middleton West; Mark Holinrake, Presidente de la sección
6/1045 del sindicato TGWU, sección de Rochdale del Labour Party;
Dave Lee, secretario de la sección TGWU 6/1045, Labour Party
de Rochdale; Esteban Burke, sindicato GMB, Labour Party de Rochdale;
Bill Holdsworth, UNISON, sección de West Norwood del Labour Party;
Nigel Maroney, sección del Labour Party de Skipton y Sutton;
Nick Phillips, sección UNISON de Southwark; Enrique Mott, sección
T&GWU de Southwark; Keith Cross, Co-operativa Party (componente
del Labour Party) de Southwark; Helen Peters, Vicepresidente de la sección
del Sindicato de la Enseñanza Superior UCU London Metropolitan
University; Dr. N. M. Queen, Profesor en la Universidad de Birmingham;
Tony Richardson, BFAWU (Sindicato de los Panaderos), Unión Local
de las TUC de Wakefield & District TUC, miembro de la dirección
del Labour de Wakefield, responsable del Comité de Enlace Labour
Party/Sindicatos para Wakefield; Brian Ellis, Secretario de la Unión
local de las TUC de Luton; Bahadur Najak. Profesor en la Universidad
de Durham; Gwyneth Powell-Davies, Campaña "El Servicio Nacional
de Salud debe seguir siendo público" de Bristol; Felton
Shortall, Campaña "El Servicio Nacional de Salud debe seguir
siendo público" de Brighton; Mike Calvert, Secretario Adjunto
de la sección UNISON de Islington; Glenroy Watson, Sindicato
de los Ferroviarios de Londres; Peter Flack, Sindicato de Profesores
NUT de Leicester; Paul Whalen, Sección Regional UNISON br.02239
de Leicestershire County & Rutland PCT; Jeni Blaskett, Campaña
"Salvemos el hospital de Chase Farm"; Karen Reissmann, sección
UNISON del Hospital Psiquiátrico de Manchester; Joe Bailey, Unión
Local de las TUC de Manchester; Maggie Smith, Unión Local de
las TUC de Salford; Dave Wilson, GMB; B. Vendri, Liverpool; G. Nash,
Wirral; B. Stansfield, enfermero, Hospital Birth Hill, Rochdale; J.
Leicester, enfermero, Hospital Birth Hill, Rochdale.
- Hungría: Laszlo Asztalos, responsable sindical de la metalurgia;
Sra. Jànos Beer, responsable sindical del Hospital de Tatabanya;
Jozsef Perényi, Presidente de la Federación de los Trabajadores
de la Salud, representante de "Consejos Obreros" de Mecsek.
- Italia: Lorenzo Varaldo, coordinador en Italia del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos; Fulvio Aurora, médico,
Vicepresidente de "Medicina democrática", Responsable
Nacional para la Salud de Refundación Comunista; Rossana Beccarelli,
responsable de administración Hospital Mauriziano de Turín;
Marzia Ghiberti, ortofonista; Paola Glisoni, ortofonista; Guido Montanari,
profesor universitario, Politécnico de Turín; Daniela
Nespoli, médica de hospital, Hospital Molinette; Dorino Piras,
cirujano urólogo, Responsable del Servicio de Andrología
ASL 8 Piamonte; Vittorio Agnoletto, médico, Parlamentario Europeo;
Sabrine Ambrosi, enfermera de hospital, Hospital Molinette; Anna De
Leo, médica, medicina de urgencia; Enrico Ruffini, cirujano pulmonar,
Hospital Molinette; Alessandra Algostino, profesora de Derecho Constitucional
Europeo Comparado, Universidad de Turín; Sabrina Ambros, enfermera
Hospital Molinette; Ugo Cerchiari, Instituto para la Lucha contra el
Cáncer de Turín; Davide Ascoli, investigador, Universidad
de Turín; Marinella Rossetti, enfermera, Turín; Instituto
para la Lucha contra el Cáncer de Milán; Juri Bossuto,
Consejero Regional del Piamonte, Refundación Comunista; Giorgio
Faraggiana, rector de universidad; Gemma Gatta, Jefa de Servicio de
Epidemiología Analítica; Andrea Micheli, Jefe de Servicio,
Epidemiología Descriptiva; Enrico Ruffini, cirujano pulmonar,
Hospital Molinette, Turín.
- Portugal: Ana Paula Ramos Fonseca, médica, Central de Salud
de Carnaxide; Manuel S. Soares, médico, Centro de Salud de Linda-a-Velha;
Henrique Coelho, técnico Salud Ambiental, Centro de Salud de
Carnaxide; Maria da Conceição Santos, enfermera, Hospital
de Santa Maria; Ana Rylde de Monteiro, enfermera, Instituto Portugués
de Oncología; Maria da Conceição Reis, médica,
ARS, Lisboa y Valle do Tejo; João de Deus Baptista Galvão,
médico cardiólogo, Hospital de S. Francisco Xavier; John
Peter Forei, médico neurólogo, Instituto Portugués
de Oncologia; Alvaro Neto Orfao, enfermero, antiguo alcalde de Marinha
Grande; Antonio Frazao, médico, Centro de Salud de Queluz; Maria
José Pires Gomas, enfermera, Centro de Salud Pinhal Novo; Anibal
Palma Mestre Machado, enfermero, Hospital García de Horta; Clarisse
Bento, médica, Centro de Salud de Marinha Grande.
- Rumania: Violeta Tudor, sindicalista SANITAS; Aura-Milena Tudor, estudiante
quinesiterapeuta; Ecaterina Doina Viscol, jubilada; S. Ovidiu Viscol,
paciente; Daniel Grigorie, sindicalista; Florea Draghia, jubilada; Silviu
Somicu, antiguo Diputado; Constantin Ozon-Iancu, estudiante; Valentin
Busoi, jubilado; Dan Rotariu, antiguo Concejal; Ilie Rotaru, antiguo
Concejal; Marian Tudor, antiguo Concejal; Carmen Deciu, sindicalista
SANITAS; Daniela Antonie, sindicalista SANITAS; Iulia Neatu, sindicalista
SANITAS; Carmen Costache, empleada de hospital; Liana Tiberneac, sindicalista
SANITAS; Gianina Iovan, estudiante quinesiterapeuta; Adina Pandele,
sindicalista Caja de Ahorro, miembro del Consejo Nacional del Partido
de la Alianza Socialista (PAS); Gheorghita Zbaganu, profesor universitario;
Georghita Valcoreanu, médico; Marcel Radut-Seliste, Presidente
de la Asociación de Juventud CELEST; Paul Gabriel Vasile, Vicepresidente
de la AEM.
- Eslovaquia: Ilona Molnar, directora de Instituto Técnico.
- Suecia: Jan-Erik Gustafssonn, sindicalista de la Función Pública.
- Suiza: Antonio Herranz, sindicalista SSP sector de la Salud, Montreux;
Mathieu Contet, sindicalista SSP sector de la Salud, Friburgo; Joëlle
Gyselinck, sindicalista SSP, sector de la salud, Nyon; Madeleine Montana,
sindicalista SSP sector de la salud, Vevey; Graziano Pestoni, diputado
PS, Tessin; Vilma Varela, sindicalista SSP, sector de la salud; Véronique
Landry, sindicalista SSP, miembro del PS Lausana; Delphine Bordier,
secretario sindical SSP (Ginebra), a título individual; François
Grenier, secretario sindical SSP (Salud, social) a título individual;
Brigitte Sordoillet, sindicalista SSP, salud, social, Ste-Croix; Gabriele
Ghislaine, sindicalista SSP, salud social, Ste-Croix; Cochand Eric,
fisioterapeuta, Peseaux; Cochand Danièle, enfermería a
domicilio, Peseaux; Kunz Solange, enfermera, Morges; Fontannaz Philippe,
trabajador social, SSP, Bussigny; Kreis Tekla, enfermera, Neuchâtel;
Yasmina Produit, Secretaria SSP sector de la salud, Neuchâtel.
- Turquía: Dr. Zeki Kiliçaslan, profesor en neumología,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Presidente de la
Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis, Presidente
del Partido de la Fraternidad Obrera; Yalçin Mutlu, Presidente
del Sindicato de la Seguridad Social, Eskisehir; Ali Özek, Presidente
del Sindicato de la Seguridad Social de Bakirköy, Estambul; Gülgün
Gün, médico especialista en el Hospital de Investigaciones
Médicas de Göztepe (HRMG), Estambul; Mehmet Sarimsak, médico
del HRMG; Tuba Zengin Elbir, médico del HRMG; M. Fatih Kocakoztas,
médico del HRMG; Seniha M. Konuk, médico del HRMG; M.
Salih Sahin, médico del HRMG; Mehmet Ali Isik, técnico
de radiología del HRMG; Muharrem Kizilay, técnico de radiología
del HRMG; Havana Çobanoglu, técnico de radiología
del HRMG; Sevinç Duyuldu, técnica del HRMG; Halil Takir,
técnico del HRMG; Zühre Kaya, técnica del HRMG; Sengül
Aydin, técnica del HRMG; Cafer Sinirtas, técnico de radiología
del HRMG; Derya Sahin, técnica del HRMG; Lütfiye Hizarci,
enfermera del HRMG; Sevgi Ince, enfermera y representante del Sindicato
de la Seguridad Social del HRMG; Neriman Mogolkanli, enfermera del HRMG;
Nadire Yildiz Ayar, enfermera del HRMG; Fatma Aydinli, enfermera del
HRMG; Suzan Satici , enfermera del HRMG; Gülden Bosgelmez, enfermera
à HRMG; Aysun Baltaci, enfermera à HRMG; Vildan Özdemir
infirmière de hemodiálisis del HRMG; Suat Suna, jefe farmacéutico
del HRMG; Hüseyin Yayla, trabajador del HRMG; Hüseyin Çevikkol,
trabajador del HRMG; Seher Çetin, trabajadora del HRMG; Nazife
Ince, trabajadora del HRMG; Mustafa Turgut, trabajador del HRMG; Ünal
Gelgeç, trabajador de la salud; Riza Tepe, trabajador de la salud;
Ismail Güler, trabajador de la salud; Hasan Erol, trabajador de
la salud; Arslan Çelik, trabajador de la salud; Feti Derin, trabajador
de la salud; Cemal Demir, trabajador de la salud; Burcu Kivrak, psicólogo;
Gönül Ucar, trabajadora de la salud; Necla Ince, trabajadora
de la salud; Aylin Sayan, dietista; Emine Çelebi, trabajadora
de la salud; Rukiye Kurtgöz, trabajadora de la salud; Muammer Karabey,
funcionaria del HRMG; Ramazan Sanli, funcionario del HRMG; Nur Koç,
secretario del HRMG; Aynur Arslan, secretario de telecomunicaciones
del HRMG; Oktay Perdeci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; S. Leyla Puro, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Médico Ayudante; Fatih Yakar, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Emrullah Erdem,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante;
Gülseren Sagcan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; Lale Öcal, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Professeur de Oftalmología; Nilüfer Alpay,
Facultad de medicina de la Universidad de Estambul, MédicoAyudante;
Özer Taranoglu, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Médico Ayudante; Ömer Celal Elçioglu, Facultad de
Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Ayça
Erda Kurt, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico
Ayudante; Esra Ünal, Facultad de Medicina de la Universidad de
Estambul, Médico Ayudante; Sibel Aydin, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante; Fatih Tufan,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Médico Ayudante;
Halit Özsüt, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Profesor-Investigador; Mehmet Güngör, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Farmacología;
Lütfiye Eroglu, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor en Farmacología; Yüksel Pekçala, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Hematología;
A. Emre Çamci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor de Cuidados Intensivos; K. Mehmet Tugrul, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor de Cuidados Intensivos;
Sacide Erdem, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Profesor-Investigador
en Cardiología; Hasan Kudat, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Profesor-Investigador en Cardiología; Veli Uysal,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Patología; Yener Aytekin, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Profesor en Histología; Isin Kiliçaslan,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Patología; Türkan Tansel, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Profesor-Investigador; Ekrem Yavuz, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Patología; Ridvan
Ilhan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor
en Patología; Dilek Yilmazbeyhan, Facultad de Medicina de la
Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Patología; Gökhan
Budak, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Trabajador;
Nese Kaya, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Funcionario;
Lütfü Telci, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Dr. Profesor en Anestesia; M. Borde Karatay, Facultad de Medicina de
la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en Otorinolaringología;
Mert Sentürk, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Profesor-Investigador en Cirugía; Kamil Pembeci, Facultad de
Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor de Cuidados Intensivos;
Göksen Kircan, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul,
Especialista en Fisioterapia; Nuri Gümüs, Asociación
para la Erradicación de la Tuberculosis, Trabajador; Gülnigar
Odaci, Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis,
enfermera; Tuba Gülay, Hospital Privado de Acibadem-Estambul, Biólogo;
Birsen Yesilkanat, Asociación para la Erradicación de
la Tuberculosis, enfermera; Osman Avci, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, técnico; Zeynep Devrim, Hospital Privado Acibadem-Estambul,
enfermera; Ferruh Ergüven, Asociación para la Erradicación
de la Tuberculosis, técnico; Hatice Altinkaya, Asociación
para la Erradicación de la Tuberculosis, trabajadora; Can Çimen,
Asociación para la Erradicación de la Tuberculosis, Trabajador;
Nermin Kapçioglu, Salud, enfermera; Neslihan Yilmaz, Salud sector
privado, trabajadora; Esra Karabacak, Salud sector privado, trabajadora;
Arzu Yilmaz, Salud sector privado, trabajadora; Türkan Faka, Salud
sector privado, enfermera; Tülin Meleme, Ministerio de Salud, enfermera;
Hakan Karaman, Ministerio de Salud, Médico; Tolgahan Meleme,
Ministerio de Salud, trabajador; Fatma Keles, "Hogar de la Salud"
- Estatal, trabajadora; Alper Kaya, Hospital Estatal, Médico;
Füsun Ergin, Hospital privado, trabajadora; Gamze Yalin, Hospital
privado, enfermera; Aysun Kotil, Hospital privado, enfermera; Orhan
Arseven, Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor
en Neumología; Aysil Yanmaz, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Funcionario; Fulya Çelikkol, Facultad de Medicina
de la Universidad de Estambul, Funcionario; Tülin Ça atay,
Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, Dr. Profesor en
Neumología; Ziya Gülberen, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Dr. Profesor en neumología; Hacer, de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, Jefa de Enfermería;
Ufuk Memi; Yüksel Deniz, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, enfermera; Algin Erarslan, Facultad de Medicina de la Universidad
de Estambul, Secretario; Hülya Bacaksiz, Facultad de Medicina de
la Universidad de Estambul, enfermera; Münevver M. Aydin, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul, ayudante; Turhan Ece, Facultad
de Medicina de la Universidad de Estambul...
- Ucrania: Liudmila Chekelenko, sindicalista profesora.
Para cualquier correspondencia:
Francia:
Acuerdo Europeo de los trabajadores, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 - Paris
Telf. : 01 48 01 88 28 - Fax: 01 48 01 88 36 - Correo electrónico:
eit.ilc@fr.olean.com
Alemania:
Carla Boulboullé
Postfach 120755; 10597 Berlin - Fax: 030/313 16 62 - Correo electrónico:
arla.Boulboulle@t-online.de
Deseo adherirme públicamente a este manifiesto
- En mi propio nombre: - En nombre de mi organización:
Apellidos, nombre: .....................................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................................
Organización: .............................................................................................................................................................
Invitamos a todos los firmantes de este manifiesto a incorporarse a
la elaboración del memorando que iremos a presentar a Bruselas
en una delegación de médicos, de profesionales de la salud,
de cargos públicos, de sindicalistas de toda Europa.
Sumario
Pág. 1: Portada.
Pág. 2: Acuerdo Europeo de los Trabajadores: "Lanzamos un
grito de alarma para la defensa de los sistemas de salud.", "Es
necesario detener inmediatamente en toda Europa la destrucción
desenfrenada de todos los sistemas públicos de salud".
Pág. 4: Mandato confiado a la delegación por los 72 participantes;
Apoyo y adhesión al Comité de correspondencia.
Pág. 6: Memorándum depositado por la delegación
para la Comisión Europea.
Pág. 21: Acta íntegra del encuentro del 31 de marzo de
2007 en Bruselas.
Pág. 41: Llamamiento de los médicos del Hospital Severo
Ochoa (España).
Pág. 42: Acta de la delegación a la Comisión Europea
- Bruselas 2 de abril de 2007.
Pág. 48: Manifiesto inicial con que se ha preparado la delegación
en Bruselas.
Pág. 56: Suscripciones.
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Dirigid vuestro pedido a:
Entente Européenne des Travailleurs
87, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 - PARIS
Correo electrónico: entente-europenne-des-travailleurs@orange.fr
Potentes manifestaciones de médicos, de personal de hospitales,
en toda Europa.
Aquí en Portugal, allá en Alemania, en Gran Bretaña,
pero también en Hungría, Grecia, Bélgica, en Rumania,
en Italia, los trabajadores, y muy especialmente los médicos,
el personal de salud y los trabajadores de hospitale, se manifiestan
por todas partes contra las consecuencias dramáticas de la política
impuesta por la Unión Europea. Su exigencia
es común: alto a la destrucción de todos los sistemas
de Salud Pública en Europa.
Suscripción a Informaciones Internacionales
10 números: 10 ; 20 números: 20 ; 30 números:
30 ; 40 números: 40 ; 50 números: 50 .
10 números: 16 francos suizos; 7 £; 10 $; etc.
Incluyendo el apoyo a la difusión internacional del boletín.
Suscripción de apoyo 1 año: 100 euros
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